La configuración de los sistemas de partidos es uno de los campos de investigación más grandes en la ciencia política contemporánea. De los estudios fundadores de Lipset y Rokkan (1967) ha derivado un enfoque bien nutrido de investigaciones como las de Rohrschneider (1993), Ignazi (1992) y Rice y Van Cott (2006). La escuela sociológica y el estudio de los clivajes han sido fundamentales para entender las nuevas configuraciones de los sistemas de partidos en todo el mundo. Del mismo modo, el entendimiento actual sobre estos cambios y recomposiciones ha avanzado considerablemente con las aportaciones de la perspectiva institucionalista. Textos clásicos como los de Maurice Duverger (1959), de Amorim Neto y Gary Cox (1997) o de William Clark y Matt Golder (2006) son ejemplos del avance de estas dos corrientes ampliamente consolidadas en los estudios comparados alrededor de los sistemas de partidos políticos.

En México, el estudio del sistema de partidos y de los sistemas electorales ha avanzado considerablemente y ha permanecido como una agenda de investigación de constante cambio y actualización. Trabajos como los de Alain de Remes (2006) o Joy Langston (2017) son ejemplos de estudios relacionados con la democratización y la dispersión del poder en nuestro país. A su vez, la literatura elaborada por expertas y expertos en la materia, tales como Juan Molinar Horcasitas y Jeffrey A. Weldon (2003), han dado pauta para que en el país se reflexione de manera más profunda sobre las consecuencias de las reformas a las reglas electorales. La competencia electoral, los mecanismos de asignación de curules y las características del federalismo mexicano son algunas de las variables más estudiadas.

El cambio institucional en materia electoral también ha sido objeto de estudio de múltiples investigaciones. De hecho, en la actualidad han sido altamente discutido el diseño de la función electoral mexicana. Las propuestas de cambios constitucionales y legales más recientes son muestra de la relevancia que estos temas han tenido durante la etapa de consolidación democrática en México y que siguen teniendo en los tiempos recientes. Con esto en mente, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar el sistema de partidos en México, la variación de sus configuraciones a nivel subnacional, las normas electorales y su interacción con el comportamiento de las y los votantes mexicanos.

Particularmente, el propósito del presente artículo es aportar elementos para responder las siguientes preguntas de investigación: ¿las y los votantes son receptivos del tipo de fórmulas electorales utilizadas en el país? En caso de ser afirmativo, ¿cuáles son sus efectos sobre la configuración partidista? ¿Hay variación a lo largo de las entidades federativas mexicanas? Los hallazgos apuntan a que el electorado mexicano sí es receptivo del tipo de fórmula electoral y tiende a preferir una cantidad mayor de opciones políticas bajo reglas más permisivas, aún en elecciones que concurren con otras de escrutinio mayoritario. Asimismo, existe una variación significativa entre la mayoría de las entidades del país, con excepción de estados como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Querétaro o Veracruz. La relevancia del presente trabajo radica en aportar elementos objetivos para la comprensión de los efectos que las fórmulas electorales tienen sobre la relación entre partidos y, particularmente, sobre el comportamiento de las y los votantes a nivel subnacional en México.

Para ello, a través de la información pública proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), fue realizado un modelo de regresión lineal para estimar los efectos sobre la fragmentación de las preferencias partidistas en las elecciones presidenciales y de senadurías de 2018. Al ser dos elecciones federales y concurrentes, pero con dos fórmulas electorales distintas, su comparación las hace un buen caso de estudio para el problema central de la investigación. Asimismo, este modelo controló por un índice socioeconómico, construido a partir de las Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del INE. Este último indicador busca aproximar el efecto del clivaje de clase en el sistema de partidos.

De este modo, el presente análisis está dividido de la siguiente manera. El primer apartado consiste en una revisión de la bibliografía más relevante de los sistemas partidistas y su relación con las instituciones electorales. La segunda parte contiene el análisis cuantitativo realizado y, por último, el tercer apartado contiene las conclusiones y las áreas de oportunidad para futuras investigaciones.

Los partidos políticos tradicionalmente han sido vistos como esenciales para el quehacer democrático de las naciones. No sólo eso, su labor ha sido considerada como un factor clave para tener ejercicios de gobierno efectivos, a través de una política partidista cohesiva y bien estructurada (Mair, 2005). Existe, en general, una idea ampliamente consensuada de que una de las condiciones para la democracia es un sistema de partidos competitivo y con una estructura institucional consolidada (Diamond, 1997). Como consecuencia, esto ha generado que el estudio sobre las variables que intervienen en su composición y dinámica haya crecido considerablemente desde hace varias décadas.

Particularmente, destacan dos grandes corrientes. Por un lado, la escuela sociológica, la cual ha hecho énfasis en que los partidos y sus plataformas políticas tienen una importante dimensión histórica, enraizada, por supuesto, en las problemáticas sociales. Lipset y Rokkan (1967) advirtieron desde la década de los sesenta que los partidos políticos están unidos por su hostilidad hacia sus competidores, pero que, aun cuando los conflictos sociales sean comunes y pueda surgir una gran variedad de ellos, pocos tienden a polarizar la política de un sistema determinado. De hecho, en su texto clásico, Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments, los autores hacen una puntualización bastante importante para terminar de comprender esta postura teórica:

Como puede verse, desde esta perspectiva, la intensidad de los conflictos sociales y la comunicación entre grupos es la determinante de su institucionalización en partidos políticos y en cómo estos se configuran dentro de un sistema. Sus interacciones, alianzas y comportamientos, están basados en la intensidad de la dinámica social. Esto último, a su vez, hace que exista una diversidad partidista significativa no sólo entre naciones, sino dentro de ellas. A nivel local, la movilización social puede presentar una alta varianza y la dispersión no simétrica de recursos económicos; a su vez, genera una multiplicidad de factores para tener sistemas de partidos diversos en el ámbito subnacional.

Al respecto, vale la pena hacer mención de lo expuesto por académicos como Kris Deschouwer (2003) y Pieter Van Houten (2009). Como atinadamente han estudiado, asumir interacciones de un solo nivel deja fuera la alta diversidad de interacciones que pueden llegar a tener, tales como interacciones verticales, horizontales, dentro y entre partidos. Los partidos enfrentan escenarios de costo-beneficio cuando delegan autoridad a niveles estatales y regionales, y esto les hace implementar distintos mecanismos de control con el objetivo de no perder poder entre sus ramificaciones a nivel local. Esto, nuevamente, hace que el comportamiento de cada uno de ellos sea diverso en acciones clave de la vida partidista, como lo es la selección de candidaturas o la formación de coaliciones electorales.

Dicho esto, aunque el estudio de Lipset y Rokkan (1967) priorizó el análisis de las democracias de Europa occidental, lo cierto es que la perspectiva sociológica ha dedicado también diversas respuestas para el caso latinoamericano. Sobre ello, Robert Dix (1989) hace valiosas puntualizaciones para comprender los contrastes entre los sistemas de partidos latinoamericanos y los europeos en occidente. Para él, la evolución gradual de los sistemas partidistas en América Latina no son sino casos excepcionales. Para el autor, la principal diferencia entre estas dos regiones radica en que los sistemas de partidos occidentales incluyeron clivajes nuevos y se apartaron progresivamente de los que perdían relevancia. Por el contrario, la gran mayoría de los sistemas latinoamericanos presentaron discontinuidades, como consecuencia de revoluciones y del surgimiento de regímenes dictatoriales (Dix, 1989).

Dos de los ejemplos más comunes para mostrar el cambio de valores y el cambio del sistema partidista es el surgimiento de partidos ambientalistas. En general, existe un amplio desarrollo teórico al respecto del cambio cultural y político. Esta tesis sostiene que el desarrollo económico va ligado a un conjunto de transformaciones, como la industrialización, la burocratización y el desarrollo de las comunicaciones, que tienden a producir cambios sociales y políticos (Inglehart, 1994). De este modo, a medida que la cobertura de las necesidades humanas básicas va generalizándose en una sociedad, el surgimiento de valores postmaterialistas tienden a volverse más relevantes en el espectro político. El crecimiento económico tiende a hacer que los valores de supervivencia, característicos de sociedades agrarias y preindustriales, muten hacia valores de bienestar que caracterizan a la mayoría de los países avanzados (Inglehart, 1997).

Lo cierto es que los clivajes clásicos suelen tener aún una alta preponderancia en el sistema político iberoamericano. Trabajos como los de Florencia Torce (2014) han mostrado, por ejemplo, que la movilidad intergeneracional del ingreso es más débil en América Latina que en los países industrializados. Asimismo, académicos como Geoffrey Evans (2000) han argumentado en contra del supuesto declive del voto de clases. Autores como él consideran que la política de clases sigue manteniendo una alta significancia en los sistemas partidistas contemporáneos. De hecho, muchos de estos hallazgos han sido identificados en naciones a lo largo de todo el globo. Daniel Oesch (2008) mostró que las clases continúan difiriendo sistemáticamente en su apoyo partidista. En general, hay evidencia apuntando a que este tipo de clivajes clásicos continúan presentes en los sistemas políticos y en fenómenos actuales como el populismo y clientelismo.

La escuela sociológica es una de las más importantes y coexiste con otra perspectiva en los estudios de los sistemas de partidos políticos. La corriente institucionalista típicamente ha sido asociada con teóricos como Maurice Duverger y Douglas Rae. Entre las principales ideas desarrolladas por esta corriente, está la idea de que la configuración de los sistemas de partidos parte de los efectos que tienen las reglas electorales. Estas instituciones influyen en su composición, a partir del tipo de distritación, su magnitud, y de cómo las personas emiten su voto, así como de las fórmulas utilizadas para transformarlos en cargos de gobierno (Duverger, 1959).

Esta perspectiva teórica parte de que las instituciones electorales promueven generalmente dos tipos de efectos: los mecánicos y los psicológicos. Para Duverger, las reglas electorales, como el escrutinio mayoritario, naturalmente generan sobre o subrepresentación, por lo que los sistemas pueden funcionar a favor o en contra de la aparición de nuevos partidos. Este tipo de efectos, como puede observarse, operan en la esfera de la transformación de votos a escaños. Por su parte, los efectos psicológicos trabajan en la esfera del votante y de la construcción de preferencias electorales. Por ejemplo, para Duverger, el multipartidismo, en sistemas de mayoría de una sola vuelta, impone a los electores la disyuntiva entre votar por un tercer partido sin probabilidades de ganar, o hacerlo por la menos mala de las otras opciones, a fin de evitar el éxito del peor, acorde a sus intereses individuales (Duverger, 1959).

Esto, a su vez, ha derivado en una gama de estudios encargados de discernir los efectos de la gran variedad de reglas y fórmulas electorales sobre la estructura de los sistemas partidistas. Pipa Norris (1997) fue de las primeras en especificar las varianzas ocasionadas por los distintos tipos de fórmulas electorales y asociarlas a efectos concretos sobre la proporcionalidad de los sistemas, los tipos de gobiernos (unipartidistas o de coalición), el grado de involucramiento con el electorado (o el también denominado constituency service), así como en los niveles de participación electoral.

Para otros académicos como Donald L. Horowitz (2003), los sistemas electorales no sólo representan las tendencias prexistentes, sino que también las moldean. Para él, las facciones que hubieran podido permanecer dentro de la órbita de un partido político, por su aversión al riesgo de no tener la capacidad de ganar elecciones bajo una regla determinada, tienen mayores incentivos a constituirse en una fuerza partidista única bajo otros esquemas de competencia electoral, como lo es la regla de representación proporcional. En ese sentido, para autores como éste, los sistemas electorales no sólo deben cumplir el objetivo de transformar votos a cargos, sino que constantemente modifican el comportamiento político de los grupos sociales. De ahí que intervengan en otros aspectos de la vida social, como la rendición de cuentas de los gobiernos electos, su durabilidad, la representación de minorías y la conciliación interétnica o interreligiosa (Horowitz, 2003; Lijphart, 1990).

Ahora bien, aunque la principal crítica a esta corriente esté relacionada con el sentido de los mecanismos causales, lo cierto es que diversos autores han trabajado por hacerlas compatibles. Para muchas y muchos de ellos, afirmar que la estructura social es importante para la formación y competencia de los partidos, no implica que las estructuras electorales no sean relevantes o tengan efectos nulos (Neto y Cox, 1997). Lo cierto es que esta postura, apoyada de herramientas cuantitativas, han podido dar cuenta de que existe una interacción significativa entre la heterogeneidad social y la estructura electoral (Filippov et al., 1999; Clark y Golder, 2006). Este último enfoque será el utilizado en la presente investigación, de modo que el manejo de los datos incluirá tanto el factor social como el institucional.

Sin embargo, antes de pasar al estudio cuantitativo, es importante reflexionar acerca del sistema electoral y de partidos mexicano. Especialmente, durante las décadas del proceso de transición y consolidación democráticas. Este último, ciertamente, se ha desarrollado a lo largo de dos ejes principales: la reforma electoral sobre su grado de proporcionalidad y sobre la composición de la autoridad electoral (Molinar y Weldon, 2003). El discurso del entonces secretario de Gobernación en 1977 simboliza con exactitud el espíritu detrás del primero de estos dos ejes de transformación institucional:

Esta larga transformación del sistema mexicano derivó en el actual sistema mixto de representación política. En resumen, nuestros órganos de representación política se integran de tres maneras distintas. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que es electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos y ciudadanas. Las elecciones legislativas tienen, sin embargo, características distintas. En primer lugar, las diputaciones federales son seleccionadas a través de un sistema mixto de mayoría relativa y de representación proporcional. La repartición de los escaños plurinominales se hace a través de una cuota Hare o, como lo nombra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 16, del cociente natural y resto mayor.

Por su parte, la Cámara de Senadores se integra de la siguiente manera. El Artículo 14 de la LGIPE establece que el Senado de la República se integrará por 128 senadores y senadoras, de los cuales, en cada entidad federativa, dos se elegirán según el principio de votación mayoritaria relativa y uno o una se asignará a la primera minoría. 32 senadoras y senadores restantes se elegirán por el principio de representación proporcional, en una sola circunscripción plurinominal nacional. En ese sentido, el método de selección de las senadurías mexicanas es, en el fondo, una combinación de dos métodos de representación proporcional, a través de 32 distritos de magnitud tres y una circunscripción de magnitud 32.

La academia ha dedicado mucho esfuerzo para advertir los efectos que tiene la gran diversidad de métodos de representación proporcional y de su ejercicio combinado con reglas de mayoría. Ha sido mostrado, por ejemplo, que las cuotas bajas (como el caso de la cuota Imperiali) suelen beneficiar más a los partidos mayoritarios que las cuotas altas, como la Hare o la Droop (Gallagher, 1992). Estudios también sugieren que los sistemas mixtos de elección tienen efectos sobre los comportamientos de las y los actores políticos. Un ejemplo son las diferencias analizadas por Yann Kerevel (2010) en el comportamiento de las y los legisladores electos en los distritos de mayoría relativa y el de los que son seleccionados mediante las listas de representación proporcional.

Dentro de este campo de investigación, autoras como Irma Méndez de Hoyos (2007) han propuesto que, para el periodo de transición democrática en México, la fragmentación del sistema de partidos mexicano está también relacionada con el deterioro de las tareas de representación y con el desgaste institucional de los partidos políticos. Análisis como estos muestran que la fragmentación del sistema de partidos está correlacionada con la percepción de los votantes sobre el cumplimiento de las funciones de representación de los partidos en México. Este tipo de hallazgos hacen relevante estudiar, para la actualidad, cómo es la relación entre el sistema partidista, las reglas electorales y el comportamiento del electorado mexicano.

La variedad de reglas electorales no ha sido obstáculo para que la ciencia política pueda compararlas entre sí. De hecho, el desarrollo de instrumentos cuantitativos para el estudio de la relación entre dinámicas sociales, sistemas de partidos y sistemas electorales, ha avanzado considerablemente a raíz del surgimiento de nuevas herramientas para el análisis y procesamiento de datos. El presente trabajo, utilizó algunos de los recursos más recientes en combinación con estadísticos clásicos de los estudios políticos.

En primer lugar, por ejemplo, será necesario definir el estadístico principal: el Número Efectivo de Partidos (NEP). Este indicador es un índice de fragmentación partidista bastante utilizado en la política comparada. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

N E P = 1 ∑ i = 1 n S i 2

Como puede observarse, el Número Efectivo de Partidos es el cociente entre la unidad y la sumatoria de las proporciones al cuadrado de los asientos que recibe cada partido político i, representadas por la variable S. Al respecto, vale mencionar que este indicador tradicionalmente es utilizado para medir la fragmentación partidista dentro de órganos legislativos, pero también puede evaluar el nivel de fragmentación de las preferencias electorales, cuando en lugar de la proporción de asientos se calcula con el porcentaje de votos que recibió cada partido político en la elección. Esto fue denominado por Laakso y Taagepera (1979) como el Número Efectivo de Partidos en el electorado.

Para el presente estudio serán utilizados los datos de dos de las tres elecciones federales de 2018 en México: la presidencia y la de senadurías. Esta información fue obtenida de los datos abiertos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) disponibles en su página web oficial. Este caso de estudio fue seleccionado porque en elecciones no intermedias concurren elecciones que utilizan fórmulas electorales distintas. Por un lado, la elección del Ejecutivo federal, que se realiza a través de una fórmula estrictamente mayoritaria (“the first past the post”, como lo denomina la tradición estadounidense). Por el otro, la elección de senadurías en México, que se distingue por un grado mayor de proporcionalidad, como ya ha sido descrito con anterioridad.

Con esto en mente, se evaluará la variación del Número Efectivo de Partidos en el electorado a nivel seccional entre cada una de estas dos elecciones. El objetivo es evaluar el posible efecto que estas diversas reglas electorales tienen sobre la composición del sistema de partidos y sobre el comportamiento de los votantes. Vale mencionar que para el cálculo del NEP en cada sección no se distribuyó la votación de las combinaciones de cada coalición que compitió en ese proceso electoral federal. El criterio del presente trabajo es que este último factor modifica la composición real de las preferencias del electorado, por lo que dichos valores fueron excluidos de los cálculos matemáticos. De esta manera, se espera identificar si las y los votantes son receptivos del tipo de fórmula electoral y tienden a preferir una cantidad mayor de opciones políticas, aún en elecciones concurrentes.

Asimismo, para evaluar el impacto de los clivajes o conflictos sociales, como lo sugeriría la escuela sociológica, el presente estudio cuantitativo controlará a través de un índice socioeconómico elaborado para cada una de las secciones electorales donde se emitió votación en 2018. Con esta variable, se pretende aproximar la relevancia del clivaje de la clase social. Este indicador fue construido a partir de la Estadística Censal a escalas Geoelectorales proporcionada por el INE y por el Inegi. Este recurso es un conjunto de indicadores sociodemográficos a nivel sección y distrito electoral federal, con base en la cartografía electoral del país, provenientes del Censo de Población y Vivienda 2020. El indicador se elaboró mediante un análisis de componentes principales de diversas variables relacionadas con el nivel socioeconómico de las viviendas en México, como lo son: el grado promedio de escolaridad de las personas en la sección electoral, los tipos de vivienda, los servicios a los que tienen acceso o los electrodomésticos que poseen. Estos datos son de acceso abierto a la población y pueden ser consultados en el sitio oficial del Inegi.

Así pues, derivado del estudio teórico podemos esperar los siguientes comportamientos. En primer lugar, conforme a la perspectiva institucionalista, la regla electoral de menor proporcionalidad influirá en la configuración de un sistema de pocos partidos, independientemente del nivel socioeconómico que esté presente en las secciones electorales. Esto es así porque en los casos con niveles bajos el clivaje de la clase social es reforzado y, por tanto, el sistema de partidos tiende a polarizarse en dos bloques. En este escenario, se diría que el sistema se encuentra en equilibrio. Sin embargo, por el lado contrario, cuando el bienestar económico de las personas es alto, el escrutinio mayoritario impediría que las nuevas demandas sociales no materialistas se consoliden en una estructura partidista determinada. Del mismo modo, con la aplicación de reglas electorales de mayor proporcionalidad, habrá mayores incentivos al surgimiento de partidos pequeños, pero ello se materializará sólo en aquellos espacios cuyo nivel socioeconómico es alto. En este caso, el sistema electoral permitiría la cristalización de los nuevos conflictos sociales dentro del sistema de partidos. Estas hipótesis pueden representarse de conformidad con el siguiente cuadro:

Cuadro 1

	- NSE	+ NSE
M.R	NEP bajo (Equilibrio)	NEP bajo (No equilibrio)
R.P	NEP bajo Equilibrio)	NEP alto (Equilibrio)

Fuente: elaboración propia.

La Gráfica 1 muestra la distribución del estadístico principal por cada una de las 32 entidades federativas del país. Como puede verse, existe una alta varianza dentro y entre los estados del país, por cuanto hace al número de partidos efectivo para el electorado. En promedio, en las secciones electorales del país, el NEP de las elecciones presidenciales equivale a un 3.2, mientras que el de las elecciones de senaduría asciende a 3.5. Una diferencia, si bien, no tan significativa, pero lo cierto es que hay entidades donde ese margen se amplía considerablemente. Tal es el caso de Morelos, Colima y Sinaloa, donde hay una diferencia de 0.8 puntos en el número efectivo de partidos que fueron votados por las y los ciudadanos en las elecciones federales de 2018. Es decir, hubo cerca de un partido de diferencia en estas dos elecciones.

La Gráfica 2, a su vez, muestra la relación lineal entre estos dos indicadores centrales del presente análisis, por tipo de elección. Como puede verse, aun cuando se controla por el nivel socioeconómico de las secciones, las senadurías tienden a ocasionar un número efectivo de partidos ligeramente mayor que el de las elecciones presidenciales. Este resultado es consistente con la postura institucionalista, puesto que el criterio de la primera minoría utilizado para integrar el Senado de la República motiva a los votantes no satisfechos con el partido mayoritario, a seguir votando por su primera preferencia, en atención a que puede integrar el órgano legislativo a través de dicha regla electoral. No es el caso de las elecciones presidenciales, puesto que, al tratarse de un solo cargo de elección, las y los electores tienden a razonar su voto de manera útil. Esta aproximación a los datos permite ver de manera visual el efecto que tiene el método de selección de las y los senadores sobre la configuración del sistema partidista mexicano.

La Gráfica 3, por su parte, intenta mostrar esta misma relación, pero fragmentándola a nivel local, para cada una de las 32 entidades federativas. Al respecto, es importante destacar que las elecciones de senadurías son, en su mayoría, elecciones estatales. Aunque una tercera parte del senado se elija a través de la circunscripción nacional, lo cierto es que los perfiles que arriban a dicho órgano de representación política suelen ser cuadros formados en el ámbito local. Con esa consideración en mente, como se muestra en la figura referida, destaca que, para la mayor parte de los 32 estados, los datos se comporten de la manera esperada, con un número efectivo de partidos mayor en las elecciones de senadurías. Los casos excepcionales son relativamente pocos, tales como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Querétaro o Veracruz.

En general, a nivel subnacional, la regla de mayor proporcionalidad trae consigo un número de partidos mayor, en muchas ocasiones, independientemente del nivel socioeconómico de las secciones electorales, lo que es consistente con la teoría institucionalista. Sin embargo, como puede verse en la Gráfica 3, también hay escenarios donde el crecimiento del nivel socioeconómico se traduce en un mayor número de partidos, pero dicho efecto únicamente puede observarse en los datos correspondientes a la elección de senaduría. Estos casos son donde las líneas de regresión tienen pendientes de signo opuesto y se cruzan a manera de equis. En esos escenarios, es claro que la fórmula de escrutinio mayoritario está impidiendo que la competencia partidista se diversifique, orillando a los votantes a votar estratégicamente.

Del mismo modo, a través de una sencilla estimación estadística, pueden observarse indicios de este mismo fenómeno. Para ello, la Tabla 1 muestra los coeficientes resultantes de una regresión lineal simple entre estos dos indicadores y su interacción. Las estimaciones apuntan a que el incremento en el nivel socioeconómico de las secciones electorales del país, por sí mismo, no tiene una relación positiva con la fragmentación electoral de las preferencias ciudadanas. Por el contrario, este estadístico tiene una relación significativa y negativa, sugiriendo que a medida que el bienestar económico de las secciones es mayor, la ciudadanía tiende a preferir menores opciones políticas.

Este resultado no es consistente con las teorías del cambio cultural y político previamente expuestas. Lo cierto, sin embargo, es que dicho comportamiento puede estar mediado por dos factores. El primero está relacionado con las características propias del sistema político mexicano, particularmente con prácticas clientelares y de insatisfacción con los partidos políticos. Datos de la más reciente Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci, 2020) apuntan a que uno de cada tres encuestados piensa que personas como ellas no tienen nada que opinar sobre lo que hace el gobierno y que dos de cada tres que a las personas del gobierno no les interesa lo que la ciudadanía piense. Esto puede estar ocasionando que, a medida que aumenta el bienestar económico, las personas opten por menos opciones políticas, dada su inconformidad con el sistema de partidos actual, como apuntan los hallazgos encontrados por Méndez de Hoyos (2007) en la época temprana de la transición democrática en México.

Sin embargo, cuando la variable socioeconómica interactúa con el tipo de regla electoral, es posible observar un comportamiento acorde a lo esperado. Como puede verse, el coeficiente de regresión de dicha interacción indica que la fragmentación partidista aumenta conforme incremente el nivel socioeconómico y esté presente una regla electoral de proporcionalidad, como lo es la elección de senadurías.

Las dinámicas sociales y los sistemas electorales han sido dos de las variables más estudiadas en la configuración de los sistemas de partidos. Por un lado, la perspectiva sociológica expone que los conflictos sociales se cristalizan en partidos políticos, mientras que la postura institucional considera que los efectos mecánicos de las reglas inciden en la psicología del votante y moldean la configuración del número de partidos políticos. El presente estudio evalúa dichas hipótesis para el caso mexicano, concretamente, para las elecciones federales de la Presidencia de la república y de la Cámara de Senadores. El objetivo es identificar si la proporcionalidad de las fórmulas tiene una relación con el número de partidos en el electorado o, dicho de otra manera, con la fragmentación de las preferencias electorales. De esta manera, se espera identificar si las y los votantes son receptivos del tipo de fórmula electoral y tienden a preferir una cantidad mayor de opciones políticas, cuando la regla es lo suficientemente permisiva.

Los resultados son consistentes con la mayor parte de las hipótesis previstas. En primer lugar, la regla de mayoría relativa, en general tiende a relacionarse con un número efectivo de partidos menor que el observado en el criterio de la primera minoría, utilizado para el senado del país. Del mismo modo, las estimaciones econométricas indican que el nivel socioeconómico de las secciones electorales, de hecho, tiene una relación inversa con la fragmentación electoral. Esto es contrario a lo esperado por las teorías del cambio cultural y la escuela sociológica. La expectativa era que, conforme aumentara el bienestar económico de las personas, los conflictos sociales se transformarían del clásico clivaje de clase a demandas posmodernas más variadas, impactando en la conformación del sistema de partidos. Del modelo de regresión simple, no hay indicios que apunten hacia esa dirección, para el caso mexicano.

Sin embargo, cuando dicha hipótesis se combina con la perspectiva institucional, los resultados son consistentes. A nivel global y particularmente para algunas entidades del país, el aumento de la proporcionalidad en las reglas electorales permite que estos nuevos valores sean retomados por una mayor cantidad de ofertas políticas. La interacción entre el nivel socioeconómico y el tipo de elección muestra que conforme aumente el bienestar económico de las secciones electorales, en las elecciones de senadurías sí podrán observarse aumentos estadísticamente significativos del número efectivo de partidos.

En suma, en medio de la frecuente y actual discusión del Sistema Electoral Mexicano, vale la pena considerar que la ciudadanía parece ser responsiva a las características de cada una de las reglas electorales que son implementadas a nivel federal en México. Cuando estas normas son permisivas, los votantes tienden a preferir una cantidad más amplia de opciones partidistas. Dicho de otra forma, los datos apuntan a que donde hay mayor proporcionalidad, las y los votantes ejercen su sufragio en consecuencia de ello. Por el contrario, cuando la magnitud del cargo de elección popular es igual a uno, las y los votantes mexicanos tienen que recurrir al voto estratégico o útil, por la naturaleza restrictiva de este método de selección. Es necesario que la información sobre los métodos de representación proporcional aumente y que logremos encontrar mecanismos para que todas las demandas y preocupaciones sociales, tengan cauce por las vías institucionales del Estado mexicano.