Los conventos fueron elementos ordenadores en la época novohispana, tanto en términos urbanísticos como sociales. Su función fue ser centros de evangelización -en un primer momento-, de adoctrinamiento y de vida comunitaria del clero regular, pero también sirvieron como centros de enseñanza, puntos de reunión de los distintos sectores sociales y lugares en los que se originaron prácticas de devoción de larga duración. Su historia refleja los procesos que sucedieron en los lugares donde están, o estuvieron, ubicados. En México, gran parte de los cambios de estos edificios se debió a la aplicación de las Leyes de Reforma, las cuales evidenciaron el objetivo de poner en circulación bienes que se consideraba que estaban acaparados por las corporaciones. Sin embargo, hubo transformaciones previas a ese proceso, impulsadas por iniciativas propias de las autoridades y la feligresía, como fue el caso del convento franciscano de Toluca.

El Convento de la Asunción de Toluca fue construido por la Orden de San Francisco a principios del siglo XVI. Las primeras noticias escritas datan sus inicios entre 1529 y 1531, con considerables avances para 1550, y refieren que era bueno y bien edificado, con claustro alto, bajo, iglesia, dormitorios y huerta, habitado por 20 frailes, quienes impartían estudios de teología y sagrada escritura, además de brindar servicios religiosos al pueblo de españoles e indios en tres lenguas: mexicano, otomí y matlatzinca (Oroz et al., 1947). Acerca de este convento se han escrito trabajos parciales que lo abordan en distintas etapas históricas. Contamos con obras clásicas, como las de Nicolás León (1969), que exploran la historia, las modificaciones y la importancia del convento desde su fundación hasta el siglo XIX.

Sobre los cambios del siglo XIX, son varios los estudios que los analizan. Entre ellos destaca la propuesta de María Eugenia Rodríguez Parra (2010), quien se enfoca en algunas de las principales transformaciones en dicha centuria, derivadas de la implementación de leyes destinadas a despojar a las corporaciones eclesiásticas de los bienes que concentraban, en el marco de la construcción de un orden laico. El interés por comprender la aplicación de la Ley de Desamortización (1856) y la de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (1859) ha sido constante. Diversas investigaciones se han centrado en determinar la cantidad de esos bienes, a qué corporaciones pertenecían y cuál fue su destino, es decir, cómo fueron transferidos a manos de particulares. Entre estos trabajos destacan los de Mílada Bazant (1979) y Georgina García Luna Villagrán y Juan José Gutiérrez-Chaparro (2014a y 2014b).

Existen otros análisis que han abordado procesos específicos de cambio urbano. Por ejemplo, Daniel Hernández García (2021) ha señalado como un aspecto clave del siglo XIX la construcción de los portales de Toluca. Por su parte, María Teresa Jarquín y Rosaura Hernández (1998) estudian las modificaciones del convento durante el largo proceso de construcción de la catedral. Iracheta (2003), en cambio, aborda la transformación del cementerio en mercado como parte de los servicios públicos que gestionó el ayuntamiento en el siglo XIX. Jocelyn Elizabeth Lievanos Díaz y Alberto Villar Calvo (2015) han investigado el fenómeno de la centralidad de la ciudad de Toluca, distinguiendo varias etapas en las que se puede notar su consolidación como centro comercial. Lievanos Díaz (2016) desarrolló un trabajo más amplio en el que examina el papel de las edificaciones eclesiásticas en la configuración del orden urbano. Durante la época novohispana, los elementos estructurales del centro de la ciudad fueron los conventos de la orden franciscana y de los carmelitas descalzos. Ante este panorama, planteamos la necesidad de revisar los cambios en un periodo más amplio, explicando sus causas y algunas de sus repercusiones, no solamente en el orden urbano sino también en los usos sociales. Sobre todo, se explicarán dos etapas: el final de la época novohispana y el principio del México independiente.

¿Cuáles fueron los objetivos de las modificaciones del conjunto conventual franciscano entre 1765 y 1836? El periodo de estudio se presenta como una oportunidad para analizar las diferencias y similitudes que guiaron estas reconfiguraciones. ¿Qué continuidades y variaciones se pueden observar tanto en la edificación como en las prácticas sociales? En una época bisagra, unida o separada -según se quiera ver- por un proceso de enfrentamiento político-militar, se observan procesos locales que evidencian constantes en el orden social y otros que marcan el inicio de reformas. La delimitación del periodo responde a acontecimientos propios de la región. En 1765 se creó la Santa Escuela de Cristo, corporación que intervino el convento de la Asunción al ocupar una de sus capillas; además, ese mismo año, se reanudó la construcción de la nueva capilla de la Veracruz. Por otro lado, en 1836, se concluyeron tres obras de gran impacto para la transformación del convento: la Plaza del Mercado, la calle que dividió al conjunto religioso en dos y la construcción de la primera sección de los portales.

En la primera parte del texto, se analizan los cambios en el Convento de la Asunción promovidos por un grupo de vecinos labradores y comerciantes en búsqueda de la defensa del espacio de culto y del establecimiento de un orden que retomara ideas ilustradas, como la higiene. En la segunda parte, ponemos especial énfasis en la participación de las corporaciones del antiguo régimen, así como su permanencia y colaboración con los nuevos actores políticos del siglo XIX: el ayuntamiento y la élite capitalina.

En el siglo XVIII, Toluca era un corregimiento que formaba parte del Marquesado del Valle de Oaxaca.¹ Dicho señorío no contó con ningún ayuntamiento en sus territorios hasta que fue promulgada la Constitución de Cádiz en 1812, con la cual se publicó el decreto para la formación de ayuntamientos constitucionales en localidades de 1000 habitantes (Inurrigarro, 2016). Los marqueses procuraron que no se establecieran ciudades en sus dominios porque no podían tener bajo su jurisdicción a españoles. Esta limitante causó que Toluca adquiriera el título formalmente en 1799, aunque lo usaba desde el siglo XVII, debido a que los justicias y vecinos² hicieron la petición del título de ciudad al virrey, a cambio de una contribución de 3000 pesos, en 1662. Si bien no se tiene constancia del nombramiento formal de ciudad, sí sabemos, por la documentación del Archivo General de Notarías del Estado de México, que para 1657 ya se le denominaba ciudad (Mejía Torres, 2020).

En cuanto a la administración eclesiástica, Toluca fue una doctrina fundada por la Orden de San Francisco en el siglo XVI, única que tuvo presencia hasta la llegada de la Orden de San Juan de Dios en 1695 y la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1698. Tomando en cuenta la preeminencia de la orden seráfica, es comprensible que el convento se convirtiera en un referente en cuanto al ordenamiento urbano, como símbolo de autoridad eclesiástica, por ser el centro administrativo de la parroquia y como lugar de culto, no sólo para los habitantes de Toluca, sino también para la población del Valle de Toluca.

Las transformaciones del conjunto conventual de la Asunción, durante la segunda mitad del siglo XVIII, estuvieron estrechamente relacionadas con las corporaciones eclesiásticas que funcionaron en torno al convento y a los franciscanos. Las dos principales modificaciones fueron la adecuación de la capilla de la Santa Escuela de Cristo y la finalización de la construcción de la capilla de la Santa Veracruz a cargo de la cofradía del mismo nombre. Además, habría que agregar otras dos intervenciones con diferente motivación: la construcción de unos arcos adosados a la capilla de la Santa Veracruz y el intento de trasladar el lugar de entierro de los difuntos desde el conjunto conventual hacia las afueras de la villa.

Comencemos por las corporaciones de laicos y sus gestiones para modificar el conjunto conventual. Estas obras fueron impulsadas por el surgimiento de una asociación que proponía un nuevo tipo de religiosidad: la Santa Escuela de Cristo. El objetivo de este tipo de corporaciones era promover la ortodoxia doctrinal entre sus miembros mediante una instrucción religiosa racional y la práctica de ejercicios piadosos, como mortificaciones físicas, oraciones y reflexiones sobre la muerte de Cristo (Bazarte y Cruz, 2009). La Santa Escuela de Cristo de Toluca surgió en 1765 a petición de 27 vecinos dirigida a la Orden de San Francisco, que donó la capilla de las Llagas de San Francisco, ubicada en el cementerio de la iglesia, para que ahí edificaran su sala de ejercicios espirituales bajo las siguientes condiciones: que se sujetaran a la supervisión franciscana, que no se diera otro uso a la capilla y que no se abriera puerta alguna que diera al exterior (Mejía Torres, 2020). Esta última condición resulta interesante, porque demuestra cómo los frailes cedieron una parte del conjunto conventual a la feligresía, pero evitaron que los asuntos profanos afectaran este espacio y su vida en comunidad.

La fundación de la Santa Escuela significó, por un lado, una nueva corporación que adquirió jurisdicción en una parte del convento y, por otro lado, la renovación de los vínculos entre un grupo de vecinos y la orden seráfica. Esta asociación se inscribió en una tendencia a fundar corporaciones de seglares que promovieran una piedad interior y austera en cuanto el culto. Esto se reflejó materialmente cuando se determinó que la fábrica de ejercicios se hiciera con modestia, sin excederse en gastos superfluos, opuestos a la humildad de Cristo (Mejía Torres, 2020). Es evidente cómo la arquitectura debía reflejar los ideales de la orden franciscana, específicamente la humildad y pobreza.

Otro espacio que la feligresía logró incorporar al conjunto conventual fue la capilla de la Veracruz (ver figura 1). La conclusión de la obra estuvo a cargo de la cofradía homónima. Se trató de un recinto importante de culto, ya que se diseñó para albergar al Cristo llamado de los labradores, aunque la festividad en su honor congregaba a todos los sectores de población. A esta imagen se le atribuían cualidades milagrosas, como un aceite que exudaba y se echaba a las milpas para obtener buenas cosechas (Mejía Torres, 2020). Si bien el proyecto de una nueva capilla se planteó desde 1745, no fue sino hasta 1765 cuando se retomó la obra. Al parecer, el culto había decaído, pero los cofrades acordaron solicitar limosnas para continuar la edificación (Mejía Torres, 2020).³ En ese momento, la imagen estaba en la capilla de Rosario y para los cofrades urgía realizar su traslado a la antigua capilla de la Veracruz para alentar a los hermanos a aportar recursos para finalizar y adornar el nuevo recinto. Según ellos, la devoción había disminuido porque los fieles no estaban de acuerdo con la ubicación de la imagen.⁴ Las prácticas de culto eran un elemento fundamental para la edificación de la capilla, porque incentivaban la participación de los vecinos. Las autoridades eclesiásticas lo sabían, pero también exigían que los lugares de culto tuvieran el decoro debido. Respecto a la petición de los vecinos de Toluca, el juez eclesiástico de Metepec, Cayetano Jacinto de Sotomayor, ordenó que se reparara la capilla y que contara con los vasos sagrados, ornamentos, imágenes y demás objetos que originalmente tenía y se hallaban dispersos.⁵

Figura 1 Fuente: extracto del plano de Domínguez de Mendoza (1817).

La nueva capilla se concluyó a finales del siglo XVIII. Sin embargo, la cofradía y los franciscanos se disputaron su jurisdicción. Esa época fue convulsa socialmente debido a la epidemia de viruela que afectó la villa; precisamente ése fue el motivo por el cual la imagen del Cristo fue sacada en procesión, como un sufragio destinado a implorar por el fin de la enfermedad (Pérez, 2022).

Después de finalizada la capilla, los labradores y comerciantes de Toluca comenzaron a hacer gestiones para la construcción de unos arcos anexos a ella en 1796. El bachiller don Manuel de Torres y Eloscua fue el representante de los vecinos y labradores que pidió al juez eclesiástico, Manuel Gil, que recibiera información sobre las irreverencias y desacatos que justificaban la obra. El lugar proyectado era el recodo entre la capilla y el cementerio. Entre los testigos presentados, la mayoría españoles, estuvieron fray José Medina (mercedario), el teniente provincial don Francisco Martínez (hacía rondas por la noche), don Manuel Mota Villalón, José Antonio Romo, don Casimiro Castañeda, don José María Arellano, don Felipe García de Figueroa, don Dionisio Hernández, don Lorenzo de Ortega y don Antonio Padilla. Los arcos eran considerados útiles por varias razones:

Evitar las ofensas (maldades, sacrilegios, desacatos, infamias) cometidas por hombres y mujeres en contra de Dios, sobre todo, en las noches.

Las declaraciones de estos testigos hacen ver la construcción de los arcos como una obra impulsada por el público, común, vecindario, todo Toluca.⁷ Lo cierto es que el representante legal se presentó en otros momentos como nombrado por el mayordomo y los diputados de la cofradía de la Veracruz.⁸

A pesar de que los promotores de la obra pertenecían a una élite local, es pertinente considerar que deseaban un bien público, tal vez como muestra de identidad con la villa y de apego a la tierra. Como veremos más adelante, el objetivo de la búsqueda del bienestar común perduraría en el siglo XIX. La necesidad de presentar la obra como útil para la población hace referencia a la búsqueda de un bien para la comunidad, aunque también se alude al orden divino al señalar que la obra sería del agrado de Dios.⁹ Las finalidades son múltiples. Si bien prima la intención de cuidar la capilla como espacio sacro, se aprecia cierto utilitarismo al considerar factores como servir de acceso y favorecer la seguridad. La intención era quitar la cerca del cementerio -del modo en que se había hecho en la catedral de la Ciudad de México- y colocar los arcos de manera que todo estuviera a la vista y la gente no pudiera esconderse en los rincones.

La obra no se concretó, pero los vecinos siguieron insistiendo mediante la intervención de don José Dionisio de Lima ante la audiencia arzobispal. De Lima aseguraba que los arcos estarían construidos si el párroco fray Joaquín de Moctezuma no se hubiera opuesto, influido por el padre guardián del convento, fray Domingo de Cajarvilla, quien no era parte legítima para tomar personalidad en esos asuntos. La respuesta fue satisfactoria y se fundamentó en las mismas disposiciones eclesiásticas que establecían que, en las inmediaciones de los templos en que se ofrecía la hostia sagrada, no debían instalarse salidas, caballerías, casas de comercio y otros negocios que pudieran afectar la decencia o distraer los ministerios y oficios eclesiásticos. De nuevo podemos notar el cuidado por resguardar un territorio sacralizado. Lo sagrado se entendía como aquello que, según el rito, estaba dedicado a Dios y al culto divino (Real Academia Española, 1726-1739). En este caso, el conjunto conventual era considerado un espacio sagrado porque estaba dedicado al culto y, al mismo tiempo, estaba habitado por una comunidad de frailes que, desapegados de la vida seglar, se dedicaban al recogimiento y funciones relacionadas con el culto.

Otro argumento presentado por quienes apoyaban la construcción de los arcos fue que en otros templos ya se estaban retirando las cercas para despejar los atrios y evitar obscenidades y desórdenes. En consecuencia, en agosto de ese año, Juan Cienfuegos, juez provisor y vicario general, concedió la licencia para la construcción, con la previsión de que los vecinos se pusieran de acuerdo con el cura fray Joaquín de Moctezuma y el padre guardián fray Domingo de Cajarvilla.¹⁰ Ambos franciscanos retrasaron el convenio excusándose en que habían dado razón al padre provincial del Santo Evangelio, quien no contestó porque se encontraba ausente. En septiembre aún no había respuesta, de manera que el juez eclesiástico Manuel Gil informaba al arzobispado que no se podía conseguir paz, quietud ni tranquilidad, lo que causaba daño al culto y a las conciencias de los vecinos, quienes solicitaron permiso para continuar la obra sin esperar por más tiempo el parecer de los clérigos.¹¹

Sin embargo, el proceso se interrumpió debido a que, por real cédula del 1 de diciembre de 1796, las cofradías de la Veracruz y de Santa Febronia quedaron extinguidas y se ordenó que sus bienes fueran asegurados. En ese mismo documento se mencionaba que, sobre la construcción de la capilla, se debía esperar resolución. Dicha respuesta causó inquietud entre los cofrades, quienes pidieron la devolución de las contribuciones que habían hecho, debido a que sus familias ya no recibirían los 25 pesos prometidos para la mortaja y el entierro al momento de su fallecimiento, beneficios destinados a los integrantes de la cofradía.¹²

Con el proyecto de construcción de los arcos de la capilla se buscaba un tipo de urbanidad y un orden material de la capilla útil al culto, al tránsito y a la policía. Detrás de ese discurso también se percibe la intención de las cofradías de afianzar su jurisdicción frente a la de los franciscanos. Específicamente, la cofradía de la Veracruz buscó reafirmar su dominio como bienhechora de la capilla. Aunque fue disuelta, contamos con evidencias de que continuó activa durante el siglo XIX, lo cual demuestra la fortaleza de la corporación. Recordemos que, durante la época novohispana, era común que las cofradías operaran sin contar con la aprobación real y que, hacia finales del siglo XVIII y XIX, muchas continuaron funcionando bajo otras denominaciones, como hermandades, obras pías o mayordomías.¹³

Finalmente, una medida que afectó al conjunto conventual fue la disposición de que el cementerio ya no fuera usado, al menos durante las epidemias. Esto nos remite a un altercado entre el cura y el vecindario de Toluca en 1797. Fray Joaquín de Moctezuma ordenó abrir por la fuerza las puertas de la sacristía de la Capilla de la Veracruz para dar sepultura al cuerpo de la esposa de don José de Arroyo, fallecida a causa de la epidemia de viruela, en contra de la voluntad del público, que alegaba que dos capillas ubicadas en los barrios de la ciudad habían sido designadas para eso.¹⁴ El vecindario argumentaba que el arzobispo Alonso Núñez de Haro había determinado que las víctimas de la epidemia debían ser enterradas en esas iglesias, asignadas por el juez eclesiástico, el cura y el corregidor.

Fray Joaquín de Moctezuma manifestó que actuaría del mismo modo siempre que se intentara impedirle sus funciones parroquiales cerrándole alguna puerta de su iglesia o de sus capillas. Afirmó que había nombrado a un nuevo sacristán, porque el anterior había sido despojado de las llaves por don Manuel Nova, además de que no había cumplido con el mandato del arzobispo respecto al lugar destinado para los entierros, porque, según él, no se habían determinado formalmente los lugares, tarea que le correspondía a él y al corregidor don Francisco Marcial Urrutia, quien se encontraba en Cuernavaca.¹⁵ La representación de este conflicto fue asumida por el síndico y los diputados de la ciudad de Toluca (don Manuel Jiménez de Nova y don Felipe Suárez del Castillo). Ellos alegaron la falta de urbanidad y política de tiempo inmemorial.¹⁶ Además, argumentaron que se trataba de la única capilla a la que la población acudía porque no corría el peligro de contagiarse a causa de los miasmas desprendidos por los cadáveres. El juez eclesiástico Manuel Gil denunció que no fue el único entierro realizado en el centro de la ciudad.¹⁷

El juez eclesiástico fue una figura importante en la villa, porque representaba la autoridad del arzobispo de México. Toluca no fue secularizada por la real cédula de 1749, ya que su curato -junto con el de Texcoco- fue elegido para permanecer bajo la administración de la Provincia del Santo Evangelio, gracias a una cédula de 1753 que permitió que cada provincia religiosa conservara dos parroquias. Que la parroquia no hubiera pasado del clero regular al secular no impidió que este último tuviera presencia en las capillas de la villa ni en la administración de justicia, particularmente mediante el juez eclesiástico.

A finales del siglo XVIII, cofradías y franciscanos protagonizaron varios conflictos por diversas razones: 1. Las cofradías querían seguir pagando las cantidades acostumbradas por derechos parroquiales. 2. Los franciscanos cuestionaban la informalidad legal con que funcionaban las cofradías. 3. El traslado de la imagen del Cristo a la Capilla de la Santa Veracruz y 4. La construcción de los arcos junto a esta capilla (Mejía Torres, 2014). En medio de estas disputas, el juez eclesiástico intervino y resaltó que la bendición de la capilla de la Veracruz y el traslado de la imagen del Cristo -programada para el 31 de diciembre de 1796- eran actos propios de la jurisdicción eclesiástica que él ejercía, por lo que los franciscanos no debían oponerse.¹⁸ Ante esta autoridad se dirimió el conflicto sobre la jurisdicción de la capilla.

El síndico y los diputados de la ciudad, en nombre del vecindario, reclamaron el derecho a la capilla destinada al Cristo denominado el señor de los labradores. Estos representantes eran Felipe Suárez del Castillo, José Antonio Ortiz, Francisco Meana y Rodríguez, Manuel de Nova, Ángel Martínez de Castro y Julián Betolaza, varios de ellos dirigentes de las cofradías del Santísimo Sacramento y de las Ánimas Benditas del Purgatorio.¹⁹ Así podemos observar un enfrentamiento entre la élite de labradores y comerciantes contra los franciscanos. Los primeros solicitaban que el padre guardián se restringiera solamente a las decisiones dentro del claustro. Por su parte, el cura Joaquín Moctezuma sostenía que la capilla era de la parroquia y no había decreto real que determinara lo contrario, ni siquiera respecto a la cofradía de la Veracruz, que estaba suspendida en espera de licencia real.²⁰

Los vecinos respondieron presentando testigos que acreditaban que la capilla era de la cofradía -tanto la antigua como la nueva- y que había sido construida gracias a la cesión de terreno que hicieron los franciscanos. Además, declararon que cuando el cura quería hacer un entierro en ella, se acostumbraba enviar un recado al mayordomo o rector de la cofradía.²¹ Entre las declaraciones del conflicto se alegaba que los franciscanos habían despojado al vecindario de las actividades de culto al haber provocado que la capilla quedara en manos de un sacristán en tanto se resolvía el asunto. El juez eclesiástico, incluso, informó al arzobispo sobre un probable motín ante la consternación bastantemente dolorosa del vecindario.²²

Además de la cuestión jurisdiccional, que implicaba quién debía estar a cargo de la capilla de la Veracruz, ya fuera el clero regular o las cofradías apoyadas por el clero secular, en el conflicto también salió a relucir un cambio en cuanto al orden público. En pleno siglo XVIII, ideas como la higiene permearon entre algunas autoridades. María del Carmen León (2002) y Pilar Iracheta (2003) han estudiado algunas medidas que se trataron de implementar en Toluca para modificar la disposición de la ciudad y las costumbres y modos de vida de sus habitantes. En 1791, el corregidor Adrián de Ceráin dictó una serie de disposiciones sobre salubridad: la limpieza de toda inmundicia que hubiera en la ciudad, el empedrado de las calles para permitir la circulación del agua y evitar caños, el cierre de los agujeros que habían hecho los dueños de tocinerías o tiendas en las calles, la clausura de caños y conductos con salida a las calles para la derrama de aguas de las casas, la prohibición de arrojar a las calles cualquier residuo en perjuicio de la limpieza, el decomiso de cerdos que se encontraran en el cementerio de la parroquia, la plaza pública y las calles, así como el arreglo de techos o tejados con poco afiance y que representaban un riesgo de caer a la calle.²³

Específicamente, respecto a los espacios funerarios, fueron varias las autoridades que, influidas por las ideas ilustradas, como los avances científicos y la búsqueda de higiene, dictaron medidas para el establecimiento de panteones extramuros. El arzobispo Alonso Núñez de Haro determinó en 1787 que los cementerios debían ubicarse fuera de los poblados. Debido a esto, el virrey Juan Vicente de Güemes y Padilla impulsó la fundación del primer camposanto general de la Nueva España (Rodríguez, 2001). Podemos imaginar la resistencia ante esta medida, ya que también se debían de modificar los ritos relacionados con la muerte. El cementerio del convento era el lugar sagrado por excelencia y muchos vecinos de Toluca lo preferían para sus entierros, según los testamentos de la época novohispana (Iracheta, 2003). Significaba la cercanía a capillas, altares e imágenes de devociones que podían ayudar a alcanzar la salvación del alma. Así, la intención de cancelarlo no se retomó, sino hasta la tercera década del siglo XIX. Este proceso formó parte de una tendencia más amplia, en la que se dictaron medidas prohibiendo “el abuso de sepultar en las iglesias y dentro de las poblaciones” (Iracheta, 2003: 235).²⁴

Es evidente que, a finales del siglo XVIII, ya se buscaba establecer una policía urbana para el cuidado de la vida pública en general: limpieza, higiene, salubridad y ornato de los pueblos. A esta orden se le irían añadiendo elementos como la beneficencia, la distribución del agua potable, el cobro de impuestos y la supervisión de mercados, entre otros (Iracheta, 2021). Esta tendencia se mantendría durante el siglo XIX, cuando no sólo las transformaciones fueron impulsadas por los procesos políticos que ocurrieron en el ámbito nacional, específicamente el cambio de forma de gobierno, sino también por los sociales, como la necesidad de tomar medidas ante las epidemias y la búsqueda de materializar ideologías como el liberalismo.

María del Carmen León (2002) plantea que llevar a cabo las acciones destinadas a la modificación del orden urbano fue complicado. Así lo demuestran los reclamos de algunos vecinos, como Manuel de Lechuga, quien, en 1794, se resistía a acatar las medidas sanitarias. Además de la búsqueda de sanidad, se implementaron disposiciones destinadas al mejoramiento urbano. En 1796, el síndico y los diputados tramitaron los autos necesarios para la imposición de arbitrios a todos los habitantes para el reparo de obras públicas: construir y arreglar los puentes del río, así como componer las calles y quitar los pantanos de la plaza principal. Todo ello era apremiante ante una nueva percepción que advertía que ciertas condiciones podían causar enfermedades. Se creía que éstas se generaban a partir de emanaciones fétidas o miasmas que desprendían las aguas estancadas, los drenajes a cielo abierto, los basureros, los cementerios, los hacinamientos, la falta de aseo corporal y la mala circulación del aire. Los cambios intentados son parte de lo que León (2002) llama la instauración del urbanismo ilustrado en las ciudades novohispanas, reformas que se incorporaron a la vida cotidiana con lentitud. Si bien las nuevas perspectivas y prácticas comenzaron a introducirse, todavía subsistían intereses tradicionales, como mantener espacios de culto y de distinción social.

Aunque Toluca no contó con un cabildo la mayor parte de la época novohispana, un grupo de vecinos se involucró directamente en la promoción de estas reformas urbanas, las cuales no dependieron sólo de las autoridades gubernamentales. Las motivaciones para impulsar estos cambios fueron varias: desde seguir las tendencias de urbanidad de otras ciudades, como la de México,²⁵ hasta razones locales, como el interés de labradores y comerciantes para gestionar la construcción de obras y defender espacios de culto. Este grupo de vecinos encontró diversos medios de asociación que le permitieron intervenir en obras tanto públicas como eclesiásticas; por ejemplo, formaron una diputación -compuesta por un síndico y varios diputados- mediante la cual gestionaron asuntos como la reparación de calles y fuentes debido a las inundaciones causadas por los derrames de agua, la representación en procesos jurídicos y el pago de alcabalas (Mejía Torres, 2020). Como lo ha propuesto Iracheta (2003), dicha diputación puede ser considerada un antecedente del ayuntamiento por las tareas que asumió.

Si bien la primera acta de cabildo del Ayuntamiento de Toluca está datada en 1814 (El Colegio Mexiquense, A. C., s.f.), su constitución se remonta a 1812, lo que significó el tránsito de un gobierno señorial a uno de carácter constitucional. Sin embargo, el convulso contexto obligó a que los ayuntamientos formados interrumpieran sus funciones debido al retorno al poder del rey Fernando VII. De esta forma, el poder regresó a la diputación de Toluca hasta 1820, cuando el Trienio Liberal restableció el funcionamiento de los ayuntamientos (Iracheta, 2021).

En la villa de Toluca, la guerra de Independencia dividió a la población entre quienes apoyaban al bando insurgente y quienes respaldaban al realista. El convento franciscano jugó un papel central en el enfrentamiento: fue ahí donde el comandante militar de Toluca, Rosendo Porlier, se resguardó del ataque de Ignacio López Rayón durante su intento por tomar la ciudad (Iracheta, 2021).

Al establecerse la Primera República Federal en 1824, se dividió el territorio nacional en 19 entidades federativas. El Estado de México fue una de ellas, la cual, al interior, organizó su territorio en municipios y distritos. Los municipios se erigieron en las poblaciones mayores a 1000 habitantes, con la autoridad local depositada en los ayuntamientos. Los distritos, por su parte, se conformaron por varios municipios, agrupados regionalmente con fines políticos y de administración, bajo la coordinación de uno de ellos que servía de cabecera. En este contexto, el ayuntamiento en el Estado de México nació como un órgano de poder local, dependiente del ejecutivo federal, para la atención de algunos ramos del servicio público, como las obras públicas, la seguridad, la educación, la salud y la recaudación fiscal (Salinas, 2011). Toluca fue uno de estos municipios que surgió de este proceso con el rango de cabecera de distrito.

Los primeros años del Ayuntamiento de Toluca fueron económicamente difíciles: debía consolidar su autoridad y, a la vez, procurarse recursos para cumplir sus funciones. Las actas de cabildo muestran la carencia de propios y arbitrios que generaran fondos suficientes. Lo que recaudaba se destinaba al mantenimiento del escuadrón urbano.²⁶ Sus ingresos provenían de contribuciones que pagaban las tiendas de ropa, tocinerías, mesas de trucos, billares, cantinas y puestos de la plaza, pero no eran suficientes para solventar los gastos, especialmente los de obras públicas. Por ello, se recurrió a la práctica de organizar a los vecinos para colaborar en las obras de policía urbana, primero desde el ayuntamiento colonial y después en el republicano.

Las formas de gestión para las transformaciones urbanas en la ciudad de Toluca durante el siglo XIX muestran una continuidad con las del siglo anterior en cuanto a los medios de asociación de los vecinos y los objetivos que perseguían, al buscar mejorar las condiciones de vida en la ciudad mediante acciones que procuraran lustre, comodidad y policía urbana.²⁷ Es decir, se intentaba conseguir el bien público con acciones destinadas al orden urbano. La compostura que se hizo de la calle Tenería en 1814, en la cual contribuyeron todos los vecinos y corporaciones,²⁸ es un ejemplo de esta forma de organización vecinal ante las carencias económicas y los problemas de urbanismo por falta o deficiencia de los servicios públicos.

El primer ayuntamiento republicano continuó recurriendo a estas formas de colaboración para la reparación de calles, banquetas, fuentes de agua, puentes y el encauzamiento de ríos. En 1827, se apoyó de la parroquia y sus corporaciones seglares para dar mantenimiento al retrete del Río Verdiguel y el puente que comunicaba los barrios del norte de la ciudad. El presidente municipal, José Manuel González Arratia, solicitó al párroco convocar a los vecinos para colaborar en las obras y prevenir inundaciones. El párroco organizó a los feligreses, a través de las cofradías de la parroquia, para que aportaran materiales o un día de trabajo por semana.²⁹ La Iglesia y las nuevas autoridades constitucionales reactivaron vínculos de colaboración en asuntos como salubridad y seguridad. La necesidad de resolver problemas comunes en la ciudad motivó que los vecinos promovieran cambios en un periodo en el que aún no se decretaba la separación de esferas.

Ello muestra que la colaboración de los vecinos, organizados en corporaciones, había sido una forma de solución en el pasado y continuaba siéndolo, incluso cuando las obras públicas ya eran una de las funciones constitucionales del ayuntamiento. Al inicio de la vida independiente, los ciudadanos comenzaron a mostrar mayor apego a su ciudad, sintiéndola más propia al saberse emancipados de la política real. Al mismo tiempo, advirtieron que el progreso dependía de ellos y no de un monarca lejano (Torre, 1965). Quienes entendieron la independencia en esos términos comenzaron a tomar una conciencia nacional y comprendieron que la prosperidad resultaría de la combinación entre la felicidad de los individuos libres y el progreso material de la sociedad (Torre, 1965).

Durante este periodo, en México, los principios de salubridad, higiene, bienestar y policía, nacidos de la Ilustración, eran adoptados en las ciudades para lograr un sistema urbano funcional, higiénico, cómodo y seguro (León, 2002). En muchas urbes, los distintos grupos ideológicos -católicos, conservadores, liberales o progresistas- recurrieron a las antiguas formas de asociación, como las corporaciones, para poner en marcha proyectos de mejoramiento. En el caso de Toluca, estas formas de organización social continuaron operando, aunque con la incorporación de dos nuevos actores al panorama político de los primeros años de la república, sumándose a la dinámica de la gestión: el ayuntamiento emanado del sistema de gobierno federalista y la élite integrada por funcionarios y burócratas de los poderes estatales avecindados en Toluca tras la designación de esta ciudad como capital del Estado de México en 1830.

Los acuerdos se lograron, particularmente, en temas relativos al arreglo de servicios públicos, limpieza y policía. La costumbre marcaba que la atención emergente de los problemas urbanos causados por las deficiencias en los servicios públicos se paliaba convocando a comerciantes prósperos a cooperar con materiales, a los vecinos menos favorecidos a participar con faenas, y los presos eran sacados para trabajar en obras que representaban riesgos potenciales. Se daba prioridad a los trabajos que aportaran a la seguridad de la ciudad, tales como la apertura y desazolve de canales para el desalojo de aguas sucias, el empedrado de las calles, la limpieza de los callejones y la reparación de banquetas.³⁰

La escasez de materiales y las dificultades que enfrentaban tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas para conseguirlos habían convertido esta costumbre en una manera eficiente de resolver los problemas urbanos. Su continuidad, por lo tanto, era necesaria en tiempos modernos, dado que las necesidades y los problemas eran semejantes. Esta forma de asociación concertaba el patrocinio de hacendados y comerciantes, la mano de obra vecinal convocada por la parroquia y la participación de la autoridad civil. De esta manera, durante los años veinte del siglo XIX, se habían logrado, entre otras obras, el empedrado de la calle Real y la calle de San Francisco, el arreglo de la banqueta de la calle Tenería y de dos plazas públicas, el desalojo de aguas de algunas calles y la reconstrucción de las fuentes de agua del convento.³¹

Cabe señalar que los ciudadanos que integraban el Ayuntamiento de Toluca eran, a la vez, feligreses del curato e integrantes de corporaciones ligadas al clero. El presidente municipal, por ejemplo, era un prominente labrador, propietario de haciendas y comercios. Comúnmente, quienes se dedicaban a estas actividades eran los miembros de la cofradía de la Santa Veracruz (Mairot, 2013).

Una muestra de la continuidad de las relaciones entre las esferas sociales de poder es la participación de los clérigos y feligreses en los temas de la vida civil y política. Al jurarse la Constitución Federal de 1824, el alcalde de Toluca pidió por escrito, el 9 de marzo, al párroco que asistiera acompañado de lo más prominente de su feligresía al pórtico del atrio parroquial para prestar juramento de obediencia al Soberano Congreso Nacional y a la Constitución Federal ante las autoridades municipales; posteriormente, él debía tomar el juramento a eclesiásticos y representantes de las corporaciones seglares.³² Este acto se desarrolló en perfecta armonía, según lo informó un día después el presidente municipal al prefecto político.³³

Estas relaciones entre la Iglesia, los nuevos actores políticos del siglo XIX y las antiguas corporaciones cobraron importancia en 1828, cuando se proyectó transformar gran parte del convento franciscano para construir tres obras destinadas a impulsar el desarrollo urbano de la ciudad: una calle, una plaza mercado y una zona de portales comerciales. El cementerio, el huerto y el atrio del convento serían destruidos para integrar los terrenos a la vida civil. En 1826, el presidente municipal, respaldado por un grupo de comerciantes y hacendados, invitó al gobernador a instalar los poderes del Estado de México en Toluca, ofreciéndole mejorar las condiciones urbanas.³⁴ Para ello, era necesario adaptar el centro de la ciudad con calles, comercios, edificios para los poderes estatales y viviendas para los funcionarios, según lo consideró la comisión del congreso que hizo una visita para evaluar las condiciones de la ciudad como sede del gobierno estatal.³⁵

El área propuesta para implementar la nueva infraestructura era un predio localizado en el centro de la ciudad, donde se encontraba el cementerio y el atrio del convento franciscano. Para su uso, se requerían ciertos acuerdos con el clero y la feligresía, ya que eran espacios destinados al culto y al entierro de los fieles. En esta iniciativa, vemos nuevamente que los promotores eran miembros de la élite local, quienes fomentaban la transformación del centro de la ciudad con argumentos urbanísticos de comodidad y prosperidad, pero con fines políticos y económicos, ya que privilegiaban la construcción de áreas que beneficiaran a la ciudadanía con zonas para el comercio, la vivienda y las actividades públicas. Pasar de la esfera religiosa a la esfera civil, en este caso del espacio (Blancarte, 2008), era el sentido que daban los promotores al concepto de secularización que propusieron para el centro de la ciudad. Esto implicaba disminuir la presencia que tenían las corporaciones eclesiásticas en el ámbito público (economía, enseñanza, política, entre otros).

Las inquietudes por arreglar la ciudad de Toluca no eran completamente nuevas. Ya desde el siglo XVIII sus habitantes observaban que otras ciudades, como la de México, habían implementado un urbanismo marcado por dos razones principales: la salubridad y las consideraciones del bien común (León, 2002). La introducción de servicios urbanos para mejorar las condiciones de higiene se volvió prioritaria, ya que la falta o deficiencia en su funcionamiento provocaba enfermedades y eran causa recurrente de litigios entre los vecinos, cuya principal ocupación era la crianza, el procesamiento de cerdos en zahurdas y obrajes domésticos, aunado a que las talabarterías, los batanes y los negocios de embutidos desechaban residuos al río o a los drenajes a cielo abierto en medio de las calles sin empedrar (León, 2002).

En Toluca, los problemas de mala higiene e insalubridad pública constituían un tema de atención prioritaria en el que los vecinos continuaban involucrándose. Las políticas de prevención y acciones estaban sujetas a una Junta de Sanidad, organismo encargado de la prevención, la atención y el control de los factores que representaban amenazas a la salud pública. Esta junta es otro ejemplo de colaboración de la autoridad civil, la eclesiástica y los vecinos, ya que estaba integrada por el presidente municipal, dos regidores médicos o facultativos establecidos en la ciudad, el párroco y representantes ciudadanos.³⁶ Existe un acta de cabildo fechada en 1828, en la cual aparece información sobre la instalación de una junta de sanidad, lo que nos permite observar su composición:

La constante en los reportes de la junta era la proliferación de fiebres, viruelas, pestes y epidemias que acosaban principalmente a los infantes, causando numerosas muertes. Los facultativos denunciaban como causa la falta de servicios públicos y señalaban al cementerio del convento franciscano como principal fuente de las epidemias, debido a su ubicación en el centro de la ciudad y a sus malas prácticas de inhumación o exhumación.

En la Junta de Sanidad se discutía la cancelación de los servicios funerarios en el convento desde el siglo anterior, así como la construcción extramuros de un cementerio. Sin embargo, el intento de trasladar los entierros del conjunto conventual a las afueras de la ciudad se postergaba por falta de recursos para la adquisición del terreno y la construcción de un nuevo cementerio.³⁷ El empresario y constructor José María González Arratia retomó el asunto en 1828 y proponía derribar la barda atrial, así como cancelar el cementerio, para construir en su lugar un mercado que agrupara a los diversos tianguis en un único espacio.³⁸ González Arratia, vecino experimentado en el ramo de la construcción, fungía a la vez como jefe de obras públicas del ayuntamiento y como representante del grupo de comerciantes que buscaba comprar terrenos en el convento para construir casas con portales comerciales (Hernández García, 2021).

Mediante la clausura del panteón en el convento, además de atender los temas de salubridad, se buscaba resolver otro viejo problema en la ciudad: la reubicación de los múltiples mercados establecidos en las calles centrales y del tianguis semanal de la plaza mayor, los cuales provocaban desorden, basura, pleitos, entorpecimiento del tránsito por los puestos y los animales de carga, entre otras incomodidades denunciadas por los vecinos. González Arratia argumentaba en favor de la destrucción del atrio por motivos de higiene, salud pública y policía, pero el ayuntamiento veía en ello la oportunidad de ordenar y controlar el comercio, con el fin de allegarse algunos propios y mejorar sus finanzas.³⁹ Los tianguistas, por su parte, pretendían quedarse con algunos puestos en el centro de la ciudad; en cambio, los grandes comerciantes querían adquirir lotes para construir un espacio comercial que comenzaron a llamar los portales, por tener esa forma arquitectónica al frente. Reubicar el cementerio del convento e instalar la plaza del mercado en su lugar resolvería los problemas del abasto, mientras que los portales darían un carácter refinado a los expendios de productos destinados a las clases más favorecidas.

No obstante, esta transformación de la ciudad ameritaba la destrucción de importantes áreas del convento, entre ellas el cementerio, el atrio y el huerto. Urbanizar era el propósito, aunque hermosear la ciudad⁴⁰ fuera el término popularizado para referirse al cambio. Orden, comodidad, policía, salubridad e higiene eran los conceptos urbanísticos que orientaban las acciones, según los discursos de los ediles.⁴¹ El plan general consistía en abrir una calle que partiera al convento en dos secciones: los terrenos que quedaran del lado poniente de la calle se destinarían a una plaza mercado; los del oriente, a la construcción de una fila de 20 portales, cuyo frente funcionaría como local comercial y el fondo serviría para construir casas habitación (ver figura 2) (El Colegio Mexiquense, A.C., s.f.).

Figura 2 Fuente: elaboración propia con base en Domínguez de Mendoza (1817) y AHMT.⁴²

Se habían organizado 20 comerciantes representados por González Arratia para comprar lotes en el atrio, una vez clausurado el cementerio (Salinas, 1987). En una sociedad católica, con un alto sentido de religiosidad, la propuesta era atrevida, sobre todo porque el convento representaba el centro de la religiosidad. Las controversias se suscitaron con la Iglesia al solicitar al párroco la cesión del terreno del atrio-cementerio en marzo de 1828 (El Colegio Mexiquense, A.C., s.f.). La parroquia no respondió los continuos escritos de solicitud, ni recibió a las comisiones edilicias durante un año. La única respuesta encontrada en los testimonios documentales corresponde al 29 de mayo de 1829, en la que el cura contestó que no era de su competencia conceder tal pedimento, por lo que le devolvía la comunicación.⁴³

Ese mismo año, el municipio gestionó ante el arzobispado de México la cesión del terreno del cementerio y del huerto conventual con el ofrecimiento de pagar una pensión o canon anual en efectivo, calculado con base en los ingresos que para entonces producían los terrenos al convento.⁴⁴ La petición estaba respaldada por el gobernador del Estado de México, Melchor Múzquiz, quien garantizaba los fondos para asignar la pensión al arzobispado a cambio de la cesión del predio.⁴⁵ Esta solicitud tampoco tuvo respuesta, junto con otras más que sucedieron durante 1830. Todas aludían al descuido en que la parroquia mantenía el cementerio y el atrio. Se aseguraba que la insalubridad y las epidemias eran provocadas por las condiciones del cementerio, ya que el descuido lo había convertido en un basurero, por lo que se debía cerrar, además de que la inseguridad del vecindario se originaba en la indecorosa barda del atrio, donde se cometían fechorías e inmoralidades.⁴⁶

Por ese motivo, las confrontaciones entre el clero y las autoridades civiles se agudizaron y obstaculizaron el proyecto en este primer intento. Las pretensiones progresistas del ayuntamiento y el grupo de inversionistas se vieron frenadas durante los dos primeros años de gestiones. La intervención de las corporaciones seglares, cuyos intereses -como hemos visto- compartían con las autoridades civiles, fue fundamental para propiciar acuerdos. Un acta de comparecencia ante el escribano público de Toluca, del 7 de febrero de 1832,⁴⁷ muestra que los ciudadanos José Mario Flores Castro, José Mariano Legorreta y Domingo Zimbrón, representantes de la mesa directiva de la Venerable Tercera Orden de Nuestro Padre San Francisco, patrona de las obras pías del convento, se acreditaron como vecinos nombrados por el señor párroco, el muy reverendo provincial y el venerable definitorio de la Provincia del Santo Evangelio, para tratar en su nombre con los empresarios que estaban construyendo casas y portales en la huerta del convento.⁴⁸

El testimonio anterior indica que, después de dos años de negociaciones, se logró una resolución. Según lo convenido, la parroquia cedería los predios solicitados, pero sería la mesa directiva de la Venerable Tercera Orden la encargada de fraccionar el predio del convento para los negocios y delimitar tres áreas: una para la calle, otra para la plaza del mercado y una más para los portales. Cada una de las secciones se entregaría a la instancia correspondiente para que se hiciera cargo de las obras propuestas. Las obras correrían a cargo de cada corporación, pero la supervisión del estricto cumplimiento del acuerdo y del proyecto quedaría en manos de la mesa directiva de la Tercera Orden, con el fin de que en un plazo de seis años se concluyeran las construcciones según el proyecto, sin cambios ni retrasos.

La calle sería competencia del gobierno del Estado de México, que se haría cargo de la nivelación, el enlosado y la provisión de servicios públicos para su buen funcionamiento. La plaza del mercado era responsabilidad del ayuntamiento, cuyas obligaciones se centraban en construir puestos comerciales para arrendarlos a los tianguistas, además de garantizar el orden, la vigilancia y la limpieza. A cambio, el ayuntamiento tendría derecho a hacer cobros de piso y otros impuestos permitidos por la ley de ingresos del estado. Estas disposiciones, al fin, le daban la oportunidad de generar algunos ingresos propios, lo cual, como se ha visto, era una carencia desde su fundación; por tanto, estos recursos le permitirían aliviar sus finanzas.

A la mesa directiva de la Tercera Orden, como representante de los intereses de los franciscanos, le correspondía velar por los bienes que quedaban aún en posesión del convento; por ejemplo: supervisar que la línea divisoria no afectara alguno de los templos; asegurarse de que, antes de derribar la barda atrial, se levantaran las paredes al fondo de los lotes para no dejar desprotegido al convento; vigilar que no dejaran paso de servidumbre entre las bardas divisorias de los lotes y el convento para que quedaran del todo independientes las nuevas construcciones, sin ventanas ni derrames de agua hacia las propiedades del convento; verificar el uso de materiales adecuados para la construcción y revisar que se respetaran las medidas de los predios para que nadie invadiera el convento.

En cuanto a las cuestiones técnicas, la mesa directiva de la Tercera Orden era la responsable de medir, fraccionar, distribuir, entregar predios y supervisar el avance de las obras.⁴⁹ Respecto a los asuntos legales, le correspondía la celebración de los contratos, la firma de escrituras y el cobro de las enfiteusis anualmente según la cantidad convenida por cada empresario. Los lotes se entregarían directamente a los empresarios y no al ayuntamiento como éste pretendía. Ni el ayuntamiento, ni el arzobispado intervendrían en el cobro del censo “ni esta administración, ni las que le suceda en los años venideros tendrán intervención alguna, pasiva o activa en el contrato de enfiteusis”.⁵⁰ De esta forma, se aseguraba que los ingresos por la cesión de los predios llegarían a las arcas de la orden franciscana a través de la mesa de la Venerable Tercera Orden. Esta situación se debía a que la parroquia, al estar a cargo de la orden franciscana, no debía involucrarse en negocios vinculados con los bienes temporales; en su lugar, debían hacerlo terceros cuya condición de seglares se los permitía.

Con este acuerdo, el proyecto urbano avanzó y se inició la construcción de la calle que atravesó el convento de norte a sur, se ubicó la plaza del mercado sobre el antiguo cementerio y se fraccionó parte del huerto, donde se vendieron lotes para la primera fila de portales y viviendas. Este acuerdo es un ejemplo de la permanencia de algunas formas de organización social para resolver problemas de interés común en la ciudad; en este caso, entre las autoridades eclesiásticas y las civiles por la cesión de las áreas conventuales y su aprovechamiento para obras civiles.

La Venerable Tercera Orden de Nuestro Padre San Francisco, como corporación seglar ligada a los franciscanos, encargada de los bienes temporales del convento y patrona de las obras, pías era garante de los intereses de la orden.⁵¹ La designación de los terciarios para negociar de manera directa con los inversionistas fue la salida al problema, si no amistosa, al menos conciliadora. El síndico de la mesa de la Tercera Orden, Domingo Zimbrón, quien también era comerciante y adquirió un predio en el convento, fue el responsable de las negociaciones con los empresarios, el autorizado para firmar las escrituras de traslación y para el cobro de los censos. También se entendió con las autoridades del ayuntamiento en los asuntos que involucraban al convento durante la construcción de los portales comerciales.⁵²

Las negociaciones para llegar a los acuerdos no se conocen, tal vez porque fueron verbales o porque no se conservaron documentos en los archivos consultados. Sin embargo, gracias a ellas, a partir de 1832, se iniciaron formalmente las obras para la apertura de la calle que dividiría al convento en dos áreas. También comenzó la ocupación del predio del cementerio con la plaza del mercado y la construcción de la primera fila de 19 portales comerciales, como lo había propuesto González Arratia.

La ocupación de los predios del convento era necesaria, según los planes del constructor González Arratia. Se trataba de incentivar el desarrollo comercial, mejorar los servicios públicos y ampliar la oferta de la vivienda. El proyecto tenía un sentido social y una proyección de empresa (Peñaloza, 1996). Al poner al servicio de la ciudadanía los bienes del clero mediante la venta de lotes para construir casas habitación y comercios, se ponían en circulación bienes de manos muertas.⁵³ Con tales obras, se afirmaba que varios problemas que aquejaban a la ciudad serían atendidos: el urbanismo deficiente, la falta de servicios públicos, la mala higiene causada por el cementerio, el desorden del comercio disperso en las calles y la falta de policía. Las nuevas obras fueron generando paulatinamente ventajas económicas y sociales: orden urbano, higiene, salubridad, comercio, tránsito y nuevos patrones de comportamiento social ante la apertura a la vida pública de un espacio antes sacralizado.

Las propuestas de solución a los problemas urbanos, de higiene y comercio que aquejaban en la ciudad justificaban la transformación del convento.⁵⁴ La mala higiene y la insalubridad se resolverían con la suspensión del cementerio; la apertura de la calle favorecería la introducción de drenaje, agua potable y comunicación con el sector sur de la ciudad; el ordenamiento del comercio se lograría al concentrarlo sobre el antiguo cementerio y liberar las calles. En el discurso que sustentaba el proyecto, estos argumentos se expresaban como razonables para justificar la transformación del convento y atender varios problemas de urbanidad.⁵⁵

En noviembre de 1836, fueron inaugurados por el gobernador del Estado de México los portales comerciales y la calle que dividió al convento. La plaza del mercado ya estaba en funcionamiento desde dos años antes (Salinas, 1987). Sin embargo, unos meses después de la inauguración de estas obras, los poderes del Estado de México fueron disueltos debido a las reformas dictadas por el gobierno centralista. El Estado de México se convirtió en un departamento, los poderes estatales fueron disueltos y la administración regresó a la Ciudad de México.

Al perder la ciudad de Toluca su rango de capital estatal las obras de transformación urbana del convento se estancaron, reanudándose a mediados del siglo al reinstalarse la capital del estado en Toluca. Durante el primer periodo del gobierno federalista, la parroquia cedió más de 4.5 de las 12.6 hectáreas de terreno conventual, cuyo cambió convirtió el espacio sagrado en uno secular mediante tres obras civiles. Con ello se abrió un predio que, por más de 300 años, se había mantenido intacto bajo el resguardo franciscano, protegido por una barda atrial.

De la comparación de las dos etapas de transformaciones abordadas, podemos aportar varios argumentos respecto a las continuidades y los cambios en los proyectos y las obras que afectaron el conjunto conventual de Toluca. En primer lugar, tanto a finales del siglo XVIII como en las primeras tres décadas del siglo XIX, los agentes que participaron en las transformaciones del Convento de la Asunción de Toluca respaldaron las acciones y peticiones en el argumento de que las obras eran para el bien común. Mediante este discurso, o intención, de propiciar un mejoramiento de la ciudad, se puede notar cierto apego a ésta; los vecinos se asumían como parte de ella y, por lo mismo, estaban deseosos de que fuera similar, al menos urbanísticamente, a otras ciudades, como la de México, que era el referente más cercano.

En segundo lugar, con base en los testimonios documentales, sabemos que los cambios fueron promovidos por una élite, un grupo social que tenía prestigio social y ciertos recursos económicos. Respecto a los vecinos menos favorecidos, se sumaban a las obras aportando trabajo, pero carecemos de información acerca de su postura y opinión ante las transformaciones. Queda como una veta de investigación indagar qué tanto se modificó la composición de la élite de comerciantes y labradores de finales del siglo XVIII respecto al siglo XIX, sobre todo con la llegada de políticos, legisladores, ministros, funcionarios y burócratas de los tres poderes del gobierno estatal al convertirse Toluca en la capital del estado.

En tercer lugar, los franciscanos, incluso después de la época novohispana, continuaron teniendo un papel importante en las obras públicas de la ciudad, incluyendo las relacionadas con el convento. En cuanto a esta continuidad, se puede mencionar la permanencia de la Venerable Tercera Orden de franciscanos en la administración de bienes de los religiosos y, junto con ello, una notable intervención en el fraccionamiento del terreno del convento destinado tanto a locales comerciales como a la calle. La persistencia de esta corporación es fundamental porque refleja la participación del vecindario en los procesos de reconfiguración del convento.

Otro actor significativo, tanto en la continuidad del convento como en sus modificaciones, fue la feligresía agrupada en corporaciones fundadas en él. Esta investigación ha demostrado el papel rector que tuvieron en las adecuaciones del convento para el culto, así como en el cambio del centro de la villa en el siglo XVIII. Seguir su rastro en el siglo XIX nos permite mostrar que varias corporaciones siguieron funcionando en el nuevo orden que se trataba de construir, como la misma Venerable Tercera Orden franciscana.

La transición entre el orden monárquico y el republicano fue lenta en algunos aspectos, como el social. La feligresía estaba acostumbrada a agruparse en corporaciones mediante las cuales organizaban actividades de culto, pero también gestionaban obras para la ciudad. Como se ha analizado, las corporaciones de seglares estuvieron presentes en las negociaciones para limitar el uso del espacio público al clero, tal como aparece en los archivos civiles consultados durante la investigación para rastrear su funcionamiento en el siglo XIX.

Una continuidad digna de mencionar es la capilla de la Veracruz, la cual no sufrió ningún cambio. El hecho de que sí permaneciera como espacio de culto puede atribuirse, en gran medida, a los vecinos que la administraron. Otras partes del conjunto conventual sí fueron desacralizadas y se les dieron nuevos usos: sede de entidades de gobierno, locales de comercio, calle para el tránsito de las personas y organización de un mercado fijo y ordenado. En cuanto al uso como cementerio de una parte del conjunto conventual, podemos mencionar que la intención de cancelarlo, que surgió desde finales del siglo XVIII, se concretó en el siglo XIX a fin de procurar medidas sanitarias en la ciudad.

Entre las diferencias observadas en ambas etapas, como se ha mencionado, cabe destacar que, para el siglo XIX, se consolidó una élite política que ocupaba los nuevos cargos de gobierno, sobre todo en el ámbito estatal. La designación de Toluca como capital determinó que fuera una sede de poder político a nivel estatal y propició la llegada de un gabinete conformado por funcionarios y políticos interesados en mejorar las condiciones urbanas para su propia comodidad.

Tanto este nuevo agente, el gobierno estatal, como el municipal transformaron el centro de la ciudad para establecer edificios que les permitirían ejercer sus labores administrativas y, al mismo tiempo, demostrar su presencia de manera simbólica. Las instituciones de gobierno liberales buscaron una presencia tangible en la ciudad, a través de la construcción de edificios, y una presencia política en términos de autoridad y ejercicio del gobierno.

A lo largo del periodo que abarca este trabajo, hemos registrado la participación de algunos nombres, tanto de individuos como de corporaciones, lo cual evidencia cómo la población participó en la reconfiguración urbana impulsada por sus intereses, ideologías y creencias. Al inicio del siglo XIX, los nuevos actores -el gobierno del estado, el ayuntamiento constitucional y la élite- se fueron integrando a las dinámicas antiguas de organización social. Algunos de los motivos que propiciaron la intervención de los vecinos fueron prácticos y acordes con los cambios urbanos; por ejemplo, los comerciantes de las pulperías de Toluca financiaron el empedrado de la calle San Francisco a través del impuesto de los pilones que pagaban cada sábado. Esta obra facilitaría la circulación de las personas y, por consiguiente, podría beneficiar a sus comercios (Iracheta, 2003).

Las transformaciones del Convento de la Asunción de Toluca muestran el inicio de un proceso de secularización, con el que perdió poder simbólico como referente político-eclesiástico, en favor de nuevas obras que representaban los poderes liberales, así como espacios públicos comerciales y de tránsito. El cambio en la estructura urbana originó modificaciones en algunas prácticas culturales al convertir un espacio de culto en el centro comercial más importante de la capital. Las intervenciones en el convento franciscano entre 1827 y 1836 reconfiguraron el trazo virreinal de la ciudad de Toluca y motivaron la apertura de ciertas áreas del conjunto conventual al nuevo siglo, mientras que otras se mantuvieron como espacios de culto. Dentro de lo que fue el conjunto conventual se conservó parte de la capilla de la Tercera Orden y la capilla de la Veracruz, lugares antiguos de culto, lo que demuestra que la religión seguía siendo parte importante en la vida de los ciudadanos.