Dificil recordar otro evento en la era moderna que haya puesto de cabeza a todo el mundo y afecte a prácticamente todos los seres humanos sin distinción de color de piel, raza, religión, afiliación política, ingreso o preferencia sexual.

La pandemia del coronavirus no es una crisis, sino una catástrofe, un golpe externo² que será seguido no sólo de una recesión extraordinariamente severa, sino también de duras luchas redistributivas (Dorre, 2020: 121). Pero es también, una advertencia de lo que podríamos esperar como futuro; en un año ha generado graves cambios en casi todos los órdenes de la vida social, económica y política. Ha transformado nuestra forma de trabajar, de habitar, de relacionarnos socialmente y de vivir nuestras ciudades.

La pandemia ha generado más perplejidad e incertidumbre que cualquier cambio en la política internacional e incluso más que las grandes transformaciones en las telecomunicaciones con la emergencia de las redes sociales. En el ámbito latinoamericano, estas incertidumbres se agudizan no sólo por la vulnerabilidad en que se encuentra una gran parte de los habitantes, sino por ser la región del globo más afectada y porque las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales y locales no han logrado garantizar certezas a su población a lo largo del primer año de esta crisis de salud.

En diversos momentos hubo advertencias sobre el riesgo real de una pandemia global y letal. Por ejemplo, el presidente George Bush (2020) en una reunión del National Institutes of Healt describió con mucho detalle lo que hoy se está viviendo y advirtió la urgencia de prevenir la pandemia y los riesgos de que se difundiera por el mundo en periodos muy cortos, que sería muy letal y que duraría un año o más. La pregunta es ¿qué ocurrió con esta advertencia? La realidad, que enfrenta el mundo y particularmente los ciudadanos estadounidenses -país con mayor letalidad por COVID-19-, es que poco o nada se hizo.

Como se argumenta en el texto de recomendaciones, elaborado por un conjunto de expertos de diversas instituciones académicas mexicanas:

Por lo anterior, el objetivo de este artículo es enfocarse en algunas lecciones, que la pandemia ha dejado a las ciudades durante estos primeros 14 meses, intentando a la vez adelantar alguna explicación sobre las causas de la crisis y su vínculo con otras grandes crisis, tales como la de la desigualdad socio-espacial y la del ambiente.

Al reflexionar sobre las lecciones y las causas, delineo algunas tendencias de la crisis y su relación con el patrón social y espacial de nuestras ciudades. A partir de éstas, propongo nuevas estrategias para convivir con la pandemia, con el fin de reducir sus impactos y convertir la crisis en oportunidades para ofrecer nuevas ideas y propuestas para nuestras ciudades.

El texto se divide en cinco secciones breves. Inicio con un análisis del origen y la magnitud de la pandemia en el subcontinente latinoamericano. Enseguida, explico las relaciones de la pandemia con las condiciones sociales y ambientales en un contexto de crisis sistémica global. Rescato algunas respuestas particularmente aplicadas en ciudades para posteriormente elucubrar sobre las tendencias que se avizoran y adelantar nuevas estrategias necesarias, con el fin de dar un paso adelante y no regresar simplemente al status quo anterior a la pandemia. El texto cierra con algunas reflexiones que propician un debate más profundo sobre el significado e impactos de la crisis global en la que estamos sumidos.

La incertidumbre en todos los ámbitos de la vida social ha evidenciado que la pandemia ha creado nuevos problemas, influyó y visibilizó los problemas estructurales viejos al hacerlos vigentes y más urgentes. En efecto, es un mal público global que ha evidenciado la vulnerabilidad sistémica de la sociedad y que se asocia a múltiples factores destacando la emergencia climática que enfrenta el mundo y la desigualdad social.

Algo que parece incuestionable es la covergencia en la pandemia de una crisis sanitaria y otra ecológica. Para Sanahuja (2020), el patrón de origen zoonótico, que tiene la mayoría de los patógenos conocidos, evidencia la importancia de la interacción humana con los animales y, por ende, con sus ecosistemas. Tres factores influyen primordialmente en ese patrón de origen. El primero es la actividad humana, que causa la desintegración de ecosistemas a un ritmo cataclísmico. El otro factor es la existencia de una virusfera gigantesca, con un gran número de organismos patógenos parasitarios. El tercero es la creciente tendencia de esos organismos a buscar nuevos anfitriones donde alojarse, siendo los seres humanos los candidatos obvios, dado su número y omnipresencia (32).

Las crisis santaria y ecológica derivan del abuso de la naturaleza en niveles de no retorno, como claramente lo muestran los datos de la CEPAL (Bárcena et al., 2021). Si bien tales crisis exigen acciones colectivas y cooperación internacional, las respuestas en la práctica han sido muy diferentes. En la crisis sanitaria hay un sentido de urgencia y decisión política y en la climática persiste la indecisión y no existe un sentido de urgencia (Samaniego, 2021: 6). También, las acciones en la pandemia se basan en el conocimiento científico y la crisis climática es minimizada y se anteponen intereses políticos y económicos.

El resultado probable es el surgimiento de nuevas crisis sanitarias. Conforme las condiciones ambientales se agudicen, América Latina y el Caribe se enfrentan a una doble desigualdad, ya que son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, pese a su baja contribución (8.3%) a las emisiones de efecto invernadero (Bárcena et al., 2020: 34 [gráfico 3]). Por ello,

La mayor parte de los países de la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y no garantizar el acceso universal. Una de las causas de estos sistemas débiles es el gasto público promedio de los gobiernos centrales en el sector. Por ejemplo, tal gasto en 2018 se situaba en un 2.2% del PIB regional, muy lejos del 6% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para reducir las inequidades y aumentar la protección financiera en el marco del acceso y la cobertura universal. Como consecuencia, la participación en planes de salud en Latinoamérica apenas alcanzaba el 57.3% (2016) y la cobertura con servicios de salud para la población situada en el decil de menor ingreso sólo atendía al 34.2% (CEPAL, 2020b).

Por tanto, la salud es relevante para el desarrollo económico y el bienestar, tema que ha sido ampliamente estudiado (Adams et al., 2003; Haas, 2008; Dowd, Zajacova y Aiello, 2009; Cherlin, 2018; Currie y Goodman, 2020; Sosa, 2020: 4). Los grandes perdedores son los asentamientos humanos de bajo ingreso, que están ubicados en las periferias urbanas y su tenencia de la tierra es informal. Su vulnerabilidad se debe a la ausencia de servicios de salud en su entorno, las malas condiciones de la vivienda y el espacio público y la limitada accesibilidad a los servicios existentes, sea por lejanía y/o por insuficiencias en los sistemas de transporte (INSP, 2021).

De manera particular, el contagio de enfermedades virales y su relación con factores socioeconómicos han sido analizados antes de la pandemia de Covid-19. Dijmărescu (2015) y Amin, Raja y Abro (2018) examinaron el vínculo entre variables sociales y económicas y la epidemiología del virus Hepatitis B y C. Por su parte, Mokhtar y Abd (2017) y Mohidem et al. (2018) indagaron sobre los determinantes sociales del contagio de la tuberculosis en Malasia. En estos estudios se corrobora que las variables socioeconómicas son determinantes para el contagio de enfermedades virales. Algunos de los factores que destacan son el ingreso económico, el nivel de educación/instrucción, las características de la vivienda y condiciones del espacio (rural/urbano).

Desde el enfoque del Índice de Pobreza Multidimensional, Barraza et al. (2020) identifican las condiciones preexistentes de pobreza que inciden en el nivel de riesgo de los hogares durante la pandemia en El Salvador. Los autores consideran estas condiciones: el acceso a servicios públicos clave (agua potable y saneamiento), el acceso a servicios de salud y de seguridad social, el hacinamiento en la vivienda y la persistencia del subempleo. Los resultados indican que más del 85% de la población de El Salvador sufre al menos un tipo de carencia. Esta situación vuelve vulnerables a los salvadoreños al exponerlos a mayores riesgos y los coloca en desventaja frente a crisis sanitarias, como la de Covid-19.

En el mismo sentido, Sosa et al. coinciden en que:

En efecto, los individuos más afectados son quienes padecen pobreza y han sido socialmente excluidos. Ciertos tipos de empleo y condiciones habitacionales han sido determinantes para mantener el ingreso, la salud y la calidad de vida durante la cuarentena. Mientras que los trabajadores de cuello blanco (asalariados con un mínimo de estudios que realizan tareas semi-profesionales o profesionales de oficina, administración y coordinación de ventas) han podido sobrevivir por el teletrabajo (Home office), la mayor parte de los trabajadores de cuello azul (trabajadores que requieren trabajo manual en fábricas y talleres) o han perdido su empleo o están permanentemente en riesgo de contagio en sus espacios laborales.

En sociedades donde predomina la precariedad laboral y los empleados cuentan con prestaciones de salud limitadas y condiciones habitacionales magras, como es el caso de buena parte de América Latina, las crisis como la pandemia tienden a realimentarse. Esto en la crisis sanitaria ha provocado el crecimiento acelarado de los contagios, que ha causado el colapso de los sistemas de salud. Tal colapso ha provocado el aumento de fallecimientos.

Lo anterior agudiza a los problemas de la economía y de las relaciones sociales, que se traducen en el exacerbamiento de las diferencias políticas, reduciendo aún más las ya limitadas capacidades de respuesta de los gobiernos. La pandemia provoca igualmente la ruptura -temporal- de las relaciones sociales y la desconfianza a la cercanía con los “otros”. Esto produce la reducción de las posibilidades del diálogo y la convivencia en las comunidades, en los asentamientos y en los barrios. Ha convertido al miedo en un sentimiento generalizado.

La crisis encuentra un mundo con muy baja capacidad de respuesta que se evidencia no sólo por tener sistemas de salud frágiles con acceso inequitativo entre clases sociales como se ha referido, sino por la tendencia, en muchos casos, a la mercantilización de la salud y a la alta dependencia del exterior de los medios necesarios para enfrentar la pandemia: desde respiradores, hasta mascarillas y vacunas como resultado de las políticas neoliberales impuestas a nivel global (Sanahuja, 2020: 28).

Como Boff acusa:

Estos posicionamientos “ponen el dedo en la llaga” y coincinden con reflexiones y argumentos explicativos desarrollados en los últimos años que concluyen que Esto no da para más (frase que es tomada para titular al libro de la Fundación Friedrich Ebert, 2020). Es decir, el modelo de vida predominante se ha vuelto insostenible, porque ha roto con los equilibrios básicos de la naturaleza por la explotación ilimitada de sus recursos y por la contaminación del aire que respiramos para vivir, del agua y del suelo que requerimos para alimentarnos, ingredientes que maximizan la pandemia.

La esencia de este modelo es hacer dogmas del crecimiento económico infinito y de la acumulación de la riqueza sin límite. Se ha hecho creer que la ciencia y la tecnología son competentes para resolver cualquier problema, que los seres humanos pueden continuar consumiendo y luchando por consumir cada día más y que todas las soluciones planteadas para enfrentar los estragos del cambio climático, la desigualdad social y espacial y la pobreza no afectarán la estructura del modelo en cuestión.

En otras palabras, la creencia casi religiosa de que el capitalismo, como es hoy, es la solución se ha llevado a límites, en algunos casos sin retorno. Las evidencias de la crisis ambiental, la persistencia de la pobreza y la ampliación de las brechas de la desigualdad entre grupos sociales y entre territorios evidencian lo contrario.

En los barrios y asentamientos pobres de las ciudades latinoamericanas se han hecho evidentes que diariamente se enfrentan las paradojas de la desigualdad y la pobreza. ¿Qué ocurre cuando no se tienen las condiciones habitacionales, laborales y emocionales para quedarse en casa? Un primer requisito para quedarse en casa es tener una. Ésta debe ser habitable y suficiente para una familia, condición que generalmente no se cumple. Por ello, como acierta Carlos:

La pandemia ha provocado también otros fenómenos, como el incremento de la violencia intrafamiliar, consecuencia de la acumulación de tensión entre los miembros del núcleo familiar quienes no pueden salir, carecen de recursos suficientes y tienen que convivir, estudiando y/o trabajando en un mínimo espacio habitacional.

Para Leilani Farha, la vivienda es “la primera línea de defensa frente al coronavirus” (cit. en Rodríguez y Sugraynes, 2020). La vivienda debería ser el lugar prioritario frente a ésta y otras amenazas por venir. Su uso debería ser reducir los contagios, enfrentar confinamientos con dignidad y seguridad, con espacios suficientes y diferenciados para trabajar, y estudiar a distancia y para convivir sin riesgos. Con esto, se evidencia nuevamente y con mayor urgencia que queremos y requerimos otra política social habitacional en las ciudades latinoamericanas. En esta política debe prevalecer el derecho a la vivienda adecuada, por encima del negocio inmobiliario, esto último es frecuente en casi todos los países de la región en las últimas décadas (Iracheta Cenecorta, 2020b).

El modelo económico-político dominante y la ausencia de políticas redistributivas, gestionadas y aplicadas por los gobiernos en casi todos los países latinoamericanos, han tenido entre sus consecuencias socioeconómicas la explosión de la informalidad en la economía en condiciones precarias y sin derechos sociales.

Es difícil cumplir la estrategia de sana distancia, en particular entre los usuarios del transporte público que necesitan trasladarse para realizar sus diferentes actividades; entre los trabajadores informales que dependen de las ganancias diarias; y entre quienes salen a adquirir alimentos y otros consumibles. Este panorama nada alentador evidencia que el ingreso es importante para que la familia pueda alimentarse.

Quienes menos tienen han sido afectados principalmente, porque carecen de acceso a Internet y por tanto a la educación y al trabajo a distancia. Tampoco tienen los medios para comprar en línea y los espacios en casa para sustituir estas carencias (INSP, 2021).

Ante este panorama, estamos obligados a repensar mucho de lo que sabemos y creemos saber sobre el sistema económico-político que nos rige, porque en él radican las principales causas de la pandemia y sus consecuencias en el descenso de la calidad de vida de la mayor parte de la población de las ciudades y las zonas rurales que viven en la pobreza.

Debemos también proyectar otras estrategias que nos lleven a transformaciones de fondo: del mercado capitalista, de la política, del consumismo, hacia un respeto a la dignidad de las personas y al derecho de la naturaleza y hacia el replanteamientos de nuestra percepción de las ciudades y de la vida urbana como la conocemos.

Después de 14 meses de iniciada la pandemia y de los análisis continuos de las políticas y medidas sanitarias en los países hechos por expertos y medios de comunicación, destacan otros factores responsables de un mayor o menor contagio que se deben considerar.

Por una parte, la laxitud contra el rigor y obligatoriedad de las medidas generalmente asumidas (el encierro en casa, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de las manos, la desinfección de espacios, objetos y superficies) han sido claramente diferenciadas en los ámbitos nacionales y urbanos y han tenido resultados diferentes en la expansión del virus y en la mortalidad. Por ejemplo, la población argentina fue confinada obligatoriamente, Brasil no estableció medidas de control mayores, en México se recomendó que las medidas fueran sin obligación para la población y en Chile se adoptó una especie de toque de queda.

Otro factor fue el comportamiento social ante la pandemia, asociado a la estructura socioeconómica, al empleo, a la cultura y al cumplimiento de las recomendaciones o normas emitidas por los gobiernos. No existenten aparentemente estudios sobre esto. Por tanto, sólo es posible adelantar algunas elucubraciones, entre las que destacan por su impacto: el respeto al Estado de Derecho y a las normas oficiales y la (casi) inexistencia de empleo informal en las calles (por ejemplo, países de Asia y buena parte de Europa) frente a sociedades con menor respeto a las normas oficiales y a las recomendaciones para reducir el contagio y en las que persiste una alta proporción de empleo informal en las calles (por ejemplo, países de América Latina y el Caribe).

Si a estos factores se agregan las diferencias culturales sobre las formas, razones y magnitud de relaciones familiares y sociales, se observa una tendencia hacia la austeridad en muchos países europeos y asiáticos, manifestada por relaciones familiares esporádicas. En Latinoamérica, muchos países se caracterizan por relaciones muy frecuentes entre los miembros ampliados de las familias y por la cantidad de celebraciones públicas que congregan a un gran número de personas a lo largo del año -justamente, los contagios se elevaron después de estas celebraciones (Navidad, Año Nuevo y Semana Santa).

Una vez que las posibilidades de contar con vacunas (durante el cierre del 2020) se hicieron más reales, las incertidumbres generadas por la pandemia no implican necesariamente la imposibilidad de solución o al menos la atenuación de la crisis.

Las respuestas a la pandemia globales y propiciadas por los organismos multilaterales -especialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS)- se han traducido en acciones y estrategias escencialmente nacionales, impactando los equilibrios políticos entre gobiernos nacionales, regionales y locales, porque “la pandemia de COVID 19 ha planteado desafíos sin precedentes para la coordinación entre ámbitos de gobierno” (Navarro, 2020: 1).

Como propone Tosics (2020), mientras los Estados Naciones se han vuelto más fuertes al definir y controlar las políticas y acciones para enfrentar la pandemia, las ciudades y los gobiernos municipales se han encontrado en una situación peculiar y dificil. Por un lado, se han vuelto más subordinados a las administraciones y poderes nacionales. Por el otro, enfrentan nuevos niveles y formas de problemas sociales, económicos y espaciales, ante los que tienen qué reaccionar (2020: 1) y para los cuales no se contaba con experiencias o prácticas previas. En el mismo sentido, Barnet (2020) afirma que desde el punto de vista del poder, y a pesar del enorme esfuerzo que hacen los gobiernos locales en primera línea, los Estados-Naciones han recuperado notablemente su protagonismo en el tablero de juego global, al tiempo que el marco normativo, competencial y presupuestario local aún es precario, y las realidades metropolitanas débilmente reconocidas.

Por lo anterior, la mayor parte de las respuestas a Covid-19 ha sido experimental, de prueba y error, y permanentemente sujeta a la incertidumbre y al riesgo del fracaso. Por ello, se hacen presentes conceptos como cooperación, cohesión social, coordinación intergubernamental y gobernanza para afrontar esta emergencia.

En este sentido, destacan las diferentes estrategias de confinamiento determinadas por cada ciudad con el propósito de reducir la expansión de los contagios. En un extremo, la implantación de virtuales toques de queda en ciudades europeas y asiáticas, frente a propuestas de responsabilidad compartida pero con libertad de movimiento en ciudades latinoamericanas como el caso de la Ciudad de México.

En todas las ciudades, la imposición de la “distancia social” entre las personas necesitó de la reorganización del espacio público, implicando la reducción del dominio del automóvil a fin de abrir espacio al peatón y a la bicicleta a través de la apertura de ciclovías emergentes o temporales en muchas ciudades.

Tosics menciona varios ejemplos europeos. El gobierno de Budapest clausuró temporalmente una margen del Río Danubio para uso de los ciclistas. El proyecto berlinés “calles para jugar” se orientó a recuperar espacios de calle para los niños -si al menos 7 residentes lo proponen, una calle se cierra al tráfico externo de vehículos y se abre para que los niños puedan salir a jugar en el arroyo vehicular. Milán amplió la red de banquetas y ciclovías en 35 kilómetros -el espacio para los vehículos de motor se disminuyó-; así como redujo el límite de velocidad a 30 km/hora. Con propuestas similares, Bruselas destinó todo el centro de la ciudad a los peatones y las bicicletas y redujo la velocidad vehicular a 20 km/hora, con estas propuesta se logra una distribución más equitativa del espacio para la movilidad (2020: 2-3).

En el mismo sentido, Bogotá definió una estrategia de movilidad conformada por 4 líneas de acción: limitar a 35% como máximo la operación del transporte público; redefinición de horarios de transporte según los turnos laborales; 35 kilómetros de bicicarril o ciclovía y disminución de desplazamientos impulsando el teletrabajo (Rojas, 2020: 7).

Muchas otras intervenciones han surgido en las ciudades como respuestas inteligentes a la pandemia.

Las acciones de solidaridad en apoyo de quienes perdieron su empleo y para los más pobres, han redimensionado el tejido social en muchas ciudades, en particular en los niveles de barrio.

En otra dimensión y escala, han surgido acciones de gobiernos locales como en Bogotá (Rojas, 2020: 4), que definió un conjunto de estrategias y acciones estructuradas, denominado “Bogotá, Solidaridad en Casa”, para enfrentar dos graves consecuencias de la pandemia: la reducción o pérdida del ingreso de muchas familias y el abastecimiento de alimentos. En el primer caso, destacan acciones como las transferencias monetarias y los bonos o ayudas en especie. En el segundo caso, se destacan estrategias públicas para garantizar el suministro de alimentos a través del mantenimiento de la cadena de abastecimiento, la aplicación de estrategias sanitarias en las plazas de mercado y la asociación con productores campesinos impulsando mercados móviles.

Desde la iniciativa privada, un ejemplo interesante es la campaña “Cocinamos México” (@cocinamosmexico) que se ha extendido a varias ciudades mexicanas. La campaña consiste en que las familias de un colectivo (padres de una escuela, club social) o individualmente preparan un número determinado de comidas en el hogar para luego entregarlas a la organización filantrópica que las distribuyen diariamente a grupos sociales necesitados.

Otro ejemplo relevante es la protección, desde la sociedad y/o los gobiernos locales, a los ancianos, por ejemplo Bilbao (Tosics, 2020). En muchos casos, les proveen de alimentos diariamente, mantienen vigilancia y cuidado de su salud y de apoyo para actividades que la pandemia no les permite realizar (hacer pagos, adquirir productos, etcétera), apoyos que se extienden a personas con discapacidades.

Otros casos son los comedores comunitarios, dirigidos específicamente a grupos afectados por la pandemia y la aportación de insumos, canastas o despensas de alimentos por las empresas industriales y los comercios -estos insumos pueden ser entregados directamente a familias o a organizaciones creadas para su reparto cotidiano.

En vivienda, se han establecido programas para subsidiar costos, tales como impuestos y derechos que los ciudadanos deben cubrir. Se han extendido las redes de telecomunicaciones y se ha aportado equipos a bajo costo o a fondo perdido para hacer efectiva la educación en línea y el teletrabajo (home office). Se han postergado los pagos de servicios evitando cortes en los hogares.

Los ejemplos recolectados por Eurocities o por School at Home Platform en Europa (Tosics, 2020: 2) sobre la educación en casa evidencian la capacidad para rediseñar los procesos pedagógicos, dar acceso a herramientas digitales y mejorar poco a poco los servicios educativos en línea.

Un tema central durante la pandemia ha sido el acceso a servicios alimentarios fuera del hogar, debido al cierre de restaurantes y lugares comerciales de venta de alimentos en muchas ciudades por largos periodos. La reconversión de muchos restaurantes para ofrecer comida para llevar y entrega a domicilio y el surgimiento de miles de opciones de comida preparada por no restauranteros -en muchos casos en los hogares- ha dado un giro importante a esta industria.

Conforme la sociedad urbana se va acostumbrando a nuevas formas de vida impuestas por la pandemia y se empieza avizorar una luz al final del túnel con la aprobación de diversas vacunas por los sistemas de salud nacionales, se plantea la posibilidad de evaluar respuestas como las arriba mencionadas para impulsar aquellas que podrían convertirse en permanentes y desincentivar aquellas que no debieran persistir.

Si bien son inciertas las perspectivas para el presente y para el futuro próximo, deben considerarse, tomando como base la experiencia vivida durante los primeros 14 meses de la pandemia de Covid-19, porque la persistencia de la crisis de salud ha evidenciado la existencia de acciones y estrategias que han mostrado sus bondades y eficacia. Por ello, tienden a ser adoptadas de manera creciente, y en algunos casos, se buscará que sean permanentes. Entre las acciones y las estrategias existentes destacan las siguientes:

Solidaridad con quienes lo necesitan: alimentos, cuidados y otros apoyos cotidianos; peatonización y ciclovías: quitarle espacio al automóvil y revitalizar el transporte público; más espacio público: recuperando los existentes y creando o adaptando nuevos.

En múltiples conversatorios en línea y en redes sociales se analizan las consecuencias y las perspectivas de la pandemia en la vida urbana principalmente. Existen indicios cada vez más claros sobre diversos temas, los cuales marcan las tendencias de procesos y cursos de acción, que más allá de la superación de la crisis de salud y económica, es probable que alcancen altos niveles de permanencia.

Entre otras razones, porque para muchas y muchos pensadores otra cara del duelo y la tragedia por la pérdida de millones de vidas humanas muestra que la naturaleza ha recibido, si bien momentáneo y limitado, un respiro al fin.

Igualmente, entre las grandes lecciones recibidas se percibe que la forma de vida en las ciudades puede recomponerse, a favor de la recuperación del tiempo y de la mejora en la calidad de vida de muchos ciudadanos; del replanteamiento de lo que ha predominado como políticas urbanas, desde las de vivienda social, las de ordenamiento urbano, las de gestión del espacio público y las de la movilidad de personas y de vehículos, entre otras.

Y esto provoca reflexiones sobre el significado de luchar por no regresar a la normalidad anterior a febrero de 2020, aunque se logre que la vacunación a nivel global sea exitosa y la humanidad salga de esta crisis, sino profundizar en las buenas prácticas observadas y convertirlas en cambios permanentes que impacten positivamente el futuro de las personas y de sus espacios, sean ciudades o lugares rurales.

Entre las tendencias más relevantes destacan varias por su impacto en la vida cotidiana de muchas personas y por sus consecuencias positivas en el desarrollo y funcionamiento de las ciudades. Convertir estas tendencias en propuestas y nuevas estrategias es una oportunidad que no se debe dejar pasar.

Como se mencionó, la densidad urbana tiene importantes implicaciones cuando se le asocia a la pandemia. Los debates sobre el desarrollo urbano a nivel global (UN-HABITAT, 2021) reconocen que la expansión urbana descontrolada, dispersa e insustentable, característica de las ciudades latinoamericanas, requiere ser evaluada por los costos adicionales, que ha generado a los gobiernos locales para construir y mantener las infraestructuras urbanas y los que genera a la población que cada día requiere más recursos y tiempos de desplazamientos. Hay también que considerar los impactos negativos al medioambiente, porque el consumo de suelo y recursos naturales ha sido muy desproporcionado con relación a las necesidades reales de nuevo suelo urbano en cada ciudad (Iracheta Cenecorta, 2020b).

Han sugido propuestas orientadas al incremento de la densidad general de la ciudad y de la vivienda y frente a éstas. Surgen llamados de atención, a partir de una lección que está dejando la pandemia y que se refiere a la relación directa existente entre los niveles y riesgos de contagio y la densidad en las ciudades.

Como argumentan los expertos en salud pública, un camino para reducir los contagios es la necesaria desdensificación de los entornos que la gente no controla, como tiendas, escuelas restaurantes, clínicas, hospitales, hoteles, transportes, centros sociales (Aravena et al., 2014: 62), estrategia que si bien ha sido aplicada por la mayor parte de los países de la región no existe certeza si deberán continuar en el futuro. Lo que seguramente se mantendrá como política permanente es el establecimiento de máximos de aforo y densidad de personas en espacios públicos abiertos (estadios, conciertos, otros) y cerrados (iglesias, hoteles cines, otros), tomando como referente a las recomendaciones derivadas de la salud pública.

En el ámbito de los barrios urbanos y los asentamientos humanos de la periferia de las ciudades, particularmente los de bajo ingreso, es imperativo elaborar estrategias de regeneración urbana, a fin de hacerlos más autónomos en buena parte de las funciones, servicios y espacios públicos que requieren y en la oferta de bienes y servicios públicos y privados, a fin de reducir las necesidades de movilidad de sus residentes, mejorar su ingreso y generar menores impactos ambientales. En otras palabras, se debe recuperar el concepto de centralidad del barrio en la vida urbana y otorgarles la mayor prioridad en la planeación, las políticas y las inversiones públicas, para que sean los núcleos de la vida comunitaria en las ciudades.

En el contexto de los barrios y los asentamientos humanos en las ciudades, el espacio público adquiere una relevancia hasta ahora poco apreciada en muchas ciudades latinoamericanas. La gente seguirá saliendo, aunque en menor proporción, lo que implica menos vehículos en las calles y la tendencia al contacto social en espacios abiertos como parques, plazas y áreas verdes urbanas. Es necesario dedicar a estos espacios públicos, el mismo o mayor esfuerzo e interés gubernamental que el que históricamente se ha dado al sistema vial para automóviles.

Otros ejemplos claves son los mercados o plazas comerciales en las calles móviles o fijas, que en muchas ciudades han sido cerrados en lugar de regularlos y controlarlos, provocando que estas actividades económicas se trasladen a edificios en cada barrio o localidad que no cuentan espacialmente con las condiciones para el comercio minorista.

Desde las estrategias de la salud pública, en las ciudades destaca la urgencia de crear o actualizar sistemas comunitarios de salud a nivel de barrio o asentamiento humano, a fin de prevenir enfermedades y ofrecer atención primaria a la población, reduciendo la presión sobre los hospitales y los riesgos a los que se ve sometida una parte significativa de las personas que deben acudir a hospitales lejanos -que regularmente están sobresaturados- y tienen que realizar los traslados en vehículos públicos de baja confiabilidad.

Se debe ampliar la promoción de la salud hacia acciones salutogénicas, de cambio de comportamiento y empoderamiento, desarrollando redes a nivel comunitario, en localidades, comunidades y dentro de los centros de trabajo y de estudio (INSP, 2021: 55). Los especialistas en salud pública argumentan que la Atención Primaria para la Salud (APS) no es la puerta de entrada a la salud, sino el corazón del sistema, porque es en esta donde se dan los servicios de salud directa, próxima y efectivamente a las personas en sus comunidades, incluyendo la capacitación a las personas para que ejerzan un mayor control sobre los determinantes de su salud y así poder mejorarla (60-61).

La creación de sistemas comunitarios de cuidados a nivel de barrio y manzana o cuadra, a fin de atender y cuidar a la población de mayor edad y con discapacidades a través de instituciones públicas, sociales y privadas, reduciría la presión sobre los sistemas públicos de bienestar social y también la desigualdad social y espacial haciendo más incluyentes los servicios de salud y cuidados a la población vulnerable.

Con relación a la movilidad y accesibilidad, frente a un transporte poco confiable, se caminará y crecerá el uso de la bicicleta y otros vehículos no motorizados o mínimamente motorizados (scooter), por lo que la revaloración de las banquetas, veredas o aceras y las ciclovías o bicicarriles deberá tener prioridad, y por ello, deberán tener su propia infraestructura hecha ex professo para que se utilice como medio de transporte.

El transporte público deberá replantearse de manera que cada vehículo cuente con el espacio que la normatividad anti-Covid-19 exija en cuanto a distanciamiento entre asientos, ventilación, máximo de pasajeros y reparto de cubrebocas o mascarillas. Al mismo tiempo, es necesario incrementar el número de vehículos y corridas para reducir la densidad de pasajeros. Una consecuencia de dicha estrategia es el apoyo que desde los gobiernos se deberá dar a los transportistas para que puedan cumplirla.

En ciudades con altos niveles de desarrollo, el transporte personalizado y automatizado crecerá y en ciudades de desarrollo medio y bajo, el transporte público y compartido se modernizará necesariamente, so pena de impulsar el uso de automóviles de uso particular.

Ejemplos ya operando en ciudades, son los sistemas de transporte modernizados y de mejor calidad, como el metro y el metrobús. Igualmente, el surgimiento de vehículos con conducción automática, tales como autobuses urbanos, trenes y metros sin conductores, tenderán a transformar cómo nos movemos dentro de las ciudades y a nivel interurbano.

El crecimiento dinámico de las profesiones relacionadas con “lo digital” es una tendencia que se está acelerando en las universidades. El resto de las profesiones tendrán que especializarse en el manejo de plataformas digitales de todo tipo, porque buena parte de su trabajo será a distancia (Lerdo de Tejada, 2021).

En las Ciencias Básicas, muchas actividades de investigación, de laboratorio, de formación y de divulgación del conocimiento ya ocurren en línea y la tendencia es expansiva. En el área de la Salud, cada vez habrá más teleconsultas, teleanálisis de laboratorio e incluso varios tipos de telecirugías en medicina. Lo mismo ocurrirá seguramente en psicología. Documentos recientes sobre la pandemia recomiendan promover programas de consulta médica por teléfono o redes sociales, dirigidos por médicos generales o familiaries (INSP, 2021: 55).

En las Ciencias Sociales y Humanidades, crecerá el número de conversatorios, congresos y seminarios en línea, teleasesorías y consultorías en economía, finanzas y otras. Incluso, habrán los telejuicios en tribunales. Las Ciencias de la Comunicación han mostrado el camino y representan a las más adelantadas en digitalización y teletrabajo de todas las Ciencias Sociales.

En las Ingenierías y la Arquitectura, el telediseño y la teledirección e inspección de obras serán actividades crecientes e incluso la teleconstrucción mediante impresoras 3-D para ciertos edificios e infraestructuras.

En síntesis, una cantidad creciente de labores consideradas de gabinete o realizables a distancia en muchas profesiones tenderán a hacerse de manera digital, implicando cambios profundos en la educación universitaria y en la actualización y capacitación para que los profesionistas dominen estas tecnologías.

La emergencia sanitaria es la “punta del iceberg” de una crisis sistémica mundial, en la que la globalización acrecentó los riesgos y hoy enfrentamos una convergencia multiple de emergencias: sanitaria, económica, ambiental, de libertades personales, de cuidados (Álvaro Calix, FES-TSE). Otras catástrofes vendrán y podrán ser peores si no entendemos las enseñanzas de la pandemia. Atenuarlas en las ciudades es posible si rescatamos lo mejor de la vida comunitaria, del consumo sobrio, de la recuperación de la ciudadanía y de la regeneración de nuestras ciudades con la participación de los ciudadanos y sus organizaciones.

Más claro, es momento de repensar el concepto de ciudad global, porque, como Ziccardi acierta, para salir de esta crisis se necesita “construir colectivamente un nuevo pacto social y un patrón de gobernanza colaborativo y democrático que reivindique el derecho a la ciudad” (2020: 61).

Igualmente, porque la ciudad compacta y de gran tamaño se ha vuelto peligrosa ante un escenario de crisis ambiental o sanitaria. De ahí que retomar con más fuerza el policentrismo, sin regresar a modelos de urbanización dispersa, podría ayudar a reorganizar los sistemas urbanos nacionales, lo que podría implicar frenar o controlar las densidades, la fragmentación de los espacios habitacionales y las microviviendas y en particular, reducir el predominio del espacio contruido sobre los espacios libres, abiertos y verdes (Lois, 2020). En palabras de Florida (cit. en Corti, 2020), si bien la lógica económica de la innovación y el talento induce a la concentración, la preocupación por la salud y bienestar humano puede impulsar en cambio la desconcentración.

Desde lo social, la CEPAL (2020a) ha evidenciado que la pandemia ha expuesto los problemas estructurales del modelo económico y las fallas de los sistemas de protección social y los esquemas de atención a la salud en los países latinoamericanos, lo que se ha vuelto muy costoso para todos. Por ello, establece que debemos crear un nuevo Estado de Bienestar basado en un modelo social, orientado a reducir sensiblemente la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza; que garantice en las ciudades los principios y acciones del Derecho a la Ciudad y a la Vivienda Adecuada y que tome en cuenta las materias relacionadas de orden fiscal, social y de producción. Los gobiernos de las ciudades y los actores sociales necesitan actuar y a la vez deben responder la pregunta: ¿cómo pueden las ciudades ser al tiempo los sujetos y los lugares para esta transformación?

En su último reporte sobre las ciudades en el mundo, ONU-HABITAT (UN-Habitat por sus siglas en inglés) (2020), adelanta posibles respuestas aseverando que el valor social e intangible de la ciudad, a través de sus instituciones y organizaciones, es el factor central para enfrentar una crisis como la de Covid-19 y para controlar su diseminación. Este valor radica en la capacidad de la sociedad y del Estado para proveer bienestar de manera coordinada y corresponsable.

Sin embargo, como se argumenta a lo largo de este texto, varios temas han adquirido notoriedad y requieren ser atendidos con prioridad. Sin duda, destaca la construcción de sistemas comunitarios para la prevención y atención de la salud, el acceso al agua y a los alimentos, y todo ello debe ocurrir en espacios públicos y privados para vivir con dignidad.

Como concluyó la 1^a. sesión de “Aprendizajes en Vivo” organizado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Metrópolis y ONU-HABITAT, la vivienda adecuada es vital para contener la pandemia de Covid-19, porque sin ella el distanciamiento social y la higiene son simplemente imposibles.

Hacer de los barrios y del espacio público -abierto, verde- el centro del desarrollo urbano e impulsar las estrategias de movilidad sustentable es crucial para recuperar la vida social con mayor seguridad y menores riesgos.

Al mismo tiempo, se deben poner en valor los efectos positivos que ha generado el aislamiento y el distanciamiento social, como es el aceleramiento de las relaciones virtuales y la explosión de las tecnologías de comunicación, porque el teletrabajo, la teleeducación y en general, un conjunto de actividades sociales tenderán a ser atendidas en casa ofreciendo alternativas que hace sólo un año se avizoraban para un futuro más lejano.

¿Es razonable proponer que debemos alcanzar un justo medio o un equilibrio entre lo que podemos hacer en casa beneficiándonos como ciudadanos y beneficiando al ambiente, y lo que debemos realizar socialmente, mejorando el tejido y las relaciones comunitarias?

Nuevas políticas urbanas de ámbito local, como las sugeridas, deben ofrecer las condiciones y los incentivos necesarios para su realización. De manera que permitan emprender la transformación de las ciudades para que sean justas y funcionen para todos, repensando el concepto de ciudad y regenerando los modelos espaciales y las infraestructuras para que no degraden los recursos naturales y la biodiversidad y usando la Cuarta Revolución Industrial para crear un mundo que sea más incluyente, más verde y más limpio para favorecer a la humanidad y al ambiente.