En la historia de las bibliotecas públicas en México, se observa un momento de esplendor que causa admiración y entusiasmo. Se trata, por supuesto, del ímpetu bibliotecario que José Vasconcelos desencadenó al frente de la entonces recién creada Secretaría de Educación Pública (SEP) desde la década de 1920 y hasta el fin del cardenismo. Nunca se habían abierto tantas bibliotecas en todo el país. Ciertamente, el periodo y la labor son destacables en comparación con los avances modestos y hasta tibios logrados en el siglo XIX, cuando se intentó dotar al país de una bibliografía actualizada y acorde con las nuevas necesidades y anhelos del naciente Estado. Después de varios intentos a lo largo de esa centuria, se inauguraron la Biblioteca Nacional, algunas bibliotecas estatales y municipales -como la Biblioteca Miguel Rul, fundada en 1876 en Aguascalientes (Ramírez y González, 2024: 30)-, y ciertas bibliotecas escolares y públicas (Lafuente, 1992). Sin embargo, los retos y obstáculos tuvieron más peso que las buenas intenciones.

Un buen ejemplo es el caso de la Biblioteca Pública del Estado de México, establecida en 1827. A pesar de su temprana apertura, los problemas de financiamiento obstaculizaron su labor y provocaron que, en 1834, se anexara al Instituto Literario de la entidad. Tras la Reforma, se incorporó a su acervo el legado bibliográfico novohispano que provenía, mayoritariamente, de bibliotecas eclesiásticas del Valle de Toluca, aunque se le trató con cierto desdén, porque los saberes ahí representados eran considerados arcaicos. Fue hasta el Porfiriato cuando se reabrió como biblioteca pública, con la intención de que sirviera a toda la población y no únicamente a los institutenses (Montiel, 2017).

Así llegó el siglo XX, con un avance muy precario en la construcción de un sistema bibliotecario que respondiera a las necesidades educativas y culturales de los mexicanos. Según Linda Sametz, “México contaba sólo con 43 bibliotecas en toda la República hacia el final de 1900. Hasta el año de 1909, sólo seis más se habían creado” (1991: 78). La autora agrega que:

Los aires renovados y animosos que trajo la Revolución, encabezados por personajes de la talla de los ateneístas, colocaron la cultura y la educación en un lugar protagónico como herramientas redentoras del pueblo. Vasconcelos contó con el apoyo no sólo del entonces presidente Álvaro Obregón, sino también de intelectuales y civiles que se sumaron a lo que denominaron la cruzada contra el analfabetismo y a favor de la lectura. Casi todo estaba por hacerse: desde alfabetizar a la población hasta fortalecer la edición en el país, pasando por acercar los libros a toda la población, asunto en el que la creación de bibliotecas se hacía imprescindible (Loyo, 1998).

Como es comprensible, este periodo, por su resplandor, ha atraído el interés de estudiosos de distintas disciplinas como la historia -evidentemente-, la pedagogía e incluso la politología. Libros (Fell, 2020; Rodríguez, 2015; Loyo, 1999; Sametz, 1991; Quintana-Pali et al., 1988), artículos (Loyo, 1984) y tesis (Martínez, 2019; Lazarín, 2004; Yunes, 1993) han dado cuenta de las intenciones, los planes y los resultados de la llamada cruzada por el libro y la lectura. En ese sentido, el objetivo de este texto no es reconocer su importancia, pues ya ha quedado demostrada en las investigaciones citadas.

Nuestra pregunta de investigación es entonces ¿qué información aportan cientos de solicitudes de donación hechas al Ejecutivo del Estado de México entre 1920 y 1940, provenientes de todas partes del territorio nacional -y unas cuantas de allende las fronteras-, que se conservan en el Archivo Histórico del Estado de México (AHEM) sobre las bibliotecas en funciones o recién creadas en esas décadas? Tal como sugiere Petrucci (2002), nos interesa responder ¿qué dicen estas cartas?, ¿qué solicitan?, ¿cuándo y dónde fueron hechas?, ¿quién o quiénes realizaron estas peticiones?, ¿para qué fueron hechas?

Era una práctica común solicitar, mediante una misiva a las autoridades, donaciones para las bibliotecas recién creadas o en proceso de apertura como una forma de adquirir bibliografía. En el caso de la documentación conservada en el AHEM, se trata de 17 expedientes clasificados en el ramo de educación, repartidos en los tres volúmenes de la serie bibliotecas. Cada expediente revisado contiene más de una solicitud. En ocasiones se resguarda el trámite completo, es decir, tanto la petición como la respuesta por parte de las autoridades estatales. Gracias a ello, también podemos saber cómo respondía la gubernatura y cuáles libros, así como cuántos, se donaron en cada caso. No obstante, en otros expedientes dicha información no se conservó.

La gran mayoría de las cartas están escritas a máquina, en papel de baja calidad; algunas son machotes impresos en papel membretado, en las cuales sólo se anotaba el destinatario y unas pocas son manuscritas, con distintas competencias gráficas. Como señala Antonio Castillo Gómez (2014), la materialidad de las cartas aporta información valiosa respecto a los emisores y su cultura escrita; sin embargo, en esta ocasión, nuestro principal interés no es observar las misivas como objeto de estudio. Por ahora, las utilizamos como fuente de información sobre la historia de las bibliotecas en México durante un periodo tan destacado.

En estos expedientes encontramos datos puntuales como el nombre y tipo de biblioteca, su ubicación, la fecha de la solicitud y el nombre de los solicitantes. Además, en muchas de las cartas, la petición va acompañada de argumentos y justificaciones que brindan un rico panorama de representaciones del libro, de la lectura y de las bibliotecas en ese momento. Aunado a ello, el análisis de lo que se solicita en donación nos muestra las circunstancias y necesidades reales de las nacientes bibliotecas, lo que permite hacer una apreciación más cualitativa; generalmente, estos fenómenos se valoran de manera cuantitativa. Por ejemplo, según Engracia Loyo (1984), durante la gestión de Vasconcelos al frente de la SEP se abrieron, en promedio, 100 bibliotecas cada mes. De acuerdo con Robert Endean (2013), “al final de su gestión [la de Vasconcelos], reportó haber dejado instaladas 2426 bibliotecas públicas”.

La metodología de este trabajo consistió en la elaboración de una base de datos con la información extraída de cada petición, en la que se registraron las siguientes variables: nombre de la biblioteca, tipo, localidad y estado donde se ubicaba, fecha de la solicitud y argumentos expuestos. Posteriormente, realizamos un análisis cuantitativo de las variables tipo, ubicación y fecha, cuyos resultados presentamos de manera gráfica. Consideramos particularmente relevante el análisis de la distribución espacial de las bibliotecas, pues permite dimensionar el avance de la presencia de la palabra escrita en el extenso territorio nacional durante las décadas estudiadas. Se ha señalado que se inauguraron bibliotecas en pueblos, rancherías, colonias populares y fábricas (Sametz, 1991). En este trabajo, presentamos localizaciones más precisas, que se muestran en un mapa y en el anexo 1.

Para la elaboración del mapa se utilizó la base de datos de correspondencia de bibliotecas y se eliminaron las entradas procedentes de otro país. Como las bibliotecas en la base de datos no estaban georreferenciadas, se agregó una columna con la clave de la localidad correspondiente a cada registro. Ésta se vinculó con la columna del identificador de la clave de localidad del Marco Geoestadístico de diciembre de 2023 (Inegi, 2023), lo que permitió asociar cada registro de la base de datos con una localidad georreferenciada.

Es importante destacar que esta aproximación es la más precisa posible para ubicar la biblioteca desde la cual se estableció la correspondencia, ya que no existen otros datos de tipo geográfico que se pudieran utilizar con este fin. Debe señalarse, además, que en una misma localidad podían existir varias bibliotecas e incluso una misma biblioteca podía haber enviado más de una solicitud en un mismo año o en varios años. En la base de datos original se conservaron todos los registros hallados en el archivo; en cambio, en el mapa sólo se muestran las localidades de las cuales procedían dichas solicitudes.

Los datos analizados de manera cualitativa incluyen tanto las representaciones del libro, la lectura y la biblioteca que pueden extraerse del conjunto de peticiones, como las necesidades y condiciones reales de estas iniciativas culturales. ¿Qué esfuerzos realizaron los responsables de esas bibliotecas por acrecentar su colección y mejorar su funcionamiento? La documentación ofrece algunas respuestas. Con ello, pretendemos contribuir al conocimiento de este capítulo de la historia de las bibliotecas en México.

El universo de solicitudes estudiado comprende 309 bibliotecas de todos los estados de México, las cuales se enlistan en el anexo 1 de este texto. Muchas de ellas ya estaban en funcionamiento, pero la mayoría se encontraba aún en la fase de formación de la colección bibliográfica y no daba servicio.

La naturaleza de nuestra fuente evidencia que este trabajo constituye una aproximación parcial, que pretende identificar ciertas constantes a partir del tratamiento estadístico de los datos, pero, de ninguna manera, puede ser considerado como un análisis absoluto de la totalidad de las bibliotecas inauguradas durante el periodo de estudio. Cabe señalar que esta delimitación temporal está determinada por las fuentes conservadas: los documentos disponibles abarcan los años 1920-1940. Conviene aclarar que no se trata de una visión diacrónica del devenir de las bibliotecas, sino de un bosquejo sincrónico de este momento significativo en la historia bibliotecaria.

Las características geográficas de un país determinan en gran medida sus posibilidades de desarrollo. En el caso de México, su diversidad geográfica -que incluye montañas, valles, costas y desiertos- ha influido en los patrones de asentamiento. Esto ha llevado a la concentración de la población en ciertas áreas, lo que a su vez ha impactado en la política, la economía y, por ende, en lo cultural (Conabio, 1998).

Esta diversidad ha favorecido el crecimiento de diferentes actividades económicas según la región. Por ejemplo, las áreas cercanas a ríos y lagos, como el Valle de México y el Bajío, han sido históricamente más productivas debido a la disponibilidad de agua para la agricultura. Esto ha facilitado el cultivo de productos como maíz, frijol y hortalizas, sustentando a una población más numerosa. La fertilidad de estas tierras también ha atraído a migrantes en buscan de mejores oportunidades, lo que ha incrementado la densidad poblacional en estas zonas.

El aumento de la población ha influido en la urbanización y en el desarrollo de infraestructura, como carreteras, servicios públicos y bibliotecas. Las ciudades más grandes, como Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, surgieron en regiones con recursos naturales abundantes y acceso a rutas comerciales, lo que produjo un crecimiento urbano acelerado y, al mismo tiempo, facilitó el establecimiento de las primeras y más grandes bibliotecas del país.

Por otro lado, las regiones menos favorecidas, como algunas áreas del norte y sur del país, han enfrentado desafíos en términos de desarrollo económico, social, educativo y cultural. La falta de recursos naturales y la lejanía de los centros urbanos han generado disparidades en el acceso a servicios básicos, educación y empleo. Así, la diversidad geográfica ha propiciado tanto la concentración de la población en áreas productivas como desigualdades y conflictos. La competencia por recursos naturales, como el agua y la tierra, ha provocado enfrentamientos en algunas regiones a lo largo de la historia (Esquivel, 2000).

Friedrich Katz (2005) identifica, precisamente, entre múltiples causas que llevaron al estallido de la revolución, la concentración de la tierra en manos de algunos grupos sociales, la explotación de los trabajadores, la falta de democracia y la represión política. Estas condiciones generaron un descontento generalizado que culminó en la llamada Revolución mexicana (1910-1921), una lucha armada que se desarrolló en varias etapas y cuyo objetivo principal era la reforma agraria y la justicia social, en la que, como parte medular, la alfabetización y el acceso a la cultura se consideraron prioridades impostergables, ya que, durante el Porfiriato, la alta cultura era un privilegio exclusivo de la élite. En cambio, el grueso de la población vivía en condiciones que, a los ojos de los intelectuales, se consideraban propias de la barbarie: insalubridad, vicio, apatía e improductividad.

Esta situación se agravó con los efectos de la guerra, puesto que la Revolución mexicana no sólo transformó la estructura política del país, sino que también tuvo un impacto demográfico significativo (McCaa, 2003). La guerra, la hambruna, las enfermedades y las epidemias provocaron la muerte de un gran número de personas y el desplazamiento de comunidades enteras. La violencia y la inestabilidad política ocasionaron una disminución de la población en varias regiones, especialmente en el norte del país (Gracida Romo y Hernández Espinoza, 2013). Dada la necesidad de sobrevivir que enfrentaba gran parte de la población, el interés por cultivarse no figuraba entre las prioridades individuales, por lo que correspondía al Estado remediarlo.

Para entender la distribución espacial de la apertura de bibliotecas, también es pertinente considerar que la redistribución de la tierra y la creación de ejidos modificaron la organización territorial. La implementación de la reforma agraria no fue un proceso sencillo. A menudo, resultó en disputas locales y regionales sobre los límites de las tierras ejidales y la propiedad privada (Piña y Guzmán Ramírez, 2021). Estos conflictos territoriales tuvieron un impacto significativo en la delimitación de las fronteras municipales y estatales, afectando la gobernanza y la administración local, aspecto que debe tenerse en cuenta para dimensionar la apertura de bibliotecas en distintas poblaciones.

Según Claude Fell (2020), en 1920, el Distrito Federal era la entidad con más bibliotecas: 30 en total. Los estados que le seguían eran: Chihuahua, con cinco; Veracruz, con cuatro; y Puebla, Sonora y Tamaulipas, con tres. Por otro lado, las entidades que carecían de biblioteca alguna eran Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Quintana Roo.

La organización del territorio nacional después de la Revolución impactó en el acceso a la educación. José Vasconcelos lo entendió muy bien y promovió su federalización como mecanismo para homogeneizar el nivel cultural del país, civilizarlo y propiciar el desarrollo económico. De ahí que, como parte de la política educativa nacional, se fomentara la apertura de bibliotecas en todas las entidades federativas.

Sin embargo, a pesar de la campaña de alfabetización, la construcción de escuelas urbanas y rurales, la formación de maestros, las misiones culturales, la apertura de casas del pueblo, la publicación de libros y la renovación pedagógica, una década más tarde, en 1930, el analfabetismo seguía siendo un problema grave en México, con tasas más altas en áreas rurales y menos desarrolladas. Kenya Bello (2020) explica que aprender a leer y escribir no resultaba particularmente atractivo para la mayoría de la población del México rural, porque no era necesario para su subsistencia y vida cotidiana. Además, la falta de infraestructura educativa en ciertas regiones limitó las oportunidades de aprendizaje. La urbanización, aunque trajo consigo un crecimiento poblacional, no siempre se tradujo en un mejor acceso a la educación, lo que afectó el desarrollo social y económico del país. En este contexto se situaron las múltiples iniciativas por llevar la educación, la ciencia y la técnica a los más recónditos sitios del territorio nacional a través de las bibliotecas y, concretamente, mediante los libros.

Al consultar los microdatos del censo de 1930 (Dirección General de Estadística, 1932a), encontramos que a partir de ese año comenzó un crecimiento poblacional, debido a la baja tasa de mortalidad y a la alta tasa de natalidad, sobre todo considerando que el país venía de sobreponerse a hechos históricos que diezmaron la población mexicana: la Revolución mexicana (1910-1921), el brote de influenza (1918-1919) y la Guerra Cristera (1926-1929).

En 1930, dentro de las 30 entidades y el Distrito Federal, existían 2293 municipios y 84 452 localidades (Dirección General de Estadística, 1932b). La concentración y densidad poblacional se comportaba de la siguiente manera: 55.2% de la población residía en ocho estados en 1930 -Veracruz, Jalisco, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Guanajuato-, al igual que en la actualidad (Zamudio Sánchez, et al., 2015). El indicador de densidad poblacional era de 8.4 hab./km² en 1930 (Dirección General de Estadística, 1932b).

En cuanto al analfabetismo, los microdatos expandidos indican que 66.8% de la población mexicana mayor de 15 años era analfabeta (56% mujeres y 44% hombres). Así, en 1930, de los niños entre seis y 14 años, sólo 36.3% asistía a la escuela, siendo Aguascalientes, Baja California (Distrito Norte), Yucatán y Morelos las entidades con mayor matrícula; por el contrario, Michoacán, Veracruz y Guerrero presentaron los menores índices de asistencia escolar en este rango de edad (Dirección General de Estadística, 1932b).

Después de brindar este contexto espacial y demográfico del territorio nacional durante el periodo 1920-1940, el mapa 1 presenta la distribución de las localidades desde las cuales se mantuvo una correspondencia entre una biblioteca y el Poder Ejecutivo del Estado de México. Esto no quiere decir que estas localidades fueran las únicas donde existía una biblioteca, sino que se busca mostrar los esfuerzos y las iniciativas que pretendían remediar la situación cultural, acercando la lectura a distintas localidades del país.

Mapa 1 Fuente: elaboración propia con base en datos del marco geoestadístico (Inegi, 2023), edición cartográfica de Luis Giovanni Ramírez Sánchez con ArcGIS (ESRI, 2011).

Según el mapa 1, entre 1920 y 1940, bibliotecas de todo el país mantuvieron comunicación con el Poder Ejecutivo del Estado de México para solicitar donaciones. En estas décadas no se habían creado los estados de Baja California Sur y Quintana Roo; sin embargo, aparecen representados en el mapa debido a que para su elaboración se utilizó el marco geostadístico 2023 (Inegi, 2023). Por ello, considerando las entidades federativas entonces existentes, podemos afirmar que todas ellas están representadas en la muestra estudiada en la medida que se señala en la tabla 1.

Tabla 1

Estado de la República	Número de solicitudes
Tlaxcala	1
Yucatán	1
Morelos	2
Tabasco	2
Aguascalientes	3
Querétaro	3
Campeche	4
Colima	4
Guerrero	4
Zacatecas	4
Durango	5
Sinaloa	6
Hidalgo	7
Puebla	7
San Luis Potosí	7
Chiapas	8
Guanajuato	8
Michoacán	8
Oaxaca	9
Jalisco	10
Nayarit	11
Nuevo León	11
Baja California	14
Distrito Federal	14
Chihuahua	16
Tamaulipas	17
Estado de México	21
Sonora	24
Veracruz	29
Coahuila	35

Fuente: elaboración propia con base en la información de los archivos consultados en el AHEM.

La apertura de bibliotecas conlleva aspectos fundamentales, como la conformación de colecciones de libros. Por cuantiosos que sean los recursos destinados para tal fin, siempre han resultado insuficientes para cumplir los anhelos. Además, en un contexto editorial precario, como el del México de aquella época (Guajardo Garza, 2024; Herrera, 2020), adquirir libros para las escuelas y bibliotecas no era sencillo. De ahí que el Estado posrevolucionario, como parte de su política educativa y cultural, asumiera la labor editorial como propia (Rivera, 2020). No obstante, también esta fuente de abastecimiento de libros resultaba insuficiente. Cabe mencionar que incluso un conjunto de 12 libros ya se consideraba una biblioteca (Fell, 2020), por lo que la donación se convirtió en una alternativa muy recurrida para acrecentar los reducidos acervos.

La propia SEP solicitó libros en donación a los autores para la fundación de la Biblioteca Iberoamericana en 1924 (Fell, 2020). En general, pedir la dádiva de libros fue una práctica bastante extendida en la época. Por ejemplo, en 1923, Isidro Fabela, como diputado por el Estado de México, escribió al “progresista funcionario” José Vasconcelos para gestionar la entrega de libros para la biblioteca del Instituto Científico y Literario.¹ Otra prueba de que la solicitud de donaciones era una práctica común es que algunas peticiones aquí estudiadas se presentaban en machotes impresos con espacios en blanco para escribir a mano el nombre y cargo del destinatario, lo que indica que las solicitudes se enviaban a diferentes personas y autoridades, utilizando exactamente los mismos argumentos y formalidades, con la finalidad de acopiar la mayor cantidad de libros.²

Durante el periodo de estudio, al menos una biblioteca de cada entidad federativa realizó una solicitud al Ejecutivo del Estado de México; sin embargo, la zona centro del país concentró la mayoría, principalmente por la cantidad de misivas provenientes de diferentes localidades del propio Estado de México y de la capital del país. Esto puede interpretarse desde varias perspectivas. En primer lugar, esta tendencia podría estar relacionada con la mayor densidad poblacional y el desarrollo urbano y cultural en estas áreas, lo que incrementaba la demanda de servicios bibliotecarios. Además, las bibliotecas ubicadas en localidades urbanas, al estar más cerca de los centros de poder político y económico, pudieron tener mayor facilidad para establecer contactos y solicitar apoyo gubernamental.

El mapa muestra que el noroeste y el sureste del país fueron las regiones con menor número de peticiones de bibliografía. Esta diferencia refleja la situación que existía en cada entidad federativa antes del impulso a la educación y al fomento de la lectura. Por ejemplo, de Tlaxcala, Jorge Ávila señala:

Por el contrario, Columba Galván refiere sobre la situación en Baja California Sur:

Cabe mencionar la apertura de bibliotecas en Sonora, Coahuila y en ciudades fronterizas, pues muestra el interés por abrir bibliotecas donde antes no existían. Estas iniciativas reflejan la idea generalizada del libro y la biblioteca como instituciones sociales (Restrepo Fernández, 2020), agentes integradores y promotores de una identidad nacional y de un proyecto cultural común.

De un total de 145 localidades que realizaron solicitudes, 137 eran urbanas, mientras que sólo ocho pertenecían al ámbito rural. El hecho de que 95% de las solicitudes provinieran de localidades urbanas sugiere una desventaja para las bibliotecas rurales, que enfrentaban mayores obstáculos para acceder a recursos y donaciones, tal como sucedía también con las escuelas rurales (Loyo, 2006). Esto plantea una discusión importante sobre la equidad en el acceso a la información y la cultura. Las bibliotecas rurales, a menudo subfinanciadas y con menor visibilidad, quedaron en desventaja en comparación con sus contrapartes urbanas, lo que contribuyó a perpetuar las desigualdades en el acceso a la educación y la cultura (Hernández Pacheco, 2016).

Por otro lado, la comunicación constante entre las bibliotecas y el Ejecutivo del Estado de México también indica el valor que el gobierno otorgaba a la educación y la cultura en ese periodo. Las donaciones no sólo representaban un apoyo financiero, sino un reconocimiento del papel fundamental de las bibliotecas en la formación de una ciudadanía informada y participativa.

Del interior del Estado de México se recibieron 21 solicitudes procedentes de Amecameca, Chalco, Cuautitlán Izcalli, El Oro (dos), Ixtapan de la Sal, San Felipe del Progreso, Tecámac, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Toluca (ocho), Tlalnepantla y Valle de Bravo, abarcando todas las regiones del estado. Destaca la capital, como era de esperarse, con la Biblioteca Pública Municipal (denominada Biblioteca Pública del Ayuntamiento), varias bibliotecas escolares, la de la cárcel y la de la Sociedad de Ahorro y Ayuda Mutua. El Oro, localidad minera que aún conservaba algo de la bonanza porfiriana, contaba con dos centros de lectura: Biblioteca de El Oro y la de la 24ª Sucursal de la Unión Internacional de Forjadores y Ayudantes. La demanda de libros también se extendía a municipios de población indígena, como San Felipe del Progreso y Temoaya.

Las peticiones no sólo venían del interior del país, sino también del exterior. En 1926, la Biblioteca Americana Hispana, con sede en La Paz, Honduras, y con un discurso antiimperialista, solicitaba “una limosna espiritual”, ya fuesen publicaciones o un “retrato” para nutrir su colección mexicana.³ En 1934, desde Tegucigalpa, la Biblioteca Popular El Sabio Valle requería libros mexicanos e instaba al mandatario estatal a realizar las gestiones necesarias para que otros donadores enviasen obras, puesto que se estaba reuniendo una colección de cada “país hermano”.⁴ En 1935, el Instituto del Libro de Cuba solicitó “una colección libros, folletos, anales y memorias”⁵ para su biblioteca, de clara orientación latinoamericanista. En México, tal aspiración dio origen a la Biblioteca Iberoamericana, que se inauguró el 25 de abril de 1924 en presencia del entonces presidente Obregón, y que Guadalupe Quintana-Pali et al. (1988) señala como precursora de otras bibliotecas dedicadas a temas hispanoamericanos en el continente.

Por otro lado, el interés de los Estados Unidos por obtener información sobre México se advierte en 12 solicitudes de libros para bibliotecas ubicadas en Texas, Nueva York, Washington y Chicago. Entre ellas, la Biblioteca Pública de Nueva York manifestaba su interés en recibir de manera constante las publicaciones oficiales y el presupuesto de egresos del Estado de México, argumentando que muchos lectores solicitaban información sobre nuestro país.⁶

El caso de Texas resulta particularmente significativo, pues se identifican siete colecciones, en distintos sitios, destinadas a la comunidad mexicana con el objetivo de fortalecer su cohesión mediante la lectura. La Biblioteca Pública Mexicana, con sede en Houston, fue fundada el 15 de septiembre de 1925 para conmemorar las fiestas patrias.⁷ Por su parte, la Biblioteca de la Unión Panamericana en Washington exhortó al gobernador Filiberto Gómez a cumplir el acuerdo de donación de las publicaciones estatales.⁸

La gráfica 1 nos permite analizar la frecuencia de las solicitudes por año.

Gráfica 1 Fuente: elaboración propia con base en la información de los archivos consultados en el AHEM (1920-1940).

Se observa que la etapa de influencia vasconcelista fue especialmente notable. Entre 1921 y 1923, el gobierno estatal tuvo que responder a 54 solicitantes. No obstante, sobresale aún más el sexenio cardenista. Ambos periodos se caracterizan porque, tanto en el discurso como en la práctica, el gobierno federal promovió la educación de manera general y la lectura de forma particular. Es importante señalar que la ausencia de cartas petitorias en los años 1928, 1931 y 1933 obedece, muy probablemente, a cuestiones de tipo archivístico. Por alguna razón que desconocemos, no se conservaron los testimonios de los encargos recibidos en esos años, pues es poco aceptable que no los hubiera habido. En todo caso, sí se notan los momentos en los que la fiebre de bibliotecas alcanzó su momento de mayor auge. En 1935, un total de 41 instituciones hicieron llegar su petición de libros y, al año siguiente, la cifra aumentó a 43. La gráfica también evidencia un comportamiento un tanto irregular durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y el Maximato.

Como hemos señalado, la información aquí analizada debe entenderse como una muestra de lo sucedido en el periodo; sin embargo, respecto a la distribución por año, cabe aclarar que la tendencia aquí descrita también se advierte al revisar las menciones relativas a las bibliotecas en los informes presidenciales, recogidas por Adolfo Rodríguez (1990). Por ejemplo, en 1932 sólo se registró una petición, la de la Biblioteca de la Típica Lorena, en Valle de Bravo.⁹ En ese año, Narciso Bassols, en su calidad de secretario de Educación Pública, informaba lo siguiente:

Unos años antes, en 1925, las circunstancias eran muy distintas. El secretario de Educación Pública, Puig Casauranc, declaraba:

De la cita anterior se desprenden asuntos importantes. En primer lugar, la convicción de que el libro era un instrumento para el desarrollo intelectual, moral y económico del país; un objeto cultural con poder redentor, capaz de salvar a la población de sus circunstancias. En segundo lugar, se entienden el libro y la lectura como mecanismos para fomentar la evolución social. Este discurso refleja ecos del andamiaje conceptual del positivismo, en el que se distinguen públicos meta en función de sus “gradaciones de mentalidad” (Rodríguez, 1990: 49), reconociendo distintas necesidades de lectura en diferentes sectores sociales. En este marco, la diversidad cultural y étnica del país es percibida como un problema que debe ser resuelto mediante la formación de un “tipo standard de cultura” (Rodríguez, 1990: 49).

El profesor Elpidio López, de Huamantla, Tlaxcala, coincidía con la idea anterior. En la solicitud que firmó a nombre de la naciente Biblioteca Justo Sierra afirmó: “Debido a la densidad e idiosincrasia de la población, es urgente establecer una biblioteca”.¹⁰ En este mismo sentido, llama la atención que uno de los títulos más donados por el gobierno del Estado de México, en respuesta a las peticiones, fuera Los enemigos del indio, de Hugo Sol (pseudónimo del autor yucateco Anastasio Manzanilla Domínguez), publicado en 1929 en México. Esta obra denuncia la situación social y las condiciones de vida de los indígenas en Hidalgo y Veracruz. Años más tarde, este libro tuvo una segunda parte titulada La tragedia del indio. Para Manzanilla, los enemigos del indio eran la explotación cercana a la esclavitud perpetrada por los encomenderos del pasado y de su tiempo, el trato paternalista, los abusos del sistema judicial, el despojo de tierras, el alcoholismo y, por supuesto, la ignorancia. Según el autor, la tragedia del indio se resume en “miseria, harapos y suciedad”, tal como se anota en la portada de su libro (Sol, 1947).

Este diagnóstico respecto a la situación de los pueblos originarios era compartido de manera general. Se dieron acalorados debates de cómo afrontar lo que se llamaba el “problema indígena”, en cuyo centro estuvo la discusión sobre la educación rural (Loyo, 2006). Las misiones culturales, las casas del pueblo y las bibliotecas circulantes fueron algunas de las estrategias para acercar la cultura letrada a las poblaciones indígenas. Bibliotecas con pocos ejemplares, transportadas en cajones, atravesaban las serranías con el objetivo de combatir el analfabetismo (Fell, 2020). No obstante, como ya se señaló, al menos en la muestra aquí estudiada, las bibliotecas urbanas superan por mucho a las rurales.

En 1925, la SEP clasificaba las bibliotecas que instalaba en seis categorías: rurales, industriales, populares, institucionales, infantiles y escolares. Inicialmente, durante la gestión de José Vasconcelos, la categorización era diferente: públicas, obreras, escolares, diversas, ambulantes y circulantes (Sametz, 1991).

Veamos lo que nos arroja el análisis de nuestro corpus de investigación.

La tipología de bibliotecas representadas en la muestra documental aquí estudiada corresponde, en parte, con los criterios gubernamentales arriba mencionados. Sin embargo, a lo largo de estas dos décadas, el fervor bibliotecario permeó en la sociedad de tal manera que no sólo se abrieron bibliotecas por iniciativa de las autoridades federales, estatales y municipales, o de las legislaturas locales, sino que múltiples organizaciones civiles también quisieron participar del poder redentor del libro, aunque no necesariamente del de la lectura. Para formar o acrecentar sus colecciones, dichas organizaciones acudían al primer mandatario estatal.

A partir de las denominaciones halladas en la documentación del AHEM para el periodo 1920-1940, encontramos tipos de bibliotecas en la siguiente proporción:

Gráfica 2 Fuente: elaboración propia con base en la información de los archivos consultados en el AHEM (1920-1940).

En la categoría de bibliotecas escolares se incluyen todas aquellas destinadas a brindar servicio a la comunidad de una escuela, sin importar el nivel educativo. Se registran peticiones de escuelas primarias, superiores, normales, preparatorias y universitarias, tanto rurales como urbanas, para niños, niñas y mixtas. Las hay oficiales, pero también privadas, como la colección solicitada por la escuela particular para niños José Julio Barbosa, una primaria ubicada en Toluca.¹¹

A veces la iniciativa provenía del estudiantado, aunque predominaba la voluntad de los directivos por complementar su tarea educativa con la disposición de lecturas que enriquecieran la formación de los educandos. “Los libros son los mejores ayudantes del maestro”, según los representantes del profesorado de la escuela de San José del Cabo en Baja California.¹² En muchos casos, se trataba de colecciones con pocos volúmenes, interesadas en incrementar su oferta de lecturas. La mayoría solicitaba libros y sólo unas pocas pedían otros enseres indispensables, como estantes. Requirieron libros, por ejemplo, la Escuela Central de Agricultura (Durango), la Escuela de Comercio (Michoacán) y la Escuela Industrial (Michoacán).

En otras instituciones, algunos buscaron resignificar el papel del libro, como el bibliotecario del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, quien pretendía cambiar la forma de celebrar el natalicio del Padre de la Patria: proponía sustituir la ofrenda de coronas florales y “castillos que nos han estado arruinando” por la donación de libros para la juventud. Señalaba que, si bien la biblioteca cuenta con las “joyas” de Melchor Ocampo, no es suficiente la colección de tan renombrada institución. Terminaba su misiva lamentando que su sabia propuesta no haya tenido una buena acogida entre la comunidad nicolaíta.¹³

A juzgar por la documentación revisada, se entendía por biblioteca pública no solamente aquella que se financiaba con recursos públicos, sino, sobre todo, la que ofrecía servicio a la población en general y cuyas colecciones no se especializaban en alguna temática específica. Este tipo de bibliotecas son las que Casauranc deseaba que tuvieran más éxito: las que tenían la misión de estandarizar la cultura entre los mexicanos. Entre ellas destacan las bibliotecas estatales y municipales. Los grandes proyectos bibliotecarios de la SEP, como la Cervantes, la Iberoamericana y la de Ciencias Sociales, también solicitaban donaciones.¹⁴

Como bibliotecas obreras se clasificaban las destinadas a satisfacer las necesidades de lectura y formación de los trabajadores. Normalmente incluían una clara denominación que así lo refería, como la Biblioteca de la Unión de Obreros de las Artes Gráficas, ubicada en Monterrey, fundada con el apoyo de Vasconcelos en 1923 y que en ese mismo año buscaba aumentar su acervo.¹⁵

Por biblioteca privada se entendía como la que sirve a un colectivo, no estaba abierta a toda la población y era financiada con recursos particulares, como el caso de la Biblioteca de la Asociación de Exploradores de Veracruz, fundada en 1927, que solicitaba “una obra por más pequeña que sea”¹⁶ o la Biblioteca del Club Iris: Paternidad y Buen Humor, creada en 1935 en Ciudad Camargo, Tamaulipas.¹⁷

La presencia de las 15 bibliotecas del ejército da cuenta de la importancia que la milicia tenía en el periodo y de cómo se buscaba acercar a las tropas a la cultura letrada. Los argumentos de estas peticiones son significativos. El general brigadier del 47.^o Regimiento de Caballería de Línea, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aducía que “las frecuentes guerras del pueblo mexicano demandaron demasiado esfuerzo al Ejército Nacional, impidiendo así la ilustración y educación de este grupo”.¹⁸ La Biblioteca de la Escuela Naval, en Veracruz, en 1924, hizo una petición un tanto sui géneris: “algún recuerdo de los que mandan las entidades federativas y que además se le envíen dos o tres individuos que se dediquen a la carrera de Marino o Maquinista Naval”.¹⁹ “Popular” era el adjetivo que recibían estas colecciones destinadas a obreros y campesinos: “el pueblo” o “las masas populares”. Un caso paradigmático es el de la Biblioteca Popular Álvaro Obregón, ubicada en Hecelchakán, Campeche. Su apertura, en 1930, obedecía a la intención de “difundir la instrucción entre el elemento obrero y campesino”.²⁰

En el acervo estudiado se encuentra únicamente una biblioteca circulante, correspondiente al año 1922. Poco a poco se intentó que las necesidades lectoras de las comunidades rurales fueran satisfechas mediante colecciones establecidas en los lugares más remotos. En 1927, encontramos una biblioteca en Batopilas, Chihuahua, en el corazón de la Sierra Tarahumara; los peticionarios señalaban: “Si en otras localidades la educación es necesaria, en esta es indispensable, ya que la situación geográfica no le permite estar en contacto con la civilización”.²¹ Otro ejemplo es la biblioteca de Nochixtlán, Oaxaca, población ubicada en la región mixteca del estado.

Finalmente, en la categoría de pedagógicas se englobaban aquellas instituciones especializadas en bibliografía para la formación docente. El director general de Educación Pública de Chihuahua obtuvo del gobierno del Estado de México un ejemplar de Historia de la pedagogía en dos tomos para la Biblioteca del Magisterio de Chihuahua, destinada a orientar a los maestros de la entidad.²² Son variadas las agrupaciones de maestros, como el Casino de Maestros, en Puebla, hasta ligas y sindicatos.

En 1925, Puig Casauranc subrayaba la función social de las bibliotecas populares:

Tanto estas palabras como la muestra de bibliotecas analizadas son un reflejo del resultado de la política bibliotecaria del gobierno de Calles y su impulso a la organización corporativa de la sociedad, que alcanza su máxima expresión durante el cardenismo. El Estado impulsaba de múltiples maneras la asociación y la agrupación de la sociedad. Las 309 bibliotecas estudiadas surgieron de una asociación de personas reunidas en torno a un interés, actividad o circunstancia en común. Todas las peticiones proceden de colectivos. No hay una sola a título personal. Como hemos visto, las solicitudes abarcan desde asociaciones infantiles en el ámbito escolar hasta corporaciones militares, municipales y legislaturas estatales. Destacan, por supuesto, la gran cantidad de sindicatos, mutualidades, cooperativas y otras formas de asociación de obreros, campesinos y trabajadores en general. Maestros, ferrocarrileros, agricultores, panaderos, zapateros, peluqueros, choferes, músicos y mecánicos, entre otros, buscaban crear una biblioteca para su gremio. También aparecieron agrupaciones de jóvenes, ya sean estudiantiles o vinculadas con una ideología política compartida.

La actividad de las logias masónicas en el periodo se evidencia en seis peticiones de libros para sus estanterías. Un ejemplo es la Biblioteca del Círculo Magnetológico de San Pedro, Coahuila, una asociación que, en 1920, afirmaba contar con hasta 10 500 lectores.²³

En este contexto, no podían faltar los grupos vinculados al Partido Nacional Revolucionario (PNR), representantes de distintos sectores sociales. Cabe mencionar que en el conjunto de solicitudes sólo hay dos de asociaciones femeninas: la Biblioteca del Bloque de Mujeres de Acción Revolucionaria, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que pidió libros en 1935; y la Biblioteca de la Alianza Femenil Obrera en Saltillo, Coahuila, fundada en 1925, la cual, en realidad, estaba pensada para varones, como lo revela su justificación: “la biblioteca será útil para los maridos, padres e hijos o hermanos menores de las trabajadoras, para que los hombres se retiren de las tabernas”.²⁴ Por último, se encuentra un único caso de asociación que se asumía como indígena: la Sociedad Cultural de Campesinos de Tlalpan, Distrito Federal,²⁵ que tenía una colección de 100 volúmenes y buscaba incrementarla.

Con lo expuesto hasta aquí, se puede ver que las ideas vasconcelianas, casi místicas, del libro como redentor, de la lectura como actividad civilizadora por excelencia y de las bibliotecas como santuarios del conocimiento y del espíritu (Fell, 2020; Garciadiego, 2015; Rodríguez, 2015; Sametz, 1991), tuvieron un impacto profundo en diferentes sectores de la sociedad y perduraron por al menos dos décadas. Se convirtieron en parte fundamental del discurso educativo, apropiado y replicado por amplios sectores de la sociedad que hicieron suya la misión de “llevar la ilustración a las masas que desgraciadamente carece y urgentemente necesita para la reconstrucción de la nación”.²⁶

El argumento de que el libro puede combatir males que aquejan a la sociedad y vicios morales indeseables es recurrente. El libro y la lectura se consideran antídotos contra el alcoholismo y la vagancia. La lectura aparece como una noble manera de dignificar el ocio. La Unión de Cargadores y Carreteros de Mazatlán exponía al hacer su requerimiento, que “se busca cultivar el desarrollo físico y la capacidad mental de los socios, proporcionando una distracción honesta que aleja del vicio y atrae la salud, para que los niños no lleguen a ser una carga desordenada para la sociedad”, para lo cual no sólo pedía obras para su biblioteca, sino también “doce pares de calzado para jugador de baseball”.²⁷

Otro de los argumentos constantes en las cartas es que formar bibliotecas constituía una prueba de ser revolucionario y progresista, de estar acorde con los tiempos nuevos. ¿Cómo evaluar los resultados de estas iniciativas? ¿Esta fiebre de bibliotecas fue una moda?

Algunas de las peticiones son cartas extensas, mientras que otras son sucintas; en cualquier caso, esta fuente no nos permite observar las prácticas de lectura asociadas a esas bibliotecas. No porque no existan propuestas metodológicas para hacerlo, sino porque, por ahora, excede los límites de este trabajo y las posibilidades que ofrecen nuestras fuentes. La documentación muestra muy poco sobre las estrategias implementadas en estas bibliotecas para fomentar la lectura o atender a sus lectores. ¿En qué medida pudieron cumplir sus objetivos? ¿Qué tanto prosperaron estas iniciativas?

Aunque la documentación consultada no permite responder estas preguntas, diversos autores, analizando realidades específicas, coinciden en señalar que la fiebre de bibliotecas fue breve. Para el caso de Veracruz, Roberto Williams apunta lo siguiente:

Surya Peniche, para el caso de Yucatán, señala que las pequeñas bibliotecas “nacieron y murieron al calor de los acontecimientos políticos del momento” (1987: 85). Por su parte, Javier Garciadiego considera que los límites en los resultados del proyecto bibliotecario posrevolucionario resultan comprensibles si se toma en cuenta que los hombres de letras involucrados, como Vasconcelos, Torres Bodet, Julio Torri y Carlos Pellicer, “eran intelectuales, no políticos y eran escritores, no bibliotecarios profesionales” (2015: 132).

Indudablemente, en materia de apertura de bibliotecas, el periodo de 1920 a 1940 causa un profundo entusiasmo. Se percibe una sociedad esperanzada en el poder de la lectura como agente de transformación social. No sólo se confirma el impacto de las políticas educativas y culturales en la población y en el extenso territorio nacional, sino que también se observa la reacción de distintos grupos sociales ante la posibilidad de autoeducarse y formar parte del desarrollo tan anhelado. Es evidente la convicción de que un nuevo tiempo se está construyendo y la intención de formar parte de él a través de la educación, especialmente mediante la alfabetización y la lectura como agentes civilizadores. El discurso gubernamental en torno a la lectura, al libro y a las bibliotecas influyó significativamente entre la población, llegando justo a aquellos sectores que se buscaba beneficiar: las clases populares hasta ese momento ajenas al disfrute de la cultura escrita.

Lamentablemente, también se perciben serias fallas en los orígenes de este incipiente sistema bibliotecario. Para empezar, la propia noción de biblioteca en general, y de biblioteca pública en particular, era muy endeble. Por biblioteca se entendía cualquier colección de libros, por pequeña que fuese, disponible para la consulta de la población. Bastaba con un “local” para reunirla, pero no siempre estas “bibliotecas” contaban con una sala de lectura. No se contemplaba la organización de los libros, su clasificación, catalogación ni otros servicios bibliotecarios. Muchas de estas bibliotecas se conformaban por acervos modestos, de apenas unos cientos de ejemplares en el mejor de los casos. Además, solamente en un caso se solicitaba mobiliario, pero, en ninguno, incluso ni en las bibliotecas mexiquenses, se planteaba la necesidad de un bibliotecario profesional. Todas ellas eran atendidas por un miembro de la agrupación o por una “comisión de biblioteca”, lo que denotaba la relevancia que tuvo la profesionalización del oficio en la década de 1940.

Las nacientes bibliotecas aprovecharon las oportunidades a su alcance, pero se percibían solas, sin rumbo ni dirección. Las posibilidades de formar un acervo eran limitadas en todos los casos, tanto por los recursos económicos disponibles como por la escasa oferta editorial del periodo. Ante ello, la donación representó una estrategia muy conveniente para formar las colecciones. Mientras que la SEP había promovido esta práctica como la vía para abrir bibliotecas, el Estado era el proveedor de libros. Este estudio muestra cómo la dinámica se replicó en otros niveles de gobierno y cómo distintos sectores sociales esperaban los donativos oficiales para fundar sus bibliotecas o ampliar sus acervos. Tan es así que el gobierno del Estado de México, al juzgar por los expedientes analizados, disponía de un fondo de libros disponibles para responder a las continuas peticiones.

Una problemática evidente en gran parte de las solicitudes -salvo en las grandes bibliotecas de la SEP, de la ciudad de México y las extranjeras- es que muy pocas bibliotecas denotaban tener una idea sobre el desarrollo de colecciones. Abundan peticiones con expresiones como “cualquier obrita”, “un folleto”, “una obra o revista para enriquecer nuestra biblioteca”, “al menos un periódico”. No hay una noción clara sobre qué tipo de lecturas reunir conforme a un propósito predeterminado Una excepción la constituye la Biblioteca Pública de Nueva York, que solicitó libros según las necesidades de información de sus usuarios. En el caso de las bibliotecas mexicanas, se trataba simplemente de tener algo que leer, suponiendo que los beneficios llegarían por añadidura. Sólo unas cuantas instituciones pedían materiales específicos; por ejemplo, la Biblioteca del Departamento Universitario de Jalapa solicitaba puntualmente “todas las publicaciones editadas por el gobierno”.²⁸

Consideramos que esto refleja que la finalidad de estas bibliotecas no era tanto el fomento a la lectura, sino más bien el combate al analfabetismo, es decir, dotar de materiales de lectura a una población recién alfabetizada o en vías de estarlo, más que desarrollar el gusto lector. En apoyo al argumento anterior está el hecho de que la mayoría de las bibliotecas que solicitaron libros al ejecutivo estatal eran escolares. Predomina la concepción del libro y la biblioteca como auxiliares de la misión educativa. Se trataba de aprender a leer, pero lejos se estaba de aprender leyendo.

Consideramos que vale la pena mirar este periodo llamado de oro de las bibliotecas en México para retomar algunas lecciones aún vigentes para una adecuada y efectiva promoción de la lectura y para el diseño de políticas culturales que tomen en cuenta aspectos hasta ahora no resueltos en la materia, como el acceso igualitario y democrático a la información de diferentes grupos y sectores sociales.

El análisis de las solicitudes de donaciones entre 1920 y 1940 revela no sólo la dinámica entre las bibliotecas y el gobierno, sino también las disparidades en el acceso a recursos entre áreas urbanas y rurales. Este contexto histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas que promuevan un acceso equitativo a la información y la cultura, asegurando que todas las comunidades, independientemente de su ubicación geográfica, puedan beneficiarse de los recursos bibliotecarios. El corpus de archivos revisados muestra que hubo pocas, o casi nulas, bibliotecas que atendieran las necesidades de información de indígenas y mujeres, en un momento en que se pretendía asimilar a la población indígena y en el que las mujeres comenzaban a incorporarse a la población económicamente activa.

El conjunto de bibliotecas del que aquí damos noticia evidencia los esfuerzos locales por abrir bibliotecas al calor de la pauta que dictó la SEP, pero independientes de las iniciativas del gobierno federal. Algunos municipios, y sobre todo diferentes tipos de asociaciones, en distintas partes del país se contagiaron de la fiebre de bibliotecas y para mitigar la carencia de libros acudieron a la proveeduría del Estado, representado en este caso por el “solidario y progresista”²⁹ Ejecutivo del Estado de México.