La clásica obra de Philippe Ariès de 1960, El niño y la familia en el Antiguo Régimen, introdujo la novedad de que el concepto de infancia podía ser entendido como una construcción histórica y cultural que surgió a partir de la modernidad europea. Las historiadoras Sosenski y Jackson (2012: 12) profundizaron este aporte, acotando que “no es posible pensar la infancia como una categoría homogénea ni única, tampoco como un concepto de evolución lineal”. Las infancias son tan diversas como niños y niñas existen, y tal vez ninguna se parezca a otra. Desde esta perspectiva, se analizan tres casos infantiles en el territorio oriental.

Una forma de delimitar una de las dimensiones del término niñez podría ser la edad biológica, en función de los conceptos de infancias presentes en los documentos de la época. Una de las preguntas planteadas en este sentido es: ¿las fuentes documentales que se utilizan en este artículo reflejan el concepto de infancia de las épocas representadas?

El siglo XIX muestra un modo de ser infantil muy diferente al de los siglos XX o XXI. Ser niño o niña implicaba ciertas responsabilidades y obligaciones que hoy se considerarían propias de un adulto. Un niño de clase media o baja gozaba de un amplio margen de libertad en sus acciones, casi como si fuese un adulto: podía beber alcohol, fumar cigarrillos y realizar apuestas, pero también se esperaba que fuera económicamente productivo. A partir de los cinco o siete años, se pensaba que estaba lo suficientemente desarrollado para realizar trabajos simples a cambio de ciertas retribuciones económicas. Además, esa libertad implicaba responsabilidades y consecuencias: sus acciones eran severamente disciplinadas si no se ajustaban a las expectativas sociales de un menor de la época. Los castigos físicos no sólo eran tolerados, sino también alentados y esperados por parte de todos los adultos (padres, tíos, maestros, curas, etcétera).

El psicoanalista e historiador francés Mause (1974) propone que, para estudiar la historia de la infancia, es necesario tener en cuenta tres tipos de vínculos que pueden establecerse psicológicamente entre padres y madres con sus hijos o hijas: en primer lugar, de forma proyectiva, extendiendo los contenidos de su propio inconsciente, culpando o valorando a su hijo o hija según sus propias vivencias o deseos; en segundo lugar, mediante la inversión, en la que el adulto utiliza al niño como sustituto de una figura adulta importante en su propia infancia; y, por último, a través de la empatía, considerada la forma más saludable, en la cual el padre o la madre pueden identificar y entender las necesidades de su hijo o hija y actuar para satisfacerlas. El autor reconoce que la mayoría de los casos de violencia que estudió fueron resultado de relaciones de proyección o de inversión. A medida que se retrocede en el tiempo, la empatía aparece como una experiencia poco común dentro de las historias familiares.

En las ciencias sociales, la idea de la violencia como motor de delitos sexuales comenzó a introducirse desde la década de 1970, cuando se empezó a estudiar como un concepto construido socialmente. El chileno Nicolás Celis advierte que no se debe entender la violencia solamente desde un enfoque biologicista, ya que esto empobrece la perspectiva y reduce el campo de acción. Por ello, propone analizarla “en contexto y comprender su evolución histórica y su matriz violenta” (2018: 199). El mismo autor reflexiona sobre cuál debe ser el objetivo al estudiar la violencia infantil, ya que el foco no debería versar sobre determinar si las personas que la ejercen tienen o no razón, sino en examinar la naturaleza de la racionalidad que la produce, con el fin de transformar, eventualmente, su curso.

En esta misma línea, la investigadora argentina Grinberg (2015) señala que el maltrato infantil es un concepto definido por prejuicios y valores morales, y agrega que los tipos de maltrato no son simples palabras que describen comportamientos humanos, sino construcciones sociales, relacionadas y jerarquizadas entre sí, que inciden sobre la realidad.

Por su parte, Muchembled analiza diversos factores que influyen en las experiencias de violencia en distintas épocas de la humanidad. Entre los elementos que examina está el económico y su impacto en la agresividad humana, aunque aclara que “las condiciones económicas desempeñan un papel indudable en la modulación de la agresividad humana, pero no constituyen un factor explicativo suficiente” (Muchembled, 2010: 39). El autor también cuestiona las limitaciones de algunas propuestas, como la de Norbert Elias, que atribuyen una mayor injerencia de la Iglesia y el Estado en la vida social de los individuos, volviéndolos más disciplinados y menos impulsivos. Ante la incapacidad explicativa de las dimensiones económicas, sociales o políticas, Muchemblend añade la dimensión cultural, destacando que la cultura de la violencia se fue gestando y resignificando a lo largo del tiempo. En este artículo se resignificarán algunos episodios de la cultura o matriz de violencia en el territorio oriental-uruguayo, donde ocurrieron tres casos de violencia infantil.

Para el concepto de violencia infantil se pueden identificar dos grandes categorías: la psicológica y la física. En el siglo XIX, en Montevideo, se pueden encontrar ambos tipos. Eran comunes las formas físicas de violencia, como el encierro en cuartos oscuros durante horas o días, los azotes, las torturas con fuego o agua caliente, los golpes, el uso correctivo de la palmeta, arrodillar en el maíz, el buche de agua durante horas, los castigos relacionados con la alimentación inadecuada, el fajado en la primera infancia, el abuso sexual, el uso de artefactos antierección o antimasturbación, la venta de niños y niñas, y hasta el infanticidio. En cuanto a las prácticas de violencia de índole psicológica, estaban la exposición al ridículo frente a otros (con orejas de burro, lengua, carteles colgando), asustarlos con cuentos de fantasmas o personajes macabros, disfraces, máscaras, canciones tenebrosas e incluso cadáveres. La excesiva rigurosidad en prácticas religiosas y morales también se debe considerar como una forma de violencia.

Todas estas manifestaciones fueron naturalizadas y ejercidas tanto dentro de los hogares como en las instituciones educativas o religiosas. Las escuelas muchas veces fueron el ámbito de ejercicio de la violencia correctiva, donde tenía una doble función: castigar y enseñar a terceros a través de la corrección. En este artículo trataremos algunas formas de violencia física naturalizadas en esa matriz de Montevideo del siglo XIX.

Desde la época colonial en América, no existía una división clara entre las competencias que correspondían a la Iglesia y al Estado en materia de legislación. Hasta la publicación del Código Penal de 1889, la justicia penal estaba compuesta por recopilaciones de ordenamientos de la monarquía española, a la que se fueron sumando leyes de manera desordenada. En 1888, se redactó el Código Penal uruguayo, el cual vino a “dotar al país de una definición precisa de lo que se consideraba era un delito y a regular su penalización” (Fessler, 2012: 215).

Uruguay no fue la excepción a un proceso que, en América Latina, comenzó recién en la segunda mitad del siglo XIX y culminó con la Constitución de 1917-1919. Durante el periodo en que Iglesia y Estado trabajaban unánimemente, la moral y las leyes sociales que definían, y castigaban, los delitos, o los pecados, estaban regidas principalmente por las leyes católicas. Legalmente, hasta que se redactó el primer Código Civil uruguayo de 1868 por el jurista argentino Tristán Narvaja, la sociedad se regía por el Código Civil Francés de 1804 de Napoleón Bonaparte y por Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, creadas en el siglo XIII.

Las Partidas, aplicadas en toda América Latina desde la ocupación española, y específicamente en nuestro territorio, se centraban en los castigos físicos, del padre hacia su hijo, del señor hacia el siervo y del maestro hacia el discípulo. El documento señalaba que el castigo debía ser “mesurado, y evitar la crueldad”; de lo contrario, se establecía una pena de destierro o “pena de homicida”:

En Las Partidas ya existía la intención de regular y castigar la violencia de los adultos hacia los menores, visibilizando explícitamente las prácticas comunes de violencia que ocurrían en el ámbito doméstico y estableciendo penas como el destierro, lo que también implicaba intenciones pedagógicas para el resto de la sociedad. Como señala Foucault (2002), en esa época la pena seguía siendo pública y teatral, como el destierro, cuya sentencia era anunciada públicamente y la población podía presenciar la salida del condenado como una medida ejemplarizante.

Posteriormente, en el siglo XIX, nuestra legislación comienza a apegarse al Código Civil Napoleónico de 1804. A pesar de que dicha normativa fue algo innovadora respecto al lugar otorgado a las mujeres, por ejemplo, el reconocimiento del divorcio (Muñoz, 2008), en su artículo 373 todavía centraba la autoridad de los derechos de patria potestad en el pater familias: “L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère, Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage” (Bonaparte, 1807: 97). La autoridad paterna era ejercida sobre hijos, hijas y esposas, legitimando toda acción sobre sus vidas. Si las mujeres decidían divorciarse y casarse nuevamente, podían hacerlo, pero perdían la patria potestad de sus hijos e hijas.

En este sentido, el Código Civil establecía las condiciones para la pérdida de la patria potestad por parte de los padres, quienes la ejercían en primer lugar, quedando las madres siempre en segundo término: “Los padres perderán la patria-potestad: 1° Si habitualmente maltrataren a los hijos, en términos de poner en peligro su vida o de causarles grave daño […]. 5° Si por sus costumbres depravadas, se hicieren incapaces de ejercer la patria-potestad” (Código Civil para el Estado Oriental del Uruguay, 1868: art. 268).

Como se observa, la patria potestad ejercida por los varones sobre su familia presentaba algunas limitaciones, vinculadas al concepto de violencia infantil de la época. Esta potestad podía ser retirada si el padre ejercía algún maltrato, y la punición sólo se aplicaba cuando el maltrato ocurría habitualmente, lo que evidencia cierta tolerancia a la violencia y al maltrato doméstico infantil. No obstante, al analizar descriptivamente esta normativa utilizada por la sociedad uruguaya del siglo XIX, se puede apreciar un proceso de rechazo a la violencia, marcado por la transformación en su definición, especialmente en lo relativo a los castigos físicos. Este cambio coincide con la propuesta de Michel Foucault sobre el castigo hacia fines del siglo XVIII en Francia:

En relación con la patria potestad, el Código Civil de 1868 la definía como “el conjunto de derechos que la ley concede a los padres en las personas y los bienes de sus hijos menores de edad” (art. 252). Este significado refleja el ejercicio de poder (potestad) legitimado, atribuido en primer lugar al padre. El Código Civil tuvo diversas modificaciones: 1914, 1934, 1946, 1972, 1975 y 1978 (Cestau, 2008a).

En caso de pérdida de la patria potestad, se contempló una figura legal alternativa: la tutela para menores desamparados o sin padres conocidos. Cestau (2008b: 21) señala que “cabe consignar que la conservación de los términos tradicionales -patria potestad- es de recibo en el derecho comparado”; actualmente, este concepto refiere a las facultades orientadas a satisfacer las necesidades e intereses del niño y del adolescente.

El investigador Daniel Fessler señala que hacia finales del siglo XIX empezaba a surgir la discusión entre juristas y autoridades sobre la necesidad de abordar o prevenir la delincuencia desde la infancia; de esta manera, se creía poder evitar la aparición de futuros delincuentes (Fessler, 2012).

En el Código de Instrucción Criminal de 1878, se había establecido “la imposibilidad de penar aquello que no se encontrase previamente establecido, consagrando el principio de no retroactividad de la ley” (Fessler, 2012: 215). Estos cambios en la concepción del delito marcaron una ruptura con la vieja legislación española, que ya no se encontraba vigente en la metrópoli, y permitieron modernizar la normativa penal, adaptándola a los requerimientos de un Estado republicano.

Durante todo el siglo XIX, la cárcel fue un lugar común y compartido entre varones, mujeres y niños, pero, a partir de 1899, comenzó a cobrar mayor fuerza la propuesta de reforma en la Cárcel Preventiva y Correccional a efectos de crear un espacio para 40 menores. Luego, esta reforma se amplió con la creación de un taller donde los internos podían trabajar. Sin embargo, aún se le daba un carácter provisorio, porque pronto se proyectaba la construcción de una Cárcel Correccional de Mujeres y Asilo de Menores. En 1903, se concretó la apertura del Departamento Especial para Niños y Adolescentes en el segundo piso de la cárcel, lo que consolidó la permanencia de los menores en la correccional de adultos (Fessler, 2012).

El sociólogo Víctor Hugo González (2020) señala que la consolidación legítima de la violencia física en Uruguay se materializó a partir de 1904, tras la derrota de Aparicio Saravia, momento en el que se amplió la concepción del monopolio de la violencia simbólica legítima. Sin embargo, la violencia (física, simbólica o psicológica) ejercida sobre niños y niñas ha estado presente como parte constitutiva de la historia desde sus origenes.

En palabras del historiador José Pedro Barrán (1998: 45): “la sensibilidad ‘bárbara’ usó y se consustanció con el castigo del cuerpo, la sensibilidad civilizada prefirió la represión del alma”. La esclavitud en Uruguay formó parte del periodo que Barrán denomina de “barbarie”, en el cual el uso de la violencia en general era naturalizado a través de prácticas y argumentos morales, muchas veces en nombre de la lucha contra la criminalidad.

El infanticidio fue una de las manifestaciones de violencia infantil más comunes en la Provincia Oriental, pero también una de las más penalizadas socialmente. Fue un fenómeno recurrente a lo largo de todo el siglo XIX, identificado por varios de los actores de la época. En 1864, el cronista uruguayo Isidoro de María relataba sus recuerdos de 1818, describiendo:

Esta realidad también fue denunciada por otros autores contemporáneos e incluso por la prensa de la época. El creciente número de bebés abandonados en las puertas de las casas de las familias patricias provocó que el sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga incentivara la creación del primer orfanato durante la Cisplatina.¹ Isidoro de María hizo alusión a las circunstancias sociales que llevaron a la fundación de la primera Inclusa (antecedente del Asilo de Expósitos y Huérfanos) y pone énfasis en la naturalización de la violencia hacia los cuerpos de bebés en el espacio público. En las observaciones del autor, la responsabilidad de abandono de estas criaturas recaía exclusivamente en sus madres, dejando fuera de todo enjuiciamiento moral a los padres.

En los albores del siglo XX, el escritor e intelectual Julio Herrera exponía sus opiniones del infanticidio en su obra Tratado de la imbecilidad del país, por el sistema de Herbert Spencer:

Desde la ironía y el humor ambiguo, Herrera (2005) denunciaba y juzgaba moralmente a las mujeres que cometían infanticidio. En sus apreciaciones, se refleja, una vez más, la naturalización de estas prácticas que, más allá de ser comunes, continuaban siendo consideradas como delitos morales y, además, penalizadas por la ley. Esto lo demuestra claramente el ya citado investigador uruguayo Daniel Fessler, quien indagó distintos casos de infanticidio como uno de los crímenes más castigados. Estos delitos también dieron lugar a la construcción de ciertas tipologías de mujeres criminales, vinculadas directamente con la moral de la época.

Si hablamos de violencia, es imprescindible trazar los recorridos de sufrimiento que enfrentó la población africana que llegó al territorio uruguayo. El siguiente apartado se centrará en dos casos que ejemplifican una violencia doblemente agravada por ser niño y por su condición racial como persona negra.

No podemos hablar de la población africana en territorio americano sin contextualizar históricamente lo que implicó el proceso de llegada, venta y compra de esclavos en el territorio.

Las lógicas que sustentaron la esclavitud se basaron en:

La esclavitud fue una de las formas de explotación humana más crueles y legitimadas en el mundo occidental durante siglos. Su extrema brutalidad radicó en la desintegración de los núcleos comunitarios y familiares originarios, sin ningún tipo de contemplación por edad o sexo; todos fueron cruelmente separados y maltratados.

Situar históricamente una violencia específica sobre los cuerpos de la población africana en América implica comprender que, durante siglos, se ejercieron distintos tipos de abusos de una forma naturalizada y legitimada a través de la esclavitud, que fue perpetuada más allá de su abolición legal, ya que el control y los malos tratos de cuerpos libertos continuaron. Y, si se contempla la interseccionalidad entre raza y generaciones, se observa que la población infantil esclava estaba especialmente vulnerada: era separada de su comunidad y de su seno familiar tempranamente, su cuerpo pasaba a pertenecer a otra persona, quien disponía del mismo como si fuese un animal de carga, sin límites y sin descanso; era físicamente frágil; estaba mal alimentada y era vendida de patrón en patrón. En estas circunstancias, las dimensiones afectivas, emocionales y educativas no eran para nada consideradas por el mundo adulto, que debería haberlas tenido en cuenta. En este caso ¿qué definía ser un niño africano o una niña africana? ¿Sólo la edad biológica? Porque el resto de sus condiciones no se podrían definir ni siquiera como humanas, ni de un niño, ni de un hombre adulto. Sin embargo, estas especificidades son en las que se circunscribía la infancia negra del siglo XIX en la Provincia Oriental, donde ningún derecho les era reconocido y donde todas las responsabilidades recaían sobre su accionar y su fuerza física, incluso cuando su cuerpo todavía estaba en desarrollado.

La marginalidad de esta población infantil se refleja en la literatura producida. En el ámbito académico, persiste una ausencia casi total de investigaciones que proporcionen datos y analicen el tema en profundidad. Si bien es cierto que las fuentes documentales que la registran son escasas, también se reconoce que los focos del interés académico han centrado su atención en otros grupos sociales. En particular, se destaca el trabajo realizado por la investigadora Wanda Cabella (2008), quien examina cómo viven los niños y las niñas descendientes de africanos en el siglo XXI en Uruguay. Sin embargo, no existe un rastreo específico de las infancias africanas-uruguayas en los siglos previos. En general, las investigaciones que aparecen están vinculadas con los procesos de esclavitud y tráfico comercial.² Por este motivo, es fundamental que los investigadores aborden la infancia desde una perspectiva transversal entre infancia, raza y clase social.

Entre 1514 y 1866, 12.5 millones de personas africanas fueron forzadas a cruzar el Atlántico. En 1585, comienzan a llegar a Buenos Aires los primeros esclavos provenientes de Angola y de la desembocadura del río Congo. Aunque algunos comerciantes del Río de la Plata traían esclavos directamente, la mayoría de las personas esclavizadas en esta región provenían de Río de Janeiro y Bahía. Según el investigador Alex Borucki (2021), casi 60% de los esclavizados en el Río de la Plata eran de Brasil.

A principios del siglo XIX, los esclavos representaban entre 25-30% de la población total de la Provincia Oriental, instalándose en las fronteras este y noreste de este territorio, así como en Montevideo. Mientras estuvo permitida la esclavitud en el territorio, los amos eran propietarios de las personas esclavizadas. Ellos tenían como obligación darles vivienda, comida, vestimenta, gastos de enfermedad, bautismo y entierro. A partir del siglo XVIII, comenzaron a ser reconocidos ciertos derechos de los esclavos: tenían derecho a su propia vida; a tener libres los domingos y días festivos; a cambiar de amo si se comprobaban los malos tratos, y a comprar su libertad. Sin embargo, los abusos de poder y castigos fueron muchos, sobre todo los casos de abuso sexual entre amos y esclavas.

En la tabla 1 se presentan algunas fechas fundamentales de la historia de la esclavitud en el Uruguay:

Tabla 1

Año	Acontecimiento
1608	Se introducen con Hernandarias los primeros africanos esclavos.
1680	Comienza el tráfico de esclavos por Colonia de Sacramento. Cuando en 1777 (Tratado de San Ildefonso) pasa a manos de España, el comercio de esclavos se traslada al puerto de Montevideo.
1812	Se prohíbe la trata de esclavos por el Primer Triunvirato de Buenos Aires y se proclama la libertad de vientres, medida aplicada también en la Provincia Oriental artiguista.
1825	Se declara la libertad de vientres y se prohíbe el comercio de esclavos en el Gobierno Provisorio de la Provincia Oriental en la Florida.
1830	Se prohíbe la esclavitud con la primera constitución.
1839	Tratado entre Uruguay e Inglaterra que suprime el tráfico de esclavos, ratificado en 1842.
1842	El Gobierno de Defensa aprueba la Ley de Abolición de Esclavitud.
1846	El Gobierno de Cerrito aprueba la Ley de Abolición de Esclavitud.

Fuente: elaboración propia con base en información de Frega et al. (2019).

En cuanto a los castigos físicos sufridos por la población africana por fugarse, en la siguiente cita se muestra parte de la violencia que esta población padeció durante los siglos XVIII y XIX:

En esta cita podemos ver la crueldad o la barbarie con que se castigaba a los africanos en nuestro territorio, al punto de ser llevados al hospital en grave estado. El castigo resultaba desmedido y desproporcionado en relación con las faltas cometidas. El único límite era la propia vida y, muchas veces, ni si quiera la muerte lograba detener esa violencia.

María (1957) hace alusión a la ley de la abolición de la esclavitud de 1842³ por parte del Gobierno de la Defensa (colorados). Dicha ley venía a consolidar la de 1825, en la cual se establecía la libertad de vientres y en la que también se percibía un interés por reclutar soldados para el ejército de la Defensa. Por su parte, el Gobierno del Cerrito no se quedó atrás y, en 1846, declaró la abolición de la esclavitud, también con el claro interés de reclutar soldados para su ejército. Por lo tanto, de ningún modo se puede hablar de una abolición real de la esclavitud, sino del inicio de un proceso que duraría gran parte del siglo XIX. A pesar de los numerosos intentos legislativos, la abolición se vio frenada numerosas veces por intereses económicos de los comerciantes montevideanos que vivían del tráfico de esclavos. Esto generó que el proceso fuera lento y lleno de obstáculos, por lo que tardó 50 años, desde 1812 (año en que las Provincias Unidas del Río de la Plata prohibieron el tráfico de esclavos) hasta 1862 (ley de prohibición de contratos de peonaje entre antiguos amos y esclavos).

En este punto se retoman dos historias que pertenecen a épocas diferentes: la historia de Joaquín, un niño de 10 años que era esclavo en 1834, cuando la esclavitud aún era legal; y la historia de Mauricio Ayala, que pertenece a finales del siglo XIX, época en que ya había sido abolida la esclavitud. En este segundo caso, se trata de un huérfano que vivía en el Asilo de Expósitos y Huérfanos, quien durante su adolescencia fue trasladado a la Escuela de Artes y Oficios en 1896. En el Archivo General de la Nación, se encontraron dos cartas vinculadas con esta historia.

¿Por qué se eligieron estas fuentes? Por dos motivos: primero, porque reflejan la acción de un niño negro dentro de una institución dirigida en ese momento por autoridades estatales, y, en segundo lugar, porque evidencian hipotéticamente acciones de violencia sexual. Por un lado, en una carta del 21 de marzo de 1896, escrita por Manuel Sastre, secretario de la Dirección del Asilo, dirigida a la Escuela Nacional de Artes y Oficios, se solicitaba la admisión del “huérfano de color Mauricio Ayala”.⁴ Dicha carta no brinda más información sobre Mauricio, sólo menciona que era huérfano, que es “de color” y que, por algún motivo que se explica en la segunda carta, no podía permanecer más en el Asilo.

La segunda carta, escrita por Hortensia Roldán, hermana superiora del Asilo, encargada de su organización interna, estaba dirigida a los directores y administradores externos del Asilo de Expósitos y Huérfanos. En dicha carta, la hermana superiora se refería a Mauricio, lo que ofrece algunos datos importantes sobre el origen de su traslado: “el moreno Mauricio Ayala, constante propagador de la inmoralidad en perjuicio de los demás niños, se ha determinado a solicitar su expulsión del Establecimiento como medida estrictamente necesaria para evitar tales abusos”.⁵ Como se observa, la hermana superiora solicita la admisión de Mauricio en la Escuela de Artes y Oficios por ser “constante propagador de la inmoralidad” dentro del Asilo. No se sabe qué pasó después con él, pero sí es posible analizar algunos aspectos. En primer lugar, las características de la Escuela de Artes y Oficios, fundada en 1878 con el objetivo de capacitar en oficios, y, a través de su internado, albergar a menores huérfanos o expósitos, con problemas de conducta que ya no podían continuar en el Asilo por cuestiones de edad y espacio. Por lo que dice la carta, se sabe que Mauricio cometió abusos vinculados a la moral. En el siglo XIX, este tipo de asuntos estaban relacionados directamente con el honor y la intimidad, lo que hace suponer que, quizá, Mauricio abusó sexualmente de alguna de las niñas o niños del Asilo, y por ese motivo fue expulsado, pero es sólo una hipótesis, ya que no hay pruebas para corroborar este hecho.

La reflexión de estos documentos favorece la contextualización afectiva o de las emociones de Mauricio. La investigadora colombiana María Isabel Mena, al hablar sobre las mujeres negras, afirma que: “Vale rearmar el papel de las emociones acuerpadas en esas mujeres para imaginar, la rabia por la violencia cernida sobre su progenie” (2022: 31). Trasladando esto a nuestro joven Mauricio, es necesario reconstruir el rompecabezas de las vivencias y emociones que pudo haber experimentado para manifestar ese comportamiento “inmoral” descrito por la hermana superiora en la carta.

¿Qué tipos de violencia o maltrato recibió durante su corta vida? ¿Por qué molestaba a los otros niños del Asilo? ¿Por qué fue rechazado también por el propio Asilo? ¿Qué fue de la vida de Mauricio después de la expulsión? ¿Fue finalmente recibido por la Escuela de Artes y Oficios? Son interrogantes que, lamentablemente, no se pueden responder con certeza, pero el hecho de plantearlas ayuda a comprender desde lo afectivo las vivencias de Mauricio, un joven huérfano “de color”, expulsado del Asilo por sus comportamientos “inmorales”. La vida de los huérfanos en el Asilo no fue fácil, y menos si se considera la realidad de ser negro en una sociedad sumamente racista. La negritud venía acompañada de desconfianza, prejuicios y del juzgamiento peyorativo por parte de los demás. En este caso, además, se sumó la expulsión de una institución que debía brindarle amparo y acompañamiento por no tener familia biológica que lo protegiera y cuidara.

Así como Mauricio, hubo otros niños negros que sufrieron violencia, tanto física como simbólica. Tal es el caso de Joaquín, de tan sólo 10 años, quien huyó de la casa de su patrón en 1834. Esta fuga demuestra la realidad sumamente cruel que este niño vivía, ya que lo arriesgó todo para escapar.

Sobre la vulnerabilidad en que se encontraban estos niños negros esclavos, la colombiana María Isabel Mena hace alusión a un caso de suicidio de un niño esclavo: “Que un niño esclavizado, se suicide como un acto deliberado de acabar con su sufrimiento, es de un impacto relevante” (2022: 29). Si bien el suicidio es un acto inminente y mucho más radical que fugarse, ambas acciones buscan terminar con una realidad insoportable y se relacionan con la muerte: el suicidio lo hace directamente, mientras que, en la fuga, la posibilidad de morir es real. El hecho de que un niño de 10 años se aventure a estar solo y a arriesgar su vida si su patrón lo encuentra pone en evidencia la tortuosa realidad que seguramente estaba viviendo. A continuación, se muestra el aviso de la prensa en el que se informaba sobre este escape:

Con este anuncio se pueden vislumbrar algunos aspectos para analizar la interseccionalidad entre raza, infancia y pobreza. Un aspecto importante vinculado a la identidad del niño es su nombre: no está claro si se llamaba Joaquín o Domingo. Esta doble identidad en un niño de tan sólo 10 años refleja un desinterés que puede entenderse como una forma de maltrato psicológico o emocional. Al no saber bien su nombre, no tiene una identidad clara. Después de todo, esto no era lo importante, sino su utilidad física. Joaquín simbolizaba trabajo; por lo tanto, representaba una ayuda económica para el patrón.

Este niño también era apodado como “negrito bozal”. Sobre las distintas formas de nombrar a la infancia negra, la autora mexicana Cristina Masferrer alude al uso de diminutivos en términos como negrito o mulatilla, los cuales reflejan “las relaciones de poder entre niños y adultos, así como la noción de que la niñez es un periodo donde hace falta crecer y aprender” (2014: 7).

El detalle de la caracterización física de Joaquín revela el maltrato sufrido durante un largo tiempo. La descripción exacta de las heridas y cicatrices constituye una memoria del abuso: el abusador recuerda en detalle las palizas que brindó y, por eso, puede describir gráficamente cada lesión en el aviso. La oreja izquierda enferma, los dedos marcados con la señal de un tajo, la cabeza pelada y los granos en la piel son elementos que dan cuenta de malos tratos físicos perpetuados a lo largo del tiempo, así como de la falta de concepción de infancia para la población negra.

Un niño negro no sólo carecía de las pocas condiciones que podían tener otros niños en esa época, sino que ni siquiera era tratado como un ser humano. Estos signos físicos, en cualquier niño, hubieran sido denunciados como evidencia de abandono y maltrato, pero en un niño negro se pierden todos los derechos. Si consideramos Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio (2006: VII partida), vigentes en el territorio hasta la creación del primer Código Civil en 1868, éstas limitaban los castigos del padre o del maestro hacia el hijo o discípulo, estableciendo que debía ser “mesurado, y evitar la crueldad”; de lo contrario, se imponía una pena de destierro o incluso una “pena de homicida”. Cualquier menor debía ser cuidado y alimentado por sus padres; en cambio, un niño negro debía trabajar y rendir a cualquier precio. Joaquín no era considerado un infante para la sociedad, sino más bien una herramienta de trabajo, un animal que solamente producía, sin rasgos humanos.

Por esta razón, el patrón ofrecía una recompensa: lo quería de vuelta, porque era mano de obra joven y, además, lo consideraba su propiedad. En esta época todavía estaba vigente la esclavitud en nuestro territorio; sin embargo, la huida de Joaquín marcaba un límite al maltrato y cortaba una realidad insostenible para un niño de 10 años. A pesar de su situación de angustia y sufrimiento, Joaquín tuvo capacidad de agencia, ya que actuó y buscó poner fin a una vida de dolor o, quizá, darle sentido a su vida, procurando la protección que nunca había tenido. En su caso, el hecho de ser esclavo se imponía al hecho de ser niño. Se puede decir que esta historia es un caso de desinfancia, en la que sus derechos y concepción como niño fueron anulados por su condición de esclavo, concepto que neutralizaba su niñez, excluyéndolo de cualquier posibilidad de ser un infante que estudia, es cuidado y amado.

Desde el inicio de la República, surgieron diversas organizaciones para atender a niños y niñas cuyas familias no podían hacerse cargo de ellos. El Asilo de Expósitos y Huérfanos, antes llamado la Inclusa (fundada en 1818), fue una institución creada para cuidar y educar a las infancias sin padres ni madres. Además del Asilo, se establecieron otras instituciones similares, como el del Buen Pastor (para cuidar a las jóvenes mal comportadas), el de Mendigos, la Gota de Leche y la Escuela de Artes y Oficios para albergar a aquellos jóvenes huérfanos o expósitos a los que debían enseñarles un oficio para evitar que se ‘desvíen’ socialmente.

La violencia hacia huérfanos y expósitos fue naturalizada desde los inicios. Isidoro de María relata que, antes de 1818, los vecinos de Montevideo denunciaban continuamente el espectáculo que se generaba cuando dejaban a los recién nacidos en sus portales, pues muchas veces no llegaban a tiempo para encontrarlos con vida y sólo hallaban pedazos de sus cuerpos que habían sido desmembrados por perros cimarrones.

La Inclusa se creó para que estos recién nacidos tuvieran un lugar seguro donde vivir, fuera de las amenazas de la calle. Sin embargo, las lógicas que operaban en las prácticas de convivencia y de relaciones muchas veces enmascaraban otras formas de violencia hacia la niñez.

A continuación, se expone un hecho proveniente del Departamento del Torno del Archivo General de la Nación, del cual se analizaron varios documentos que siguen el caso de la joven Paula Celia, quien se fugó de su hogar adoptivo. Estos registros están vinculados con la violencia institucional simbólica, muchas veces ejercida sobre jóvenes del Asilo.

Ante la fuga de Paula y el posterior reclamo de su padre adoptivo, Remigio Castellanos Illa, el 17 de diciembre de 1878, el director de la Comisión de Caridad -órgano supremo del Asilo de Expósitos y Huérfanos-, Manuel Montaño, le escribió una carta a la madre superiora del Asilo Hermana solicitando la devolución de la menor a su familia adoptiva, argumentando: “Esta Dirección está convencida que no hay causa ni motivo alguno para la fuga de dicha menor, a quien pondrá a disposición del Señor Castellanos que urgía en buscarla”.⁶ El director no ordenó investigar, no llamó a la policía, ni se le preguntó a la niña por los motivos de su fuga. Simplemente accedió a la solicitud del padre adoptivo, olvidando proteger los derechos de Paula Celia.

Para contextualizar esta violencia institucional sobre la voluntad de Paula, es necesario indagar sobre el origen social de Remigio Castellanos, quien poseía una quinta y era hijo de Florentino José Castellanos y Valentina Illa Viamonte, una familia de alto linaje, perteneciente a los patricios de Montevideo. Su abuelo había peleado durante la Guerra Grande y ocupado cargos políticos y culturales tanto en Argentina como en Uruguay. Por lo tanto, don Remigio no era cualquier habitante solicitando la devolución de su hija adoptiva, sino un miembro de una de las familias de mayor renombre de la sociedad. El hecho de que su petición imperara en la gestión de esta situación y no haya sido cuestionada a pesar de tratarse de la fuga de una menor, evidencia el poder que ejercía esta familia. La afirmación “Esta Dirección está convencida que no hay causa ni motivo alguno para la fuga” refleja el nivel de poder que poseía Remigio, lo que hacía incuestionable cualquiera de sus acciones, incluso la fuga de una menor. Este poder se ejemplifica en la asimetría opuesta sufrida por Paula, quien no fue consultada, escuchada, ni mirada. Aunque era la hija adoptiva de don Remigio y fue quien huyó de su casa, nunca se le interrogó. El reclamante se impone con urgencia, por lo que no respeta los tiempos; al contrario, apresura todo el trámite porque su lugar social se lo permite (Osta, 2020).

El caso de Paula deja un claro ejemplo del ejercicio de violencia institucional impuesto por una cuestión de clase social que tiene poder sobre otra, de un adulto sobre una infante. Paula está descrita como una menor, lo que conlleva pensar que no era una niña pequeña, sino una jovencita que aún no llegaba a la adultez. En este periodo, los documentos que incluían el concepto de menor hacían referencia a jóvenes institucionalizados, menores de edad. A partir de cierta edad o de determinadas capacidades físicas, los niños y las niñas se podían convertir en un bien preciado, por su potencialidad para el trabajo, o en una amenaza, por su potencialidad para la delincuencia. Cuando el concepto de menor aparecía en la documentación institucional o judicial, solía aludir a este último grupo, considerado como una posible amenaza social.

Paula es violentada al imponerle vivir en una familia que rechaza, al grado de lanzarse al vacío para huir. Nadie se preguntó ¿por qué escapó? En esa lógica de dominio de los más poderosos, la voz de Paula no importaba, por lo que los motivos de su fuga era mejor no conocerlos, pues pondrían en cuestión el honor de la familia de Remigio, que se debía respetar por encima de los hechos. Nuevamente, se trata de otro caso de desinfancia, en el que el poder se imponía y la condición de niña se neutralizaba; por tanto, también sus derechos de protección hacia su propia vida. La integridad y la vida de esta menor fueron puestas en riesgo para no afectar el honor de una familia.