Con el tema de la infancia nos centramos de entrada en el problema más difícil del ejercicio biográfico. ¿Quién, preparando una biografía, no se ha planteado cómo podría superar la dificultad de no disponer de fuentes directas y muchas veces tampoco indirectas para acceder al conocimiento del periodo formativo de la persona que eligió estudiar? Lo que se presenta aquí no es una receta para resolver algo que sólo la libertad e imaginación autorizadas en la literatura permiten. Lo que sí se propone es exponer cómo figuras evanescentes de la niñez aparecen en fuentes judiciales y nos enseñan rasgos comunes de los niños de ciertos grupos sociales -aquí los de una sociedad rural en zona densamente poblada y durante periodos de disturbios-, su función en las familias, su casi inexistencia en las instituciones no específicamente dedicadas a ellos como escuelas y orfanatos.

Los pleitos a los que nos referiremos a continuación se ubican todos en el suroeste del estado de Tlaxcala, en su límite con Puebla, en una región rural caracterizada por estructuras agrarias complejas constituidas por pequeñas haciendas, ranchos y una multitud de fracciones de terrenos en manos de campistas, es decir, pequeños propietarios que podían ser a la vez jornaleros en las temporadas de siembra y de cosecha u obreros en una de las fábricas textiles del llamado “corredor industrial” de Puebla-Tlaxcala (Sanchez, 2013c). Adicionalmente, el estado tenía la red de ferrocarril más densa de la república, lo que facilitaba los desplazamientos, especialmente de los obreros que salían a buscar trabajo hasta las fábricas de Metepec, al sur de la ciudad de Puebla, para sólo mencionar una de las opciones que tenían a su disposición (Santibáñez Tijerina, 2013). Por lo tanto, la sociedad rural tlaxcalteca que aparece en nuestras fuentes judiciales era una sociedad dinámica, atravesada por circulaciones, movilidad social y también jerarquías amplificadas por la repartición desigual de tierras vendidas bajo el impulso de las leyes de reforma. Fue en esta misma región cuyos equilibrios habían sido desestabilizados donde se manifestaron los movimientos agrarios más radicales, encabezados por los hermanos Arenas, afiliados al zapatismo antes de unirse a Carranza (Leal y Menegus, 2011).

Poco se encuentra sobre niños en los pleitos civiles, habitualmente mencionados en los expedientes relativos a herencias: allí se nombran como parte de los herederos y en estos casos se conoce precisamente su edad, ya que el parentesco con la persona difunta debe probarse mediante actas de nacimiento. De estos datos se obtiene información sobre si crecieron con hermanos y hermanas, quién estaba a cargo de gestionar sus bienes, la edad que tenían cuando quedaron huérfanos, información a veces precisa sobre el nivel socioeconómico de su familia y nada más. Los expedientes de justicia criminal son más heterogéneos en cuanto a la presencia de niños: estos pueden ser víctimas, acusados o personas presentes en el momento y lugar en que se cometió el delito o el crimen. Esta última situación es la más común y la más frustrante porque sólo se mencionan de paso, sin que su testimonio sea solicitado, fuera cual fuera su edad o la relevancia del testimonio; esclarecemos las dos más significativas (menores víctimas y acusados) para evaluar cómo estos fragmentos de biografías permiten entrever estos momentos poco documentados de la vida de una persona.

El primer problema que salta a la vista del investigador es el de la selección de los expedientes, no porque dispongamos de muchos, sino porque la edad de los menores no se suele precisar en los pleitos de justicia penal. El sentido común tampoco ayuda, ya que el vocabulario utilizado para designar al menor es variado en un mismo expediente; de esta forma, se puede pasar de “niño” a “joven” o “muchacho”, sin dejar claro si la persona así descrita es niño, adolescente (si es que este término tenía entonces sentido) o incluso un joven adulto. Esta situación muestra que estas categorías no son las adaptadas y que los límites que separan las primeras etapas de la vida son borrosos, tanto para los declarantes como para las instituciones que registran sus testimonios. Estas observaciones generales son conocidas de la literatura sobre la infancia, pero ¿cómo abordarlas en un enfoque biográfico? O, en otras palabras, ¿cómo esta opacidad se manifiesta en la vida cotidiana? ¿Cómo participa en la experiencia social de las personas? Tomemos tres ejemplos.

En 1921 se abrió un juicio criminal en contra del presidente municipal de Natívitas, Tlaxcala, acusado de abuso de autoridad por la señora Cristina Reyes, vecina del pueblo de San José Atoyatenco, de ese municipio (AHTSJET, 1921a). La señora Reyes se quejaba de que el presidente municipal hizo encarcelar a su hijo Carlos por robo, a petición de Marcelo Hernández, un vecino suyo. Como suele pasar, el juicio penal permite observar relaciones sociales -e incluso de solidaridad- comunes, y que suelen pasar desapercibidas, salvo cuando surge un obstáculo (conflicto, accidente, intervención de terceros, etcétera) que lleva a solicitar una mediación institucional. La biografía fragmentada puede ser relevante para evidenciar cómo los menores están insertos en el tejido de las relaciones sociales de la ruralidad. Así, el pleito nos informa que Carlos y su madre vivían solos, no sabemos nada de su padre, salvo que debía estar vivo en 1921, ya que Cristina no se presentaba como viuda. También nos presenta una vida rural precaria, pues para sobrevivir Carlos hacía unos trabajos para los vecinos, encargos banales en el campo como llevar animales. En este caso, Cristina explicaba que su vecino llegó a su casa a la una de la mañana a pedir que Carlos lo ayudara a llevar ovejas al carnicero en Xalmimilulco, distrito de Huejotzingo, estado de Puebla, a cambio de un pago de 12 reales. Carlos cumplió con el encargo, el carnicero pagó 6 pesos por las ovejas y, luego de regresar, Hernández lo acusó de haberse robado uno de los animales.

Varios aspectos de esta fuente merecen nuestra atención. El más importante tiene valor heurístico y es propio de la fuente judicial. En ésta, los testigos describen una situación puntual, “tal evento pasó tal día en tal lugar y en tales circunstancias” e insisten en el quebranto de la ley. Por eso mismo, esta fuente no corresponde al trabajo diacrónico que se propone el historiador a la hora de elaborar una biografía, que consiste en reconstruir una trayectoria en el tiempo. Sin embargo, pone en evidencia una vida cotidiana, casi estructural, y podríamos decir -echando una piedra en el jardín de los debates sobre normas y prácticas- a las prácticas normales y aceptadas, que nos remiten a un constructo social, así como a un medio cultural en el que el biografiado está inmerso. Lo que nos enseña la desventura de Carlos no es que un menor (adoptamos esta definición legal a falta de una más precisa sobre su edad) de una familia rural y humilde tuviera que trabajar para aumentar los ingresos de sus padres, ya que esto queda claro en fuentes menos personales (las cuentas de las fábricas textiles para dar un ejemplo entre muchos donde se evidencia el trabajo de los niños), sino las formas que podían tomar estas obligaciones en una vida en concreto. Y estas formas nos parecen hoy extremas: Carlos fue enviado a los caminos en plena noche, a recorrer unos ocho kilómetros a pie con las ovejas, más otros ocho de regreso, en un momento en que las violencias desatadas por la Revolución no habían acabado y que los caminos eran los lugares más peligrosos del campo tlaxcalteca, como lo muestran muchos otros pleitos. Sin embargo, nada de esto era excepcional y este trozo de vida nos enseña mucho sobre aspectos tan diversos como el ritmo de la vida y del trabajo en el campo, que parece nunca acabar, sobre la relación a la violencia, al riesgo, a la protección a los hijos, a las obligaciones de éstos, su participación en la economía invisible del menudeo y de la proximidad, a su relación con el territorio y su autonomía para desplazarse, cosas que constituyen la normalidad de una vida en el mundo rural en el México revolucionario y posrevolucionario. El fragmento de biografía reconstruida a partir del pleito enriquece también nuestro conocimiento añadiendo la complejidad de una experiencia encarnada a una comprensión general. En efecto, el riesgo que tomó Carlos saliendo en los caminos en plena noche debía servir para mejorar los ingresos de una familia en la que el padre estaba ausente. ¿Era esta situación una variable determinante en la aceptación de toma de riesgo? Otros fragmentos de vidas en el campo validan esta hipótesis.

En un expediente por homicida, el menor no es acusado sino víctima y las circunstancias de su asesinato son muy similares al escenario planteado en el caso anterior y ocurrió en el mismo año de 1921, en el pueblo de San Miguel del Milagro en el mismo municipio de Natívitas. El cuerpo sin vida de Adolfo Ramírez fue descubierto, tras nueve días de desaparición, por un jornalero de 18 años, el joven Luis Palma (AHTSJET, 1921b). Al contrario de Luis y de otros protagonistas del pleito y a pesar de la presencia del acta de defunción insertada en el expediente, la edad de Adolfo nunca se menciona. Al igual que en el caso de Carlos, el padre de Adolfo tampoco estaba presente y el hijo también contribuía a la economía familiar llevando a pastar unas cinco ovejas “y una bestia de carga” en el monte de su pueblo. Salió por la mañana −a las 9:00, indicó su madre− para luego regresar a su casa a la hora de comer. Tras su desaparición su madre empezó a buscarlo con el apoyo de su padre −es decir, el abuelo del niño asesinado−, y parece que todos en el pueblo estaban atentos al asunto. Fue por casualidad que el cuerpo fue encontrado, en dirección opuesta al lugar donde solía llevar los animales.

Veamos otro caso antes de sintetizar lo que esta documentación puede enseñar no sólo sobre la infancia como etapa de vida en el campo mexicano de principios del siglo XX, sino también sobre el trato dado a la niñez en las instituciones, en el sentido amplio del término, que involucra la administración judicial, el ministerio público y la familia. Esta vez el juicio penal es contra el violador de una niña de 12 años, Ángela Rodríguez, denunciado en 1921 en Zacatelco (AHTSJET, 1921c). El contexto sigue siendo el mismo: Ángela fue agredida mientras salía para llevar a los animales a pastorear del otro lado del río Zahuapan “como de costumbre”, su padre también parece haber estado ausente y vivía sola con su madre. La principal diferencia en este expediente es la importancia dada por la administración judicial a la edad de la niña debido a la naturaleza de la acusación: se castigaba con mayor severidad si la víctima era menor de 12 años, considerada como edad de la pubertad (Herrera Feria, Sanchez, 2019: 98-101). La lectura del expediente, en particular el testimonio de la niña, muestra una exposición constante y conocida al peligro, considerando que la denuncia se presentó después de la cuarta violación en un plazo de un año. En este transcurso, la niña había hablado con su madre después de la primera agresión, ésta no acudió a ninguna autoridad, sino que prohibió al violador acercarse de nuevo a su hija −obviamente en vano−, y fue cuando el presidente municipal de Natívitas propuso casar la niña con su agresor cuando finalmente la madre decidió recurrir al juez para impedir el matrimonio forzado. Este caso ratifica la idea de que los niños y las niñas del campo estaban expuestos a toda clase de peligros debido a su obligación de participar con su trabajo en la economía familiar mediante el pastoreo, actividad sencilla para su edad pero que los obligaba a ir a diario a los límites de las tierras comunales, en las zonas donde más se cometían crímenes de sangre. También ratifica la frialdad y hasta cierto grado la despreocupación de las autoridades, lo cual es notable por la poca información disponible para evaluar la edad de los niños y, en el último caso, el uso de este dato a favor del agresor, ya que no se tomó en cuenta que la niña tenía sólo 11 años en el momento que sufrió la primera violación.

Si consideramos estos fragmentos de vida como un negativo fotográfico, podríamos vislumbrar la vida de las familias en que el padre seguía presente. Ésta no estaba a salvo de la violencia -intrafamiliar, política o simplemente criminal- pero la ausencia de niños viviendo en esta otra configuración familiar dentro de las víctimas de los pleitos penales muestra que las familias eran capaces de organizarse para alejarlos de los lugares más peligrosos (hecho comprobado por la revisión sistemática de todos los pleitos de la región, más de 200 expedientes, los cuales muestran que no hubo niños víctimas en configuraciones familiares distintas). Es decir que las excepciones presentadas en los expedientes judiciales permiten reconstruir una imagen de la regla y ésta se encuentra en elementos tan diversos como la estructura familiar, su economía, la cultura del cuidado a la niñez y la frialdad institucional. Si bien es cierto que estamos muy lejos de un trabajo biográfico clásico, por lo menos nos acercamos a la cotidianeidad de los niños del campo con una precisión mucho mayor de lo que proporcionan los manuales de educación de la época y que no representan más que los buenos deseos de una élite cultural. En otros términos, estos fragmentos nos abren ventanas de conocimiento sobre la infancia de millones de personas que vivían en el campo del centro de México.

Estas consideraciones acerca de la infancia permitieron elaborar un primer inventario de los elementos que los pleitos criminales pueden aportar a la biografía. En el caso de las mujeres, siendo ellas herederas, propietarias, es decir, actores económicos, podemos en este apartado revisar los pleitos civiles y tener así una visión más completa del aporte de las fuentes judiciales al género biográfico.

Nos focalizaremos aquí en un pleito por intestado que presenta varias ventajas para nuestro estudio (AHTSJET, 1921d). El primero consiste en el tipo de asunto, en la medida que el intestado representa la situación habitual de los sectores populares que habían conseguido tener algunas propiedades modestas, o bien no se preocupaban por definir y controlar la transmisión de su pequeño patrimonio más allá de lo previsto por la ley o no querían pagar el costo de la redacción de un testamento y delegaban a la generación siguiente financiar la legalización de la herencia mediante un recurso judicial. Las otras dos ventajas de este expediente consisten en sus características particulares, ya que por un lado prácticamente sólo quedaron mujeres en la disputa por la herencia debido al fallecimiento de tres hombres de la familia y, por otro lado, que el juicio se extendió siete años, de octubre de 1921 a agosto de 1928, lo que nos ofrece una serie de datos menos puntuales que los juicios criminales presentados anteriormente.

Todos los pleitos que se refieren a herencias, con o sin testamento, vienen acompañados de una serie de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, que nos permiten construir un pequeño árbol genealógico y por lo tanto situar cada individuo en una cronología familiar. Así pasó después del fallecimiento de José María Piscil en 1913. Piscil ya era viudo y dejó tres hijos vivos: José Pedro, Luis y Juliana, nacidos respectivamente en 1892 y 1897, y no hay dato sobre la última. Supuestamente, sólo Pedro era mayor de edad cuando los tres quedaron huérfanos de ambos padres y descuidó denunciar el intestado o decidió no hacerlo. La denuncia ocurrió hasta 1921 con la iniciativa de Juliana, en un momento en que ella se encontraba mayor de edad, casada y que sus dos hermanos ya habían fallecido por enfermedad (Pedro a los 26 años, en 1918, y Luis a los 24 años, en 1921). Pedro no se había casado, pero era padre de dos hijos nacidos de dos mujeres, Alejandro Rodríguez nacido en 1910, Crescencia Piscil -la única que lleva el apellido de su padre- nacida en 1918, unos meses antes de la muerte de Pedro. En cuanto a Luis, vivía desde hacía dos años con Mercedes López cuando se enfermó y tuvo la precaución de pedir al juez de registro civil de Natívitas que fuera a su casa −unos ocho días antes de morir− para casarse con ella y así proteger material y legalmente a Mercedes respecto a sus derechos de herencia. Este breve resumen de la genealogía familiar deja claro que, si el intestado fue denunciado en 1921 a pesar de los costos que este trámite generaba, era debido a un conflicto entre Juliana, como sobreviviente y por lo tanto heredera universal de su padre, y Mercedes, quien había adquirido derechos gracias a su matrimonio. En cuanto a los derechos de los dos hijos ilegítimos de Pedro, sirvieron para arbitrar entre las dos protagonistas principales del juicio, según a quien apoyaran sus representantes legales.

Si bien el expediente proporciona datos precisos respecto a la capacidad de mujeres, incluso analfabetas, a utilizar la administración judicial como recurso, así como a su situación económica y su evolución mediante la inserción de varios inventarios de bienes, el intestado también nos da una visión de cómo se materializaba la legitimidad de un patrimonio heredado para una mujer. En efecto, el nudo del problema entre Juliana y Mercedes consistía en el reconocimiento de los derechos de la segunda sobre la casa y terreno donde vivía. Parece que la decisión tomada por Luis de casarse era asegurar la propiedad de su vivienda, heredada de su padre, a su esposa. El problema era que, debido a la no denuncia previa del intestado, la propiedad de Luis sobre su casa no estaba asegurada e iba a volver automáticamente a su hermana Juliana después de su muerte. En realidad, el matrimonio no daba una solución clara precisamente porque la propiedad de Luis sobre la casa no había sido formalizada, lo cual dio argumentos a Juliana para intentar expulsar a su cuñada. Dos legitimidades se oponían entonces: la de Mercedes, que consideraba cumplir con los deseos de su difunto marido, quien él mismo consideraba cumplir con los deseos de su padre (que supuestamente tenía la intención de darle la casa en herencia) y la de Juliana como heredera y albacea de todos los bienes de su padre pero también como la que cuidó de su padre durante toda la agonía de éste y que consideraba haber adquirido derechos por eso mismo, aunque el código civil desconocía este argumento. Ahora bien, el pleito duró siete años y no desembocó en ninguna decisión -quizá por acuerdo interno en la familia, ya que el último dato que tenemos refiere a una reunión con el juez de la totalidad de los coherederos, solicitada por Juliana el 18 de julio de 1928-, lo cual resalta una realidad esencial en la vida de las mujeres todavía a principios del siglo XX: su inseguridad legal en materia de propiedad.

Mucho se ha escrito sobre el tema (Arrom, 1981; Staples, 2004), pero lo propio de la experiencia vivida por Juliana Piscil y Mercedes López, a lo largo de estos siete años, es que muestra una manifestación encarnada de una situación jurídicamente construida pero que también moviliza unas dimensiones que el derecho no puede abarcar, en particular cuando se trata de los valores que se han manifestado a lo largo de los años, desde el cuidado de Juliana para su padre enfermo, la preocupación de Luis por la mujer con quien vivía, y el choque de las interpretaciones sobre la voluntad de los difuntos. Como ya lo han señalado Levi (1989a, 1989b), Cerutti (1990, 2012, 2021) y Rosental (1996, 1999), la microhistoria es el enfoque adecuado para tomar en cuenta el principio de incertidumbre, es decir, la situación en que se encuentran los actores en el momento de tomar sus decisiones, desconociendo las reacciones de los otros actores, muchas veces de sus recursos y, de vez en cuando, de las posibilidades que ofrece el marco legal (de allí el papel clave de los consejeros jurídicos, aunque estos se quedan en la sombra). Decir que la mujer tenía inseguridad jurídica sobre la propiedad debido a que dependía de su estatus (soltera, casada o viuda, menor o en edad de gestionar patrimonio, considerada o no en los testamentos), solamente da una idea imperfecta o inacabada sobre cómo esta inseguridad se podía manifestar como incertidumbre en los momentos de paso de un estatus a otro, que nunca dejaban de ocurrir en el transcurso de una vida.

Asimismo, la fuente judicial también muestra la capacidad de cada protagonista para hacer valer sus argumentos y valores delante de un juez finalmente incapaz de arbitrar eficazmente entre las dos. En este sentido, estos fragmentos biográficos van más allá de la historia de las mujeres rurales en los años de la década de 1920: muestran cómo un juez de primera instancia, con título y obligado a actuar dentro de los límites marcados por la ley, se encuentra en la práctica frente a dos argumentos válidos sobre el derecho de herencia de dos mujeres en competencia y no tiene más remedio que usar su capacidad de árbitro para intentar obligar a las litigantes a llegar a un acuerdo. Si los expedientes criminales relativos a niños mostraban la frialdad de la institución judicial y del Ministerio Público, la justicia civil en cambio seguía siendo un espacio de arbitraje que ofrecía un amplio espacio a los actores para confrontar sus puntos de vista y demostrar sus fuerzas en el intento de arrinconar a sus adversarios, bajo el ojo de un juez atento a que todos los involucrados se pudieran expresar.

Si bien escribir biografías de hombres en su vida adulta es mucho más accesible que los casos que hemos tratado hasta ahora, muchos aspectos de la vida cotidiana de los pequeños campesinos permanecen en la oscuridad. Sólo trataremos aquí de uno que nos parece esencial porque involucra tanto la vida social como económica y porque suele pasar desapercibido. Se trata de los pequeños acuerdos entre vecinos, compadres o conocidos y que conforman una economía subterránea a partir de acuerdos apalabrados, sin rastros escritos porque descansan en la confianza o control social y por eso mismo sólo llegan hasta los ojos del historiador cuando surge un desacuerdo, una traición de la palabra dada que desemboca en un pleito. En estos casos, vemos hombres y mujeres que no vieron la necesidad de pasar ante un notario y que a su pesar piden la intervención de un juez para solucionar un problema que no debía existir, ya que toda la fuerza del acuerdo verbal consiste en su confianza social y culturalmente construida. Por lo tanto, los fragmentos de biografías que vamos a presentar aquí van a permitir exponer a la luz todo un tejido social, así como la riqueza de los intercambios de servicios y bienes dentro de los pueblos.

El primer caso que presentamos aquí involucra a dos familias campesinas, ambas residentes del pueblo de San José Atoyatenco (Natívitas), en 1916. El testimonio de la denunciante, Vicenta Flores, insistía en su reticencia en involucrar la administración judicial para solucionar su conflicto. Empezó su relato con la descripción de una serie de acuerdos, el primero dentro de su familia entre su marido, su hijo y ella misma para prestar a su vecino Alberto Bueno “una mula prieta y un macho, con guarneces, un arado extranjero ‘Oliver’ y dos cadenas” (AHTSJET, 1916). A cambio, Bueno se comprometió a pagar el alquiler con trabajo y devolver los animales y las herramientas cuando el hijo de Vicenta los necesitara. Sin embargo, no cumplió con su palabra y Vicenta decidió interponer una denuncia en el Juzgado de primera instancia de Zacatelco después de haber intentado cinco veces obtener la devolución de sus bienes. Las circunstancias familiares y el contexto político-militar son importantes para comprender el caso. El acuerdo fue respetado hasta que el hijo de Vicenta y luego su esposo fallecieran a pocas semanas de intervalo. Fue después de estos acontecimientos que Bueno, considerando sin duda la precariedad de la situación de Vicenta, decidió aprovecharse y no respetar los términos de su acuerdo. Es decir que es probable que, sin estas circunstancias, los intercambios informales no hubieran sido objeto de un pleito y por lo tanto no hubieran llegado hasta nuestros ojos. Pero el caso no acaba allí y dio un completo giro cuando el coronel Marcelo Portillo, que lideraba uno de los batallones revolucionarios de la región, se apropió de las mulas. Bien conocido en la región por sus múltiples abusos, que incluyen asesinatos y robos (Sanchez, 2013b), Portillo representaba también la hegemonía que el pueblo de Santa Apolonia pretendía imponer en estos años en todo el municipio de Natívitas (Sanchez, 2012). Entonces ocurrió lo más improbable: las dos familias que se oponían en el litigio se unieron para hacer frente al coronel gracias a la intervención de dos miembros de las familias que todavía no se habían manifestado. Un nuevo acuerdo informal ocurrió en el transcurso del pleito: por un lado, entre Bueno y su hija, y por otro, con la hija de Vicenta Flores. La primera reconocía que las mulas y el material pertenecían a la madre de la segunda y ésta a cambio aceptaba cancelar una deuda que tenía pendiente. No sabemos cómo terminó el asunto ya que, si el juez de Zacatelco apoyó la petición de devolución de los animales, tenía poco peso frente al coronel. Sin embargo, el pleito puso en evidencia formas de solidaridad comunitaria que, a pesar de sobresaltos y tensiones, terminaron fortalecidas gracias a la intervención de dos mujeres y, sin duda también, a los vínculos que unían los miembros de un pueblo cuando una autoridad de otro pueblo se manifestaba de forma abusiva.

En todo caso, el litigio entre Vicenta Flores y Alberto Bueno muestra cómo se podía organizar una economía solidaria que permitía la circulación de los recursos y materiales que servían a una agricultura del menudeo. Pero también existían formas de solidaridad que se podían expresar a través de contratos formales. Se trata de los contratos de anticresis que eran utilizados para facilitar los préstamos entre pequeños propietarios, habitualmente entre vecinos. La anticresis era un contrato común entre campesinos por el que se entregaba al acreedor una finca para que se pagara con sus cosechas.

Un pleito verbal en el que se opusieron dos vecinos del pueblo de San Rafael de Tenanyecac, municipio de Natívitas, en 1917, nos informa sobre este tipo de acuerdo (AHTSJET, 1917). Todo empezó cuando Filomeno Trevera dejó el 31 de julio de 1913 “en calidad de anticresis al Señor Aguilar un terreno de su propiedad denominado ‘Tezontitla’ ubicado en el pueblo de Tenanyecac en la cantidad de 110 pesos, según aparece del recibo otorgado ante el Juez 1ro local entonces C. Miguel Sánchez”. Después del primer acuerdo, Trevera pidió más dinero sobre el mismo terreno y su deuda alcanzó los 356 pesos. Su incapacidad para rembolsar lo llevó a aceptar la venta del terreno a su acreedor, por una cantidad de 450 pesos. En consecuencia, A Aguilar le quedaba entregar los 94 pesos faltantes. Sin embargo,

A pesar de que otros contratos ya habían sido celebrados entre los dos hombres, el conflicto empezó debido a la falta de formalidad de las escrituras. En su declaración ante el secretario del juzgado de primera instancia, el 20 de febrero de 1917, Prisciliano Aguilar explicó “que últimamente solicitó del vendedor el otorgamiento de la escritura respectiva y este señor se ha negado no sólo a ello, sino hasta devolverle la cantidad que tiene recibida” (AHET, 1917). Cinco días más tarde, se presentó Trevera ante el mismo juzgado para explicar que no daba la escritura porque faltaban 326 pesos de pago. Aprovechando el hecho de que la escritura no había sido finalizada, cambió de opinión sobre los términos del acuerdo que tenía con Aguilar y decidió conservar la propiedad del terreno, contando con el hecho de que sus hijos iban a pagar el rembolso del préstamo que Aguilar le había hecho. Para cancelar el anterior acuerdo, declaró simplemente haber sido obligado a firmar el documento (AHET, 1917).

Lo interesante en este pleito no reside únicamente en evidenciar la fragilidad de las instituciones involucradas en los procesos de compraventa y la utilización de las dudas que pesaban sobre la legitimidad de trámites inacabados. El papel que desempeñaron los jueces locales de Natívitas -Felipe Piscil y Lucio de Sanpedro- nos revela un poco más sobre su propio margen de maniobra y sobre la construcción de su rol de mediador en la localidad. Piscil intervino desde julio de 1916 y era quien había obtenido el acuerdo entre las dos partes de un pago restante de 94 pesos para cerrar la venta del terreno en contienda. Reconocía allí que no podía terminar de cerrar el acuerdo: “Trevera explica que no da la escritura porque faltan 326 pesos de pago, sus hijos van a pagar el rembolso de lo dado para no desprenderse del terreno. Dice haber firmado el documento contra su voluntad” (AHET, 1917). Nombrado juez local de Natívitas, Sanpedro tuvo que retomar el asunto y obligar a los litigantes a cerrar un nuevo acuerdo. Su técnica fue radical, ya que mandó a arrestar a Trevera, quien se quejó inmediatamente al secretario de gobierno. Sanpedro explicó al Ejecutivo que “el Señor Trevera estuvo detenido, no fue prisión en forma” (AHET, 1917) y que el asunto quedaba resuelto, ya que pudieron convencer a Trevera que entregara la escritura del terreno a cambio de 25 pesos que Aguilar aceptaba pagarle a pesar de que, según el acuerdo de compraventa, ya no le debía nada. El juez local cumplió allí con su función de mediador, aunque tuvo para eso que forzar el acuerdo.

Si comparamos estos dos pleitos, dos elementos saltan a la vista. El primero es la inestabilidad de los acuerdos, tanto informales como formales, sin duda incrementada por el contexto revolucionario que fragilizaba las instituciones y aumentaba las oportunidades de abusos. Esto hacía que la incertidumbre que regía las relaciones sociales ocupara un espacio mayor al que los campesinos acostumbraban. Lo segundo es el papel que jugaron los hijos para encontrar una solución a los conflictos y eso es un elemento que hubiera pasado desapercibido si no hubiéramos buscado las formas vividas en la cotidianeidad de la solidaridad campesina. Vale la pena resaltar este aspecto quizás no suficientemente subrayado por la historiografía: el mayor aporte de las biografías fragmentadas no son características y datos sobre una persona sino datos sobre cómo se relaciona con su entorno, sea familiar, social e incluso institucional. Lo que se evidencia es la calidad de las relaciones o, para ser más concreta aquí, no se trata sólo de comprobar si tal persona tuvo o no hijos sino cómo estos participaron en la vida familiar, cómo participaron en tejer nuevos vínculos o fortalecer otros (la hija de Vicente Flores y la de Alberto Bueno), y al final cómo se dio la dinámica social cotidiana de los sectores que dejaron pocos rastros individuales en las fuentes.