Regímenes electorales comparados: modelos de financiamiento político y justicia electoral

Tacher Contreras Daniel

Regímenes electorales comparados: modelos de financiamiento político y justicia electoral

Korpus21. Revista de Historia y Ciencias Sociales

El Colegio Mexiquense, A.C.

Resumen

Este estudio compara diseños institucionales en materia de financiamiento político y justicia electoral en África, América y Europa. Se analizan las regulaciones, los mecanismos de supervisión y su impacto en la integridad electoral. En Europa, los marcos normativos más sólidos y estandarizados favorecen la transparencia y el control. En África y América, las democracias más recientes han avanzado en procesos de institucionalización, pero aún enfrentan desafíos para consolidar regulaciones efectivas. Si bien estos modelos son clave para la calidad democrática, requieren fortalecer las instituciones para mejorar la transparencia y la integridad electoral.


Keywords:

political financing, electoral justice, electoral integrity, .

Introducción

En las democracias contemporáneas, la sofisticación de las campañas electorales, la profesionalización de los equipos que las desarrollan, las estrategias comunicativas, el uso de tecnologías digitales y redes sociales, entre otros factores, han incrementado la presencia del dinero en las actividades que realizan los partidos políticos y las candidaturas durante los procesos electorales. El acceso desigual a los recursos financieros puede distorsionar la competencia electoral y generar desigualdades políticas, favoreciendo a los partidos con mayores recursos y limitando la participación de fuerzas políticas emergentes.

Frente a esta realidad, las regulaciones en materia de financiamiento político -entendido como el acceso y uso de recursos por parte de partidos y candidaturas- se ha convertido en un tema central para procurar condiciones de equidad, transparencia e integridad en los procesos electorales. Sin embargo, las regulaciones por sí solas no son suficientes: es necesario establecer arreglos institucionales que garanticen la rendición de cuentas, la supervisión y, en su caso, la imposición de sanciones. En este contexto, las autoridades electorales competentes para asegurar el cumplimiento de las normas y de resolver las disputas que surjan durante los procesos electorales juegan un papel fundamental.

Los diseños institucionales en materia de regulación del financiamiento político varían entre las democracias consolidadas y las democracias jóvenes, producto de la tercera ola de democratización. En las primeras, aunque existen autoridades electorales especializadas, la resolución de conflictos suele recaer en instancias cuya función no es exclusivamente electoral. En contraste, en las democracias jóvenes, el desarrollo institucional tiende a la creación de organismos especializados en justicia electoral, también denominadas contenciosos electorales.

Este trabajo ofrece un análisis comparado de los efectos de los diseños institucionales en la regulación del financiamiento político en África, América y Europa. Para ello, se utilizan datos de IDEA Internacional, V-Democracy y Electoral Integrity Project (PIE), con el objetivo de identificar patrones regionales en la regulación del financiamiento político, el rol de las instituciones encargadas de la revisión de informes financieros y las sanciones aplicables. También se evalúa el desempeño de las democracias en estas regiones para comprender cómo la interacción entre la regulación del financiamiento político y las autoridades contenciosas electorales puede influir en la calidad democrática, evaluada a partir de la competencia multipartidista, las capacidades institucionales y los índices de integridad electoral.

Fundamentos del financiamiento y la justicia en los regímenes electorales

Nohlen y Reynoso (Nohlen, Dieter y Reynoso Núñez, José(2022), Sistemas electorales y partidos políticos, Editorial Tirant Lo Blanch-Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto Nacional Electoral.2022) señalan que los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno por llevar a cabo elecciones libres, promover la participación autónoma de la ciudadanía en la selección de sus gobernantes e implementar mecanismos de control que promueven nuevas formas de participación ciudadana. Si bien las elecciones son útiles para diferenciar las democracias de las autocracias, como plantean Álvarez et al. (Álvarez, Mike; Cheibub, José Antonio; Limongi, Fernando y Przeworski, Adam(1996), "Classifying political regimes", Studies in Comparative International Development, 31(3), 3-36, 1996), también es cierto que, por sí solas, no garantizan un proceso exitoso de democratización si otras instituciones -como las encargadas del control y la rendición de cuentas del gobierno y los actores políticos- permanecen débilmente desarrolladas.

El énfasis excesivo en concebir la democratización de un sistema basado en el proceso electoral puede conducir a lo que Norris (Norris, Pippa(2014), Why electoral integrity matters, Cambridge University Press.2014) denomina la falacia del electoralismo, ya que centrarse exclusivamente en las elecciones reduce el sistema democrático a un mecanismo estrictamente procedimental. Incluso bajo esta definición minimalista, enfocada en los comicios, existen condiciones indispensables para evaluar el desempeño del sistema democrático a partir de estándares que garanticen la pluralidad y la participación política. Cuando se niega la oportunidad de elegir en libertad o sólo existe una opción política, nos encontramos frente a sistemas no democráticos o, incluso, ante regímenes que derivan en autocracias.

A pesar de las críticas a la preeminencia de los procesos electorales como elementos definitorios de los sistemas democráticos, es importante reconocer que, cuando las elecciones se desarrollan en contextos de desconfianza, conflictos o cuestionamientos, puede aumentar el riesgo de inestabilidad y desafección con la democracia. Estas condiciones pueden derivar en escenarios de regresión autoritaria o en el surgimiento de autoritarismos competitivos en los que coexisten instituciones democráticas con prácticas autoritarias. Por ello, es importante que los procesos electorales se realicen dentro de un marco de integridad que contribuya al fortalecimiento y la consolidación de la democracia en su conjunto.

Si bien la mayoría de las anomalías electorales ocurren en regímenes híbridos (Diamond, Larry(2002), "Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes", Journal of Democracy, 13(2), 21-35, Diamond, 2002), autoritarismos competitivos (Levitsky, Steven y Way, Lucan A.(2010), "Why democracy needs a level playing field", Journal of Democracy, 21(1), 57-68. Levitsky y Way, 2010) o autoritarismos electorales (Schedler, Andreas(2003), "Democratización por la vía electoral", Foro Internacional, 43(4), 822-851, Schedler 2003), lo cierto es que, incluso en democracias consolidadas -como la estadounidense-, las irregularidades pueden suscitar cuestionamientos sobre la legitimidad política del sistema. En este sentido, como afirma Norris (Norris, Pippa(2014), Why electoral integrity matters, Cambridge University Press.2014), el fortalecimiento democrático requiere elecciones íntegras en las que la aplicación de normas y mecanismos que regulen la equidad en la contienda, así como la existencia de instituciones que garanticen una resolución efectiva de los conflictos, resultan fundamentales.

Uno de los aspectos sensibles en cualquier proceso electoral es el papel que desempeña el dinero en las campañas electorales. Por un lado, para que la ciudadanía pueda informarse adecuadamente sobre las propuestas políticas debe existir libertad para acceder a las fuentes de información. Por otro lado, los partidos y sus candidaturas también deben contar con garantías para la difusión de sus propuestas. Esta relación comunicativa requiere del uso de diversos recursos que constituyen un factor indispensable para el desarrollo de estas actividades.

Los recursos financieros de los que disponen los partidos y sus candidaturas se reflejan en el desarrollo de campañas publicitarias, la organización de eventos y el pago de personal especializado encargado de estas actividades. Por esta razón, la regulación del financiamiento político constituye un tema de atención para procurar que la competencia electoral se lleve a cabo en condiciones que protejan el sistema político de influencias indebidas y prácticas de corrupción.

El acceso desigual a los recursos puede amplificar las desigualdades políticas, brindando ventajas a quienes cuentan con mayor capacidad económica. Por ello, la regulación del uso del dinero en las elecciones resulta clave para incidir en la equidad de la contienda y en la relación de los gobernantes y sus electores o financiadores. Como señala Schultz, 'las leyes electorales importan tanto en términos de cómo se llevan a cabo las campañas y elecciones, como en el tipo de regímenes políticos que producen' (Schultz, David(2022), "Democratic theory and election law", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 5-17), Routledge.2022: 14).

Stonestreet (Stonestreet, Bryan Jouan(2022), "Political finance", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 186-199), Routledge.2022) define el financiamiento político como un concepto amplio que abarca tanto los recursos destinados a campañas como los que reciben los partidos, comprendiendo todas las reglas sobre el acceso a estos fondos, su utilización en actividades políticas legítimas, irregulares o ilícitas, así como el uso de recursos estatales en campañas electorales. Esto incluye los gastos de campaña y los costos de las actividades cotidianas de un partido político. En este contexto, el financiamiento de campaña se entiende como las contribuciones, gastos monetarios y en especie recaudados por candidatos, partidos o simpatizantes con fines electorales, mientras que el financiamiento de partidos cubre todas las transacciones monetarias y en especie para sus actividades regulares, lo que suele denominarse como financiamiento político.

Sin embargo, estas formas de apoyo económico representan riesgos potenciales de corrupción que pueden afectar la legitimidad del sistema democrático. Schnurr (Schnurr, Emil(2022), "Role of money in campaigns and elections", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 171-185), Routledge.2022) plantea que el peligro para las democracias contemporáneas radica en la posibilidad de que las personas electas respondan más a sus donantes (personas acaudaladas, empresas, sindicatos u otros grupos organizados y de interés) que a la ciudadanía que los elige. Por ello, es indispensable combatir el potencial efecto corruptor del dinero mediante la regulación del financiamiento, el establecimiento de medidas de transparencia y la aplicación de sanciones efectivas.

Dadas las implicaciones del dinero en la vida política, su regulación resulta esencial. Por esta razón, prácticamente en todos los países democráticos existen normas en este ámbito, aunque su alcance y naturaleza varían. En general, estas regulaciones responden al menos cuatro preguntas fundamentales:

¿De dónde proviene el dinero? (fuentes de financiamiento).

¿En qué se gasta el dinero? (gastos de campaña y actividades rutinarias del partido).

¿Cómo se informa y divulga el dinero recaudado y gastado? (informes y divulgación).

¿Cuáles son los mecanismos de supervisión y sanciones en caso de infracciones? (supervisión y sanciones).

Diversos autores, como Pinto (Pinto-Duschinsky, Michael(2002), "Financing politics: A global view", Journal of Democracy, 13(4), 69-86.2002), Casas (Casas-Zamora, Kevin(2005), Paying for democracy: Political finance and state funding for parties, ECPR Press, 2005), Smilov y Toplak Smilov, Daniel y Toplak, Jurij(2008), Political finance and corruption in Eastern Europe: The transition period, Routledge.2008), Mendilow and Phélippeau (Mendilow, Jonathan y Phélippeau, Eric(2018), Handbook of political party funding, Edward Elgar Publishing.2018) y Nassmacher (Nassmacher, Karl-Heinz(2019), "Comparing party and campaign finance in Western democracies", en Gunlicks, Arthur B.(Ed.), Campaign and party finance in North America and Western Europe (pp. 233-267), Routledge.2019), han sintetizado los diversos modelos de regulación del financiamiento político, centrándose en dos aspectos básicos: el origen de los recursos y su aplicación. Stonestreet (Stonestreet, Bryan Jouan(2022), "Political finance", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 186-199), Routledge.2022) clasifica estos modelos en dos categorías predominantes según la fuente de financiamiento: público, proporcionado por el Estado, y privado, aportado por individuos o entidades legalmente facultadas. Mientras que el financiamiento público busca fomentar la independencia de los partidos y candidaturas frente a intereses de particulares, el financiamiento privado promueve la participación y el involucramiento de militantes en su sostenimiento, fortaleciendo su vinculación con la ciudadanía.

El financiamiento político puede ser una fuente potencial de conflictos dentro de los procesos electorales; por ello, Norris y Van Es (Norris, Pippa y Van Es, Andrea Abel(2016), Checkbook elections? Political finance in comparative perspective, Oxford University Press.2016) proponen diversas estrategias de regulación -como los límites al gasto y a las contribuciones, la transparencia en la divulgación del origen de los recursos y los subsidios públicos- para asegurar la equidad y la integridad en los procesos electorales. Sin embargo, para que estas estrategias cumplan sus fines no basta con su existencia normativa; es necesario contar con autoridades sólidas que valen su cumplimiento y resuelvan las controversias que puedan surgir. En este sentido, el diseño institucional se convierte en un elemento central para comprender los alcances y la efectividad de estas regulaciones.

Garantizar el cumplimiento de las normas depende de las facultades con las que cuentan las instituciones encargadas de vigilar su observancia y resolver los conflictos, es decir, del 'sistema para la resolución de conflictos electorales' (Orozco-Henríquez, J. Jesús; Ayoub, Ayman y Ellis, Andrew(2010), Electoral justice: The International IDEA handbook, International IDEA, Orozco-Henríquez et al., 2010). En la literatura jurídico-electoral y política es frecuente que se aluda al concepto de contencioso electoral, que, en un sentido amplio, hace referencia al conjunto de medios jurídico-técnicos de impugnación y control de los actos y procedimientos electorales, así como de las instituciones responsables (Orozco-Henríquez, J. Jesús(2007), "El contencioso electoral, la calificación electoral", en Nohlen, Dieter, Zovatto, Daniel, Orozco-Henríquez, J. Jesús y Thompson, José(Comps.), Tratado de derecho electoral comparado de América Latina (pp. 1152-1288), Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Universidad de Heidelberg-International IDEA-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Federal Electoral-Fondo de Cultura Económica, Orozco-Henríquez, 2007). Estos medios pueden sustanciarse ante órganos de naturaleza administrativa, jurisdiccional o política, con el fin de salvaguardar la regularidad de las elecciones, corregir eventuales errores, sancionar infracciones a la normativa electoral y determinar las sanciones correspondientes.

El análisis del diseño institucional permite caracterizar su funcionalidad dentro de los regímenes electorales, los cuales pueden ubicarse de la siguiente forma (Orozco-Henríquez, J. Jesús; Ayoub, Ayman y Ellis, Andrew(2010), Electoral justice: The International IDEA handbook, International IDEA, Orozco-Henríquez et al., 2010):

en un órgano legislativo;

en un órgano judicial, que puede incluir:

tribunales ordinarios,

tribunales o consejos constitucionales,

tribunales administrativos,

tribunales electorales especializados;

en un órgano electoral con facultades de revisión y sanción;

en órganos ad hoc creados con la participación de la comunidad internacional o como una solución institucional nacional interna a un proceso electoral determinado.

Cabe destacar que el diseño institucional más acabado de la justicia electoral tiene su origen en las instituciones latinoamericanas surgidas durante los procesos de transición a la democracia. Según Orozco-Henríquez (Orozco-Henríquez, J. Jesús(2012), "Evolución y perspectivas de la justicia electoral en América Latina", Revista Mexicana de Derecho Electoral, 1(1), 107-131, 2012), este modelo representa una de las contribuciones regionales más relevantes al derecho electoral comparado, en contraste con otros modelos de resolución de conflictos electorales que se han desarrollado en distintos contextos para asegurar la integridad electoral y fortalecer la democracia.

De acuerdo con Urosa (Urosa, Daniel(2022), "Election law in Latin America", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 303-316), Routledge.2022), la justicia electoral cumple cuatro funciones indispensables en el fortalecimiento democrático:

Garantizar el Estado de derecho y la democracia constitucional.

Asegurar el ejercicio de los derechos políticos.

Procurar el derecho a la protección judicial efectiva.

Salvaguardar los principios de transparencia, competitividad y cumplimiento del proceso electoral.

Con esta base conceptual establecida, se puede proceder al análisis comparado de los modelos de financiamiento político y justicia electoral en distintas regiones del mundo. A partir de aquí, se identificarán los principales patrones regulatorios y las variaciones en los diseños institucionales observados en África, América y Europa, con el objetivo de comprender mejor cómo estas diferencias afectan la calidad e integridad de los procesos democráticos.

Modelos de financiamiento político y justicia electoral

Los arreglos institucionales relacionados con el financiamiento político y los sistemas para la resolución de conflictos electorales varían entre los diferentes países. Si bien no existen estándares internacionales exhaustivos que determinen la idoneidad de un único modelo, sí se han establecido elementos mínimos comunes que funcionan como referentes normativos. Uno de los principales estándares internacionales se encuentra en la Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual, en su párrafo 19, establece:

19. De conformidad con el apartado b), las elecciones deben ser libres y equitativas, y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto. […] La limitación de los gastos en campañas electorales puede estar justificada cuando sea necesaria para asegurar que la libre elección de los votantes no se vea afectada o que el proceso democrático quede perturbado por gastos desproporcionados en favor de cualquier candidato o partido. Los resultados de las elecciones auténticas deberán respetarse y ponerse en práctica (Comité de Derechos Humanos(1996), "Observación general 25. Comité de Derechos Humano. Art. 25. Participación en los asuntos públicos y derecho de voto. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 57 periodo de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 AT 194", Civilis Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos, 1996: 6).

De esta manera, se reconoce que los Estados pueden establecer límites al financiamiento de las campañas electorales con la finalidad de evitar distorsiones en la competencia política que afecten la libertad de la ciudadanía al elegir a sus gobernantes. Estos límites representan un primer mecanismo normativo para asegurar la integridad del sistema democrático.

Por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 7, apartado 3, establece que:

Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas […] para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos (Naciones Unidas-Oficina contra la Droga y el Delito(2004), "Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción", Naciones Unidas, Naciones Unidas, 2004: 11).

Como puede apreciarse, no basta con imponer límites al financiamiento de campañas: es fundamental adoptar medidas que incrementen la transparencia en el uso de estos recursos, la cual constituye un elemento complementario. Aunque existen diferencias normativas en cuanto al acceso público a la información financiera de los partidos y las candidaturas, el establecimiento de sanciones efectivas favorece la creación de mecanismos de control sobre el gasto en actividades políticas, como se observará en los casos comparados.

Estos instrumentos internacionales proporcionan una base común que facilita el estudio comparativo entre las diferentes regiones y los sistemas políticos. De esta forma, es posible evaluar la implementación de medidas orientadas a asegurar la equidad y la transparencia en los procesos electorales.

En este sentido, la compilación normativa realizada por IDEA Internacional ha contribuido al estudio del impacto del dinero en la política mediante la producción de datos y el análisis de tendencias. Su base de datos sobre financiamiento político ofrece un panorama comparativo global de los mecanismos de resolución de disputas electorales en 178 países y territorios, centrándose en cómo están diseñados. El conjunto de datos, sistematizado desde 2003 y actualizado hasta 2022, operacionaliza estándares internacionales y conceptos teóricos, abarcando 74 aspectos agrupados en cuatro categorías:

Prohibiciones y límites sobre ingresos privados. Analiza las restricciones sobre quiénes pueden contribuir a los partidos políticos y candidatos, así como los límites que se imponen a dichas donaciones.

Financiamiento público. Examina las disposiciones relativas al financiamiento público directo e indirecto disponible para partidos políticos y candidatos como una herramienta clave para garantizar la equidad en las contiendas electorales.

Regulaciones sobre gastos. Aborda las normas relativas al monto que pueden gastar los partidos políticos y candidatos, así como las actividades en las que pueden utilizar los recursos.

Reportes, supervisión y sanciones. Se centra en los requisitos para la presentación de informes financieros, los mecanismos de supervisión de las regulaciones sobre financiamiento político y las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

En este trabajo se seleccionaron nueve elementos que regulan la provisión de financiamiento público, la obligación de reportar el gasto, las instituciones responsables de la supervisión y las sanciones establecidas. La selección de estos indicadores se basa en su relevancia normativa, su compatibilidad empírica y la disponibilidad de datos confiables.

Para establecer bases comparativas entre regiones diversas se consideran elementos estructurales comunes presentes en las bases de datos de V-Democracy, IDEA Internacional y el Proyecto de Integridad Electoral (PIE) debido a su validez, reconocimiento y amplia cobertura. De esta forma, la organización de los indicadores se estructura en cuatro bloques temáticos: provisiones de financiamiento público, obligaciones de transparencia, institucionalidad de la supervisión y sanciones existentes. Estos indicadores se contrastan con variables de los índices de elecciones limpias, calidad democrática y aceptación de resultados provistos por V-Democracy, así como los datos sistematizados por el PIE en materia de judicialización e impugnación de resultados para el periodo 2020-2024.

Desde una perspectiva analítica, las ponderaciones cuantitativas se incorporan en el análisis cualitativo como evidencia de la integración e interacción de los indicadores. Bajo esta lógica, la identificación del tipo de financiamiento político se vincula con la obligatoriedad de presentar reportes, el grado de autonomía de los órganos supervisores y los mecanismos sancionatorios, lo que permite evaluar su implementación efectiva y no solamente su reconocimiento formal. Si bien en algunos casos los datos sobre la aplicación de sanciones o el nivel de cumplimiento por parte de los actores políticos resultan fragmentarios, para mitigar estos vacíos se toman en cuenta casos documentados en la literatura especializada y en informes institucionales, lo que permite ilustrar los desafíos persistentes.

Dado que este estudio se concentra en los mecanismos tradicionales de financiamiento político y supervisión electoral, es importante reconocer que el uso intensivo de redes sociales y plataformas digitales aún no se refleja en los indicadores analizados. No obstante, este fenómeno ha adquirido una atención creciente al plantear desafíos del entorno digital relacionados con la competencia electoral, el control del gasto y la fiscalización.

En este sentido, para analizar el papel de las instituciones encargadas de la resolución de conflictos electorales, se utilizó la base de datos de justicia electoral de IDEA Internacional (IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)(2025a), "Electoral justice database", IDEA, IDEA, 2025a), específicamente aquellos elementos que permiten establecer el papel de las autoridades de justicia electoral en torno al financiamiento político y la aplicación de sanciones penales y no penales. Esta base se organiza en cuatro áreas clave: la resolución de disputas sobre resultados electorales; el registro de partidos y candidatos; la supervisión del financiamiento de campañas y el manejo de infracciones, y el tratamiento de los delitos electorales.

Para aproximarse a los posibles efectos del diseño institucional y de la justicia electoral en materia de financiamiento político, se emplean los datos de V-Democracy, los cuales ofrecen una perspectiva histórica sobre la evolución democrática mediante indicadores para evaluar su calidad. En particular, se revisan siete indicadores, comparando sus valores en 1990 y 2023, entre los que se incluyen la limpieza de las elecciones; la autonomía y capacidad del Organismo de Gestión Electoral (OGE); el financiamiento público de campañas; el grado de multipartidismo en las elecciones y la aceptación de los resultados.

Finalmente, para ofrecer un panorama general de la calidad democrática y la integridad electoral, el análisis se complementa con los datos del PIE, lo que permite abarcar los principales aspectos del entramado institucional democrático.

África

De acuerdo con IDEA Internacional (IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)(2025b), "Political finance database", IDEA, 2025b), en un estudio de 51 países de la región, solamente dos (Guinea Ecuatorial y Eswatini) no cuentan con información suficiente sobre financiamiento político, y el 29.4% carece de financiamiento público para partidos políticos. En contraste, el 61% sí dispone de mecanismos de financiamiento público, vinculados a los resultados electorales o al número de escaños obtenidos. Únicamente el 8.6% de los países otorga financiamiento con base en la mera participación en las elecciones. De acuerdo con V-Democracy, el índice de participación multipartidista aumentó de 3.54 en 1990 a 3.82 en 2023, lo que sugiere una mayor apertura a la competencia política, salvo en el caso de Comoros, donde este indicador presenta valores negativos (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025).

En la región, el 80% de los países exige que los partidos políticos presenten reportes sobre el financiamiento que reciben, incluso en la totalidad de los casos en los que no se otorgan recursos públicos. Este hecho refleja la importancia de contar con mecanismos de control sobre el flujo del dinero en la política. No obstante, en el 30% de los países no se exige la presentación de reportes sobre los gastos de campaña a los partidos, aunque en Madagascar, Mauritania y Congo esta obligación recae en las candidaturas. Si bien no todos los países requieren informes de gastos de campaña, sí contemplan la presentación de reportes sobre los gastos regulares de los partidos, como ocurre en Senegal, país que además no cuenta con financiamiento público. Esta diferencia entre los reportes periódicos de ingresos y los reportes de gastos de campaña sugiere un margen de laxitud que podría representar un riesgo para la integridad electoral.

En materia de supervisión del financiamiento político, los sistemas africanos asignan estas actividades a las comisiones electorales y a agencias especializadas de auditoría en el 49% de los países. En contraste, los tribunales electorales desempeñan estas funciones solamente en el 18% de los casos, mientras que el 14.7% de los países delega esta tarea a algún ministerio gubernamental. Un porcentaje significativo, equivalente al 11.48%, carece de alguna agencia especializada o no dispone de información sobre qué institución es responsable de estas funciones. Cabe destacar que los OGE han mostrado mejoras en cuanto a su capacidad y autonomía; el indicador de V-Democracy ubica a la región en un promedio de 3.1 en una escala de 0 a 4 (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025).

Es relevante señalar que las instancias encargadas de recibir los informes financieros no son necesariamente las mismas que los revisan o que imponen sanciones. Aun cuando las comisiones electorales mantienen esta responsabilidad en el 28% de los casos, los tribunales incrementan su presencia al asumir el 20.6% de estas funciones. Otras instituciones, como lo órganos de auditorías (11.8%) y los ministerios (10.3%), complementan estas labores de supervisión, aunque en menor medida. En el 76.5% de los casos, las autoridades responsables de la supervisión cuentan con atribuciones para imponer sanciones, solicitar información adicional, iniciar otro tipo de investigaciones o bien presentar casos ante cortes penales. Las sanciones más frecuentes son las multas (25.4%), las penas de prisión (21.4%) y la suspensión del financiamiento público (9.2%).

La efectividad institucional depende de que estas entidades dispongan de recursos suficientes y de una capacidad real para hace cumplir las sanciones. Cuando las consecuencias son simbólicas o desproporcionadamente bajas, la función disuasoria de la norma se debilita. Así lo documentan Duri y Resimic (Duri, Jorum y Resimić, Miloš(2022), Political finance oversight: Key institutions and mechanisms in sub-Saharan Africa, Transparency International. 2022) en casos como Nigeria, donde sólo dos de 23 partidos presentaron informes anuales en 2011; Botswana, donde los reportes financieros no se entregan; Malawi, cuya legislación carece de mecanismos sancionatorios; y Ghana y Kenia, donde la información sobre los donantes no es pública o está incompleta. En estos contextos, la existencia de reglas no es suficiente para garantizar su cumplimiento y las sanciones disponibles resultan insuficientes para asegurar su observancia.

En este marco, los datos de V-Democracy muestran un progreso moderado en la calidad democrática en África entre 1990 y 2023. El índice de elecciones limpias pasó de 0.78 a 0.84; sin embargo, en el 33% de los casos, la aceptación de los resultados electorales disminuyó, lo que representa un problema en ciertos contextos. Esta relación no parece corresponder con lo esperado, ya que, de acuerdo con el PIE, entre 2020 y 2024, el 44% de las elecciones impugnadas a nivel global ocurrieron en el continente africano (Garnett, Holly Ann; James, Toby S. y Caal-Lam, Sofia(2024), "Perceptions of Electoral Integrity, (PEI-10.0)", Harvard Dataverse V1, Garnett et al., 2024). Además, el 40% de los países cuentan con una instancia jurisdiccional especializada en la resolución de conflictos electorales, lo que podría indicar la existencia de incentivos para judicializar los resultados electorales, aun cuando, según el PIE, la región presenta el índice más bajo de integridad electoral, con una puntuación de 44 sobre 100 (Garnett, Holly Ann; James, Toby S. y Caal-Lam, Sofia(2024), "Perceptions of Electoral Integrity, (PEI-10.0)", Harvard Dataverse V1, Garnett et al., 2024).

La evaluación de estos indicadores es observable en la gráfica 1. En ella, se aprecia un aumento en el multipartidismo electoral y en el financiamiento público de campañas, así como una mejora en la autonomía y la capacidad de las autoridades electorales. Pese a ello, el índice democrático de V-Dem y el de elecciones limpias siguen registrando valores bajos, lo que refleja la persistencia de desafíos en la consolidación democrática de la región (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025).

Gráfica 1



Comparativo de índices políticos en África entre 1990 y 2023

Ezeh (Ezeh, Ugochukwu(2022), "Contested elections in Africa: The roles of courts in electoral processes", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 317-331), Routledge.2022) señala que las democracias de la región continúan enfrentando desafíos como la fragilidad institucional, la corrupción y la influencia de grandes grupos económicos. Sin embargo, los sistemas judiciales han actuado como mecanismos para imponer regulaciones más estrictas y limitar las irregularidades, por ejemplo, a través de la fiscalización del financiamiento político. En este sentido, la justicia electoral ha impulsado la promoción de valores democráticos y ha garantizado la integridad de los procesos electorales mediante el cumplimiento de las normas constitucionales.

El caso Awolowo versus Shagari en Nigeria, descrito por Nwabueze (Nwabueze, Ben(1982), The Presidential Constitution of Nigeria, St. Martin's Press.1982), fue determinante para el desarrollo de la justicia electoral en la región. En este asunto, la Corte Constitucional puso fin a una disputa sobre la interpretación de la normatividad electoral que había puesto en riesgo el proceso de transición democrática y evitó una crisis política en un contexto volátil. A decir de Ezeh (Ezeh, Ugochukwu(2022), "Contested elections in Africa: The roles of courts in electoral processes", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 317-331), Routledge.2022), este precedente resultó canónico por anticipar el problema de los resultados electorales presidenciales impugnados, que ahora es común en el continente.

Al analizar otros escenarios, como Akufo-Addo y Ors contra Mahama y Anor en Ghana o Chamisa versus Mnangagwa en Zimbabue, se resalta el papel de los tribunales al exigir mayor transparencia para promover la confianza pública. En estos casos, los tribunales han asegurado que tanto los resultados electorales como los flujos de financiamiento se ajusten a las normativas constitucionales (Ezeh, Ugochukwu(2022), "Contested elections in Africa: The roles of courts in electoral processes", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 317-331), Routledge.Ezeh, 2022).

América

El financiamiento político en la región, particularmente en América Latina, ha sido objeto de debate permanente desde los procesos de transición a la democracia. Los costos de campaña han aumentado gradualmente debido a la creciente sofisticación de las estrategias publicitarias, lo que ha causado un crecimiento exponencial de los gastos electorales. Paralelamente, como señala Zovatto (Zovatto, Daniel(2007), "El financiamiento electoral: subvenciones y gastos", en Nohlen, Dieter, Zovatto, Daniel, Orozco, J. Jesús y Thompson, José(Comps.), Tratado de derecho electoral comparado de América Latina (pp. 744-820), Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Universidad de Heidelberg-International IDEA-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Federal Electoral-Fondo de Cultura Económica.2007), se ha incrementado el financiamiento ilegal de campañas, asociado a la influencia de grupos económicos poderosos, al tráfico de influencias e incluso al narcofinanciamiento. Por estas razones, regular el financiamiento político se ha convertido en uno de los principales medios para combatir la corrupción en la región.

Las regulaciones en torno a este tema han evolucionado constantemente y están vinculadas a las amplias funciones de las autoridades electorales. De acuerdo con V-Democracy (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025), los OGE se han fortalecido tanto en su autonomía (de 2.63 a 2.8) como en su capacidad (de 2.86 a 3.12), lo que refleja avances en la institucionalidad democrática en la región.

El diseño institucional en la región presenta rasgos relativamente homogéneos. Aunque no existe un sistema supranacional que imponga un sistema regulador común, en materia democrática la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Pacto de San José de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, especialmente, la Carta Democrática Interamericana son instrumentos multilaterales que establecen principios generales aceptados comúnmente en América Latina, los cuales pueden observarse en los marcos normativos nacionales.

En este contexto, la mayoría de los países latinoamericanos han adoptado sistemas de financiamiento mixto, con prevalencia de fondos públicos, que incluyen mecanismos de supervisión del financiamiento y la imposición de sanciones tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional. Este modelo impone restricciones significativas a las contribuciones privadas, entre ellas prohibiciones sobre aportaciones provenientes del extranjero. Asimismo, todos los países latinoamericanos cuentan con tribunales electorales cuyas funciones trascienden lo jurisdiccional, abarcando la resolución de conflictos en la vida partidista, la protección de los derechos político-electorales y la sanción de conductas ilícitas dentro y fuera de los procesos electorales (Espinosa Silis, Arturo(2020), Modelos de justicia electoral en América Latina, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Espinosa Silis, 2020).

En algunos casos, la justicia electoral ha sido determinante para impulsar reformas electorales. Por ejemplo, en Paraguay, el Tribunal Superior de Justicia Electoral desempeñó un papel clave en la discusión de diversos temas, incluido el financiamiento político (Gómez Romero, Celeste(2022), "Reforma electoral y elecciones municipales en contexto de pandemia en Paraguay", en Pinillos, Cintia, Iglesias, Esteban, Lucca, Juan Bautista y Lazzetta, Osvaldo(Comps.), La democracia a prueba: los años que votamos en pandemia en las Américas (pp. 307-322), CLACSO, Gómez, 2022). De manera similar, en Argentina, la justicia electoral fue un actor central al señalar la necesidad de una mayor regulación en materia de financiamiento político, como lo demuestra el fallo de 2002, que impulsó la sanción de leyes en la materia (Pérez, Adrián(2022), "Un largo proceso hacia un amplio consenso. La reforma del financiamiento de los partidos", en Contreras, Carlos Alberto y Pérez, Adrián(Eds.), Reformas electorales y democracia (pp. 19-30), Prometeo Editorial, Pérez, 2022).

De acuerdo con los datos de IDEA Internacional (IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)(2025b), "Political finance database", IDEA, 2025b), se observa que en el 44.1% de los países de la región se otorgan recursos públicos tanto para el funcionamiento regular de los partidos como para actividades de proselitismo, lo que indica un apoyo sostenido del Estado para las actividades partidistas. Si bien prevalece el financiamiento público, un 35.3% de los países no ofrece estos recursos, lo que obliga a partidos y candidaturas a depender solamente de fuentes privadas. A pesar de esta situación, se observa un incremento en la disponibilidad de financiamiento público, reflejado en el índice de V-Democracy, que subió de 1.93 a 2.38 (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025).

El acceso a los recursos públicos se encuentra relacionado con los resultados electorales previos en un 25.8% de los casos, mientras que en el 14.5% los recursos también dependen de sus posiciones en los órganos legislativos, lo que muestra una tendencia a premiar el éxito electoral. Solamente el 8% de los países otorga recursos por la simple participación en los procesos electorales. Además, en el 19.5% de los casos, la asignación de recursos se realiza con cierto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades. El impacto del financiamiento en el sistema de partidos ha sido relativamente estable: V-Democracy documenta un ligero aumento en el índice de competencia multipartidista, que pasó de 3.67 en 1990 a 3.74 en 2023 (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025).

Un ejemplo de la asignación de recursos vinculada al éxito electoral es el caso de Colombia. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Garantías Electorales, sólo los candidatos presidenciales que obtienen como mínimo un 4% de los votos pueden acceder al sistema de reposición de recursos. Para la Corte Constitucional de Colombia, exigir un umbral mínimo de votos se justifica en tanto 'que permite la destinación de los mismos para el financiamiento de las elecciones en condiciones de igualdad electoral, pero a la vez garantiza que los recursos públicos no serán distraídos ni invertidos en campañas poco serias' (Corte Constitucional de Colombia(2005), Sentencia C-1153/05. Expediente PE-024. Control constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria N.º 216/05 Senado, N.º 235 Cámara, 11 de noviembre, Corte Constitucional de Colombia (magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra), Sentencia C-1153/05, 2005: 84).

A pesar de que el tema del financiamiento político suscita debates en la región, en el 32.3% de los países no se obliga a los partidos políticos a presentar informes sobre sus gastos regulares o de campaña. En países como Barbados y Trinidad y Tobago, la responsabilidad de informar recae únicamente en las candidaturas, aun cuando no reciben fondos públicos. En contraste, en países como El Salvador y San Vicente y las Granadinas, aunque no existe una obligación de rendición de cuentas, sí se contemplan sanciones para el financiamiento proveniente de fuentes ilegales.

En materia de transparencia, el caso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil refleja la capacidad de la justicia electoral para garantizar la implementación e interpretación progresiva de las normas sobre financiamiento político. Speck (Speck, Bruno Wilhelm(2016), "Brazil", en Norris, P. y Van Es, A. A.(Eds.), Checkbook elections? Political finance in comparative perspective (pp. 31-60), Oxford University Press.2016) documenta que, a partir de la reforma de 1993, el TSE concentró de manera exclusiva la facultad de fiscalización, lo que permitió ampliar el alcance normativo en materia de transparencia. En 2002 se hizo obligatoria para todas las candidaturas la presentación de cuentas en formato electrónico, lo que permitió que, desde 2009, haya una base de datos abierta con todos los informes financieros disponibles. Además, las interpretaciones del TSE han hecho pública la información sobre los donantes, a pesar de que la legislación pretendía limitar su difusión. Como señala Speck (Speck, Bruno Wilhelm(2011), "Campaign finance in Brazil: Does transparency suffice?", IFES Nigeria Political Finance Newsletter, 2(6), 1-52011), hoy se puede conocer el universo de empresas que han aportado, lo que ha fortalecido la vigilancia sobre su impacto en la política.

El análisis comparado en la región muestra un diseño institucional en el que las autoridades electorales administrativas juegan un papel central. En el 61.5% de los países, los órganos electorales son responsables de recibir y supervisar los informes financieros. Sin embargo, en un 23% de los países no se especifica qué autoridad es responsable de esta función. También es destacable que, en materia sancionadora, el 29% de los países cuenta con autoridades electorales de naturaleza exclusivamente jurisdiccional, como ocurre en México, Brasil y Argentina.

En cuanto a las sanciones, el diseño institucional en la región presenta variaciones importantes. Las más comunes son las multas, aplicadas en el 23.8% de los casos, seguidas de las penas de prisión, presentes en el 16.2%. Otras medidas incluyen la pérdida de la elección, la suspensión de las candidaturas involucradas (13.1%) o la suspensión del financiamiento público (11.4%). Sólo Belice, Santa Lucía y Surinam carecen de sanciones relacionadas con el financiamiento político.

En general, el panorama en la región muestra avances en los mecanismos de supervisión y sanción en materia de financiamiento político, lo que refleja un esfuerzo institucional por garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales. Sin embargo, las deficiencias normativas persisten, como ocurre en Bolivia, República Dominicana y Honduras, donde la legislación no obliga a los partidos a hacer pública su información financiera. Esta situación se agrava en países donde tampoco se prevén sanciones claras ante irregularidades, como ocurre en El Salvador, República Dominica y Uruguay, lo que impide hacer frente a actos de corrupción o al manejo irregular de recursos (Casal Bértoa, Fernando; Molenaar, Fransje; Piccio, Daniela Ruxandra y Rashkova, Ekaterina R.(2014), "The world upside down: Delegitimising political finance regulation", International Political Science Review, 35(3), 355-375, Casal et al., 2014).

A pesar de este contexto, los efectos sobre la calidad de la democracia presentan resultados ambivalentes. En el índice de elecciones limpias de V-Democracy, la región experimentó una mejora moderada, al pasar de 0.62 en 1990 a 0.69 en 2023 (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025), aunque el dato contrasta con el índice de integridad electoral del PIE, en el que se observa una reducción de 69 puntos en 2014 a 60 en 2024, lo que coincide con la disminución en el indicador de aceptación de resultados, que pasó de 3.36 en 1990 a 3.28 en 2023 (Garnett, Holly Ann; James, Toby S. y Caal-Lam, Sofia(2024), "Perceptions of Electoral Integrity, (PEI-10.0)", Harvard Dataverse V1, Garnett et al., 2024). Este escenario también puede explicar que, entre 2020 y 2024, el 15% de las elecciones impugnadas a nivel global ocurrieron en el continente americano.

La gráfica 2 ilustra la relación entre el acceso a recursos públicos y la configuración del sistema de partidos en América. Se observa que el financiamiento suele estar condicionado por el éxito electoral previo y la representación legislativa, mientras que sólo un reducido porcentaje de países asigna recursos por la mera participación en los comicios. Esta dinámica influye en el índice de competencia multipartidista, el cual ha registrado un ligero aumento en las últimas décadas según los datos de V-Dem Institute (V-Dem Institute(2025), V-Dem Variable Graph Tool, V-Dem, 2025).

Gráfica 2



Comparativo de índices políticos en América entre 1990 y 2023

En síntesis, la región se caracteriza por la presencia generalizada de financiamiento público, aunque con diferencias en su regulación. Si bien la supervisión se ha fortalecido, persisten desafíos en materia de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en los países donde la obligación de informar es limitada o inexistente. En contraste, la competencia partidista se incrementa, a pesar de que la aceptación de resultados es cada vez más cuestionada, lo que ha generado una mayor judicialización de los comicios. Esto sugiere que, aun cuando los mecanismos de regulación mejoraron, la confianza en los resultados electorales sigue siendo un problema persistente en la región.

Europa

En este continente se concentra la mayor cantidad de gobiernos democráticos consolidados en comparación con otras regiones, lo que puede atribuirse a la fortaleza institucional derivada del proceso de integración a la Unión Europea (UE). La adhesión al bloque europeo depende del cumplimiento de ciertos requisitos, como los Criterios de Copenhague, que establecen las condiciones que deben cumplir los países candidatos, entre ellas el respeto al Estado de derecho, la garantía de los derechos humanos y la existencia de una economía de mercado funcional. Además, la UE cuenta con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que han fortalecido la estabilidad política en la región.

Sin embargo, en los últimos años, países miembros como Hungría y Polonia han sido ejemplos de procesos de erosión democrática (Applebaum, Anne(2021), El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo, Debate.Applebaum, 2021; Naím, Moisés(2022), La revancha de los poderosos: Cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI, Debate.Naím, 2022). A esto se suma Rusia, considerada un ejemplo prototípico de autoritarismo competitivo. Estos casos han impactado en el índice regional de integridad democrática del PIE, que disminuyó de 71 a 67 puntos entre 2014 y 2024 (Garnett, Holly Ann; James, Toby S. y Caal-Lam, Sofia(2024), "Perceptions of Electoral Integrity, (PEI-10.0)", Harvard Dataverse V1, Garnett et al., 2024).

A pesar de estos desafíos, la cooperación regional ha sido un factor relevante para mantener la estabilidad democrática. Uno de los organismos centrales en este proceso es el Consejo de Europa, principal institución dedicada a la defensa de los derechos humanos en la región. A través del Comité de Ministros, emite recomendaciones que, aunque no son vinculantes, funcionan como marcos de referencia para el desarrollo de normas electorales. Éstas abarcan desde la regulación del financiamiento político y el acceso equitativo a los medios de comunicación, hasta la supervisión de disputas electorales y la promoción de la participación de grupos en situación de desventaja, contribuyendo así a la armonización de las legislaciones nacionales.

Los efectos de estos esfuerzos pueden observarse en los indicadores de V-Democracy, los cuales reflejan un incremento en la calidad de la democracia. El índice de elecciones limpias aumentó de 0.78 en 1990 a 0.84 en 2023; de igual manera, el índice democrático pasó de 0.72 a 0.74 en el mismo periodo, lo que sugiere un avance moderado hacia una mayor calidad democrática.

En materia de financiamiento político, la Recomendación Rec(2003)4 del Consejo de Europa establece lineamientos comunes para combatir la corrupción en este ámbito. El documento destaca la necesidad de fortalecer la transparencia financiera durante los procesos electorales, al señalar que 'el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales en todos los Estados debe estar sometido a reglas en favor de la prevención y lucha contra el fenómeno de la corrupción' (Consejo de Europa-Comité de Ministros(2003), "Recomendación Rec(2003)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a las reglas comunes contra la corrupción en el financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales", Consejo de Europa, Consejo de Europa, Comité de Ministros, 2003: 1).

En cuanto a la resolución de disputas electorales, los estándares europeos identifican tres momentos: antes, durante y después de las elecciones. Las disputas preelectorales se refieren al registro de candidatos y electores, así como al financiamiento de campañas; durante el día de las elecciones, los conflictos suelen centrarse en la identificación de votantes y el cumplimiento de los procedimientos de votación; mientras que las diputas postelectorales se enfocan en el conteo de votos y la validación de los resultados finales (Leloup, Mathieu(2022), "Post-election disputes in Europe", en Schultz, David y Toplak, Jurij(Eds.), Routledge handbook of election law (pp. 221-254), Routledge.Leloup, 2022).

Aunque los diseños institucionales varían entre los países de la región, Fasone and Piccirilli (Fasone, Cristina y Piccirilli, Giovanni(2017), "Towards a Ius commune on elections in Europe? The role of the code of good practice in electoral matters in 'harmonizing' electoral rights", Election Law Journal, 16(2), 247-254, 2017) documentan cómo se han adoptado bases generales provenientes de organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos)(2021), Demokrat Parti c. Turquie, requête n° 8372/10, 26 de enero, TEDH, TEDH), la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. Éstos emiten recomendaciones y resoluciones que, si bien no imponen estándares rígidos, proporcionan criterios orientadores para el desarrollo de marcos normativos que favorecen la transparencia y la integridad electoral.

En este contexto, la autonomía y la capacidad de los OGE han mostrado una evolución positiva en Europa. Según los datos de V-Democracy, la autonomía de los OGE ha mejorado, pasando de 2.86 en 1990 a 3.11 en 2023; a su vez, la capacidad de funcionamiento de estos organismos aumentó de 3.51 a 3.55. Estos avances reflejan el impacto de las recomendaciones, las cuales han contribuido a fortalecer la gobernanza democrática en la región.

En materia de financiamiento, IDEA Internacional (IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)(2025b), "Political finance database", IDEA, 2025b) señala que el 89% de los países europeos cuenta con financiamiento público. De ellos, la mitad lo otorga de manera regular, mientras que la otra mitad lo combina con fondos específicos para campañas electorales. Solamente Italia y Malta -miembros de la Unión Europea-, junto con Bielorrusia, Mónaco y Suiza, no cuentan con esquemas de financiamiento público.

La gráfica 3 ilustra la evolución de los principales indicadores políticos en Europa entre 1990 y 2023. En ella se observa una mejora en el financiamiento público y en la capacidad de los OGE. Además, el índice de aceptación de resultados ha mantenido un nivel alto, lo que refleja una estabilidad progresiva y confianza en los procesos electorales.

Gráfica 3



Comparativo de índices políticos en Europa entre 1990 y 2023

En materia de fiscalización, el reporte de gasto en la región europea se establece como una obligación casi absoluta, las excepciones son Bielorrusia y Mónaco. En cuanto a los gastos de campaña, éstos están integrados en los reportes de gastos ordinarios en países como Francia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Malta, San Marino y Suecia. En el caso de las candidaturas, particularmente en los sistemas electorales de representación con listas cerradas y bloqueadas, como Kosovo, Lituania y Eslovaquia, la obligación de reportar los gastos recae en los partidos.

La supervisión financiera se asigna en el 84% de los países a una única institución responsable, mientras que en el 49% de los casos se involucra a otras entidades para la revisión de informes, incluyendo agencias especializadas (7.7%), auditorías (2.6%) y ministerios (5.1%). No obstante, las comisiones electorales continúan siendo las principales autoridades encargadas en el 61.5% de los países de la región.

En cuanto a las sanciones, las multas son la más común, aplicadas en el 23.8% de los países, seguidas por la pena de prisión, presente en el 16.4% de los casos. Otras medidas incluyen la pérdida de derechos políticos (8.2%), la cancelación del financiamiento público (8.2%) y la suspensión de partidos políticos (6.6%). Estas disposiciones reflejan un enfoque diverso en la región, pero con un objetivo común: garantizar la transparencia del financiamiento político y preservar la equidad en los procesos electorales.

Para ejemplificar lo anterior, Alemania y República Checa muestran dos procesos en los que, más allá de la existencia de autoridades de supervisión, la eficacia del control depende de una adecuada vigilancia institucional (Casal Bértoa, Fernando; Molenaar, Fransje; Piccio, Daniela Ruxandra y Rashkova, Ekaterina R.(2014), "The world upside down: Delegitimising political finance regulation", International Political Science Review, 35(3), 355-375, Casal et al., 2014). En Alemania, el Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel de garante al reforzar las obligaciones de transparencia, en especial en lo relativo a aportaciones empresariales, y al establecer principios que han orientado el financiamiento público bajo reglas de proporcionalidad. Por su parte, República Checa muestra cómo el control jurisdiccional contribuye a establecer límites. En este caso, el Tribunal Constitucional anuló disposiciones legales que prohibían a los partidos participar en actividades comerciales de edición y publicidad, lo que permitió ampliar su margen de obtención de recursos, aunque bajo condiciones específicas de rendición de cuentas.

Finalmente, la judicialización de los conflictos electorales es un fenómeno recurrente en la región. En el 56% de los países, las disputas se resuelven a través de tribunales de jurisdicción general, administrativos o constitucionales, sin la existencia de cortes especializadas en materia electoral. Esta situación se ve reflejada en el número de elecciones impugnadas: entre 2020-2024, la región concentró el 19% de las controversias por resultados electorales a nivel global (PIE), lo que indica que la impugnación de elecciones es relativamente frecuente. Sin embargo, este fenómeno se encuentra asociado a mecanismos establecidos que no requieren una jurisdicción electoral especializada, lo cual ha contribuido a la estabilidad política de la región. Esto se evidencia en el índice de aceptación de resultados de V-Democracy (Coppedge, Michael; Gerring, John; Henrik Knutsen, Carl; Lindberg, Staffan I.; Teorell, Jan; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Bernhard, Michael; Cornell, Agnes; Fish, M. Steven; Fox, Linnea; Gastaldi, Lisa; Gjerlöw, Haakon; Glynn, Adam; Good God, Ana; Grahn, Sandra; Hicken, Allen; Kinzelbach, Katrin; Krusell, Joshua; Marquardt, Kyle L.; McMann, Kelly; Mechkova, Valeriya; Medzihorsky, Juraj; Natsika, Natalia; Neundorf, Anja; Paxton, Pamela; Pemstein, Daniel; von Römer, Johannes; Seim, Brigitte; Sigman, Rachel; Skaaning, Svend-Erik; Staton, Jeffrey; Sundström, Aksel; Tannenberg, Marcus; Tzelgov, Eitan; Wang, Yi-ting; Wiebrecht, Felix; Wig, Tore; Wilson, Steven and Ziblatt, Daniel(2025), "V-Dem Country-Year Dataset v15", Varieties of Democracy (V-Dem) Project, Coppedge et al., 2025), que ha mantenido niveles altos, al pasar de 3.60 en 1990 a 3.63 en 2023, lo que demuestra una consolidación progresiva de la confianza en los procesos electorales.

Discusión comparativa de resultados

El análisis comparado muestra variaciones en los diseños institucionales de regulación del financiamiento político entre África, América y Europa. Estas diferencias se encuentran relacionadas con el grado de consolidación democrática de cada región. Mientras que Europa ha desarrollado marcos normativos más homogéneos y estandarizados, en África y América los diseños responden a contextos institucionales heterogéneos, en los que se ha buscado compensar debilidades estructurales con la creación de organismos especializados.

En todas las regiones, la interacción entre el acceso al financiamiento público, la capacidad de supervisión y la efectividad de las sanciones son factores que permiten explicar el desempeño institucional. Si bien existen normas que regulan estos tres elementos, la eficacia de la implementación depende de las capacidades de los órganos competentes en cuanto a facultades, autonomía y recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones, como se ha observado en los contrastes específicos de países como Brasil, Alemania, Nigeria y República Dominicana.

Tanto el financiamiento político como la justicia electoral representan pilares fundamentales para la equidad y la transparencia de los procesos electorales. La regulación del financiamiento político, ya sea público o privado, influye directamente en la competencia política; en cambio, la justicia electoral garantiza la corrección de irregularidades y la resolución de disputas. En este sentido, las instituciones de justicia electoral pueden asegurar la integridad electoral al corregir los desequilibrios legales.

Un hallazgo transversal es la tendencia a premiar con financiamiento público el éxito electoral previo. En África, el 61% de los países vincula el financiamiento a los escaños obtenidos; en América Latina equivale al 25.8%; y en Europa, al 27.2%. Aunque este patrón es común y se esperaría que se fortaleciera la posición de los partidos más consolidados y se limitara la competitividad de fuerzas emergentes, los índices de participación multipartidista señalan lo contrario. En África, el índice de multipartidismo electoral aumentó de 3.54 en 1990 a 3.82 en 2023; en América pasó de 3.67 a 3.74, y en Europa, de 3.54 a 3.82. Estas tendencias pueden observarse en los indicadores de V-Democracy de la gráfica 4:

Gráfica 4



Comparativo del multipartidismo electoral en las tres regiones entre 1990 y 2023

Como se observa en la evidencia comparada, pese a la lógica de premiar el éxito electoral, las condiciones estructurales permiten el ingreso de nuevos partidos. En este sentido, el diseño de mecanismos de financiamiento debe equilibrar los umbrales de acceso exigidos con la equidad en la asignación de recursos, reforzando los criterios de transparencia para hacer compatibles la integridad electoral y la competencia efectiva.

También se puede destacar que el incremento de la participación estatal en el financiamiento político ha fortalecido a las autoridades electorales. En América, el 61.5% de los países asigna tareas de fiscalización a los OGE; en África, esta responsabilidad recae sólo en el 32.8% de los países; y en Europa, en el 28.3%. En todos los casos, el índice de V-Democracy sobre la autonomía de los OGE ha registrado un crecimiento promedio de 0.19 puntos entre 1990 y 2023, mientras que la capacidad operativa ha aumentado 0.11 puntos durante el mismo periodo (gráfica 5).

Aunque los datos sobre el papel de las autoridades electorales y su fortalecimiento muestran avances positivos, en África y América persisten desafíos significativos, especialmente en materia de transparencia y aplicación efectiva de sanciones. En África, si bien el 80% de los países exige la presentación de reportes financieros, sólo el 49% cuenta con organismos capaces de supervisar eficazmente el financiamiento político. En América, si bien los marcos normativos de fiscalización son más sólidos, la capacidad sancionadora continúa siendo desigual y persiste una alta dependencia del financiamiento privado. Europa, en contraste, combina un mayor financiamiento público con mecanismos de supervisión más robustos.

Gráfica 5



Comparativo de la capacidad de los órganos electorales a nivel regional entre 1990 y 2023

En materia de limpieza electoral, los indicadores de V-Democracy y del PIE revelan diferencias regionales. En África, el índice de elecciones limpias ha subido de 0.78 a 0.84 entre 1990 y 2023; sin embargo, este avance no ha sido suficiente para mejorar significativamente la calidad democrática, que sólo pasó de 0.72 a 0.74. En América, el índice de limpieza electoral aumentó de 0.62 a 0.69, pero el índice de integridad electoral del PIE descendió de 69 puntos en 2014 a 60 en 2024, lo que refleja problemas de transparencia y confianza (Garnett, Holly Ann; James, Toby S. y Caal-Lam, Sofia(2024), "Perceptions of Electoral Integrity, (PEI-10.0)", Harvard Dataverse V1, Garnett et al., 2024). En Europa, por su parte, los niveles de limpieza electoral y calidad democrática se han mantenido elevados y estables. En materia de limpieza electoral, los indicadores de V-Democracy y del PIE revelan diferencias regionales (gráfica 6).

Gráfica 6



Comparativo de índices de limpieza electoral entre 1990 y 2023

A largo plazo, los esfuerzos por consolidar marcos normativos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, junto con la independencia de las instituciones electorales, serán determinantes para fortalecer la confianza pública en los procesos democráticos. Es claro que los desafíos en la consolidación de un sistema de financiamiento político equitativo y transparente, así como en la creación de instituciones electorales sólidas, varían considerablemente entre África, América y Europa.

Este trabajo ha demostrado que, si bien existen estándares generales comunes entre las tres regiones, persisten diferencias significativas. En este contexto, el estudio comparado de las resoluciones emitidas por las autoridades de justicia electoral debe considerar dichas particularidades. A pesar de ello, en todos los casos las instituciones de justicia electoral desempeñan un papel fundamental en garantizar la integridad de los procesos democráticos; sin embargo, su efectividad varía dependiendo de las estructuras institucionales y los marcos normativos de cada región.

Conclusiones

La comparativa regional muestra que el diseño de los mecanismos de financiamiento político y su relación con las instituciones contenciosas electorales constituye un eje para la calidad democrática. Si bien en las tres regiones analizadas se identifican patrones comunes centrados en la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y el control institucional, estos principios se enfrentan a contextos que explican sus variaciones en la práctica.

En Europa, la estandarización normativa y la cooperación regional han favorecido la consolidación de marcos sólidos de regulación y fiscalización del financiamiento político. En América, el desarrollo de tribunales especializados ha ampliado la capacidad de supervisión, aunque persisten desafíos en materia de transparencia. En África, las diferencias entre norma y práctica limitan la efectividad de los mecanismos existentes.

Estos contrastes evidencian que la integridad electoral y la calidad democrática no dependen solamente de la formalización de las reglas, sino de su implementación efectiva y de la fortaleza de las instituciones. En este sentido, la transparencia en el manejo de los recursos, la rendición de cuentas y la existencia de capacidades sancionadoras son condiciones indispensables para garantizar procesos electorales equitativos.

De este trabajo se desprenden varios retos para futuras investigaciones. Entre ellos, evaluar el impacto del financiamiento digital y de las nuevas tecnologías de campaña; analizar cómo las reglas de distribución de recursos afectan la competencia entre partidos consolidados y emergentes; estudiar la efectividad de la justicia electoral en contextos de fragilidad democrática; y profundizar en la relación entre regulaciones formales y la confianza ciudadana en los procesos electorales. Asimismo, ampliar el análisis comparado hacia regiones como Asia y Medio Oriente permitiría comprobar si los patrones identificados responden a dinámicas universales o a configuraciones institucionales regionales.

Finalmente, con este trabajo se busca contribuir al análisis de factores para evaluar el desempeño institucional y su impacto en la integridad electoral. Se muestra cómo una adecuada regulación y fiscalización de los recursos políticos tienen un impacto directo en la confianza ciudadana en los procesos electorales, lo que, en última instancia, favorece la estabilidad de los sistemas democráticos. Al mismo tiempo, la comparación regional pone de manifiesto que no existe un modelo único de regulación, pero sí principios básicos compartidos que, al fortalecerse, pueden incidir en la construcción de democracias más transparentes, plurales y resilientes.

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