Como es bien sabido, a finales del siglo XVIII, el crecimiento de la Ciudad de México, tanto en extensión como en población, supuso un reto importante para las autoridades virreinales, quienes se preocuparon por dar a esta enorme urbe un aspecto limpio y ordenado, en sintonía con la mirada ilustrada del reformismo borbónico. Sin embargo, que la ciudad luciera imponente y palaciega no minimizaba los problemas sociales severos, derivados de una incesante migración del campo a la ciudad y la rampante miseria de una miríada de hombres, mujeres y niños, pobres, desempleados, sucios y semidesnudos (Lozano, 2010). Eran constantes las quejas de que este “leperaje” afeaba el paisaje urbano, despojando a los capitalinos no sólo de su tranquilidad, sino también de alguna que otra pertenencia. Pero el mayor desorden afloraba por las noches, agravado por una tendencia general a la ebriedad, provocada por el consumo masivo de pulque.

Así, al lado del flamante empedrado y las obras de drenaje, de la recolección de basura y el exterminio de animales callejeros, servicios que hacían más transitables las calles a la luz del día, la introducción del alumbrado público en 1790, bajo el mandato del virrey Revillagigedo, se concibió como la mejor estrategia para mantener el orden durante las noches. Además, se creó un nuevo cuerpo de policía, conformado por un centenar de “guarda-faroleros” o “serenos”, encargados, como su nombre lo indica, de vigilar que las farolas permanecieran encendidas y no fueran vandalizadas o robadas, pero también de “aprehender los malhechores o ladrones que encontrasen, depositándolos en la guardia, cuartel o cárcel más inmediata” (“Reglamento…”, 1963: 813).

El cuerpo de guarda-faroleros vino a reforzar un sistema de vigilancia que funcionaba, aunque de manera poco eficiente, desde 1783, a partir de la organización de la ciudad por cuarteles. Desde la administración del virrey Mayorga, la capital novohispana había quedado dividida en ocho cuarteles mayores, conformados a su vez por cuatro barrios (32 en total), cada uno custodiado por un “alcalde de barrio” y sus respectivos alguaciles (Exbalin, 2012). Con la instauración del alumbrado público, rondaron simultáneamente la ciudad distintos cuerpos policiales, cuyas jurisdicciones se empalmaban, lo que supuso rivalidades e incluso enfrentamientos violentos entre unos y otros guardias.³

Las rondas iniciaban a partir del toque de queda. Con la consigna de preservar el orden, no sólo era preciso detener a todas las personas sorprendidas en delito flagrante, sino también a aquéllas que despertaran la sospecha de los guardias. Según fuera el caso, los reos eran presentados ante el corregidor o el alcalde ordinario, quienes gozaban la potestad de establecer sentencias leves, o bien, dictaminar su liberación bajo “apercibimiento”. Las penas iban desde algunos meses de trabajo en obra pública (que era lo más común) o unos cuantos días de cárcel, hasta un máximo de 25 azotes para la “corrección del reo”. Cuando se trataba de un delito de consideración, se instruía “formar causa” y el caso era turnado a la Sala del Crimen o al Tribunal de la Acordada, donde seguía un proceso formal.⁴

Tratándose de los reos más jóvenes, cuando no tenían familia que los reclamara, la sentencia consistía en enviarlos a aprender un oficio en calidad de aprendices “con escritura” (una suerte de contrato laboral sin paga);⁵ o, en caso de haberse fugado, eran devueltos a su maestro, algunas veces “corregidos” con azotes. A las muchachas en esa misma situación se les ponía “en depósito” como sirvientas en una “casa de honra” y muchas veces también se les dictaban castigos corporales.

Todas estas comparecencias y sentencias de primera instancia quedaban escrupulosamente registradas por un escribano en el correspondiente libro de reos, donde también se anotaban algunos datos personales de cada detenido. Gracias a estos registros, se sabe, con toda certeza, que el delito más común era la embriaguez (fuera de los lugares de tolerancia), por lo general asociada a una conducta “escandalosa” (Sánchez-Arcilla Bernal, 2016). Los registros incluyen otros detalles que dotan de color y dimensiones picarescas a esta información, como que los numerosos hombres y mujeres que eran aprehendidos día tras día “por ebrísimos” no eran precisamente pasivos; al contrario, a menudo se resistían al arresto, forcejeaban con el guarda, rompían el cristal de su linterna, lo abofeteaban o le desgarraban la capa. También ha sido posible conocer la frecuencia de otras transgresiones que aparecen continuamente registradas en los Libros de reos, que, aunadas a la ebriedad crónica, permiten imaginar la intensidad de la vida nocturna en la ciudad pese a la vigilancia reforzada: peleas callejeras, fandangos que se extendían hasta el alba, lupanares semitolerados (Germeten, 2018), apuestas, robos y encuentros “ilícitos” entre hombres y mujeres eran actividades cotidianas.⁶

Entre los infractores más jóvenes, la transgresión más común era simplemente el hecho de estar en la calle “a deshoras”, es decir, la violación del toque de queda, lo que significa que, los muchachos y las muchachas fueron muchas veces encontrados por los guardias a horas en que supuestamente debían estar recluidos en su casa o taller. De ahí el énfasis especial que se hace al cuerpo de los guarda-faroleros, por encima de otras fuerzas policiales, pues por lo general eran ellos quienes encontraban a los chicos que vagaban por las calles: a veces solos, a veces en grupo, a veces jugando pelota o rayuela, a veces enfiestados o en plena escapada romántica, a veces escondidos en una iglesia o cementerio, a veces en fuga, a veces perdidos, a veces simplemente durmiendo en un rincón. Cabe aclarar que, si bien el toque de queda era universal, las detenciones por dicha causa fueron especialmente numerosas entre este grupo de edad (Scardaville, 1977).

Hace casi medio siglo, Scardaville (1977) describió estas detenciones infantiles y juveniles -no masivas, pero sí constantes- como indicadores de una tendencia al abandono por parte de los padres, evidenciando una serie de problemas financieros, de desempleo, adicción y violencia que afectaban fuertemente a las familias pobres de la ciudad. A partir de los datos arrojados por el Censo de Revillagigedo, en 1790, los orfanatos de la ciudad solamente podían albergar a 392 niños, dejando a muchos más a las atrocidades de la vida callejera (Scardaville, 1977). Finalmente, el autor destaca la intención de las autoridades de proporcionar a los reos más jóvenes “una vida hogareña estable”, ya fuera colocando a las muchachas en la casa de un matrimonio que supliera las responsabilidades de los padres, o bien, entregando a los muchachos a un maestro artesano que le enseñara un oficio útil (Scardaville, 1977).

Sin embargo, es importante recordar que la investigación de Scardaville precedió a otras que profundizaron en la problemática del abandono infantil, producto de una ilegitimidad cada vez menos tolerada, echando luz sobre las condiciones de explotación bajo las cuales los muchachos y, las muchachas huérfanas eran recibidos por maestros artesanos o casas de familia (Gonzalbo Aizpuru, 1982; Mentz, 1999; Arrom, 2010). Al respecto, Brígida von Mentz expresa con gran claridad lo siguiente:

Esta política, contemplada en la Real Orden del 20 de abril de 1745 y centrada en la idea de alejar a los jóvenes de la ociosidad por medio del aprendizaje de oficios, fue concebida asimismo como una forma de prevención del delito, que marcó el inicio de la legislación en torno a la vagancia en la Nueva España (Arrom, 1988). En dicho decreto, se incluyó una clasificación de los vagos:

Si bien ese afán filantrópico por proteger a los jóvenes que identificaba Scardaville es patente en el discurso de la época y en todos los niveles de la administración borbónica, no hay que perder de vista un igualmente marcado afán utilitarista, que convertía a los niños pobres o sin familia en un recurso valioso para la monarquía y una forma de riqueza potencial (Alcubierre, 2017). Las detenciones de niños y adolescentes, así como la posterior “colocación” del reo con un maestro artesano o de la rea en una “casa de honra”, no pueden entenderse como una suerte de adopción (al menos no en el sentido actual del concepto), sino como la transferencia de una fuerza laboral gratuita: en estricto sentido, una forma moderna de servidumbre. Incluso, se puede pensar como una estrategia biopolítica ligada al control reproductivo de las mujeres huérfanas, criadas en casas de familias pudientes, a fin de evitar que cayeran en la prostitución y parieran más niños ilegítimos.⁷ Sin embargo, que unos y otras se rebelasen ante el maltrato de sus patrones y huyeran constantemente de sus sendos acomodos es muestra clara de que, lamentablemente, éstos estaban lejos de proporcionales una vida hogareña estable y mucho menos feliz.

Cabe agregar, como lo ha planteado Bianca Premo (2005) para el caso de la Lima virreinal, que en el contexto dieciochesco el Estado colonial osciló entre su papel como protector y su tendencia a restringir y controlar la conducta de las clases subordinadas. Esta tensión fue evidente en el tratamiento jurídico de los menores de edad pertenecientes a las clases desposeídas, cuyos integrantes se concebían, por un lado, como sujetos de protección, pero, por el otro, como fácilmente corrompibles, con una tendencia al vicio y la vagancia que sólo podía contrarrestarse mediante el aprendizaje de oficios.⁸

Los Libros de reos son seis expedientes con el registro de las detenciones ocurridas en los años 1794, 1795, 1796 y 1798. Lamentablemente, no existe ningún volumen correspondiente al año 1797, por lo que el seguimiento cronológico a partir de esta fuente es discontinuo. No obstante, la información que contienen permite observar tendencias que muy probablemente fueron válidas para toda la década. Como muestra la tabla 1, los libros I y II corresponden a la jurisdicción del corregidor Bernardo Bonavia, mientras que los libros III y IV pertenecen a los alcaldes ordinarios Alonzo Alles y Joseph Mariano Fagoaga, respectivamente. Dado que los libros V y VI han perdido su encuadernación y portadas, no establecen con claridad la jurisdicción a la que pertenecen, aunque José Sánchez-Arcilla Bernal (quien, al igual que Scardaville, ha estudiado a fondo esta fuente) los atribuye también al corregidor, lo cual argumenta convincentemente, por lo que su suposición se toma como válida.⁹

Tabla 1

Libro	Periodo que cubre
I. Libro de Reos del Señor Corregidor D. Bernardo Bonavia de 1794	Julio a diciembre de 1794
II. Libro de Reos de la vara del Señor Corregidor perteneciente al Escribano Publico Don Juan Manuel Pozo y comienza el 2 de enero del año de 1796	Enero a octubre de 1796
III. Libro en que se anotan los reos que remite a esta cárcel pública el señor Alcalde Ordinario don Joaquín Alonzo de Alles en las semanas que turna con el escribano don Francisco Calapiz	Junio de 1795 a octubre de 1796
IV. Libro en que se contienen los reos pertenecientes al Sr. Don Joseph Mariano Fagoaga como Alcalde Ordinario más antiguo	Enero a diciembre de 1798
V. Libro de razones de reos que toca al escribano Gutiérrez (Corregidor)	Enero a octubre de 1798
VI. Libro sin título (Corregidor)	Enero a diciembre de 1798

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del AGN (1794, 1795, 1796, 1798a, 1798b, 1798c).

El primero de estos expedientes, el Libro de Reos del Señor Corregidor D. Bernardo Bonavia de 1794, es el que menos datos personales consigna; por ejemplo, no menciona las edades de los reos. Sin embargo, el escribano tuvo el cuidado de especificar los casos en los que el detenido era un “muchacho”. En las 11 entradas del libro en las que aparece dicha anotación, las circunstancias permiten inferir que, efectivamente, se trataba de reos muy jóvenes. En algunos casos, se especifica que son huérfanos, pero en otros se ordena averiguar si tienen padres o familia.

En los otros libros, en cambio, se consigna información más detallada. Salvo algunas excepciones, cada entrada registra, además del nombre del reo o la rea, la causa de su arresto, datos como su estado civil, lugar de origen, oficio, calidad y, finalmente, lo que es fundamental para mi investigación, la edad del detenido. Con base en los datos de los Libros de reos, he ubicado 169 casos de reos de edades entre siete (el más joven registrado) (AGN, 1795-1796: 9 de marzo) y 16 años, que sumados a los 11 “muchachos” que se consignan en el primer libro dan un total de 180. Aunque esta cifra representa apenas 2.6% del total de 6851 casos (tabla 2), su cuantificación y contenido resultan enormemente ilustrativos, puesto que dan cuenta de prácticas comunes y constantes que se pueden calificar tanto de emblemáticas como de persistentes.

Tabla 2

Libro	Reos totales	Muchachos reos	Porcentaje
1. Corregidor	972	11	1.1%
2. Corregidor	874	18	2%
3. Alcalde ordinario	694	52	7.5%
4. Alcalde ordinario	723	47	6.5%
5. Corregidor	391	7	1.7%
6. Corregidor	3197	45	0.01%
Total	6851	180	2.6%

Fuente: elaboración propia con base en los datos presentados por Sánchez-Arcilla Bernal (2016).

Como ya he dicho, los reos estudiados en este artículo no se nombran en la documentación como niños, sino como muchachos. De hecho, nunca se usa el término niño (o niña) para referirse a algún reo, ya sea hombre o mujer. Reconozco, desde luego, que fijar un límite de edad es siempre un acto arbitrario, pero no por ello deja de ser necesario establecer un criterio coherente. Guiándome por la propia fuente (los Libros de reos), es más o menos común que las entradas especifiquen que se trata de un muchacho (o una muchacha) de la siguiente manera: “muchacho de quince años”. Sin embargo, es evidente que, dada su imprecisión, el uso de dicho término no justifica por sí mismo el criterio que he empleado para seleccionar los casos de mi interés, puesto que, en otras fuentes de esa época, también es posible encontrar el mismo término para señalar a sujetos de hasta 20 años.

Ahora bien, específicamente en los Libros de reos, casi nunca se nombran como “muchachos” a los sujetos mayores de 15 años, por lo que en un principio consideré limitar el criterio a esa edad (como hacen Scardaville (1977) y Germeten (2018)).¹² No obstante, después me pareció razonable considerar los grupos de edad que se emplearon en el censo de Revillagigedo, levantado unos años antes: en este caso, el grupo de siete a 16 años. Esto me permitió trabajar con una población de reos algo más amplia. Según Hugo Castro Aranda (2010) el uso de este rango en el censo fue determinado por aspectos religiosos y militares:

Asimismo, el tratamiento jurídico diferenciado de los menores de 17 años queda confirmado por diversas fuentes de la misma época: por ejemplo, el ya citado reglamento de alumbrado, que solamente dictaba penas para los infractores a partir de esa edad, que era consistente con la legislación de la época en materia penal (“Reglamento…”, 1963).¹⁴

Gráfica 1 Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del AGN (1794, 1795, 1796, 1798a, 1798b, 1798c).

Gráfica 2 Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del AGN (1794, 1795, 1796, 1798a, 1798b, 1798c).

Por otra parte, cabe aclarar que el registro de las edades no es exacto, puesto que, en no pocas ocasiones, el escribano calculaba la edad del reo. En esos casos, como ha señalado Scardaville (1977), dominaba la tendencia a redondear las edades en múltiplos de cinco. No obstante, he notado que, cuando se trataba de los reos más jóvenes, donde el salto entre 10 y 15 años resultaba más significativo, se hacía necesario un redondeo intermedio. Por ello, al estimar la edad de un muchacho, la cifra preferida de los escribanos era el 12. Es bastante común, entonces, encontrar partidas donde se anota: “muchacho como de doce años”.¹⁵

Como se observa en las gráficas 1 y 2, el número de aprehensiones, tanto de hombres como de mujeres, crece a medida que la edad de los reos aumenta, dibujando una curva casi perfecta. Es necesario distinguir en este punto entre hombres y mujeres, puesto que los primeros abarcan un espectro etario más amplio. Para empezar, mientras que el número de muchachos reos es de 118, el de muchachas reas es de 62. Esto representa una proporción de 66% de varones contra 34% de mujeres. Por otra parte, se registraron varios varones de siete a 11 años, que se pueden considerar como niños, pero sólo se documentaron dos niñas en ese rango de edad y ninguna por debajo de los 10 años.¹⁶ Esto se relaciona directamente con las prácticas “ilícitas” atribuidas a cada sexo y con las formas de control empleadas con uno y otro. Parece evidente que las niñas de esas edades estaban sujetas a un mayor control por parte de los adultos a su cargo, lo que las hacía menos propensas a escaparse, vagabundear o perderse.

José Homobono Rodríguez es uno de los primeros “muchachos” que aparecen en los Libros de reos del corregidor Bonavía. Fue detenido en septiembre de 1794 y remitido a un maestro para que aprendiera el oficio de herrero. En el libro no se asienta su edad ni delito, pero, considerando dicha omisión, así como el trato estándar con el que fue procesado, lo más probable es que simplemente hubiera sido encontrado deambulando por las calles a una hora inoportuna. También se puede inferir que no era tan pequeño, puesto que en diciembre volvió a comparecer ante el tribunal y, en esa segunda ocasión, el escribano ya no tuvo el mismo cuidado de identificarlo como “muchacho” (AGN, 1794: 23 de septiembre y 14 de diciembre). Esta vez, la falta se consideró más grave, pues el reo se había escapado de la herrería donde había sido colocado “con escritura” dos meses antes. José Homobono salió muy pronto de la cárcel, “corregido” con 25 azotes, pero no fue devuelto a la herrería, como seguramente se temía, sino que fue enviado como operario textil al obraje de Panzacola¹⁷, donde enfrentó condiciones aún más adversas que las que lo hicieron huir en un principio (Miño, 1993). Según los Libros de reos, al menos otros seis muchachos de 11 a 16 años corrieron la misma suerte entre 1794 y 1798, lo que revela que estos chicos, considerados como incorregibles, recibieron un trato reservado para los vagos, por lo que eran enviados a los obrajes:

El trabajo forzado en obrajes fue un castigo común para las personas “ociosas”, quienes podían trabajar, pero se negaban a hacerlo, cayendo así en la categoría de vagos, que, como he mencionado, incluía también a los “muchachos”.

Como muestra el caso de Homobono, las causas por las que fueron detenidos los reos en este grupo de edad suelen ser ambiguas y azarosas. Con frecuencia, dichas causas se entrelazaban: una falta se asociaba a otras, como el callejeo nocturno relacionado con la desobediencia y la ociosidad, y ésta, a su vez, se vinculaba con la vagancia, así como el robo con el juego, o la ebriedad con el escándalo, aunque, en general, se identifica que la conducta que detonaba el resto de las transgresiones era la violación del toque de queda. La oscuridad, como lo plantea Diego Pulido Esteva (2011: 1607), se presentaba como “la madre de todos los vicios”. En primera instancia, la detención tenía que ver sobre todo con el desorden que implicaba estar en la calle “a deshoras”.

Lo cierto es que, salvo en casos muy específicos, las “picardías” juveniles, ya fuesen diurnas o nocturnas, no correspondían estrictamente con una tipología delictiva específica. Casi siempre, la detención estaba relacionada, más que con la intención de sancionar un delito, con el propósito de restringir la presencia de los chicos en el espacio público y trasladarlos a un lugar donde desempeñaran alguna actividad útil, a fin de alejarlos de la vagancia y aprovechar su potencial productivo. Bajo este contexto, resulta un tanto arbitrario establecer criterios claros de detención, porque, en realidad, no los había; por lo menos, no para este grupo de edad.¹⁸

Las detenciones se originaban por diversas razones: un chico podía ser detenido por estar en la calle, pero después se descubría que había escapado de sus padres o patrones, por lo que la violación del toque de queda era al mismo tiempo una fuga, que se interpretaba como desobediencia o incorregibilidad. Una chica podía haber huido de su casa y, a su vez, ser aprehendida por emborracharse y armar escándalo, o por estar en compañía de un hombre en la calle, lo que generaba sospechas de incontinencia. Al no responder a una tipología específica, cada caso implicaba matices distintos, por lo que su cuantificación sólo sirve para tener una idea general de las prácticas más comunes, pero no para establecer perfiles delictivos.

Partiendo de dicho entendido, la gráfica 3 muestra la incidencia de las causas de detención.¹⁹ Como ya lo había anticipado, la principal razón de detención fue la violación del toque de queda, seguida por las fugas, tanto de la casa como del lugar de trabajo, las cuales se asociaban con actos de desobediencia o incorregibilidad. En estos casos, las aprehensiones respondían a una denuncia interpuesta por los padres, el maestro o, excepcionalmente, el esposo de la persona detenida. A partir de estas causas, las diferencias entre las detenciones de hombres y mujeres se acentúan. Los muchachos serán detenidos más veces por robo (denuncia por parte de la víctima), mientras que las muchachas terminaban frecuentemente ante el juez tratando de justificar por qué estaban en compañía de un hombre, casi siempre de mayor edad. He llamado a estas acciones encuentros ilícitos, ya que no siempre implicaron la concreción de un delito de naturaleza sexual, sino apenas su sospecha, por lo que la intervención de las autoridades tuvo más bien un sentido preventivo.

Gráfica 3 Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del AGN (1794, 1795, 1796, 1798a, 1798b, 1798c).

Al parecer, nadie estaba exento de las tentaciones de la vida nocturna. No pocas veces, los propios serenos acababan en la cárcel, ya fuera porque robaban y vendían alguna pieza del alumbrado, porque aprovechaban su condición (y la libertad de movimiento que ésta les brindaba) para liarse con alguna muchacha, porque descuidaban su puesto o porque formaban parte del desorden que supuestamente debían controlar. Este último fue el caso de José Vicente Trejo, guarda número 60, detenido el 9 de mayo de 1796 por su cabo,²⁰ debido a haber incumplido sus obligaciones (AGN, 1796: 9 de mayo). José Vicente declaró que, a las 4 de la madrugada, “un muchachito” le suplicó que le templara una guitarra, “a cuyo tiempo llegó la ronda de la Acordada, quien avisó al cabo y éste lo trajo [a la cárcel]”. En resumen, el guarda tocaba alegremente la guitarra al lado de un niño (no queda claro si había más gente con ellos) cuando fue descubierto por una ronda distinta a la suya e inmediatamente acusado con su superior. Para su mala fortuna, José Vicente fue condenado a tres días de encierro, además de perder su plaza como sereno.

Dos cuestiones saltan a la vista a partir de este pintoresco incidente: la primera, y más obvia, es la duplicación de funciones entre los distintos cuerpos policiales, lo que implicaba tensiones constantes. La segunda, y más relevante para esta investigación, es la clara evidencia de que, en realidad, no todos los “muchachitos” que vagaban por la calle a deshoras eran detenidos por los guardas, incluso si estaban haciendo música en plena noche, lo que se consideraba una práctica escandalosa.

Es importante, entonces, plantear un par de matices respecto a las detenciones por toque de queda. En primer lugar, la mayoría de los chicos que eran detenidos por esta causa eran varones que no pasaban de los 12 años. Todo indica que las detenciones ocurrían, sobre todo, cuando era evidente que estos muchachos no tenían casa o familia, o bien, cuando estaban “huidos”. Posiblemente, los delataba su facha miserable, pero también había otras señas evidentes de dicha circunstancia, como dormir en la calle o guarecidos dentro de una iglesia. No pocas veces alegaban estar perdidos, lo que tal vez era cierto, aunque era probable que sólo buscaran escapar al destino que implicaba caer en manos de la policía sin contar con una familia que respondiese por ellos.

José Félix Hipólito Ruiz, español de México, “como de nueve años”, fue encontrado por un sereno “en la calle a deshoras de la noche”. El muchacho declaró que era huérfano y vivía con su abuelo, de quien se había perdido. Pese a haber dicho que tenía parientes en la ciudad, se resolvió, sin más, recluirlo en el Hospicio de Pobres,²¹ aunque sí era común que se perdieran los chicos recién llegados a México, como José Vicente Barrera, de 13 años, proveniente de Xochimilco. Detenido casi a medianoche, Vicente también se declaró huérfano y explicó que un tío suyo lo había enviado desde Xochimilco para que buscara a otro tío “a efecto de que lo pusiese a oficio”, pero al no dar con la casa se echó a dormir en la calle. En este caso sí se mandó a buscar a los parientes, exhortándoles para que efectivamente lo pusieran a aprender un oficio (AGN, 1798c: 21 de septiembre).

Gráfica 4 Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del AGN (1794, 1795, 1796, 1798a, 1798b, 1798c).

Como muestra la gráfica 4, después de la violación del toque de queda, las detenciones recaen en su mayoría sobre muchachos mayores de 13 años. Si bien no desaparecieron, los arrestos de menores de 12 años fueron más eventuales. La segunda causa de detención de los muchachos varones fue el robo, muchas veces vinculado con su actividad laboral, es decir, en general, se trataba de chicos ya colocados como aprendices con algún maestro o que se desempeñaban como sirvientes o vendedores ambulantes, lo que les daba oportunidad para robar o convertirse en sospechosos inmediatos de cualquier hurto.

Antonio Garcilaso de la Vega, aprendiz de zapatero, “como de quince años”, fue acusado de robar tres pesos en la zapatería donde trabajaba. Después de ser “corregido” con 25 azotes, fue devuelto a su maestro (AGN, 1798c: 10 de febrero). Más grave fue el caso de Elías Ramos, de 12 años y aprendiz de platero, quien fue aprehendido por hurtar ocho pesos a su patrón e “invertirlo en el juego”. Aunque negó el delito, fue remitido al obraje de Panzacola (AGN, 1798a: 10 de octubre). Como ya había mencionado, el vínculo entre robo y juego fue constante y contribuía al endurecimiento de las penas.

También eran muy comunes las acusaciones por robo de prendas de vestir. A José Miguel Granados, de 11 años, “le quitaron” una porción de ropa que le había encargado un soldado al que servía. Dado que no pudo pagar el importe de las prendas, fue remitido a un obraje (AGN, 1795-1796: 7 de marzo). Macedonio Silva, de 13 años, fue acusado de hurtar “unos calzones blancos que estaban tendidos” y, como castigo, fue enviado a aprender un oficio “con escritura” (AGN, 1795-1796: 9 de mayo). Claramente, la ropa era un bien escaso, lo que explica en buena medida el problema de desnudez que tanto escandalizaba a las autoridades de la época (Hernández, 2020).

Una tercera causa de detención para los muchachos varones fueron las constantes fugas. Si en la ronda encontraban muchos chiquillos perdidos, como ya he comentado, también aparecían otros, un poco mayores, que confesaban haberse fugado de sus “amos”. Tal fue el caso de José Cayetano y Tomás Joaquín, ambos de 12 años, hallados dormidos en el muladar de San Lázaro. Los dos se declararon huérfanos y admitieron estar “huidos” de las casas donde servían, por lo que fueron puestos a oficio (AGN, 1798c: 1 de mayo). Muchas veces, los mismos patrones eran quienes denunciaban la huida de sus aprendices, sobre los cuales habían adquirido derechos mediante “escritura”, y acudían al alcalde ordinario para que se les restituyeran. Estos casos son los que aparecen en la gráfica 4 como “fugas”.

Carlos Rincón, de 13 años, fue apresado por haber escapado de la casa de su maestro, donde estaba aprendiendo el oficio de sillero. Confesó que había huido porque el maestro le dio unos “guantazos” por no haber hecho bien unas guarniciones. Finalmente, fue entregado de vuelta, “apercibidos uno y otro, el primero de que no se vuelva a huir y el segundo de que cuide de evitar la ocasión para que lo haga” (AGN, 1795-1796: 4 de julio). Un caso similar fue el Antonio Mercado, de 12 años, quien huyó de la casa de su maestro “porque su maestro le empeñó su sabanita” (AGN, 1798c: 10 de octubre). Además de resultar desoladora, esta partida confirma el valor que se daba en aquella época a este tipo de prendas, pero además ejemplifica el abuso extremo al que eran sometidos los jóvenes trabajadores por parte de sus patrones, quienes disponían no sólo de su fuerza de trabajo, sino incluso de sus ínfimas posesiones. Asimismo, estas fugas reflejan, aunque de forma limitada, la agencia de este colectivo y sus tácticas de resistencia, si bien muchas veces infructuosas, frente a un sistema laboral profundamente opresivo.

Otras veces eran los propios familiares quienes pedían la intervención de la autoridad para la corrección de un hijo o pariente desobediente, como es el caso de Mariano Acosta, de 14 años, detenido por “incorregible” (AGN, 1798a: 31 de mayo) a petición de su hermano, quien exigió que lo pusieran en una “oficina cerrada”; o el de Joaquín Castro, de 15 años, a quien su tía acusó de “cometer varios excesos” (AGN, 1798a: 28 de junio). También Darío Julio Rivero, de 16 años, fue detenido a petición de su padre y fue encarcelado durante ocho días; salió “arrepentido” y dispuesto a “obedecer a sus padres” (AGN, 1796: 28 de junio). Esta obediencia implicaba someterse a la patria potestad, que daba a los padres (o en ausencia de éstos al pariente más cercano o a alguien que la hubiera recibido en cesión) derechos amplios sobre los hijos, incluido el producto de su trabajo (Premo, 2005).

Las riñas son la siguiente causa de detención. Solían ser bastante violentas, por lo menos las que implicaron detenciones, con saldo de heridos por golpes o cuchillos. El caso más grave fue el de Nicolás Gregorio, de 15 años, quien hirió de una puñalada a Miguel Gómez (no se anota la edad), fallecido poco después en el hospital de San Andrés (AGN, 1798a: 14 de mayo). A veces, las riñas involucraban enfrentamientos grupales, como el caso de Tomás Sánchez, quien peleó para defender a su hermano (AGN: 1798c: 10 de julio). Otras más eran el resultado de juegos bruscos salidos de control, como el caso de José María Escobar, cuya víctima estuvo de acuerdo en asentar que las heridas que recibió habían sido “casuales” (AGN, 1798b: 16 de octubre). Todos estos casos fueron tratados según la gravedad de la herida. Muchos fueron castigados con azotes, pero los más graves, como el de Nicolás Gregorio, fueron turnados a segunda instancia y juzgados como crímenes, por lo que se desconoce el castigo que recibieron los reos.

Este panorama es completado con una variedad de transgresiones menores asociadas a la vida nocturna -y que en mucho recuerdan a los pícaros literarios- que mencionaba al inicio de estas páginas: ebriedad, escándalo y diversos tipos de juegos callejeros. Todas eran cometidas por muchachos mayores a 13 años, acompañados casi siempre por otros de mayor edad. Este último detalle es importante porque señala una forma de aprendizaje en torno a la actividad callejera. Es verdad que los menores de 16 años participaban gustosos en estas andanzas, pero, por lo general, no eran ellos quienes protagonizaban las historias de borracheras o apuestas. José Florentino Gaspar, bordador de 14 años, fue sorprendido jugando “albures” junto con otros dos jóvenes de 18 años y otro sujeto de 36 años. Mientras sus acompañantes fueron sometidos a “averiguación de vida y costumbres”, Florentino fue devuelto a su maestro (AGN, 1795-1796: 14 de noviembre).

Mención aparte merecen los encuentros ilícitos, término que abarca un espectro muy amplio de prácticas de naturaleza sexual, algunas bastante triviales. José Maldonado, aprendiz de sastre, “como de diez años”,²² fue detenido junto a Margarita Catrejón, doncella de 15 años, por una queja interpuesta por don José Gutiérrez, quien declaró que había “sacado” a la muchacha -posiblemente del Hospicio o de la Casa de Niños Expósitos- para que le sirviera, pero la noche anterior la sorprendió con José en la esquina del callejón del Espíritu Santo. Ambos reos reconocieron que tenían cinco meses de conocerse, pero que siempre se habían tratado “lícitamente”. José fue entregado a sus deudos y “corregido” con 25 azotes; mientras que Margarita fue devuelta a su amo (AGN, 1798c: 5 de octubre).

Evidentemente, no todos los encuentros eran tan “inocentes”. También eran comunes las denuncias de violación o estupro, términos que, en los Libros de reos, parecen emplearse de manera indistinta para referirse a la desfloración mediante engaños de la mujer afectada.²³ Sin embargo, es esencial comprender que en este contexto estos delitos no suponían necesariamente que la mujer hubiera sido sexualmente atacada.²⁴ Antes bien, parece obviarse siempre lo contrario. Por lo general, la violación implicaba la pérdida de la virginidad y el perjuicio social que esto suponía para la chica y sus familiares. Por ejemplo, Miguel Ximénez, de 16 años, fue acusado por María Josefa de haber “violado su virginidad”, con palabra de casamiento, misma promesa hecha a María Ramona Cuervo (AGN, 1798a: 22 de julio). Casos como éste se resolvían normalmente al reiterar el reo la promesa de matrimonio o, cuando esto no era posible, con una compensación económica.

Al final de la gráfica 4, se registran los casos de mendicidad y vagancia. Las detenciones por mendicidad en este espectro de edad son escasas e involucran nuevamente a los muchachos más jóvenes que tenían la mala suerte de pedir limosna a la persona equivocada. José Ignacio Torres, de ocho años, fue llevado a la cárcel por la acusación de un “licenciado” al que le había pedido limosna. El chico contó que había ido a la tienda a comprar pan y “por correr antes que la cerraran perdió el medio”. El magnánimo licenciado le soltó una moneda, pero también procedió a remitirlo con el guarda. Al parecer, José Ignacio fue reconocido por su acusador como limosnero reincidente. Como ocurrió con otros muchachos en su condición por esos mismos meses, fue entregado al veedor del gremio de los sastres, el sr. Moctezuma (AGN, 1796: 18 de julio).

Solamente dos de los reos aquí estudiados fueron calificados explícitamente como vagos. José Andrés Hernández, de 13 años, fue acusado “por vago y no tener residencia ni deudos” (AGN, 1798a: 11 de febrero), mientras que Nicolás Peña, de 14 años, fue acusado de “ocioso, vago y mal entretenido” (AGN, 1795-1796: 17 de julio). El primero fue puesto en una “oficina cerrada” y el segundo fue colocado como aprendiz de zapatero. Si bien el tratamiento es muy semejante al de los muchachos detenidos por “incorregibles”, por lo que estos casos podrían clasificarse como tal, me parece importante hacer énfasis en que la acusación por vagancia es aquí tan ambigua que expresa todo y nada al mismo tiempo. En el fondo, estas conductas entrañan una denuncia de ociosidad e inclinación al vicio que va más allá de la desobediencia; también advierten sobre una amenaza para la sociedad en su conjunto, por lo que se consideraba una conducta más común en otros grupos de edad, en cuyo caso los reos eran remitidos a los juzgados criminales (Scardaville, 1977).

No hay muchos registros que ubiquen a las muchachas rompiendo el toque de queda solas. Es evidente, además, que tampoco solían ser sorprendidas durmiendo en la calle. No obstante, sí hay bastantes casos en los que las muchachas de entre 14 y 16 años eran detenidas en grupo o en compañía de algún hombre, casi siempre de mayor edad. Como muestra la gráfica 5, sus detenciones están relacionadas, la mayoría de las veces, con ofensas de naturaleza sexual, o bien, con la ebriedad y los escándalos nocturnos. En ambas circunstancias no es extraño verlas criminalizadas, incluso en los casos en que más bien podían ser las víctimas.

Gráfica 5 Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del AGN (1794, 1795, 1796, 1798a, 1798b, 1798c).

Un caso en particular que resulta ilustrativo respecto a lo anterior es el de María Guadalupe Mellado y María Guadalupe Castro, su amiga, ambas de 14 años, quienes pidieron auxilio del sereno para que las defendiera del hermano de la primera, Ignacio Mellado. Ambas relataron que éste las había sacado a ambas de sus respectivas casas para que lo acompañaran a un fandango en la plazuela de San Juan. Al salir de la fiesta, añadieron, Ignacio pretendió llevarlas a la casa de un amigo suyo con el fin de “estuprar” a Guadalupe Castro. Ellas se resistieron, por lo que él se puso violento y las agredió a golpes. Fue entonces que las muchachas llamaron al sereno y ambas fueron conducidas al cuartel. Ignacio, en cambio, se dio a la fuga y tampoco fue encontrado en su casa. El juez concluyó, sin brindar mayor explicación al respecto, que no había ocurrido ningún conato de estupro y las dos muchachas salieron de la cárcel entregadas a sus deudos (AGN, 1796: 26 de septiembre).

Como ya mencioné, llama la atención la imprecisión y soltura con la que se emplean los términos de estupro y violación. En este caso, el intento de estupro parece indicar más claramente la posibilidad de un ataque violento. Por otra parte, resulta notable la poca importancia que se dio a la acusación y que, a la sazón, las detenidas y enumeradas en la lista de reos fueran las dos jovencitas violentadas. Así, aunque en cualquier transgresión de naturaleza sexual se necesitaba la participación de un hombre y una mujer, las mujeres eran quienes terminaban más frecuentemente frente al juez. La sospecha de incontinencia recaía primero sobre ellas y la acusación de forzamiento resultaba irrelevante dada la dificultad de probarla (Premo, 2005).

Un caso similar fue el de María Manuela, de 11 años, quien compareció junto con José María, de 18 años, ambos provenientes de Iztacalco. Estos reos fueron remitidos “por el estupro que verificó el segundo en la primera.” Como en el caso de las dos Guadalupes, el estupro parece indicar aquí un delito más serio, sobre todo tomando en cuenta la diferencia de edades entre ambas personas. La partida no establece si se trató de un ataque violento, pero sí dicta “formar causa”, lo que indica que el caso se turnó a un juzgado de segunda instancia (AGN, 1798c: 23 de marzo). Nuevamente, es evidente la confusión que implica presentar a una víctima de estupro como si hubiera cometido un delito, lo que desde luego contribuye a su criminalización.

En otras ocasiones, parece evidenciarse algún tipo de comercio sexual, aunque no se nombre como tal (Germeten, 2018). María de la Luz Anguiano, de 16 años, fue conducida a la cárcel junto con el guarda José Reyes por haber sido sorprendida en el cuarto que él se había “fabricado” en el cementerio de la catedral. Ella explicó que, saliendo del coliseo, se dirigió a su casa, donde trabajaba fabricando listón, pero la halló cerrada. “Acudió entonces al guarda para que le permitiera pasar el resto de la noche en dicho jacal en lo que condescendió y estando sola ocurrió al cabo primero y los trajo presos”. Reyes confirmó la historia de la muchacha, declarando que le había dado alojamiento porque “la conocía de mucho tiempo”. Sin embargo, salió a la luz que este guarda tenía por hábito llevar mujeres de noche a dicho jacal, por lo que fue despojado de su plaza y condenado a una semana de obra pública. A María de la Luz la pusieron en “depósito” en la casa de don Ignacio García, sargento del comercio, con el encargo de que cuidara su conducta (AGN, 1796: 11 de mayo).

Las detenciones a solicitud de los deudos -particularmente de las madres- también fueron comunes en los casos de las muchachas reas aprehendidas por delitos sexuales. Altagracia Arellano, de 15 años, fue detenida “a pedimento de su madre”, quien declaró que la chica había sido violada por Juan Francisco Contreras, guarda del alumbrado. Éste admitió que llevaban siete meses de incontinencia, pero negó la violación, argumentando que Altagracia tenía tratos con “un fulano Pedro”, lo que ella negó. Finalmente, tras un intercambio de acusaciones, Contreras fue sentenciado a un mes de obra pública. Altagracia salió entregada a su madre “bajo la obligación de hacer constar la presencia de casamiento”. Un mes después, la señora se presentó a declarar que se había “arreglado” con Contreras, por lo que fue liberado (AGN, 1795-1796: 26 de febrero). En este caso, parece claro que la acusación de violación no se refiere a un acto violento, sino a la pérdida de la virginidad de la chica.

Después de las relaciones ilícitas, la causa más común de detención de las mujeres en este grupo de edad fue la ebriedad, asociada a los escándalos callejeros. Como en el caso de los muchachos, estas detenciones solían ser grupales e involucrar a personas adultas. María Petra Alcántara, “muchacha como de doce años”, fue detenida por estar “armando escándalo”, junto con tres hombres y una mujer, todos mayores de 18 años. Los detenidos dijeron que salieron de casa de una comadre suya y fueron llevados a la cárcel “solo porque venían cantando” (AGN, 1798c: 20 de julio). Los cinco fueron sentenciados a 25 azotes antes de ser puestos en libertad.

Las borracheras callejeras podían terminar bastante mal. En un par de ocasiones, se registraron escenarios tan sórdidos como los que presentan los casos de Juana Josefa Galicia, “como de doce años” (AGN, 1798c: 8 de septiembre), y Josefa Zúñiga, de 15 años (AGN, 1798c: 24 de enero). Ambas fueron encontradas “ebrísimas” e inconscientes: la primera tirada en la Balvanera; la segunda, en la esquina del Monte Pío. Las dos imágenes evocan historias de horror y de posible abuso, sobre todo la de Josefa, quien fue hallada “sin paño ni zapatos”. Pese a ello, las partidas son por demás escuetas y ambas chicas fueron condenadas a ocho días de cárcel.

Si los muchachos se fugaban de sus maestros, las muchachas lo hacían de sus padres o guardianes, a veces incluso de sus cónyuges, tratadas por unos y por otros como una posesión (tras el matrimonio la patria potestad pasaba del padre al esposo). María Gertrudis González, de 16 años, fue detenida a petición de su marido por haberse escapado con “un fulano Villavicencio”, al que ella confesó haber “conocido carnalmente”. Fue condenada a una corrección de 25 azotes y entregada de vuelta al querellante (AGN, 1795-1796: 5 de julio). María Gertrudis Ávila, de 15 años (AGN, 1795-1796: 15 de julio), y María Felipa Montoya, de 14 años (AGN, 1795-1796: 27 de julio), fueron detenidas por haberse fugado de las casas donde servían. La primera se había ido a alojar a la casa “de unas mujeres”; la segunda se escapó con un soldado “porque sus amas le daban mala vida”. Ambas fueron castigadas con azotes y devueltas a sus respectivos amos.

El resto de las causas de detención de muchachas, precisamente las que menos se vinculan con su sexualidad, resultan ser mucho menos frecuentes. Mientras que los varones son más propensos a la violencia física, las chicas tienden más a la violencia verbal. Por lo tanto, sus riñas no pasaban a mayores y muy rara vez llegaban hasta los oídos del juez. Las detenciones por robo también son escasas y responden a acusaciones, no siempre justificadas, de patrones que aseguraban les faltaba alguna prenda.

Finalmente, encontré una sola acusación de vagancia y fue en contra de Ana María López (AGN, 1795-1796: 30 de junio), quien fue detenida a petición de su hermano por “libertina, malentretenida y vaga”. Se trata de un caso cuyos pormenores no fue posible saber, pero que llama la atención por la dureza de la acusación y, al mismo tiempo, por su ambigüedad. ¿Qué pudo haber hecho exactamente Ana María para ser señalada de esa manera por su hermano? Si en los muchachos acusados de vagos el énfasis está puesto en la ociosidad, parece evidente que en este caso el acento está en el “libertinaje”, que remite a una actividad sexual supuestamente descontrolada y a la amenaza social que conllevaba. Sea como sea, la chica salió entregada al querellante, Manuel López, “para que cuidara su conducta, notificándole a ésta le sea sumisa y le guarde a su hermano el decoro que corresponde”.