Una de las dimensiones más significativas de la educación es su estrecha e innegable relación con la política y especialmente con la siempre inacabada construcción de la democracia. No está de más destacar que la educación históricamente ha constituido un elemento fundamental no sólo para promover la cohesión nacional y la consolidación del sistema político (Puelles, 1996), también contribuye de forma importante a la concreción de los diversos proyectos de sociedad. Como menciona Olivier:

En tal sentido, el complejo vínculo entre educación, política y democracia durante los más recientes períodos de gobierno constituye un tema de gran relevancia para el conocimiento de los proyectos de nación emprendidos y de los procesos educativos en nuestro país.

Para dar cuenta de los fenómenos involucrados en el objeto de estudio, las interrogantes que guiaron la investigación fueron: ¿cuáles han sido los efectos que la alternancia política reciente ha tenido en la educación pública en México? ¿Qué cambios en términos de política educativa se han desarrollado en los dos últimos períodos de gobierno? ¿Cuál ha sido la tendencia de estos dos proyectos de nación?

El texto que aquí se presenta se nutre del enfoque descriptivo de tipo histórico-documental, que hace uso de las ricas fuentes primarias como lo son los documentos gubernamentales utilizados para esta investigación, entre los que destacan el Plan Nacional de Desarrollo de los sexenios a los que se aboca el estudio, sus programas sectoriales de educación y otros documentos oficiales, así como de material bibliográfico y hemerográfico. En él se realiza un balance de las políticas gubernamentales en materia educativa cuyo eje es, por un lado, la profundización de un modelo modernizador sustentado en el modelo económico hegemónico, que llega a su límite; y por otro, el impulso de un nuevo modelo de política social y de Estado que promueve una transformación de fondo para la construcción de una sociedad armónica y para todos y todas. Así, el énfasis del artículo se encuentra en algunos momentos clave de la histórica relación entre educación y democracia en México a partir de una revisión del contexto político del gobierno de Peña Nieto y de la primera mitad del gobierno actual. De ahí que interesa de manera especial identificar los rasgos de la educación pública como un factor crucial para el fortalecimiento del Estado y particularmente de la idea de democracia y ciudadanía, como referencias obligadas en la concepción educativa del Estado moderno en México.

Las elecciones mexicanas de 2012 y 2018 dieron lugar a dos hechos importantes: el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Ejecutivo federal luego de 12 años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN); y su ulterior desplazamiento por el triunfo político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que significó la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien accedió a la silla presidencial merced a una masiva votación que definió la elección a su favor.

En el primero de los sexenios al que aquí se hace referencia se aprecia una importante fuerza inicial y, conforme avanza el tiempo, una notable crisis general. Así, la gestión política que buscaba pasar a la historia por la puesta en marcha de una serie de reformas estructurales, terminaría por ser recordada por una seria crítica a sus propuestas de gobierno e incluso por los hechos de corrupción e ineficiencia que caracterizaron la segunda mitad del sexenio. Por su parte, el gobierno de la alternancia morenista -que expresaba una singular combinación de fuerzas de izquierda y sectores disidentes de los partidos históricos- traería nuevas expectativas que se ampararon principalmente en el combate a la corrupción y en una serie de promesas políticas que capitalizaban el descontento del electorado hacia las candidaturas de los partidos que habían detentado históricamente el poder político.

Estos hechos que marcaron en forma clara la historia reciente del país obligan a realizar un recuento sobre lo que ha acontecido en los últimos años de la vida nacional en materia educativa y, a la vez, explorar el contexto social, político y económico que le rodea. Tal es el propósito que persigue el presente texto: realizar un recorrido general por la administración peñista y los primeros años del gobierno de López Obrador procurando destacar algunas de las acciones y sucesos más significativos en materia educativa.

El año de 2012 trajo consigo una nueva alternancia de la política nacional. Los dos gobiernos encabezados por militantes del PAN -Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa- dieron paso al triunfo de quien había sido gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, miembro del PRI y heredero político del influyente grupo Atlacomulco.

La victoria del PRI se auguraba desde los primeros momentos del periodo electoral, pues Peña Nieto, como parte de sus estrategias, había desplegado una fuerte campaña publicitaria basada principalmente en la exposición de su propia imagen¹ y encabezó las encuestas con una intención de voto de alrededor de 39 y 54% (Olmeda y Armesto, 2013).

No obstante el apoyo reflejado en las cifras, existieron sectores importantes que permanecieron reticentes ante el retorno a la presidencia del partido que hasta antes del 2000 había ocupado el cargo de forma ininterrumpida durante siete décadas, entre otras razones, por las prácticas autoritarias que caracterizaron a sus diversas gestiones; y el ascenso de su candidato que mantenía estrechos vínculos con políticos fuertemente cuestionados² y que arrastraban episodios violentos desde su gestión al frente del Estado de México (Olmeda y Armesto, 2013). De esta forma, se fueron configurando las primeras manifestaciones de oposición hacia la figura de Peña Nieto, las cuales se hicieron patentes a partir de su visita a la Universidad Iberoamericana, en la que fue seriamente cuestionado por el estudiantado de dicha institución.

Después de que los líderes de los partidos de la coalición que representaba Peña Nieto -PRI y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- descalificaran los cuestionamientos y protestas del estudiantado de la Universidad Iberoamericana, se conformó una acción colectiva de amplias magnitudes: el movimiento #YoSoy132, que denunciaría “el carácter autoritario del PRI, [y] la parcialidad y manipulación de la información por parte de los medios de comunicación (en particular, Televisa y Tv Azteca, que controlan casi la totalidad de la televisión abierta) en favor de la candidatura de Peña Nieto” (Olmeda y Armesto, 2013: 254).

Este movimiento, cabe apuntar, tuvo entre sus principales logros la realización de un debate entre los candidatos al que el priista decidió no presentarse.

Enrique Peña Nieto ganó la contienda por la presidencia de la República con 38% de los votos y el PRI consolidó su presencia en las cámaras de Diputados y Senadores consiguiendo el mayor porcentaje en la votación por los puestos legislativos (Olmeda y Armesto, 2013). El nuevo titular del Ejecutivo tomó posesión del cargo el 1° de diciembre de 2012 en San Lázaro y, en una ceremonia llevada a cabo en Palacio Nacional, anunció cinco ejes dentro de los cuales incluía uno directamente orientado a la educación: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global;³ así como 13 decisiones presidenciales que guiarían el actuar gubernamental.

Al día siguiente, Peña Nieto suscribiría el llamado “Pacto por México”⁴ con los líderes de los principales partidos políticos mexicanos -PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, un documento programático que agrupó las principales líneas de trabajo y reformas estructurales, expresadas en cinco ejes y 95 compromisos, que serían emprendidas por la nueva administración. Dicho documento, cabe señalar, fue uno de los pilares del gobierno que se inauguraba, pues significó un acuerdo por medio del cual el equipo peñista buscó asegurarse el apoyo de los grupos firmantes para la materialización de su plan de trabajo. Se trataba en realidad de un acuerdo entre las cúpulas partidistas, ya que no se tiene noticia alguna de las consultas entre los integrantes de los partidos políticos.

El comienzo del sexenio resultó de una alta intensidad en términos legislativos. El nuevo gobierno se esmeró en remitir al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma constitucional necesarias para la concreción de sus reformas estructurales que, en la voz de algunos analistas, “eran las piezas sueltas que faltaban para lograr que las medidas neoliberales en el país terminaran por implementarse” (Rocha Quintero, 2019: 47).⁵

Dichas reformas, aprobadas al margen de cualquier tipo de participación social,⁶ tenían tres propósitos primordiales según el discurso gubernamental: “1) elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, 2) fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y 3) afianzar el régimen democrático y de libertades” (SRE, 2016).

El nuevo gobierno conseguiría la aprobación de 11 reformas estructurales en menos de dos años, entre las que destacaban la educativa, energética, hacendaria, político-electoral y la de telecomunicaciones y radiodifusión (Presidencia de la República EPN, 2014), logrando que los medios internacionales calificaran a la administración de Peña Nieto como el “Mexican moment” y mostrando al presidente desde titulares como “Saving Mexico”.⁷

Sin embargo, el clima de entusiasmo derivado de las reformas duró poco, entre otras razones, porque algunas de estas reformas enfrentaron una fuerte resistencia social. Así, a lo largo del sexenio difícilmente se concretaron sus beneficios en materia educativa, social, económica y política; y una serie de hechos que tuvieron lugar a partir del 2014 terminaron por evidenciar los límites del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Uno de los sectores más controvertidos en esta gestión fue el económico. Tal sector constituyó el eje principal de la administración y mereció importantes acciones que tenían entre sus objetivos generar mayor competencia para cumplir con la meta de crecer cerca de 5% (Presidencia de la República et al., 2012). Entre las principales reformas en la materia se ubicó la energética, que buscaba convertir al sector “en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico” (Presidencia de la República et al., 2012: 11) por medio de su apertura al capital privado (Bizberg, 2020) y la hacendaria, que tuvo como objetivo “aumentar la captación de recursos públicos, asegurando el pago de impuestos de empresas grandes y medianas, y eliminando regímenes especiales” (Loaeza, 2020).

Si bien las reformas y demás acciones empleadas prometían un importante desarrollo económico, los resultados fueron insuficientes y hasta alarmantes. Durante el sexenio el crecimiento, aunque estable, se ubicó en menos de 3%; la deuda pública se incrementó hasta alcanzar un saldo de cerca de 10.88 billones de pesos en 2017; la inversión pública disminuyó a niveles históricos; la producción y precio del petróleo sufrieron caídas sustantivas; y el precio de las gasolinas y el diésel fue aumentando, provocando el gasolinazo de 2017 (Fundar, 2018; Bizberg, 2020).

No obstante, el golpe más fuerte al gobierno de Peña Nieto vino de uno de los sectores menos atendidos por su administración y que mayor preocupación causaba entre la población mexicana: el de la seguridad pública. Las estrategias de la administración peñista no presentaron diferencias sustantivas con las de su antecesor, pues se mantuvo al ejército en las calles cubriendo tareas de seguridad pública, y las detenciones de capos tan poderosos como Joaquín Guzmán Loera y Héctor Beltrán Leyva no consiguieron disminuir la violencia ni el poder del crimen organizado (Villamil, 2015: capítulo 4).⁸

Diversos hechos mostraron la crudeza de la violencia que aquejaba al país y pusieron de manifiesto los nexos entre el crimen organizado y distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, uno de los hechos que golpeó de forma contundente la estrategia de gobierno y de seguridad nacional en el sexenio fue la tragedia que tuvo lugar en Ayotzinapa durante la segunda mitad del 2014.⁹ La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, en el municipio de Iguala, Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” que habían salido con el propósito de realizar una movilización para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, fueron agredidos por elementos de la policía municipal. El ataque emprendido por la policía -y según diversos testimonios- con la participación del ejército,¹⁰ dejó numerosos muertos y heridos, así como 43 estudiantes desaparecidos que, de acuerdo con diversas versiones, fueron entregados al grupo delictivo “Guerreros Unidos” (Villamil, 2015).

La respuesta gubernamental a tales hechos sería incierta y desafortunada. El gobernador del estado de Guerrero y posteriormente el equipo de Peña Nieto tardaron en atender el caso; la investigación emprendida por la Procuraduría General de la República (PGR) enfrentó problemas importantes;¹¹ y Peña Nieto demostró una gran falta de sensibilidad política y humana para responder a los crecientes reclamos sociales, llamando a su “superación”. Todo ello potenciaría la protesta social e incluso el reclamo internacional para aclarar la insólita desaparición de 43 jóvenes normalistas. Así, al concluir el sexenio el caso de los normalistas desaparecidos seguía sin ser resuelto y, en consecuencia, sin recibir la justicia reclamada.

A lo ocurrido en Ayotzinapa se le agregaron distintos eventos que terminaron por derrumbar la celebración de las reformas estructurales y darle entrada a la crisis: los innumerables casos de corrupción que involucraron a miembros de los distintos niveles de gobierno.¹² Entre los más representativos se encuentra el caso de la “Casa Blanca” en el que Aristegui Noticias documentó la estrecha relación entre el presidente Peña Nieto y el grupo empresarial Higa. Esta empresa, cabe señalar, había obtenido contratos para la construcción de importantes obras para el Estado de México durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, rentó aeronaves para la campaña presidencial del priista y figuraba como dueña legal de una casa valuada en alrededor de siete millones de dólares que se encontraba en posesión de la familia del presidente (Aristegui Noticias, 2014). El posible caso de conflicto de interés fue ampliamente difundido acaparando gran parte de la atención pública, y si bien la Secretaría de la Función Pública declaró que no se trataba de un delito (lo que ameritó diversos cuestionamientos), la imagen de Peña Nieto quedaría severamente afectada. Todo ello trajo consigo fuertes implicaciones para el PRI, que no sólo perdería la silla presidencial en las elecciones de 2018, sino también numerosas posiciones en el Legislativo.

Ante el contexto crítico que se desarrolló durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el descontento que habían generado dos gestiones panistas, el proceso electoral de 2018 se decantó en favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, habiendo participado ya en las dos pasadas elecciones presidenciales, fue postulado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).¹⁸

Los comicios de 2018 dieron lugar a un suceso histórico: la victoria de un candidato que, presentado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, capitalizaba la lucha histórica de una fracción importante de la izquierda nacional.¹⁹ Nutrida por la militancia de Morena, por antiguos militantes del PRI y el PAN y con el sorpresivo apoyo del Partido Encuentro Social (PES) -de la vieja derecha nacional-, la coalición se vería favorecida por una cantidad abrumadora de votos: poco más de 30 millones, que representaría 53.19% de los sufragios (INE, 2018). Ello se vería acompañado por la reducción sustantiva de la presencia del PRI en el Congreso de la Unión, pues Morena también ganó la mayor cantidad de puestos en las cámaras obteniendo 51.8% de ellos en la de Diputados y 46.1% en la de Senadores.²⁰ Este contexto garantizaría un amplio margen de maniobra a López Obrador en el inicio de su gestión.

López Obrador inició su gestión con amplios márgenes de legitimidad. Así, en su discurso inicial plantearía un proyecto de gobierno que colocaba entre sus principales propósitos un cambio sustantivo de rumbo que buscaría generar un entorno de bienestar para beneficiar a la ciudadanía en todo el país. De esta forma, uno de los temas fundamentales que abordó fue el desarrollo con justicia social, así como el combate a la corrupción, pues ésta “ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico” (Gobierno de México, 2019: 10) y una posición clara contra las políticas neoliberales que habían dominado en México desde hace ya varios sexenios, por lo que planteó transitar hacia una etapa “posneoliberal”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se indica al respecto:

Y agrega:

Bajo tal escenario, la administración encabezada por López Obrador diseñaría un plan de trabajo que consideraría entre sus principales acciones la promoción del desarrollo económico por medio de la austeridad; el combate a la corrupción; la disciplina fiscal; la creación de empleos; así como el impulso al mercado interno, al agro, la investigación y la educación; la atención a la seguridad pública y el “fin de la ‘guerra contra las drogas’”; así como la consolidación de una democracia participativa a través de mecanismos como la consulta popular y la revocación de mandato; entre otras iniciativas (Gobierno de México, 2019).

Si bien la mitad de un sexenio no permite trazar conclusión alguna sobre un gobierno complejo e inacabado, en cambio sí es posible abordar y referir algunas de las líneas de política gubernamental -en materia política, económica y en temas sociales- y especialmente en los temas relacionados con la intencionalidad educativa.

Por un lado, en materia económica las estrategias gubernamentales se han centrado en los principios de austeridad y disciplina fiscal. Entre las principales acciones que se han emprendido se encuentran recortes en diferentes niveles de gobierno y demás sectores, con el propósito de recuperar recursos para redistribuirlos e invertirlos en las áreas que así lo requieran. Destacan en este sentido, las restricciones en el sector salud sobre el cual se generó un recorte presupuestal importante en el período correspondiente a 2019.²¹ Asimismo, destaca el cierre de algunos fideicomisos que, de acuerdo con el discurso gubernamental, presentaban considerables niveles de corrupción. Si bien se indicaba que la población atendida a partir de estos fideicomisos no dejaría de recibir los apoyos esperados, lo cierto es que ello no ocurrió con la oportunidad y eficiencia prometida (Carrillo Nieto, 2020).²²

Las medidas anteriores generaron diferentes niveles de inconformidad entre diferentes grupos sociales y gubernamentales. En julio de 2019 el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, renunciaba manifestando su “desacuerdo con los recortes adicionales que AMLO ordenó sobre el plan de austeridad original” (Centeno, 2021: 190).

Por otro lado, el presente sexenio ha realizado inversiones importantes para el impulso de megaproyectos que pretenden contribuir al desarrollo económico y social de diversas zonas del país, como el Tren Maya que transitará por estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; la refinería Dos Bocas en Tabasco; y el Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México. Sin embargo, el desarrollo de estas obras no ha estado exento de críticas y desacuerdos entre variados sectores sociales (Centeno, 2021).

De manera paralela, el gobierno federal impulsó una serie de estrategias que buscaron aminorar los históricos desequilibrios en la sociedad. Una de ellas fue la decisión que buscaba responder a las diferencias salariales en las zonas críticas del país. Es el caso del aumento al salario mínimo que en la frontera norte (donde éste fue más elevado) llegó a los 185.56 pesos diarios en 2020 (Centeno, 2021; Carrillo Nieto, 2020).

En materia política conviene referir el impulso a medidas que buscaban promover una mayor participación ciudadana en los asuntos nacionales. Ello quedó formalizado en la Constitución Política y delineado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para impulsar los procesos de consulta popular y para establecer de manera concreta la revocación del mandato (Carrillo Nieto, 2020).

La esfera social ha acaparado gran parte de la atención gubernamental, pues le ha dedicado importantes acciones como el otorgamiento de apoyos y becas económicas para generar más oportunidades para la población más vulnerable. Entre ellos, se encuentra el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa de Microcréditos para el Bienestar, el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera.

Por otra parte, sobre el combate al crimen organizado y la violencia no parece modificarse la estrategia que tantas críticas mereció a lo largo de los años. Aunque en el PND 2019-2024, el gobierno de López Obrador señaló que “las estrategias de seguridad pública aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas: lejos de resolver o atenuar la catástrofe la han agudizado” (Gobierno de México, 2019: 13) durante los primeros meses del 2019 se emprendió la reforma correspondiente para crear un cuerpo de seguridad denominado Guardia Nacional con una clara base militar. Siguiendo a Carrillo Nieto:

No podría desconocerse que la Guardia Nacional no logró contener los severos problemas de violencia en todo el país.

Los datos son reveladores y ponen de relieve dos aspectos importantes al respecto: a) que la violencia no ha disminuido en el país, pues en 2020 se cometieron cerca de 1096 asesinatos más que en 2018 durante el mismo periodo; y b) que el poder del crimen organizado no ha mermado, ya que de la gran cantidad de asesinatos que se perpetran en México, más de la mitad (alrededor de 60%) han tenido distintos grados de participación de este tipo de grupos (Ángel, 2020). Hechos como el asesinato de una decena de policías en Michoacán por el crimen organizado a finales del 2019, así como el ataque a la familia LeBaron (Rocha Quintero, 2020), son parte del retrato crudo de la violencia nacional y muestran que el desafío en la materia aún es muy grande.

Actualmente, la población mundial enfrenta una pandemia que ha afectado las más diversas esferas de la vida social. Si bien Andrés Manuel López Obrador de inicio generó declaraciones que poco contribuían a la atención del problema, las autoridades especializadas promovieron una serie de acciones como el distanciamiento social, el confinamiento que no tuvo un carácter fuertemente obligatorio, el “semáforo epidemiológico” y la aplicación de pruebas. No obstante, éstas fueron reducidas en comparación con otros países (Roldán, 2020a).

La pandemia sigue siendo un reto mayúsculo para la sociedad en todo el mundo y debe reconocerse que ha sido un factor crucial para el cumplimiento del actual plan de gobierno. Nos encontramos a la mitad de la administración de López Obrador y si bien las acciones emprendidas no han arrojado los resultados anunciados, habrá que esperar a la finalización del sexenio para determinar los avances reales del ejercicio de las políticas gubernamentales.

La última década en México ha traído consigo dos hechos de alto calado que han marcado de diversas formas su desarrollo: el regreso del PRI a la presidencia luego de 12 años de gobiernos panistas, y su avasalladora derrota en las elecciones de 2018 a manos de un partido que articuló algunas fuerzas disidentes y de izquierda. Así, el cuestionarse sobre los efectos que ambos hechos han tenido en la vida del país en general y en la educación pública nacional en particular, resulta de una gran relevancia, pues permite examinar la situación reciente del país e invita a pensar sobre el camino que hace falta recorrer para construir el país que tanto se desea.

Por un lado, la gestión presidencial priista comenzó con gran ímpetu reformador, promoviendo un proyecto nacional y educativo que profundizó las medidas de carácter neoliberal que habían imperado en el país desde décadas anteriores. No obstante, dicho proyecto, lejos de ofrecer soluciones efectivas a los grandes e importantes problemas del país, generó una crisis de amplias magnitudes en diversos sectores, entre ellos el educativo. Así, la educación pública nacional se vio sujeta a una reforma educativa que además de resaltar su relación con el mundo del trabajo, careció de una profunda propuesta pedagógica, generando no sólo mínimos resultados sino una sustantiva resistencia por una buena parte del magisterio nacional y de la sociedad en general que marcó, sin lugar a dudas, todo el sexenio.

Ante el escenario que se desarrollaba en el país en 2018, Andrés Manuel López Obrador representó la alternancia política viable y a la vez esperanzadora de cambio institucional que se tradujo de inicio, en un proyecto alternativo de nación, el cual se centró en un enfoque participativo y de comunidad en todas las esferas de la vida social, capitalizando así gran parte del descontento y preocupación de miles de mexicanas y mexicanos. Es menester advertir que la gestión de López Obrador lleva apenas tres años, lo que impide elaborar un balance conclusivo sobre su ejercicio; sin embargo, lo que hasta el momento se observa es que el proyecto de nación, que fue parte de la intencionalidad gubernamental de cambio institucional, no ha logrado concretarse de manera clara. Al respecto y en términos educativos, si bien existe un esfuerzo real por generar y llevar a cabo un proyecto distinto, que incluya a los más diversos actores educativos y que responda a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en los sectores vulnerables, aún no hay avances sustantivos. Hace falta, entre otras cosas, concretar un modelo pedagógico que dé sustento, fortalezca y vincule cada una de las estrategias planteadas en el terreno educativo, y que permita así impulsar cambios de largo alcance.

El contexto generado por la pandemia, en el que muchos de los problemas educativos se han agudizado, torna aún más complejo el efectivo cumplimiento de los objetivos y acciones definidos en los distintos documentos de planeación. Todo ello demanda el desarrollo de estrategias más certeras, que tomen en consideración los diversos factores que inciden en el proceso educativo. Las necesidades de nuestra sociedad son crecientes y habrá que hacer serios esfuerzos para lograr una efectiva mejora en un aparato educativo que hoy por hoy sigue siendo insuficiente para aminorar las profundas desigualdades de una ciudadanía que demanda y merece una mejor educación.