Aunque el Estado proclamó sus instituciones como seculares, la sociedad continuó mostrando símbolos de su fe y desarrollando sus prácticas religiosas. En palabras de Bastian, “por un lado, iba la ley y, por otro, la sociedad real” (2009, citado por Yturbe, 2010: 72). En el caso de Atenco, un antecedente de los enfrentamientos y negociaciones entre el orden liberal y la cultura religiosa ocurrió en 1862, al concluir la Guerra de Reforma (1858-1861), cuando los habitantes del Juzgado de Paz de San Mateo Atenco realizaron, sin permiso e infringiendo las Leyes de Reforma, las conmemoraciones de Semana Santa (18 y 19 de abril) mediante una ceremonia católica dedicada a los misterios de la “Pasión del Hombre-Dios”, en la que la población aprovechó para agradecer el fin de la guerra civil con plegarias y reafirmar su compromiso con la Iglesia católica, institución que les brindaba seguridad y estabilidad tanto social como espiritual en momentos difíciles.8 A pesar de haber infringido las leyes, las autoridades distrital y local entendieron la importancia y solemnidad del acto, por lo que no lo censuraron. Este episodio refleja un espacio de negociación entre la cultura liberal y religiosa.
Otro ejemplo se suscitó durante el Segundo Imperio Mexicano, cuando las tensiones entre ambas esferas, civil y religiosa, no cesaron. El 26 de febrero de 1865, el emperador Maximiliano ordenó, a través del Decreto de Tolerancia de Cultos, que se realizaran “inventarios de bienes” en todos los templos de las prefecturas, subprefecturas y municipalidades. En agosto de ese mismo año, el prefecto de Lerma dispuso que se llevaran a cabo dichos inventarios en toda la prefectura, aclarando a la población que no se retirarían alhajas ni otros objetos de las iglesias, sino que sólo deseaban conocer el estado de los edificios y los bienes que resguardaban. Esta medida generó tensiones entre las autoridades distritales y la población. Los habitantes de Atenco, influidos por su cura párroco, vieron con recelo la disposición, pero la acataron a regañadientes. Las controversias entre la autoridad civil y la eclesiástica se aprecian en la declaración del prefecto de Lerma, dirigida al presidente municipal, en la que comentaba que:
La declaración del Prefecto evidencia las dificultades que enfrentaron las autoridades locales y regionales en la aplicación de las leyes. En ella se observa que el prefecto afirmaba que los empleados del gobierno civil tenían limitaciones frente a la autoridad eclesiástica, pues los curas ejercían un fuerte control e influencia sobre la población, como se aprecia en el caso de Atenco.
La municipalidad y parroquia de San Mateo ante el embate lerdista
El 1 de febrero de 1872, en sesión de cabildo, el presidente municipal y los regidores formularon el Reglamento Interno y Bando de Policía y Buen Gobierno considerando los siguientes puntos: 1) la aplicación de las reformas y leyes constitucionales, 2) la resolución de problemas por tierras (particularmente límites territoriales, tierras baldías y la laguna), 3) la formación de la guardia municipal, 4) el pago a maestros y escuelas, y 5) el orden público. Este último incluía la expedición de licencias para reuniones, bailes y celebraciones religiosas. El edil estableció que “los auxiliares de los barrios y jefes de las rondas nocturnas, cuando se encontrasen algún baile [relacionado con fiestas religiosas], exigieran la licencia respectiva”; 10 sin ella, el evento sería cancelado y se informaría a las autoridades municipales. Además, todo evento religioso debía de contar con la aprobación y licencia de la Jefatura Política del Distrito, en caso de incumplimiento, los infractores serían multados o castigados por el auxiliar correspondiente o el presidente municipal.
A pesar de esta medida, las diferentes expresiones de religiosidad popular continuaron sin restricciones durante la presidencia de Benito Juárez, porque: “la legislación anticlerical era poca y poco efectiva” (Staples, 1989: 19), por lo que las infracciones a las Leyes de Reforma eran frecuentes. El Distrito de Lerma no fue la excepción.11 San Mateo Atenco, al igual que otros municipios del mismo distrito, su población “mixta” o mestiza, de procedencia indígena, hablante del castellano y mexicano, conservó sus celebraciones, con pocas interrupciones ocurridas en tiempos de guerra. Parte de esta continuidad se debió a su organización social y en barrios: una cabecera y 12 barrios (Miño y Vera Bolaños, 1998). Los representantes de cada barrio, es decir, sus mayordomos, desempeñaron un papel clave en la organización de las festividades en honor a su santo patrono. A su vez, el sistema comunal que se mantuvo desde la colonia hasta el siglo XIX permitió generar importantes lazos de vecindad y amistad, los cuales contribuyeron y facilitaron la continuidad de sus festividades.12
Con el ascenso de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia del país (1872-1876), la relación Iglesia-Estado cambió sustancialmente. Muestra de ello es el manifiesto que Lerdo publicó el 27 de julio de 1872, en el que afirmó que: “la obligación que me incumbe de guardar y hacer guardar las Leyes de Reforma, aumentará mi celo, para que por nadie sean infringidas” (Staples, 1989: 20-21). Al respecto, Anne Staples comenta que:
[…] esta política, hecha pública en el momento de su ascenso a la presidencia, se aparta del camino seguido por Juárez, quien buscó más bien una conciliación de las fuerzas nacionales durante su último periodo en el ejecutivo […]. En el fondo, tal vez no era la ley como valor supremo lo que le ilusionaba, sino crear el paraíso liberal, un lugar con creencias y ritos pero civiles, con beneficencia pero organizada solamente por el Estado, un liberalismo tan estructurado, rígido e intolerante en sus conceptos como cualquier otra ideología (Staples, 1989: 27).
Lerdo de Tejada enfrentó la rebelión del líder indígena Lozada en Nayarit y, al mismo tiempo, los problemas religiosos. Educado por los jesuitas, representaba para los católicos la esperanza de remediar la situación entre el Estado y la Iglesia y favorecer a esta última institución (Guillén, 2021); sin embargo, ocurrió lo contrario: no sólo buscaba imponer a la Iglesia el estricto cumplimiento de las leyes, sino también terminar con todos los remanentes de su prestigio y poder; en suma, lograr una plena secularización de las esferas política y religiosa como una expresión del liberalismo radical (Íñiguez, 2016). Lerdo optó por una rigurosa aplicación de las Leyes de Reforma y promovió cualquier medida encaminada a limitar la influencia, todavía muy arraigada, de la Iglesia en la sociedad mexicana (Staples, 1989).
El jacobinismo de Lerdo se radicalizó en 1873, cuando impulsó la incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución de 1857 para que su aplicación fuera de carácter irreversible, marcando así el inicio de la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado (Yturbe, 2010; Patiño Reyes, 2011). En este marco, la Ley sobre Libertad de Culto o Ley Juárez (4 de diciembre de 1860) fue añadida definitivamente al texto constitucional el 25 de septiembre de 1873, junto con otras normativas, como la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil. Para completar dicha enmienda, el 14 de diciembre de 1874 fue publicado en el Diario Oficial el decreto del Congreso sobre la Ley Reglamentaria de las Normas Constitucionales del 25 de septiembre de 1873. De esta forma, se desconocía la capacidad de la Iglesia para adquirir bienes raíces; se reconocía, por vez primera, el estatus jurídico de asociaciones religiosas a las Iglesias y se estipulaban los derechos otorgados por el Estado. En opinión de Staples (1989), con la Ley Reglamentaria del 25 de septiembre se gestó el sistema separatista mexicano, aunque con cierto matiz de gradualismo; además, destacó la nacionalización de los templos destinados al culto religioso, aunque quedaron exentos del pago de ciertas contribuciones.
Asimismo, la medida de expulsar a los jesuitas, decretada por Lerdo, coincidió con la recepción que le hizo en Palacio Nacional a un grupo de misioneros protestantes de los Estados Unidos, a quienes dio la bienvenida para residir y trabajar en el país. No obstante, a principios de 1875, otra expulsión -la de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paíl, que salieron de México a bordo del Lousiane- deterioró gravemente las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La expulsión de congregaciones religiosas no sólo afectó sus derechos patrimoniales, sino que también perjudicó significativamente a las instituciones de asistencia social. Su exclusión impactó a un gran número de personas que no tenían más refugio ni protección que los brindados por esos religiosos, quienes, desde la época colonial, se ocuparon de hospitales, colegios, orfanatos, misiones entre indígenas y diversas actividades promotoras del bien común. La razón que motivó una legislación radical obedeció a la lucha entre los bandos conservador y liberal por el poder político. Según Alfonso Guillén, el odio a la Iglesia católica y la simpatía por el protestantismo por parte de Lerdo de Tejada pudieran tal vez residir:
[…] en la creencia de que el país que pretendían fundar los liberales debería ser un lugar de emprendedores, con mística calvinista, imposible de fundar con la presencia de los curas y monjas católicos […] Lo que tal vez con Juárez iba a tardar más, porque don Benito medía más la correlación de fuerzas, Lerdo de Tejada pensó que lo tenía a tiro de piedra: una nación de pequeños propietarios con mentalidad capitalista, sin lastres que la retrasaran (Guillén, 2021: s.n.).
En la República Restaurada, los pueblos cometieron numerosas violaciones a las Leyes de Reforma y a las disposiciones introducidas por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. A pesar de sus esfuerzos por erradicar las manifestaciones de culto, Lerdo expidió el 13 de mayo de 1873 una ley federal que establecía lo siguiente: “en ninguna parte de la república podrán tener lugar fuera de los templos, manifestaciones ni actos religiosos de cualquier culto” (Staples, 1989).
Sin embargo, las quejas contra las leyes reformistas y sus adiciones fueron notorias en muchos pueblos de la Jefatura de Lerma y de otras regiones, que protestaron contra la circular del gobierno del Estado de México (15 de mayo de 1873), remitida a las jefaturas, en la cual se insertaba el decreto publicado por Lerdo de Tejada el 14 de diciembre de 1874, que adquirió rango de ley, según el cual el Congreso de la Unión derogó el artículo 11 de la Ley de Cultos del 4 de diciembre de 1860, sustituyéndolo por lo siguiente:
Ningún acto religioso podrá verificarse públicamente, si no es en el interior de los templos, bajo la pena de ser suspendido el acto y castigados sus autores con multa gubernativa de diez a doscientos pesos, o reclusión de dos a quince días [...]. Fuera de los templos tampoco podrán los ministros de cultos, ni los individuos de uno u otro sexo que los profesen, usar de trages [sic] especiales ni distintivos que los caractericen […] (Dublán y Lozano, 1876-1912, t. XII: 683).
Los pueblos de Ocoyoacac, Santa María Atarasquillo, San Pedro y San Pablo Atlapulco, así como el rancho de San Miguel Almaya, enviaron solicitudes al jefe político de Lerma, pidiendo que no se hiciera efectivo el decreto del presidente Lerdo de Tejada, pues consideraban que atentaba contra sus prácticas religiosas. Ante la presión, la Jefatura de Lerma remitió las solicitudes al gobernador del Estado de México para que, a través de la Diputación Permanente del Congreso Estatal, las presentara al Congreso de la Unión. A estas peticiones se agregaron las protestas de los vecinos y las vecinas de los pueblos de Chapa de Mota, San Bartolo, San Gregorio, San Marcos, San Bartolomé de las Tunas, la municipalidad de Huixquilucan, Villa del Carbón, San Felipe, San Juan, San Francisco de las Tablas, San Lorenzo Malacota y varios barrios de origen otomí, como Ñemí, Xhoñe, Tuyai y Ladera. Otras protestas provenían de ayuntamientos, como los de Villa de Amanalco [de Becerra], Asunción [Malacatepec], Xalatlaco, San José y Santo Tomás.13
El gobernador del Estado de México declaró que muchas de las solicitudes enviadas al Congreso de la Unión reflejaban una falta de respeto a la autoridad civil:
[…] que, en lo sucesivo traten a todas las autoridades con el debido respeto, y muy especialmente al Congreso, cuyos miembros no son más que los legítimos representantes de la Nación, al que conforme a nuestras instituciones, pueden dirigirse con cualquiera solicitud, pero siempre con el respeto que se debe a la Nación que representa.14
A su vez, recomendó a los solicitantes “mandar sus peticiones en papel blanco y con el sello correspondiente para que la Legislatura pudiera acordar lo que es conveniente”.15 Éste es un ejemplo de cómo las poblaciones buscaron defender sus prácticas ancestrales frente a la nueva legislación liberal y, al mismo tiempo, muestra la postura de la autoridad estatal en la aplicación de las leyes federales.
Otro ejemplo del interés de las autoridades estales y distritales por implementar las leyes liberales y reprimir las manifestaciones de religiosidad popular tuvo lugar en la jurisdicción de Lerma. El 21 de agosto de 1873, el secretario de Gobernación del Estado de México ordenó al jefe político investigar una procesión religiosa en el municipio de San Mateo Atenco, realizada en el Barrio de Guadalupe como parte de los festejos a “la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo”, la cual se había llevado a cabo en la vía pública. Esta llamada de atención por parte de la autoridad estatal revela el grado de vigilancia que el gobernador ejercía sobre sus jefes políticos. En el mismo año, 1873, se rompía la hegemonía de la iglesia católica en San Mateo Atenco. El 16 de octubre de 1893, el ministro evangélico de la Iglesia Bautista, Manuel H. Obregón, solicitó al jefe político y al gobernador del Estado de México que, conforme al artículo 9.° de la Constitución de 1857 -derecho de asociación y reunión pacífica- y al artículo 7.° de la Ley de Diciembre de 1874 -sobre la libertad de cultos-, se le permitiera al ciudadano Félix Núñez, del municipio de San Mateo Atenco, establecer en el barrio de San Miguel una iglesia de culto bautista bajo el nombre de Isla de la Luz, la cual fungiría como sede de diversos cultos evangélicos.16
Esta infracción, la celebración de procesiones religiosas en Atenco, se añadía a las denuncias que había realizado la prensa “del gobierno de la unión” (Guillén, 2021: s.n.) sobre las violaciones a las leyes liberales y las manifestaciones religiosas ocurridas en la jurisdicción, sin que interviniera la autoridad distrital. Ante el escándalo, el jefe político, D. Mariano Guerra, contestó que en el distrito no se habían realizado estos actos “con la publicidad que se dice”; sin embargo, sí admitió que en la cabecera del distrito, Lerma, “hace cosa de un mes me vi en la necesidad de permitir una procesión en el cementerio de la parroquia”, pues las diferentes sociedades -refiriéndose a mayordomías y asociaciones-, habían realizado los preparativos y le habían señalado la importancia del acto religioso a nivel municipal. El jefe político especificó al gobernador que era consciente de que no debía infringir la ley, sino acatarla y cumplirla. Sabedor del “perfecto conocimiento” que tenía el primer mandatario de los pueblos del Estado de México “y sus exigencias”, le servía de excusa la tolerancia que había mostrado al permitir la función religiosa. De este modo, le confesó al gobernador que dio permiso porque:
[…] se me ha pedido por todas las principales personas de esta ciudad [de Lerma] a moción del pueblo que esperaba ansioso el resultado de su pretensión y a quien muy difícil es hacer comprender el espíritu de leyes de esta naturaleza en los momentos en los que se encuentra preocupado con sus creencias.17
En este fragmento se evidencia el contraste entre la ley y el largo proceso de cambio de las mentalidades.
El jefe político se plegó a la jerarquía y ofreció trabajar sobre los “justos y fundados deseos del gobernador”. No obstante, los temores respecto a los feligreses y sus creencias frente a un nuevo orden liberal, se sumaba otro problema secular que causaba también incertidumbre y terror: el bandidaje. Guerra aseguró al gobernador que su jefatura política ejercería una vigilancia y una persecución constante contra los bandidos “y sus depredaciones”, como Manuel Calera, a quien no se había podido aprehender. Finalmente, Guerra afirmó: “puede estar usted seguro señor Gobernador que persigo sin tregua a los malhechores de que por mala voluntad de que se me tenga y de que alguna aspiración, había que informar a usted de sentido contrario. Mariano Guerra”.18
Respecto a la petición gubernamental sobre la infracción de las Leyes de Reforma, el jefe político envió cartas a los presidentes municipales de su distrito, entre ellos al de San Mateo Atenco. El presidente municipal, Francisco Orihuela, respondió al jefe político de Lerma, don Mariano Guerra, a través de una carta fechada el 29 de agosto, que en San Mateo no existían esas manifestaciones y le reiteró el cumplimiento de dichas leyes, así como “el deber que tiene el ayuntamiento para hacer cumplir las leyes del país”. A su vez, Orihuela -el mismo presidente que se retractaría de su juramento sobre la inclusión de las Leyes de Reforma en la Constitución- otorgó un voto de confianza a la conducta del cura párroco, “pues tengo fe en el señor cura párroco para dudar de él en el desempeño de su ministerio.”19 Este hecho fue un claro ejemplo de solidaridad entre autoridades del mismo pueblo: una civil y otra religiosa. El gobierno municipal se comprometió a prohibir los actos religiosos en la calle, el toque de las campanas (salvo para llamar a misa), la colecta de diezmos o limosnas fuera de los templos, así como poseer propiedades o recibir herencias (Staples, 1989).
Las adiciones de las Leyes de Reforma a la Constitución de 1857 causaron una división profunda en la República Mexicana. La Iglesia no sólo se negó a obedecerlas, sino que decretó la excomunión a quienes la juraran. Esto creó un dilema moral en un país con gran mayoría de creyentes, de los cuales no pocos eran funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal (Staples, 1989). Por ejemplo, tanto el ayuntamiento de Zinacantepec como el novel ayuntamiento de San Mateo Atenco -erigido apenas como municipalidad en 1871- enfrentaron el dilema de jurar o no las adiciones. En un primer momento, el cabildo atenquense completo juró, pero, días después, el presidente municipal, Francisco Orihuela, convocó a los miembros del cabildo a una sesión extraordinaria, cuyo único asunto fue la retractación del juramento. El edil manifestó:
[…] que por motivos de conciencia, que no se le exigirá explicar, por su parte se retracta de la protesta de guardar y hacer guardar las Reformas y Adiciones Constitucionales decretadas el 25 de septiembre del presente año, por el Congreso de la Unión y cuyo acto tuvo lugar el 6 de octubre con arreglo a la cuarta prevención mandada observar el 3 de mismo por la H. Legislatura del Estado y que, desde luego, en toda forma hace formal retractación de lo que lleva dicho.20
También se retractaron Atilano Galicia, los regidores Francisco Tapia y Jesús Reyes, así como el tesorero municipal, Antonio Lucio González. Se remitió el acta al jefe político de Lerma, cuya ira ante el hecho cayó al día siguiente sobre el presidente municipal de San Mateo, espetándole que en nada le afectaba en sus creencias católicas el jurar, protestar, cumplir y hacer guardar las adiciones constitucionales, pero, “por haberse tomado la libertad de convocar al honorable ayuntamiento a un cabildo extraordinario”, había causado un grave detrimento a la tranquilidad pública, que desde ese momento quedaba comprometida. El jefe político advirtió al presidente “los funestos acontecimientos que en esos momentos ocurrían en Zinacantepec, por una necia resistencia que observó su Ayuntamiento”. El castigo fue fulminante: todo el ayuntamiento atenquense fue destituido, incluyendo el tesorero. El síndico José Vicente González recibió el mando municipal, hasta el término de la licencia del vicepresidente municipal Francisco Silva. El secretario asumiría interinamente ambas tesorerías hasta el nuevo nombramiento que haría el ayuntamiento de 1874. El expresidente comunicó al resto del ayuntamiento las órdenes del jefe político de Lerma. De esta manera, el síndico asumió interinamente las riendas del mando municipal.21
Es importante comentar que el papel del jefe político -como intermediario entre el gobierno del Estado de México y los presidentes municipales- fue crucial y omnipresente en la historia de los distritos mexiquenses. Tanto en el caso que analizamos como en otros que veremos, el control ejercido por este funcionario en contra del párroco y la feligresía atenquense fue esencial para autorizar o prohibir fiestas, así como para establecer las restricciones impuestas. Según el jefe político, la severidad en la aplicación variaba, aunque, en general, su autoridad fue prácticamente absoluta. Al desaparecer este tipo de funcionarios, fueron los jefes de las armas durante la Revolución quienes concedieron los permisos para celebrar o no las fiestas; y finalmente lo hicieron los jefes de distritos. La exigencia en la aplicación estricta de dichas leyes en el ámbito religioso generó una serie de conflictos entre el jefe político y las autoridades municipales y entre éstas y la población. Estas dos últimas instituciones no terminaban de acatar por completo dichas disposiciones, por lo que se les imponían multas y sanciones.22 Al respecto, el 29 de agosto de 1873, el jefe político del Distrito de Lerma envió una carta al ayuntamiento de San Mateo Atenco solicitando los informes sobre la aplicación y ejecución de las Leyes de Reforma. En 1874, se generaron más tensiones. El 14 de febrero se emitió otra ley que prohibía todo acto litúrgico externo, es decir, esta actividad se restringía al interior de los templos, lo que acarreó conflictos entre las autoridades municipales y la población, que mostró resistencia y rebeldía para cumplir cabalmente las disposiciones liberales. En San Mateo Atenco, la población era mayoritariamente religiosa y se vio obligada a modificar sus formas de religiosidad, abandonando algunas prácticas y conservando otras. Sin embargo, esta transición no siempre fue pacífica o acorde con los lineamientos civiles; incluso, en muchas ocasiones fue por la fuerza.
El artículo 3.° de la Ley del 14 de diciembre de 1874 quitó a toda festividad religiosa el reconocimiento oficial, estipulando como “días festivos todos aquellos que no tengan por exclusivo objeto solemnizar acontecimientos puramente civiles”. Éste fue un acontecimiento inédito en la historia de las fiestas mexicanas. Anteriormente, ya habían existido leyes que disminuían el número de festejos religiosos, pero nunca habían desaparecido del calendario oficial, ni siquiera en el gobierno de Benito Juárez (Enríquez Sánchez, 2019). Así, la Constitución Federal de 1824 sólo reconoció cuatro festividades: Jueves Santo, Viernes Santo, Corpus Christi y la Virgen de Guadalupe, además de prohibir la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. También se decretó la secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia (2 de febrero de 1861), así como la extinción en toda la República de las comunidades religiosas (26 de febrero de 1863) (Tena, 2005; Dublán y Lozano, 1882).
La municipalidad y la parroquia de San Mateo ante el control de la jefatura política porfiriana (1896)
En los primeros años del Porfiriato, la tensión entre el Estado y la Iglesia fue disminuyendo gradualmente. La propuesta política de Porfirio Díaz contemplaba obtener el respaldo de la Iglesia en favor del orden y la paz, aunque el gobierno no retrocedió en las conquistas de la Reforma liberal en materia religiosa: los principios de separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de culto y la nacionalización de los bienes del clero se mantuvieron (Bastian, 1989). Para Adriana Bautista (2012), el acercamiento clero-gobierno -acentuado en el Porfiriato y que algunos autores interpretan como el retorno del ejercicio del Patronato- no se explica por una conciliación ni por el otorgamiento de autoridad al poder civil o eclesiástico, sino por la necesidad de dar estabilidad política al país.
La colaboración entre Estado-Iglesia tuvo sus límites cuando se aplicó la jurisdicción civil sobre el clero, expuesta en las infracciones que éste cometía a las Leyes de Reforma y los delitos del fuero común. Por ejemplo, cuando un cura párroco intentó organizar procesiones religiosas, las autoridades de mayor rango sugerían actuar con prudencia, sancionando a los eclesiásticos con multas y recomendaciones, pero sin llegar al encarcelamiento (Bautista, 2012). Aquí destaca la posición de las jefaturas políticas -reforzadas en el Porfiriato- como llaves de paso diseñadas para centralizar el poder. Sin embargo, éstas formaban parte de la cadena de poder, por debajo de los diputados, gobernadores y hombres fuertes locales, quienes buscaron y restringieron las facultades de los jefes políticos, además de frenar sus abusos y la construcción de redes clientelares (Falcón, 2015).
En la Jefatura de Lerma, bajo la vigilancia del gobernador del Estado de México y en estrecha relación con la Jefatura de Toluca, se ejerció un pleno control en la aplicación de las Leyes de Reforma y la Constitución. El jefe político de Lerma fue presionado por el gobernador, el general José Vicente Villada, declarado liberal, para defender y hacer cumplir las Leyes de Reforma, tanto en materia religiosa como política (Bastian, 1989; Salinas, 1998). Entre 1895 y 1896,23 durante el interinato de Eduardo Villada como gobernador del Estado de México, otro liberal, aumentó la presión sobre los jefes políticos en materia social, económica y religiosa, ordenándoles no retroceder en la aplicación de las Leyes de Reforma y de las disposiciones constitucionales. El jefe político de Lerma tuvo que aplicar de forma cabal e inflexible estas leyes, ocasionando que en toda la jurisdicción se abrieran procesos en contra de los curas párrocos y presidentes municipales que infringían las leyes. A éstos se sumaron los casos de represión y castigo contra los pobladores que realizaban celebraciones sin apego a las normas vigentes.
Un ejemplo se suscitó en el municipio de San Mateo Atenco en 1896: el cura párroco, el presidente municipal y el mayordomo principal fueron sancionados por infringir las Leyes de Reforma. El expediente inicia con un comunicado que envió el jefe político de Lerma, Carlos K. Ruiz, al secretario de gobierno del Estado de México, fechado el 17 de febrero de 1896, en el cual subrayó que había multado al presidente municipal y al cura párroco con 50 pesos por haber permitido que la población efectuara actos religiosos fuera del complejo parroquial el domingo 16 de febrero, cometiendo así graves infracciones a las leyes. El 18 de febrero, el presbítero Ignacio Becerril, cura párroco de San Mateo, fue citado por el jefe político a declarar sobre lo sucedido. En su testimonio relató que, en la mañana del 16 de febrero, con motivo de la conmemoración anual de Semana Santa, los mayordomos de la cabecera habían dispuesto varias procesiones en el atrio de la iglesia. Bajo juramento, el párroco puntualizó que:
[…] habiendo sido sorprendido por el Mayordomo Principal [Román Rosales] de que estaba arreglado con el presidente municipal que podía salir la procesión en el atrio de la iglesia parroquial, delante de algunos vecinos le dije: que si no estaba arreglado esto que si de aquí a mañana había algún resultado, que a él lo hacía responsable y que él pagaría la multa que a mí se me impusiera, me comentó que él se hacía responsable de todo. Respecto de las demás procesiones yo no tuve injerencia de ninguna especie, los vecinos, pues ellos las sacaron arbitrariamente, tanto que ellos querían que saliera yo a la parte principal del atrio para recibirlos, a lo que yo me opuse redondamente, por súplicas del Mayordomo principal, salí a la puerta de la Iglesia del sardinel, que a ese tiempo iba llegando la familia del señor Orihuela, persona principal de la población [familia del primer municipal]. Hago constar que no iba ningún ministro de culto en estas procesiones.24
La declaración del cura párroco fue interpretada como un mensaje de la jefatura a toda la jurisdicción: los actores religiosos (padre, cura, ministro de culto, entre otros) eran considerados ahora ciudadanos, pero seguían siendo figuras importantes dentro de la comunidad. Ya no gozaban de privilegios ni inmunidades, pues habían entrado en un proceso de desacralización, como lo dictaba la Ley de Libertad Religiosa del 4 de diciembre de 1859 (Ruiz Guerra, 2013). Aunque éste era el mensaje transmitido a nivel estatal y distrital, en la municipalidad se percibía un panorama diferente: el cura párroco conservaba su poder de decisión e influencia en conflictos civiles y asuntos parroquiales; de igual manera, resultaba evidente la cohesión entre clero, fieles y autoridades civiles. Tampoco podemos perder de vista la pasión con la que los pobladores “asumían su lealtad o su repudio hacia ese personaje medular en la vida el pueblo: el señor cura” (Íñiguez, 2016: 16).
El 20 de febrero, la Jefatura de Lerma solicitó al secretario tomar la declaración de los responsables y consignarlos a Lerma. El segundo en presentar su testimonio fue el presidente municipal, quien negó todo lo asentado en el comunicado del 17 de febrero y rechazó la multa de 50 pesos que se le había impuesto. Haciendo uso de su derecho de réplica, se excusó señalando que el acto ocurrió en su ausencia, pues había acudido a la ciudad de Toluca, desde las nueve de la mañana, para presenciar el “sorteo de una joven indígena”, aludiendo al proceso de elección que realizó el Instituto Científico y Literario de Toluca para la admisión de nuevos estudiantes.
A su regreso a San Mateo, el regidor de policía le informó que, mientras organizaba una veintena (celebración religiosa), tuvo noticias de una procesión que salió del cementerio de la parroquia. Cuando acudió al lugar para evitarla, la procesión ya había ingresado al interior de la iglesia, por lo que no pudo intervenir. El edil ratificó que el ayuntamiento no fue responsable, ya que los hechos pasaron en su ausencia, además de ser el día de descanso de los miembros del cabildo. Asimismo, refrendó su compromiso como “verdadero liberal progresista y amante de la civilización”, palabras que eran usadas para impresionar y solicitar la exención de la multa. Para mitigar lo acontecido, el presidente puntualizó que redoblaría la vigilancia para que se observara la ley y no se volviera infringir.25
Aparte de tomar la declaración del presidente, el jefe político aprovechó la situación para cuestionarlo sobre otras dos procesiones que tuvieron lugar en la municipalidad el mismo 16 de febrero. Éstas se celebraron en los barrios de Santa María Magdalena y Santiago Apóstol. Para dar respuesta, el presidente preparó otro informe en el que señaló que en el barrio de Santa María Magdalena los habitantes estaban reconstruyendo su capilla y no tenían la imagen de su virgen titular, la Virgen de la Magdalena, por lo que resultaba poco probable que realizaran una procesión.26 En cuanto a la segunda, correspondiente al barrio de Santiago Apóstol, afirmó que no fue una procesión religiosa y puntualizó que un grupo de personas se reunió en la entrada de la capilla para llevar a la parroquia 40 velas. Los implicados iban “con una música que tocaban, condujeron al templo principal 40 velas apagadas sin haber encendido ninguna. Junto a ellos iban otras personas que llevaban dos o tres santos chicos para adorno del mismo templo”. Para el presidente, esta manifestación no tenía un carácter de procesión religiosa, más bien se trataba de “una tradición”.27
Otro miembro del ayuntamiento que también rindió testimonio fue el síndico, quien expuso que, entre las nueve y diez de la mañana del día domingo 16 de febrero de 1896, mientras se encontraba en su casa, escuchó música en la calle. Al preguntar a las personas que estaban en la calle, ellas señalaron que “es la cera que llevan para la Iglesia”, por lo que no le dio importancia, pues comprendió que no era una procesión formal, sino una “costumbre muy antigua que tienen los indígenas, pero que no tenía carácter religioso”. De lo contrario, la Jefatura hubiera impuesto multas a los ciudadanos “que llevaban las velas de cera con música” y al cura párroco por permitirlo.28 Aunque el síndico refirió que era una costumbre, cabe aclarar que ésta se enmarcaba en la festividad en honor a Nuestro Padre Jesús, Señor de las Tres Caídas, por lo que sí conservaba un carácter religioso. Esta situación manifiesta el carácter colectivo y la continuidad de eventos religiosos arraigados desde el periodo colonial, lo que provocaba que se percibieran como una costumbre y, al mismo tiempo, refleja una sociedad sacralizada.
Al día siguiente, 21 de febrero, el jefe político ordenó al presidente municipal enviar, con carácter de urgente, la declaración del mayordomo principal, el señor Román Rosales, así como la de los demás implicados. Por estos actos fueron remitidos a la Jefatura Política de Lerma los señores José Bernardino, Máximo de Jesús, Porfirio Fuentes, Luis Pérez, Guadalupe Frías, José Hesiquio, Jesús Octaviano y José Sixto, señalados como los encargados de organizar y encabezar la entrega de ceras con música. El presidente comentó que había otros involucrados, pero que éstos habían salido de la municipalidad. Durante el interrogatorio, los señalados respondieron que eran ayudantes del mayordomo de la parroquia y que, en efecto, habían llevado velas, todas apagadas, a la parroquia, aun cuando intentaron evadir la responsabilidad aclarando que no lo hicieron con carácter de procesión, sino como “personas con música”. Sobre el uso de imágenes, indicaron que a lo largo del trayecto no hicieron uso de ellas.
La declaración de Román Rosales, mayordomo principal, fue tomada en su casa debido a que estaba enfermo. Bajo juramento, expuso que el día 16 de febrero se realizó una procesión en la parroquia, la cual salió del cementerio parroquial y concluyó con una misa en el interior del templo. Explicó que, antes de realizar el acto religioso, el cura párroco le preguntó si había gestionado la licencia, a lo que él respondió afirmativamente y, sin más observaciones, procedió a la celebración del acto. Al ser cuestionado sobre el permiso, expresó que sólo le había insinuado al presidente municipal que se realizaría una procesión en el panteón y atrio, pero sus ocupaciones le impidieron tramitar la solicitud formal. Agregó “que ninguna [autoridad] le impidió esta procesión, habiendo preparativos desde la siete de la mañana”.29
Este último aspecto revela la flexibilidad de las autoridades municipales en la aplicación de las leyes. En este punto no se puede perder de vista que estas autoridades formaban parte del pueblo, por lo que compartían las mismas costumbres y tendían a naturalizar o minimizar estas prácticas religiosas. Román Rosales manifestó que todo era confuso y se trataba de un malentendido: sostuvo que únicamente se llevó a cabo una procesión el 16 de febrero en la parroquia y aseguró que la supuesta procesión en la vía pública nunca se realizó. Además, aclaró que a él le pidieron la música para “llevar la cera a la iglesia como es costumbre y así la llevaron pero sin despabilar”.30
Finalmente, declararon ante la Jefatura Política Tomás Alvarado y Mateo González, pareja de rurales encargados de la vigilancia y el orden público. Al ser cuestionados sobre la procesión del 16 de febrero, mencionaron que en ese día se llevaron a cabo dos: una en el cementerio de la parroquia y otra que provenía de una de las capillas del pueblo, en la cual participaron varias personas, “todas con su vela, una imagen en un marco y música”.31 Al preguntarles sobre el uso de otras imágenes, además de la que identificaron, contestaron que sólo era una. Al pedirles que describieran la procesión, expresaron que los participantes llevaban velas apagadas, una imagen y el acompañamiento de música; pese a ello, “no disolvieron la procesión y tampoco aprehendieron a los culpables por cumplir con la consigna de esta Jefatura que les previno que solo en casos de riña o desorden intervinieran y que se fueran con mucha prudencia en las vías de hecho”,32 lo cual habla bien del actuar del jefe político.
En la minuta del 28 de febrero de 1896, emitida por la Jefatura de Lerma, se determinó que las acciones realizadas el 16 de febrero de 1896 eran “una clara infracción a las Leyes de Reforma”. Se ordenó la detención del cura ministro y del presidente municipal, quienes pasarían 48 horas en la casa municipal y pagarían una multa de 50 pesos. De igual manera, se dictaminó la detención de los participantes y una multa de un peso por persona; de no cumplir con el pago, serían remitidos a la jefatura.33 Al final, el presidente municipal, Marcial Tapia, y el cura, Ignacio Becerril, fueron condenados a prisión por 48 horas y a pagar una multa de cuatro pesos cada uno (quizá la multa fue reducida por tratarse de autoridades). El presidente aceptó las 48 horas de cárcel, pero solicitó al jefe político, Carlos Ruiz, la exención de la multa “por ser un verdadero liberal progresista y amante de la civilización, prometiendo que el acto religioso no se volvería a repetir”. El gobierno estatal intervino y levantó la multa al presidente municipal, impuesta bajo el artículo 5.° de la Ley General de 14 de diciembre de 1874, pero acusó al sacristán y le impuso una multa de 50 pesos o 48 horas de cárcel. Se desconoce si dicha sanción procedió.
Después de cumplir con la sentencia, el párroco fue requerido en Toluca, quizá para amonestarlo o presentar un informe de lo sucedido.34 No hay noticias de algún castigo impuesto por el arzobispo o alguna otra autoridad eclesiástica. De lo único que tenemos certeza es de que el arzobispo estudió el caso y solicitó al cura actuar con cautela, informando al gobernador de la Sagrada Mitra de México sobre los problemas que se llegaran a suscitar entre la feligresía. 15 días después de este suceso, el 16 de marzo de 1896, un grupo de personas solicitó al cura párroco Ignacio Becerril que un sacerdote externo pudiera predicar los sermones de la Semana Mayor, práctica que parecía recurrente. El sacerdote Becerril comunicó al gobernador de la mitra que el año pasado (1895) se había traído a un cura externo, el padre Fernando Soto, a quien se le adeudaban 20 pesos. Además, señaló que los vecinos solicitantes:
Son [los] individuos de la comunicación que dirigí a Vuestra Señoría, manifestando que son la causa y trastorno de todos los males de esta parroquia, son unos inquietos que no lo hacen por pura devoción, sino con fines financieros para explotar al pueblo, digo esto para que los conozca y no vaya a ser sorprendido, pues de esto pueden dar testimonio las personas principales de la población.35
El arzobispo resolvió que los vecinos se pusieran de acuerdo directamente con el sacerdote externo y si éste estaba dispuesto a asistir, sólo se le informara a la mitra para expedir la licencia respectiva.