En los últimos 40 años, el estudio histórico de los ayuntamientos y municipios en México ha ganado relevancia, particularmente en lo que respecta a su papel en la transición política del virreinato a la nación mexicana. En cada provincia organizada bajo los dictados de la Constitución de Cádiz, los ayuntamientos adquirieron características específicas, determinadas por los intereses políticos y económicos de los vocales de cada diputación provincial, la existencia previa de cabildos españoles o repúblicas de indios, así como por el contexto y la situación regional.

Los autores interesados en estas temáticas han trabajado los ayuntamientos articulados en 11 de las 14 diputaciones provinciales registradas en 1821: México, Sonora y Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid de Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Chiapas. Además, han utilizado diversas metodologías y fuentes, por lo que sus resultados han contrastado. Algunos coinciden con las conclusiones de Antonio Annino, pionero en los estudios sobre el tema, quien destacó la existencia de una revolución en el interior de los pueblos con la apropiación del orden constitucionalista, dando lugar a un liberalismo popular desde la aplicación gaditana para elegir ayuntamientos (Annino, 1995). En el caso de la instalación de los municipios gaditanos en Oaxaca, Peter Guardino (2007) sostiene que no solamente se cambiaron las relaciones de los indígenas con el gobierno, sino que también se transformó la política interna de los pueblos indígenas, proporcionando un nuevo marco institucional para su vida política y social.

Por su parte, Jaime Hernández (2007) explica que, con Cádiz, los ayuntamientos de Michoacán consolidaron tanto la ciudadanía y las instituciones liberales, como la representación, convirtiéndose en el núcleo central de transformación a partir de las facultades de justicia. Bajo esta misma línea está el trabajo de Francisco Miguel Ayala Arias (2015), quien expone el impacto positivo de la creación del ayuntamiento gaditano en el pueblo de La Piedad, Michoacán, en 1820, cuando se elevó la categoría política del pueblo al designarlo cabecera de partido. También, en Michoacán, José Luis Alcauter Guzmán (2015) señala que los pueblos en Valladolid aplicaron la Constitución, con lo cual se impulsó un cambio en los pueblos de indiosy abrió la posibilidad de crear ayuntamientos.

En Veracruz, según Marisol Luna Leal (2015), el establecimiento de ayuntamientos gaditanos tuvo efectos positivos en los aspectos jurídico, territorial y político en el ámbito local, sobre todo desde la consumación de la Independencia y hasta la proclamación de la primera constitución del estado en 1825. Este proceso creó una “tradición municipalista” y una “revolución territorial” que propició el surgimiento de municipalidades. Con la intención de destacar los beneficios al implementarse los ayuntamientos constitucionales en las zonas donde había repúblicas de indios, en el Valle de México, Claudia Guarisco (2003) menciona que hicieron partícipe a la población no indígena en la tradición autonomista, con lo que se pudo vislumbrar la oportunidad de adquirir una existencia política formal dentro de las nuevas normas liberales. La relación entre indios y gobernantes fue el resultado de avances y retrocesos en la combinación de nuevas y viejas prácticas que delimitaron la acción colectiva e individual. Ana María Martínez Reyes (2016) analiza el desarrollo positivo de la administración del ayuntamiento de Aculco, Estado de México, derivado de las normas gaditanas, ya que promovían el “buen gobierno” como una demanda del liberalismo.

En contraste, otros investigadores han señalado expresiones negativas en los pueblos causadas por la legislación gaditana, argumentando que no se logró la adopción completa de los principios liberales, sólo la conjunción entre la tradición colonial y las disposiciones liberales. Juan Carlos Sánchez Montiel (2015) expone que la instalación de ayuntamientos en San Luis Potosí, entre 1820 y 1826, fomentó la participación política, el funcionamiento del sistema electoral y un gobierno local constitucional; sin embargo, estos cambios no rompieron totalmente con la representación corporativa, porque su aplicación fue negociada entre los pueblos y los grupos de poder, es decir, únicamente se consiguió un acoplamiento entre la cultura política moderna y la del antiguo régimen. En Sonora, José Marcos Medina Bustos (2011) afirma que no existió un liberalismo en los pueblos indios; al menos durante las primeras décadas del siglo XIX, no hubo ninguna revolución a causa de la organización espacial, ya que la jerarquía territorial que se desarrolló con el establecimiento de los ayuntamientos no lo permitió. En cambio, en los ayuntamientos de las Huastecas hidalguense y veracruzana, a partir de 1812 y hasta 1820, se presentó un proceso de fragmentación y escisión de los pueblos, originándose una nueva conformación de los territorios y una reorganización jerárquica de los espacios políticos. Antonio Escobar (1994) realizó esta investigación, en la cual expone los enfrentamientos por el control jurisdiccional y territorial que provocaron un debilitamiento de los ayuntamientos por no poder tener un papel preponderante dentro de la comunidad. En su estudio, René García Castro (2011) sostiene que, en la Provincia de México, el impacto de la Constitución de Cádiz en la justicia y en la política local fue determinante, ya que disminuyeron 90% los cabildos, lo que significa que 3788 de las localidades indias dejaron de tener a sus autoridades.

En algunos lugares, existieron condiciones locales incompatibles con el liberalismo, como aquellos donde la fuerza regional de caciques militares y del clero era predominante. Por ello, las bases liberales de la Constitución de Cádiz a nivel local se fueron adaptando a las instituciones locales y a los usos cotidianos. Raymond Buve (2007) explica que dicho documento provocó una revolución política en Tlaxcala, ya que la abolición del cabildo exclusivamente indígena propició que las élites locales no indígenas se apoderaran de las instituciones gaditanas para defender sus intereses. Estas afirmaciones se reiteran en el estudio de Jesús Barbosa (2014), quien precisa que, entre 1812 y 1820, las normas gaditanas desplazaron al cabildo indio y se dio un reordenamiento de los intereses regionales, por lo que los principales ayuntamientos quedaron en manos de no indios y los secundarios se repartieron entre castas e indios. Los cabildos y repúblicas de indios mayas, en la Península de Yucatán, tuvieron otra respuesta. Según la investigación de Arturo Güemes (2007), los líderes mayas se resistieron y trataron de asegurar su supervivencia ante la legislación gaditana, buscando ser indispensables para consolidar el régimen interior de los pueblos indios.

En otras regiones de población indígena, la instalación de los ayuntamientos trajo consigo una primera fase de cambios. En la Huasteca, los pueblos indios ajustaron sus propias estructuras políticas. Antonio Escobar Ohmstede (2002) señala que, en 1820, la Constitución de 1812 generó un nuevo acomodo en las relaciones políticas entre pueblos indios y los no indios, así como una reorganización de los espacios territoriales y políticos. Los ayuntamientos intentaron fungir como intermediarios políticos y conectar las redes locales de poder en torno suyo. En otro caso de lucha de poder entre grupos sociales, expuesto por Mario Vázquez-Olivera (2011), la formación político-institucional encabezada por las élites sociopolíticas de Tuxtla y Comitán dio lugar a un esquema de equilibrios entre los distintos grupos de poder regional. Aunque en la esfera socioeconómica no se alteraron las jerarquías tradicionales, los términos del acuerdo político entre las élites chiapanecas sí variaron sustancialmente.

Dentro de los cambios más evidentes en el gobierno local resalta la relación entre ayuntamientos constitucionales, vecinos y la diputación provincial. Carmen Salinas (2011) ha estudiado esta interacción y ha encontrado que en la Provincia de México fue un proceso complicado de discrepancias y acuerdos. Los ayuntamientos fueron adquiriendo legitimidad política, estableciéndose una relación de centralización de poder emanada de los vocales y particularmente del jefe político; sin embargo, la eliminación de las repúblicas de indios causó inconformidad y vacío de poder en algunas comunidades.

Un tema central para entender el orden liberal gaditano es el de las elecciones de los ayuntamientos, debido a la importancia de la representatividad, la ciudadanía y el proceso indirecto de las mismas. Antonio Escobar Ohmstede (2007 y 2011) parte de la interpretación de la ciudadanía por los pueblos de las Huastecas, donde ésta fue asimilada de manera diferenciada entre los grupos indígenas, lo que provocó conflictos por la defensa de prácticas colectivas. De manera similar, entre 1820 y 1824, Carmen Salinas (2015) establece que la práctica electoral de los vecinos-ciudadanos estuvo marcada por la influencia de las antiguas formas de representación de los pueblos de la provincia de México, las cuales habían quedado incrustadas en las incipientes instituciones liberales. Así, el proceso electoral se convirtió en un impulsor de la participación del ciudadano-vecino.

En el caso de la provincia de Tlaxcala, Raymond Buve (2002) expone que la Constitución de Cádiz fue un agente catalizador para el acceso al poder de los estratos económicamente más poderosos. Por su parte, Michael Ducey (2007) describe las primeras elecciones de ayuntamiento en los pueblos totonacos de Veracruz (1820), comparándolas con los comicios en la república federal (1825), explicando que el estudio de estos procesos electorales muestra el intento de buscar legitimidad y mantener el control de las clases subalternas que trataban de apropiarse de la soberanía. En el partido de Texcoco, en la provincia de México, Diana Birrichaga Gardida (2019) examina las prácticas políticas que acompañaron las elecciones de los ayuntamientos: los líderes o notables movilizaron a los vecinos para elegir a sus representantes, modificando las formas tradicionales de elección de autoridades mediante la nueva normatividad político-territorial. De esta forma, se conjuntaron las normas electorales liberales con prácticas corporativas, y, así, los notables pudieron dirigir la intención del voto a través del control de las juntas de vecinos. Federico García (2003) e Irving Reynoso Jaime (2009) analizan las elecciones en otros ayuntamientos de la provincia de México, como en Calimaya, Cuernavaca y Cuautla. En Calimaya, se evidenció la participación política de los criollos y de los “grupos tradicionales”, lo que marcó una continuidad entre las elecciones realizadas bajo las normas de la Constitución gaditana y las organizadas con la nueva constitución republicana. Ambas normativas trastocaron las formas tradicionales del gobierno local.

La práctica electoral en la región azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas (caracterizada por la tensión entre pueblos y haciendas) evidenció que existieron casos en los que las élites económicas regionales usaron los nuevos mecanismos políticos para proteger sus intereses. Las investigaciones sobre las elecciones de los ayuntamientos muestran un espacio óptimo de las nuevas formas de sociabilidad política, que trastocaron las prácticas de participación de los vecinos-ciudadanos.

Otro tema que se destaca en los estudios municipales es la transformación que experimentaron los ayuntamientos en ciudades sin tradición indígena. Luz María Pérez (2007) retoma el caso de Guadalajara, donde la aplicación de la Constitución de Cádiz, la instalación de la diputación provincial y la creación de un nuevo ayuntamiento provocaron la pérdida del papel privilegiado que éste había tenido como centro político y económico en la Nueva Galicia. Un fenómeno similar sucedió en la ciudad de Puebla, como lo analiza Alicia Tencuanhuey Sandoval (2007). En su investigación, expone que la formación de ayuntamientos dependió de la etapa de la guerra de Independencia: mientras para los pueblos rurales marcó el inicio de una inédita participación política, para la capital significó una reducción de su influencia. Martín Escobedo Delgado estudia (2024) el ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas entre 1820 y 1823, centrándose en la transición del ayuntamiento constitucional gaditano al órgano municipal en el Imperio de Iturbide, que, en este periodo, pasó de ser un actor político de primer orden en los ámbitos local y provincial a ocupar un lugar subsidiario, con lo que se fortalecía la diputación provincial como principal autoridad política. José Eduardo Jacobo Bernal (2015) también investiga el ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas y destaca que la elección del ayuntamiento en junio de 1820 fue una vía para convertirlo en “piedra de toque de la monarquía” hispana (Jacobo, 2015: 265). De manera similar, Carlos Juárez Nieto (2021) se enfoca en la elección del ayuntamiento de la ciudad de Valladolid en mayo de 1820 y señala que provocó que éste se convirtiera en un instrumento político de las élites provinciales. A partir de la proclamación del Plan de Iguala, el ayuntamiento se utilizó para legitimar el movimiento trigarante de Agustín de Iturbide.

Los autores que han estudiado los cambios y continuidades que tuvieron las instituciones políticas locales del antiguo régimen (cabildos y repúblicas de indios), al crearse los ayuntamientos constitucionales, muestran diversas experiencias de un caso a otro. Así lo expone Juan Ortiz Escamilla (2007) cuando analiza los ayuntamientos gaditanos en la provincia de Veracruz, donde “es posible darnos cuenta de la imposibilidad de utilizar las mismas categorías para analizar a todos los ayuntamientos (…) Cada entidad imponía su propia dinámica; la cultura política indígena utilizaba prácticas totalmente distintas a las urbanas de los españoles o a las de los mestizos” (Ortiz, 2007: 307). En resumen, estos autores muestran ciertas posturas comunes: la aceptación de las nuevas disposiciones liberales; la adaptación y los ajustes a las estructuras sociales y políticas de los pueblos y ciudades, así como el rechazo a estas reformas que afectaban su organización y bienes colectivos. La metodología utilizada ha variado según la zona, el lugar o la localidad, considerando sus características propias en las relaciones de poder de los grupos sociales, de sus autoridades locales anteriores, del control de los recursos naturales y de las actividades comerciales y productivas.

A partir de 1824, la legislación sobre municipios en cada entidad federativa del México republicano fue marcando diferencias con la Constitución española de 1812, aunque ésta tuvo influencia en toda la legislación estatal. Las diferencias se originaron en las concepciones de los congresos locales y los gobernadores sobre el tipo de federalismo que se estaba construyendo, la forma de organizar el poder en cada entidad federativa y las características de la población. La mayoría de los congresos locales establecieron normas dirigidas a seguir centralizando el territorio estatal (antes el de provincia) y controlando el poder local disperso. Los estudios muestran que algunos lo hicieron de manera más drástica, como en los casos del Estado de México y Michoacán, mientras que otros, como Zacatecas, otorgaron mayor autonomía municipal.

Los autores que han analizado el funcionamiento de los ayuntamientos republicanos, la administración municipal y la respuesta social se han concentrado en los elementos jurídicos estatales relacionados con los municipios, así como en su aplicación en las municipalidades del Distrito Federal y otras cinco entidades federativas de las 19 que se establecieron en la primera Constitución federal: Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

Un tema central en las investigaciones sobre estos ayuntamientos ha sido la revisión de los discursos y las decisiones de los legisladores locales en torno a la construcción del gobierno local. Carlos Quintana (2024) hace un recorrido por las primeras constituciones locales y ha encontrado que en todas se incluye algún libro, título o capítulo sobre el tema municipal, pero presentan notables diferencias, a pesar de las similitudes derivadas de la influencia de la Constitución de Cádiz. El autor analiza las constituciones de los estados de México, Jalisco, Oaxaca y Querétaro, poniendo énfasis en las disposiciones jurídicas sobre los requisitos para la integración de los ayuntamientos, la población requerida y el tipo de elección. Otro enfoque es el de Diana Birrichaga Gardida y Merizanda Ramírez Aceves (2011), quienes se centran en los argumentos del Congreso Constituyente del Estado de México para definir, en 1824, en la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del Estado, las funciones de las tres instancias gubernativas locales: prefectos, subprefectos y ayuntamientos, además de disponer los propios y los árbitros de los ayuntamientos. Birrichaga Gardida (2003 y 2020) destaca en otras investigaciones que la creación de municipalidades en la jurisdicción de Texcoco permitió a pueblos y comunidades conservar sus tierras y bienes comunales, asumiendo prácticas liberales en la primera mitad del siglo XIX. En marzo de 1824, el Congreso local presentó una propuesta para dotar a los ayuntamientos de recursos propios, trasladando los bienes comunales y de cofradía a los fondos municipales. Al igual que las normas gaditanas, trataron de interferir en la administración de los pueblos, que continuaban teniendo problemas con el usufructo de los bienes comunales, y en la dotación de propios a los ayuntamientos.

Cuando el Congreso nacional decretó que la Ciudad de México sería la capital federal, el ayuntamiento manifestó sus quejas por la deficiencia en el marco legal, lo que ocasionó perjuicios en su administración municipal. Sergio Miranda Pacheco (2011) explica que, desde su fundación, el Distrito Federal estuvo sujeto al control de la federación, situación que originó disputas entre el ayuntamiento de México y las autoridades superiores, las cuales se intensificaron en 1826, cuando el Congreso de la Unión dispuso que los ayuntamientos no podrían administrar sus rentas ni tener una plena representación política.

Edgar Mendoza (2005 y 2011) expone que, en la creación de ayuntamientos en Oaxaca, aunque se pusieron en práctica las políticas liberales gaditanas, hubo pueblos, como los chocholtecos, que mantuvieron cierto poder político y económico colectivo. El autor explica que este poder local fue posible porque el gobierno estatal tuvo que negociar y permitir la continuidad de formas políticas y económicas del antiguo régimen, ya que todavía, a fines del siglo XIX, se podían observar pueblos vigorosos con una marcada herencia colonial. Las cabeceras y la mayoría de los pueblos sujetos aprovecharon la Constitución estatal para convertirse primero en repúblicas municipales y luego en municipios.

Miriam Moreno Chávez (2022) explora un proceso singular en el estado de Zacatecas, donde el ayuntamiento representó uno de los principales órganos de implementación del sistema federal, complementándose con la organización medular de los procesos electorales. La autora establece que la creación de ayuntamientos durante la Primera República Federal fue un proceso que comenzó con la Constitución gaditana y estuvo ligada a la ciudadanización. Los gobiernos municipales tuvieron amplias facultades de autonomía otorgadas por la Constitución estatal de 1825; sin embargo, en los últimos años del primer federalismo, se produjo un descontento en algunos municipios a favor del centralismo.

Con un interés similar, Mariana Terán Fuentes (2024) explica el caso de los ayuntamientos de Zacatecas, aunque se enfoca en el ayuntamiento de la ciudad y destaca las prácticas de pueblos, ayuntamientos y autoridades de los poderes estatales en el proceso de formación de una cultura política local durante la Primera República Federal y en la transición hacia un gobierno centralizado. En esta etapa, el ayuntamiento de Zacatecas exigió su derecho a la representación y abogó por reestablecer el sistema federal, demandas que sustentó gracias a su cultura política municipal, producto de la herencia de las ordenanzas de 1796 en la organización electoral, así como de las prácticas liberales y republicanas.

En contraste, se encuentran los resultados del estudio de Juan Carlos Cortés Máximo (2007) sobre los ayuntamientos michoacanos. En este trabajo, el autor hace énfasis en que los poderes estatales impusieron medidas liberales municipales con el objetivo de integrar política y administrativamente la entidad federativa. Estas medidas limitaron las funciones de los ayuntamientos, restringieron la dinámica gubernativa y redujeron la representación ciudadana. Como consecuencia, emergieron actores sociales que se apoderaron del gobierno local, sobre todo en las cabeceras de partido. Entre 1824 y 1825, los legisladores consideraron que se debía disminuir el número de gobiernos locales, como en otras entidades federativas, lo que llevó a la pérdida de representación política.

En esta misma línea, los trabajos de Carmen Salinas (2001 y 2007) sobre los ayuntamientos del Estado de México muestran que el Congreso local dictó las primeras leyes para organizar los municipios con tendencias liberales, buscando la centralización municipal, así como el fortalecimiento de la administración y política de la entidad federativa. Sin embargo, los vecinos y pueblos tuvieron actitudes contrarias, tanto de aceptación como de rechazo por el tipo de gobierno municipal. Las molestias procedían por la violación de sus derechos, como las penas corporales que algunos regidores aplicaban ilegalmente, los litigios contra ayuntamientos por cuestiones de tierras, las altas contribuciones y la indiferencia de las autoridades ante las epidemias. Los descontentos sociales y administrativos fueron canalizados por los ayuntamientos para apoyar el cambio de gobierno del federalismo al centralismo.

Al igual que en el Estado de México y Michoacán, José Antonio Serrano Ortega (2007) expone que, en Guanajuato, los ayuntamientos creados a partir de la Constitución de Cádiz se restringieron, en parte, porque el gobernador y los diputados opinaban que los ayuntamientos eran un obstáculo para el gobierno estatal y el establecimiento del nuevo sistema liberal. Se argumentaba que obraban con mayor arbitrariedad y dictaban providencias fuera de la esfera de sus atribuciones, por lo cual la solución fue disminuir su número.

Algunos autores, como René García Castro (2020), prefieren estudiar los cambios y las continuidades municipales a largo plazo; por ello, explican la evolución de cabildos tanto de indios como de españoles a lo largo del periodo novohispano, así como de los ayuntamientos constitucionales durante el periodo gaditano y los primeros años del federalismo en el Estado de México. Su investigación busca evaluar las unidades de organización política y destaca que, a pesar de los cambios y ajustes, persistieron continuidades significativas. En este sentido, identifica los cabildos que tuvieron una evolución desde el siglo XVI hasta el inicio de los años republicanos.

Otras temáticas sobre la vida municipal en el Estado de México han sido analizadas desde tres perspectivas. La primera, estudiada por Pilar Iracheta (2003), se centra en la experiencia administrativa del ayuntamiento de la ciudad de Toluca, en particular como gestor de los servicios públicos dentro del proceso de desarrollo urbano. En su trabajo, retoma las medidas gaditanas sobre el abastecimiento de agua potable, la política higiénica y el control de epidemias; sin embargo, la subordinación política y la incapacidad financiera municipal mermaron su capacidad para implementar estas disposiciones. La segunda temática, expuesta por Gloria Camacho Pichardo (2011), se refiere al malestar que ocasionó, en algunos pueblos, la promulgación de la primera ley estatal en 1825, relativa a la organización de los ayuntamientos, lo que redujo considerablemente su número, marcando una ruptura entre el gobierno estatal y el municipal. Muchos pueblos querían conservar su autonomía, pero ésta se debilitó al quedar sujetos a otra municipalidad y perder su representación. La tercera temática, propuesta por Daniela Marino (2011), analiza la situación indígena en la localidad de Huixquilucan y concluye que la legislación liberal, la posición económica y el apoyo político de las autoridades no indígenas garantizaron el control político sobre el ayuntamiento, destacando que la condición minoritaria del grupo de poder no indígena y el temor a que los indígenas recurrieran a la violencia para recuperar el control territorial y la representación volvieron al ayuntamiento vulnerable, por lo que se vieron en la necesidad de crear canales de comunicación y negociación con los indígenas.

En términos generales, la formación de los municipios republicanos durante el primer federalismo estuvo influenciada por los principios liberales de la Constitución de Cádiz, los cuales fueron adaptados a las particularidades de los distintos grupos sociales y de las autoridades de cada entidad. También se crearon raíces propias en cada una de ellas con la aplicación de las indicaciones legales. El principal desafío para las autoridades estatales y municipales fue construir una cultura política con hábitos liberales sin provocar un descontento colectivo.

Las autoridades que impulsaron el proyecto de república centralista en México entre 1835 y 1846 mostraron un especial interés en reorganizar el ámbito local para lograr la anhelada unidad nacional. Concibieron un espacio municipal dirigido desde la cúpula del poder, con una reducción notable de ayuntamientos electos por los ciudadanos y el nombramiento de numerosos jueces de paz por parte de prefectos y subprefectos en pueblos. Durante este periodo, las entidades federativas se convirtieron en 24 departamentos, lo cual ha sido objeto de diversas investigaciones centradas en los gobiernos municipales de Zacatecas, Yucatán y México.

En el análisis del federalismo en Zacatecas, Mariana Terán Fuentes (2015) destaca que los ayuntamientos se caracterizaron por su inclinación a la autonomía y su cultura de representación política. Sin embargo, se pronunciaron a favor del centralismo por iniciativa civil y no como resultado de una intervención militar, como en otras regiones. El motivo fue que el discurso federalista encabezado por las legislaturas y los gobernadores se confrontó con las prácticas centralizadoras dirigidas a los municipios. Eduardo Jacobo Bernal (2016) analiza la oscilación entre el federalismo y el centralismo a nivel municipal en la ciudad de Zacatecas y explica que los municipios no perdieron su importancia dentro del sistema de gobierno, solamente se pretendía disminuir su capacidad de participar de manera autónoma en la esfera política.

El proceso de municipalización en Yucatán, detallado por Arturo Güémez (2011), tuvo una gran aceptación, lo que llevó a una efectiva proliferación de corporaciones municipales. A raíz de la reforma municipal de 1824, se establecieron ayuntamientos en ciudades, villas y cabeceras de partido; además, se restauraron repúblicas indígenas, donde podían ocupar cargos los indígenas mayas siempre y cuando tuvieran linaje para alcanzar su movilidad social o ascenso socioeconómico. No obstante, la población maya se abstenía de participar en las elecciones de ayuntamiento porque no tenía un interés colectivo en su representación. Los ayuntamientos centralistas disminuyeron ocasionando inconformidad, especialmente en aquellos sectores con una tradición de cabildo

La aplicación de la legislación del gobierno centralista en materia municipal ha sido estudiada por Carmen Salinas (2024) en el Departamento de México. La autora expone que la reducción del número de ayuntamientos era necesaria para las autoridades bajo el argumento de que los organismos municipales eran más perniciosos que beneficiosos para los pueblos, ya que no había personas preparadas para ocupar los cargos públicos. Debido a ello, surgían problemas en la administración municipal, como la malversación de fondos públicos. También explica que se nombraron numerosos jueces de paz con las mismas atribuciones que los ayuntamientos, con una cercana relación con los vecinos de los pueblos, porque se encargaban de solucionar conflictos principalmente relacionados con tierras, contribuciones y abusos de poder. Así, se generó una dinámica social y política municipal no prevista por los centralistas.

Además, Salinas (2022 y 2023) ha profundizado en el establecimiento y la continuidad de ayuntamientos constitucionales y jueces de paz en algunas municipalidades del Departamento de México, como los casos de las municipalidades de Jilotepec y San Antonio la Isla. Su investigación señala que los vecinos tuvieron sus primeros anhelos de contar con una autoridad propia con la Constitución de Cádiz; sin embargo, los perdieron en el primer federalismo, aunque vieron la posibilidad de continuar sus demandas de jueces de paz en los años de gobierno centralista.

Los escasos trabajos de la época centralista permiten tener una idea parcial de lo sucedido en el gobierno local de los departamentos, pero no podemos detectar singularidades, como las que se han examinado en la etapa gaditana y en los municipios de la Primera República Federal. Asimismo, falta analizar la actuación de ayuntamientos y jueces de paz para conocer el papel activo del poder municipal en un gobierno nacional que pretendía dirigir y disponer todo acto de gobierno.

Los autores que han escrito sobre el gobierno y la administración municipal, entre 1820 y 1846, han hecho aportes significativos en tres líneas temáticas: el análisis de las normas legislativas liberales de acuerdo con la tendencia política de cada forma de gobierno; las diversas relaciones de dependencia o autonomía entre las autoridades municipales y las superiores; y, en menor medida, la participación de los vecinos-ciudadanos en la formación de la institución municipal. Falta profundizar en tres cuestiones: los aspectos de la hacienda pública municipal; el fomento económico en los municipios desde el gobierno; y la participación vecinal y ciudadana en la defensa de sus derechos colectivos. Es un imperativo elaborar estudios de municipios de las entidades federativas en donde han estado ausentes.

El 19 de abril de 1846, ante la inminente guerra con los Estados Unidos, Juan Álvarez emitió un pronunciamiento a favor del restablecimiento del sistema federal. Su postura era motivada por el temor de que el presidente Mariano Paredes y Arrillaga se inclinara por la instauración de un gobierno monárquico como solución a los problemas políticos del país. Casi un mes después, el 12 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, James Polk, declaró la guerra a México. Durante los siguientes cuatro años, la federación y los estados enfrentaron la presión de la posible desintegración de la República, lo que exacerbó las tensiones internas y debilitó aún más al gobierno general.

El 22 de agosto, el presidente interino Mariano Salas restauró la Constitución de 1824 y derogó las leyes centralistas. En el ámbito jurisdiccional, los jueces de paz dejaron de asumir funciones municipales y se restablecieron los antiguos municipios. Los estados mantuvieron vigentes sus constituciones particulares, así como las regulaciones sobre la organización interna. Los nuevos gobernadores, defensores del federalismo, impulsaron la creación de cuerpos municipales conforme a la normativa vigente en cada estado. Salinas (2000) explica que, en el Estado de México, el gobernador Francisco Modesto de Olaguibel reorganizó los ayuntamientos, validando los decretos del 9 de febrero de 1825 y del 28 de abril de 1845. De esta manera, los municipios asumieron la administración de los servicios públicos y los bienes comunales, aunque sus ingresos debían ser aprobados por el subprefecto y el prefecto. Los alcaldes auxiliares, designados para mejorar el control administrativo en todas las comunidades, enfrentaron dificultades imprevistas. Según Birrichaga Gardida (2003), estos funcionarios, aunque no recibían remuneración económica, tenían importantes responsabilidades administrativas, como la recaudación de impuestos y la resolución de disputas vecinales, lo que generó un rechazo generalizado debido a las dificultades diarias que enfrentaban.

Investigaciones sobre distintos municipios, como la Ciudad de México, Monterrey (Nuevo León), Saltillo (Coahuila), La Paz (Baja California) y Santa Fe (Nuevo México), ofrecen una perspectiva de las negociaciones que llevaron a cabo las autoridades con los invasores para evitar una debacle económica. Los habitantes se vieron obligados a suministrar productos agrícolas y ganaderos tanto al ejército mexicano como al estadounidense, lo que demuestra cómo los intereses locales influyeron en la toma de decisiones (Bergue, 1970; Salinas, 1998; Recio, 2002; Morado Macías, 2003; Foster, 2022). Sin embargo, otras investigaciones sostienen que los municipios fueron considerados “el último bastión de la patria”, organizando la resistencia contra las demandas militares estadounidenses sin que su administración se paralizara (Ávila, 2003). A la par de la invasión, México enfrentaba la sublevación maya en Yucatán, lo que desarticuló el sistema municipal en las comunidades de esa región y promovió la desvinculación de los bienes comunales (Peraza, 2014). Silva Riquer (2022) destaca que la aprobación de impuestos y arbitrios municipales requería el consentimiento de los congresos estatales, como ocurrió en Michoacán, donde en 1848 se aprobó un reglamento que modificaba la recaudación de estos impuestos.

Otro evento crucial fue el reconocimiento de la victoria militar de los Estados Unidos. Aunque no es posible saber con exactitud la reacción de los municipios, la tesis de Foster (2022) ofrece un análisis sobre el destino de los municipios en los territorios cedidos a los Estados Unidos tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Con este acuerdo, México cedió dos millones de kilómetros cuadrados junto con la población residente. En los años posteriores, el gobierno estadounidense designó autoridades civiles en Alta California, Nuevo México, Arizona y otras regiones, lo que resultó en la pérdida de derechos políticos fundamentales para los mexicanos, como el derecho al voto y el acceso a los gobiernos locales.

La contribución historiográfica de Birrichaga Gardida (1997) se centra en explicar la reorganización municipal posterior a 1850, especialmente durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Su estudio se enfoca en el decreto del 20 de mayo de 1853, el cual restringía la existencia de ayuntamientos únicamente en las capitales de los estados o cabeceras de prefecturas, cantones o distritos, con el fin de restaurar una estructura departamental centralista similar a la que había existido. Además, explora a fondo los esfuerzos del sector conservador por transformar la administración local, destacando la eliminación de aquellos ayuntamientos que no cumplían con los requisitos establecidos y la sustitución de estas entidades por jueces de paz en muchas localidades. Además, examina la compleja relación entre los conservadores y el poder municipal, señalando que Lucas Alamán, una figura clave del conservadurismo, rechazaba la idea de ayuntamientos electivos y promovía un sistema administrativo más centralizado y controlado.

Birrichaga Gardida (1997) demuestra cómo el partido conservador, bajo la influencia de Santa Anna, intentó restablecer prácticas coloniales, como la venta de cargos y la centralización de las decisiones administrativas. Además, señala las ambigüedades y contradicciones en la aplicación de estas reformas, lo que dio lugar a diversas interpretaciones locales y a una serie de leyes y decretos aclaratorios. A través de su estudio, la autora proporciona una visión más amplia de la interacción entre la política central y las reformas locales, aunque esta reorganización fue breve debido a la caída de Santa Anna y la restauración del sistema municipal en 1852.

Entre 1861 y 1868, dos acontecimientos fundamentales transformaron la vida municipal en México: la guerra contra Francia y la instauración de una monarquía. En 1861, tras el incumplimiento de los pagos de la deuda externa, Francia declaró la guerra a México. Ante la amenaza de una intervención extranjera, el Congreso otorgó a Benito Juárez facultades extraordinarias para enfrentar la invasión. Para junio de 1863, el ejército francés había ocupado la Ciudad de México y controlaba gran parte del territorio nacional. En la capital, se estableció la Junta Suprema de Gobierno, encargada de implantar un régimen monárquico bajo el liderazgo del príncipe austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo-Lorena. Este nuevo gobierno introdujo importantes modificaciones en la vida municipal mediante la organización departamental del país. En las localidades que se adhirieron al Imperio, ya fuera por consenso o coacción, los ayuntamientos fueron reestructurados con ciudadanos leales al emperador, lo que generó la coexistencia de dos formas de gobierno.

Durante este periodo, las facultades extraordinarias concedidas a Juárez le permitieron la creación de algunos municipios bajo su administración. Birrichaga Gardida (2007) documenta el caso de una municipalidad en el Estado de México entre 1865 y 1867. Sin embargo, tras la caída del Imperio y el retorno de Juárez a la capital en julio de 1867, los municipios creados bajo la estructura jurídica del gobierno monárquico, tanto juaristas como imperiales, fueron desarticulados con la restauración republicana. La historia de estos municipios está comenzando a ser investigada a partir de los registros disponibles en las colecciones de leyes y decretos, tanto a nivel federal como estatal.

Silva Riquer (2022) realiza una contribución significativa al análisis del municipio en México desde la perspectiva económica con base en la Ley de Hacienda promulgada en Michoacán en 1861, la cual definió los ingresos de los ayuntamientos y estableció su obligación de presentar informes ante la oficina de glosa de la Secretaría de Hacienda. La autora resalta que, aunque no se lograron establecer impuestos municipales, se ratificó la existencia de fondos municipales sujetos a regulaciones legales y ordenanzas vigentes. Además, su trabajo subraya la importancia de la nueva división política del estado, que implicó la redefinición de los límites de los ayuntamientos, un fenómeno que también se observó en el Estado de México. Para Silva Riquer, el estudio del municipio en México debe considerar las particularidades regionales, estatales y locales, con el fin de comprender cómo los intereses comunitarios interactuaron con el proyecto de nación impulsado por el gobierno.

Salinas (2016) examina el marco legal y administrativo de los municipios durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo y destaca el enfoque modernizador que buscó implementar. Con base en esta investigación, analizamos los cambios impuestos por la nueva administración y cómo la reorganización municipal pretendía dotar a los municipios de una mayor autonomía, inspirada en los principios liberales europeos, aunque bajo una supervisión central estricta. Este enfoque se materializó en una serie de leyes y decretos que transformaron la relación entre los municipios y el Estado, buscando modernizar la administración local y dotarla de mayor capacidad para gestionar los asuntos públicos. Entre estas disposiciones legales destaca el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano y la Ley Electoral de Ayuntamientos, la cual introdujo la elección directa de las autoridades municipales con el fin de legitimar democráticamente a los ayuntamientos.

A partir de la investigación de Silva Riquer (2022), encontramos que un elemento clave de estas reformas fue la responsabilidad que adquirieron los municipios en la gestión de recursos y en la prestación de servicios públicos. Mediante la Ley sobre la Hacienda Municipal, los ayuntamientos asumieron la administración de los fondos locales, lo que les permitió financiar y organizar servicios esenciales, como el mantenimiento de calles, la iluminación pública, el suministro de agua y la seguridad, que era responsabilidad de la Guardia Municipal, una fuerza financiada por los propios municipios. Asimismo, los municipios también quedaron encargados de garantizar la instrucción pública primaria, obligatoria y gratuita conforme a la Ley de Instrucción Pública y su reglamento, lo que reflejaba el interés del gobierno imperial en mejorar la educación desde el ámbito local.

Por su parte, Juárez (2005) propone que la reorganización política y administrativa implementada durante el Segundo Imperio Mexicano, bajo el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, no sólo fue un intento de centralizar el poder a través de la creación de departamentos y la designación de prefectos, sino que incluyó una visión más amplia de la integración social y política de los sectores marginados, como las comunidades indígenas. El autor señala que, aun cuando se pretendía modernizar el país con base en ideas liberales, el modelo municipal instaurado permitió la representación popular a través de concejos municipales electos, lo que ofreció un espacio para la participación de autoridades indígenas. Asimismo, Juárez argumenta que las reformas sociales, como la reglamentación del trabajo y la abolición de la servidumbre por deudas, evidencian un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales, lo que marca una continuidad con las políticas liberales previas, aunque con un enfoque más social.

Los autores anteriores coinciden en que las reformas, a pesar de su importancia, no lograron consolidarse plenamente ni alcanzar su máximo potencial debido a la inestabilidad política -generada por las tensiones internas y externas, así como por la oposición política y social- y a la corta duración del Imperio. No obstante, algunos de los principios establecidos, como la elección directa de ayuntamientos y la participación de los municipios en la administración de servicios públicos, sobrevivieron al Imperio y fueron retomados posteriormente, influyendo en la evolución de la administración local en México. Maximiliano pensaba que los municipios eran piezas fundamentales en la estructura del Estado, porque los consideraba un medio para fortalecer el tejido social y promover la participación ciudadana en el gobierno local. Sin embargo, esta visión de autonomía estuvo condicionada por la estructura centralizada del gobierno imperial, lo que limitaba en la práctica la independencia de los municipios. Con todo ello, la organización municipal durante el Segundo Imperio dejó un legado significativo al introducir nuevas ideas sobre la administración local y sentar las bases para futuras reformas en la historia política de México.